Magnetto ve peligrar el monopolio, por Eduardo Anguita (para “El Argentino” del 04-10-11)

04.10.2011

Clarín, como empresa, parece haber tenido un comportamiento autista. Hasta último momento jugaron a que la oposición se iba a aglutinar en torno a Magnetto. No sólo no sucedió eso. El Grupo A ya no existe.

¿De qué se habla cuando se afirma que Clarín constituye un monopolio en los medios? Pues bien, en el caso de Papel Prensa –que dio lugar a la serie El Pacto, que está por estrenarse pese a la defección del actor Mike Amigorena– se trata del control que tiene junto con La Nación del paquete accionario privado de la única empresa que provee un insumo básico para la prensa gráfica. Podrá decirse que hay una participación del Estado en el capital accionario del orden del 27%, y es cierto. Tan cierto como que los directores de ambas empresas privadas, con la inestimable ayuda del juez Fernando Durao, separaron a los representantes del Estado, desconocieron las decisiones de la Comisión Nacional de Valores y pretenden evitar la función de control de la Sindicatura General de la Nación. Es decir, además de monopolizar la producción de papel, ejercen el poder que les permite ser un monopolio al querer pasar por encima a los poderes públicos. O, mejor dicho, monopolizan un área porque es la manera de imponer poderes fácticos sobre los mecanismos de la democracia representativa.

Pero no es sólo la producción del papel, o el mercado de diarios, o el espectro radioeléctrico donde debe buscarse el ejercicio del monopolio. Es todo. El caso de la televisión paga es quizá uno de los más graves. Se recordará la exclusividad de la televisación del fútbol que terminó desde que se creó Fútbol para Todos. Un interesante trabajo de Luis Lozano, del área de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, sintetiza algunas de las situaciones que llevan a afirmar que el multimillonario negocio de la televisión paga es una muestra más de prácticas monopólicas.

Canadá, Estados Unidos y Dinamarca tienen alrededor de un 70% de hogares abonados a televisión, ya sea a través del cable, la recepción satelital o codificada. Lo siguen Gran Bretaña y la Argentina. Los otros países tienen un ingreso per capita incomparablemente mayor al de la Argentina. El abono promedio que se paga en nuestro país es altísimo. Cablevisión y Multicanal juntas tienen no menos del 50% de este mercado. Además, controlan las señales TN, Volver, Quiero, Magazine y Metro. Tienen el 33% de Ideas del Sur (Marcelo Tinelli) y el 50% de Pol-ka. No debe llamar la atención que el socio Adrián Suar (cuyo apellido real es, curiosamente, Kirzner) haya mostrado tanta fe antikirchnerista en la defensa a ultranza de Héctor Magnetto.

Un dato no menor es que Cablevisión tiene un 60% de acciones de Clarín, mientras que el 40% restante es de la firma estadounidense Fintech Advisory, del mexicano David Martínez. No menor porque ya hay voces que señalan a Martínez como la cabeza de una disidencia fuerte con Magnetto. Razones no le faltarían a Martínez, dado que la gestión de esa fusión ya no tiene el más mínimo andamiaje legal. El Comité Federal de Radiodifusión denegó la autorización mediante la recordada Resolución 577 hace ya dos años, y en junio pasado, después de la judicialización iniciada por Clarín, la fusión fue rechazada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El motivo central de la negativa es que la fusión infringía el régimen de superposición de licencias por localidad. No de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que Clarín incumple) sino de la 22.285/80, el decreto con fuerza de ley de la dictadura cívicomilitar. Esa norma establecía un máximo de 24 licencias por licenciatario en todo el país y sólo una licencia de radio, una de televisión y una de servicios complementarios (TV por suscripción) para una misma área de cobertura. La operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal generó en la mayoría de las grandes ciudades del país una superposición de las licencias acumuladas por el grupo en su proceso de expansión. Cablevisión, con sus viejos propietarios, ya había advertido que estaba en infracción. Lo hicieron en informes a los propios accionistas a fines de 1999, cuando sostenían: “Tenemos licencias de radiodifusión en territorios superpuestos. En dichos casos, el ente de radiodifusión argentino puede revocar alguna de las licencias superpuestas. Si así fuera, no podemos garantizar que podremos retener las mejores licencias.” Volvieron a dar cuenta de lo mismo en octubre de 2005: “Como resultado de las adquisiciones efectuadas, Cablevisión mantiene licencias superpuestas en algunas áreas. Todo operador de cable que mantenga licencias superpuestas en un área determinada debe renunciar a las licencias superpuestas manteniendo sólo una licencia en dicha área. Ante el eventual incumplimiento de esta disposición, el COMFER puede cancelar una o más licencias de Cablevisión y/o restringir su capacidad para obtener otra licencia o integrar sociedades licenciatarias por cinco a treinta años.”

