Publicado en TIEMPO ARGENTINO el 9 de Octubre de 2011
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El abogado, docente y corredactor de los 21 puntos para una Radiodifusión Democrática, hizo un balance “altamente positivo” al cumplirse dos años de la sanción de la Ley de Medios. Y advirtió: “No hay que suponer que está todo hecho. La ley no se aplica sola. Hay que poner empeño en generar mayor cantidad de contenidos.”
En la madrugada del sábado 10 de octubre de 2009, las organizaciones sociales, políticas, no gubernamentales, comunitarias, gremiales, de Derechos Humanos y una gran parte de la sociedad pudo asistir en el Congreso a la llegada de una nueva etapa, largamente reclamada y esperada: tras 29 años de vivir bajo la legislación de Radiodifusión de la dictadura, se debatió y promulgó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
A dos años de su sanción, Tiempo Argentino dialogó con Damián Loreti, uno de los cofundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y también corredactor de los famosos 21 puntos planteados por ese espacio y que constituyeron un pilar fundamental para debatir, consensuar y elaborar la nueva legislación. Abogado, actualmente profesor de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Loreti recuerda que el debate por la Ley de Medios, para cuya redacción fue hombre de consulta permanente, había comenzado a germinar mucho tiempo antes de 2009. “Recuerdo una clase teórica abierta, un 2 de diciembre de 2004, donde se hizo la presentación entre comillas ‘radiofónica’ de los 21 puntos. Se hizo un teórico que se difundió en cadena por Radio Nacional y en la red de radios comunitarias, además de sitios web. Lo dirigimos Guillermo Mastrini, que era el titular de la materia, Mona Moncalvillo –la directora de Radio Nacional en ese momento– y yo, que era el director de la carrera de Comunicación. Se leían los puntos en orden, se comentaban y los estudiantes preguntaban y repreguntaban respecto a cuál era el sentido de cada uno. Fue una experiencia lindísima. Hay quienes dicen que la Coalición se fundó en el 2008, y no es así”, aclara. Efectivamente, la Coalición presentó los 21 puntos el 27 de agosto de 2004, en coincidencia con el Día de la Radiodifusión argentina.
–¿Cuál es el balance a dos años de la sanción de la Ley de Medios de la Democracia?
–Yo diría que en términos regulatorios y políticos, altamente positivo. Y en términos de reconocimiento internacional de los antecedentes que implica una regla de esta naturaleza, inesperadamente auspicioso. En términos políticos lo que ha habido, quizás un poquito antes de la sanción, tiene que ver con el modo de discusión de la ley, que fue reconocido como un ejemplo internacional por el relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, por el trayecto entre la elaboración de la propuesta del proyecto de ley y lo que llegó después a la Cámara de Diputados. Involucró 30 audiencias públicas, presentaciones en foros, la participación de más de 800 personas que tomaron la voz en ese proceso y que acercaron propuestas de modificación a la llamada propuesta de proyecto.
–¿Cómo evalúa la participación de los diferentes sectores en esta ley?
–Si uno mira el decreto reglamentario, encontrará que entre los considerandos hay casi un centenar de aportes hechos por entidades de cualquier tipo de naturaleza ligadas a la actividad, desde cámaras de empresarios de la comunicación hasta radios comunitarias, pasando por universidades, organismos de Derechos Humanos, entidades periodísticas, sindicatos. Es una norma que no tiene precedentes, en términos de la actividad en sí misma como del grado de participación que se logró.
–¿Y en términos regulatorios?
–Es un avance enorme. Por dar un listado rápido: el Comité Federal de Radiodifusión dejó de existir como tal y ya no hay más un interventor que remplace a las autoridades que daba la dictadura. Ahora hay una autoridad donde se prevé que la integren siete personas, dos propuestas por el Poder Ejecutivo, dos por el Consejo Federal, uno de los cuales es representante de los ámbitos académicos de la comunicación, y tres por el Parlamento. Allí faltan dos de las minorías parlamentarias todavía. Se sincera la situación de la titularidad de los medios de comunicación. Se plantearon espacios de programación infantil que están rigiendo. También políticas de generación de nuevos contenidos, que es uno de los mandatos que da el artículo 153 de la ley. Ha habido asignación de frecuencias para radios escolares. Hay una referencia explícita a aquello que se considera pauta y qué no es pauta. Están vigentes los mínimos de los contenidos propios, nacionales y locales.
–¿Y qué ocurre con las licencias de televisión?
–Se han planteado los pliegos para los llamados a concurso de 220 licencias de televisión digital terrestre. Eso es absolutamente revolucionario en la Argentina. Solamente siete ciudades tienen más de una señal de televisión abierta, si es que la tienen. Con lo cual, allí donde hoy hay efectivamente monopolio –y esto no es un problema de discurso– dejará de haberlo. Está el decreto de asignación de las frecuencias para los canales provinciales, lo mismo para las universidades. Se han tomado las reglas de desconcentración de contenidos de interés relevante, particularmente en temas deportivos. Esto en Capital Federal tiene a lo mejor poca relevancia, pero en el Interior es crucial. A veces hace, sin exagerar, a la relación entre las expresiones populares y el público.
