Lo hizo el abogado
de la mujer a la que se impidió ejercer su derecho mediante una orden judicial.
Solicitó que el máximo tribunal determine a qué jurisdicción corresponde la
causa. La Ciudad
apeló la resolución que frenó la interrupción del embarazo, producto de una
violación.
Por:
INFOnews
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Por Florencia
Halfon-Laksman
Patrocinada por sus
abogados, la mujer violada a quien una jueza nacional le impidió abortar el
pasado martes, firmó ayer un escrito que fue presentado ante la justicia
porteña para que se le autorice la intervención quirúrgica y que sea la Corte Suprema quien
indique, en carácter de urgente, a qué jurisdicción le compete la decisión.
Además, hoy por la mañana presentará una denuncia contra las autoridades del
Hospital Ramos Mejía y otra contra los miembros de la Asociación Civil
para la Promoción
y Defensa de los Derechos de la
Familia (Pro Familia). Según explicó a Tiempo Argentino Pablo
Vicente, abogado de la mujer y miembro del Centro de Asesoría en Desarrollo
Humano (CADHu), la primera denuncia es porque consideran que el centro de salud
porteño, donde se iba a concretar el aborto es responsable de la difusión del
caso, y que eso derivó en la suspensión de la intervención, y en un escrache en
la puerta de la casa de la paciente por parte de grupos ultracatólicos, que el
abogado relaciona con la asociación Pro Familia.
El escrito de
Vicente fue entregado ayer ante la
Sala 1 de la justicia contenciosa porteña para ser resuelto
"con carácter de urgente", después de que los abogados de Pro Familia
apelaran la decisión del juez porteño que sí había permitido la intervención.
El viernes, el juez de primera instancia Guillermo Scheibler había resuelto
"no hacer lugar a la medida cautelar solicitada" por la asociación
civil. A última hora de ayer, Scheibler confirmó su fallo del viernes,
fundándose en la actual legislación porteña y en el fallo en el que la Corte Suprema
estableció, en marzo pasado, las bases regulatorias para el aborto no punible.
Según detalló el abogado de la víctima, "el juez va a remitir las
actuaciones a la Corte
para que determine quién debe decidir sobre el caso: si la justicia nacional o
la porteña".
Eso se debe a que el
fallo que suspendió el aborto, firmado por la titular del Juzgado Civil
Nacional Nº106, Myriam Rustan de Estrada, no menciona ni una línea de la
resolución de la Corte.
Como los letrados de la paciente no reconocen la competencia
de ese juzgado, decidieron no apelar el fallo de la jueza.
Quien sí apeló dicha
medida judicial fue el gobierno porteño. La vicejefa María Eugenia Vidal
consideró el martes que el fallo que suspendió el aborto "no está
alineado" con lo que indicó el máximo tribunal, y anunció que la Ciudad apelaría la decisión
de la jueza De Estrada. El procurador general porteño, Julio Conte Grand,
presentó ayer la apelación ante el juez Civil de Primera Instancia Nº 56 Miguel
Ricardo Güiraldes, para que elevara la causa a la Cámara. Luego
trascendió que el juez se declaró incompetente, pero eso no fue confirmado por la Procuración.
El caso de la mujer
embarazada se había difundido la semana pasada, cuando el sitio Clarín.com
publicó que, en una cena de Consenso Republicano –think tank opositor comandado
por el ex presidente de la
Sociedad Rural Guillermo Alchourón–, el alcalde porteño
Mauricio Macri anunció: "El martes se realizará en el Hospital Ramos Mejía
el primer aborto legal en la
Ciudad. Se trata de una mujer de 32 años, víctima de una red
de trata, y es un caso que pasó por todas las instancias legales".
La divulgación de
esa información confidencial derivó en las trabas judiciales impuestas por
grupos antiabortistas y en el escrache frente a la casa de la mujer.
Tal como publicó
ayer este diario, esa protesta fue encabezada por el sacerdote Fernando
Llambías, capellán de Ramos Mejía. El clérigo se comunicó con la mujer para
convencerla. Al no conseguirlo, fue a la casa junto a otros militantes. Según
el diputado porteño Alejandro Bodart (MST), el domicilio habría sido revelado
por las autoridades del centro de salud: "Gritaron consignas en contra del
aborto, celebraron una misa, entraron a la casa y le dijeron que cuando
asesinara a su hijo, harían sonar todas las campanas de la ciudad",
detalló.
Una denuncia de las meretrices
Una denuncia de las meretrices
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)
difundió ayer que el Policlínico San Martín, en la localidad de La Plata, se niega a ayudar a
una trabajadora sexual a interrumpir un embarazo producto de una violación. Es
una mujer de 35 años, que aseguró haber sido obligada por un hombre, con quien
antes había mantenido relaciones, a bajarse del tren en el Parque Pereyra
Iraola, donde la violó. Cuando supo del embarazo, la mujer decidió realizarse
un aborto no punible. Según denunciaron desde la asociación, en el hospital le
dijeron que no podía haber sido violada porque era una trabajadora del sexo,
pero luego le dieron una mínima dosis de misoprostol, para realizar el aborto.
“La dosis no resultó y luego todo el personal adujo objeción de conciencia”,
indicaron.
Cuidado
Respeto
Este diario no publicará los detalles de la historia y el padecimiento de la mujer embarazada producto de una violación. Se limitará sólo a lo que su letrado autorice, pues cualquier información que se difunda puede resultar peligrosa para ella.
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Respeto
Este diario no publicará los detalles de la historia y el padecimiento de la mujer embarazada producto de una violación. Se limitará sólo a lo que su letrado autorice, pues cualquier información que se difunda puede resultar peligrosa para ella.
Nota publicada en
Tiempo Argentino
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