El único argumento que podía esgrimir el grupo Clarín a algo que ya no tiene vuelta atrás es que la Secretaría de Comercio Interior, en septiembre de 2007, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), había dado el visto bueno a la fusión. Mucho se especuló con el momento electoral y sobre las todavía relaciones cordiales entre algunos ministros del gobierno de Néstor Kirchner y Héctor Magnetto. Pero, dos años después, la CNDC suspendió los efectos de aquella aprobación debido al completo incumplimiento de las cláusulas del compromiso que Cablevisión y Multicanal habían adquirido con ese organismo.

Es decir, con fallos de dos organismos del Ejecutivo (COMFER y CNDC) más la resolución de la Corte Suprema, Clarín está ante una situación de ilegalidad en sus acciones. Ahora bien, se trata de empresas que cotizan en Bolsa y por lo tanto pretenden atraer inversores: ¿Con qué pueden convencer de que se trata de una inversión segura? Además, ¿alguien puede creer que el escenario post 23 de octubre será favorable para esas maniobras ilegales?

Estos días se cumplen dos años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es difícil dimensionar cuántos cambios se produjeron a partir de esto. Algunos pueden ser lentos, porque se trata de cuestiones de hábitos de consumo cultural, y otros más rápidos porque obedecen a las modificaciones de las relaciones de poder que ciertos grupos, como Clarín, deben digerir para entender que la política ya no es manejada por intereses corporativos o empresas privadas que se valen de tal o cual político para defender sus intereses. Hasta ahora, Clarín, como empresa, parece haber tenido un comportamiento autista. No dan cuenta de haber registrado el nuevo escenario. Hasta último momento jugaron a que la oposición se iba a aglutinar en torno a Magnetto. No sólo no sucedió eso. El Grupo A ya no existe. No hay “oposición” sino grupos y partidos políticos opositores que tratan de encontrar un cauce. El llamado Peronismo Federal se desarticuló. Primero salió Felipe Solá. Luego fueron los diputados alineados con Carlos Reutemann. A todos ellos, en algún momento, los empresarios de Clarín los contaban como interlocutores propios. Ahora no saben qué hacer con algunas de las figuras que se mostraron fieles a Magnetto. Uno de los casos más notorios es Patricia Bullrich, que pretendió mudar de las filas de Elisa Carrió a las de Mauricio Macri y, sin embargo, en el PRO hacen todo lo posible para que esa legisladora, tan alineada con Clarín en la Comisión de Libertad de (in)Expresión quede lejos de Mauricio Macri.

No es función del análisis periodístico hacer futurología, pero sí es posible formularse alguna pregunta sobre lo que vendrá: ¿Podrá Magnetto alinear a los inversores del Grupo Clarín tras una política confrontativa sin un escenario de respaldo legal? ¿Será cierto que el socio en Cablevisión, David Martínez, quiere tomar un rumbo distinto al de Magnetto? Si, tal como se prevé, Cristina Fernández de Kirchner ratifica –o aumenta– el caudal de votos del 14 de agosto, no sólo estará en la Casa Rosada cuatro años más, sino que el Congreso que esté dos años más de ningún modo se prestará a intentar dar marcha atrás con la Ley 26.522. Nada hace pensar que la Corte Suprema de Justicia cambie el rumbo. Es decir, no sólo avanzará el Fútbol para Todos, se consolidarán la Televisión Digital Terrestre y los concursos para los nuevos canales de aire. También habrá un espacio abierto para los empresarios que entiendan y se adecuen a una era sin monopolios, sin posiciones privilegiadas en el campo de la comunicación. Es decir, Clarín no tiene que salir de escena. Sí, es probable, que determinados empresarios –y sus delegados en la política– tengan que dar un paso al costado.

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