–¿Qué ocurre con la conformación de las grillas de programación en televisión por cable?
–Están vigentes las famosas grillas de programación para que las señales y productoras que antes no podían llegar al conjunto de los argentinos, ahora sí lleguen. Hay un tema sobre el modo de incorporar señales que antes no estaban, particularmente Multicanal y Cablevisión, que sí los han incorporado en digital, no en analógico. Hay una discusión pendiente, pero efectivamente Telesur, Pakapaka, CN23, INCAA TV, se han incorporado a la grilla en digital. Pero eso es algo que hasta hace un tiempo se discutía. Eso tiene que ver con la capacidad de los grupos con posición dominante en el mercado de dejar afuera otras voces que no sean las propias.
–¿En qué situación está la aplicación del artículo 30 sobre licencias de servicios de cable a las cooperativas de servicios públicos?
–Lo que ocurrió es que el juez (Edmundo) Carbone ordenó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, al Ministerio de Economía y a la AFSCA la suspensión de los trámites basados en el artículo 30, toda vez que el funcionamiento de medios sin fines de lucro, que tienen una estructura impositiva distinta, afectaría la sana competencia. Como antecedente es muy complicado, porque si la diferente situación tributaria implica el apartamiento de la radiodifusión, también resultarían apartados de los supermercados, de los diarios, de las páginas web y de cuanta cosa pueda hacer la sociedad civil que no paga Impuesto a las Ganancias. Como antecedente disciplinario es particularmente serio. Hasta donde sé hay una apelación por parte del Estado para revocar esa medida cautelar.
–¿Cuál es el rol que viene ejerciendo la oposición?
–En su momento los miembros que integraron la Comisión Bicameral y parte de la oposición no propusieron a sus representantes a los directorios, y después, a mi criterio, era difícil discernir el rearmado de bloques: quién era primera, segunda y tercera minoría. Mejor dicho, cuál era segunda y tercera, la primera estaba clara. Con lo cual ahí hubo una decisión política en su momento, que me apenó en términos institucionales, porque no es muy común que se reconozcan espacios de gobierno a la oposición en el derecho comparado. Porque efectivamente la Autoridad Federal es un espacio de gobierno.
–¿Qué aspectos hay para mejorar en la ley? ¿Qué le falta?
–Había un tema que se incorporó en la primera propuesta del proyecto, que era muy relevante y apostaba a una política de convergencia del sector. Tenía que ver con la entrada o no de las telefónicas. A las incumbentes, como técnicamente se les llaman, en el caso que quisieran operar en medios audiovisuales, se les exigía una lista de condiciones que eran más del doble de las condiciones que le ponían la Comisión Federal de Comunicaciones y de Defensa de la Competencia en México a Telmex para disputar con Televisa. Las coyunturas políticas indicaron que para que prosiguiera el proyecto eso no entrara. Pero quedó desatado el tema de qué hacer con el audiovisual y las empresas de telefonía incumbentes.
–A dos años de su sanción, ¿qué quisiera transmitir en cuanto a la apropiación de la ley por parte de la sociedad?
–Que no debemos suponer que ya quedó todo hecho. La ley no se aplica sola. Cada cosa que la ley hace efectivamente afecta intereses. Digo, donde hay un monopolio y va a dejar de haberlo, los intereses del monopolista están afectados. Hay que seguir metiendo empeño en generar mayor cantidad de contenidos, porque eso es lo que va a darle sustentabilidad a un proyecto de mayor pluralidad y diversidad en los medios de comunicación. La ley sirve fundamentalmente para eso, para ser una plataforma legal que permita estos objetivos. Y es el momento de tener cada vez más argumentos a la mano, o todos, para defender lo que se hizo.
–En ese sentido, ¿cuál es el planteo en relación a la aplicación del artículo 161 de “desinversión”?
–La razón de ser del artículo 161 no es un capricho. Se asienta sobre un principio que la Unesco dio en un documento del año 2008, donde dice que los Estados, a fin de proteger un ambiente propicio para el desarrollo del pluralismo y la libertad de expresión, pueden tomar cuatro reglas. La primera es el rechazo de solicitudes de licencias de parte de quienes ya tuvieron otras. El segundo es el rechazo de pedidos de fusión para quienes tuvieran una licencia y quisieran concentrar los medios. El tercero es la adopción de reglas de desinversión. Quien habla de desinversión es la Unesco, no la ley argentina. Y la cuarta regla es la adopción de sanciones en caso de incumplimiento de las anteriores.Y estas reglas de la Unesco van de la mano con un principio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó en el año 2000, que es que los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la libertad de expresión y el derecho a la información y afectan la democracia.
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