Arriba : No es una escena de "Rambo 35", sino la Policía Metropolitana dentro del Taller Protegido 19 del Hospital Neuropsiquiátrico Borda -esa persona vestida de celeste atrás es un profesional de la salud- ; última foto: El reportero gráfico Pepe Mateos, de CLARÍN, es detenido y ESPOSADO por personal policial DE CIVIL.
POR QUE LA METROPOLITANA ES INCAPAZ DE MANEJAR CONFLICTOS
SIN ABRIR FUEGO Y REPRIMIR BRUTALMENTE
Sin respetar ninguna de las doctrinas de control sin
violencia, amiga de la bala de plomo, incompetente hasta en cómo formarse
frente a una protesta, la flamante fuerza acumula muertos y heridos en apenas
treinta meses.
Por Raúl Kollmann
En dos años y unos pocos meses, la Policía Metropolitana
intervino sólo en cuatro conflictos: el Parque Indoamericano, el Parque
Centenario, la Sala
Alberdi del Teatro San Martín y el Borda. En los cuatro casos
hubo heridos y en el Parque Indoamericano muertos, con imputación concreta por
doble homicidio contra un jefe y 33 efectivos de la Metropolitana que
integraban el grupo del que salieron los disparos con postas de plomo, que
mataron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña e hirieron a cinco personas
más. Ninguna de las víctimas estaba enfrentando a nadie, sino que eran vecinos que
se iban del parque. Hay dos razones de fondo de la simultaneidad entre acción
de la Metropolitana
y muertos o heridos en los cuatro casos. La primera es que el núcleo central de
cuadros de la
Metropolitana son los 900 que ingresaron en el primer año reclutados
por Jorge “El Fino” Palacios. Provenían de la Federal y de una tradición
de Rambos. La segunda razón es que los jefes e integrantes de la Metropolitana tienen
una gran autonomía: no aparecen los funcionarios del gobierno porteño en la
escena de los hechos y las órdenes son abiertas, con margen a los policías para
que actúen según su criterio. Por eso, los que el viernes portaban las
escopetas aparecían muy adelante de las líneas de la Infantería y no detrás,
en la retaguardia, como corresponde.
“El viernes se vio otra vez una policía de derecha”, señaló
el ex interventor de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria y actual legislador de
Nuevo Encuentro Marcelo Saín. “Al primer contratiempo, rápido van al uso de la
fuerza, a una represión indiscriminada, donde les pegan a todos, se llevan
preso a cualquiera. Y, además, avanzaban unos, otros no, disparaban desde
cerca. Un verdadero desastre en el que se reflejó otro rasgo de la policía de
derecha: dejan hacer a los jefes de uniforme, no hay conducción de los
funcionarios políticos.”
De cuatro, cuatro
La jueza Silvia Ramond indagó el lunes al comisionado mayor
de la Metropolitana,
Ricardo Ferrón, quien orgullosamente le confirmó que él estuvo al frente del
grupo sospechado por matar a los dos vecinos del Indoamericano. Su segundo, de
apellido Castillo, le dijo a la jueza que dispararon 400 tiros disuasivos,
aunque ninguno admite –de acuerdo con la minuciosa investigación que hizo el
fiscal Sandro Abraldes– que entre las postas de goma metieron postas de plomo
en las escopetas 12.70, las mismas que se vieron el viernes en el Borda. No
sólo los muertos del parque tenían en el cuerpo restos de proyectiles de plomo,
sino también los cinco heridos. Y los tiros salieron del mismo grupo de
metropolitanos en dos lugares distintos: el propio parque y Autopista Cámpora y
Castañares. En ambos sitios estaban los comandados por Ferrón. Abraldes acusa a
33 integrantes de la
Metropolitana de homicidio en agresión, que es cuando no se
puede determinar exactamente quién disparó.
En el conflicto por la Sala Alberdi, del
Centro Cultural San Martín, en marzo se presentaron a la Justicia tres heridos con
postas de plomo, también víctimas de la Metropolitana. Los
médicos judiciales constataron que los proyectiles eran de plomo, rigurosamente
prohibidos para cualquier efectivo que participe en un operativo de desalojo o
que intervenga frente a una manifestación o concentración. Las postas de goma
también pueden ser letales si se disparan desde cerca. Eso lleva a que la norma
sea que los escopeteros estén detrás, en la retaguardia.
El desalojo de los vecinos que se oponían al enrejado del
Parque Centenario también terminó con heridos. El caso fue de los más
grotescos, porque los vecinos no constituían una organización férrea ni agresiva,
eran asambleístas que igualmente fueron reprimidos con balas de goma y el saldo
fue de cuatro heridos. Con la del viernes, entonces, en dos años y medio son
cuatro intervenciones de la
Metropolitana en conflictos con manifestantes. Siempre hubo
heridos, las escopetas se cargaron con postas de plomo al menos en dos casos;
tiraron con balas de goma invariablemente a corta distancia, resultaron
apaleados decenas de manifestantes y en los operativos se privilegió la
violencia a las modernas normas de intervención que se usan en protestas
sociales (ver aparte).
Núcleo duro
El núcleo duro de la Metropolitana son
los jefes y oficiales que reclutó El Fino Palacios al principio, todos
provenientes de la Federal
y con el modelo de la Federal
en las venas. Tras los escándalos del propio Palacios y el espía Ciro James,
fueron apartados unos 30 o 40 hombres, pero el contingente principal de jefes y
oficiales siguió intacto y en el centro de la fuerza. El ADN de la Federal se marcó en
décadas. Una fuerza que fue un Estado en sí mismo, que guardaba los
antecedentes de toda la población, incluyendo los que nunca habían cometido un
delito; la fuerza que emitía los documentos y pasaportes, una prerrogativa que
perdieron en estos años y que sólo se explicaba como gigantesco mecanismo de
control social. La Federal
ejerció durante décadas un fuerte dominio sobre la vida cotidiana –hasta hoy
sigue otorgando certificados de domicilio–, la calle y, al mismo tiempo, su
influencia se extendió a las bandas, los prostíbulos, la droga y un largo
listado de ilícitos.
La característica fundamental siempre fue el autogobierno,
el poder de los comisarios, lo que se tradujo en que la Metropolitana la
armó el comisario Palacios reclutando a su gente más cercana y cada uno de
ellos a su vez convocó a quienes fueron sus oficiales subordinados a lo largo
de la última década. Tras el escándalo Palacios hubo un tímido intento de poner
una conducción civil, por lo que fue designado Eugenio Burzaco al frente de la Metropolitana. Pero
ya por entonces todas las voces indicaban que los comisarios se subordinaban
poco y nada, pero que además el gobierno de Mauricio Macri y el ministro
Guillermo Montenegro –hijo de un capitán de navío– más bien respaldaba el
modelo de que la seguridad es cosa de gente de uniforme. El tema se terminó
blanqueando cuando Burzaco dejó el cargo y la fuerza quedó a cargo de la dupla
de ex hombres de la Federal:
Horacio Giménez y Ricardo Pedace.
Mauricio Macri nunca se apartó un milímetro de Palacios,
pese a que se le imputa encubrimiento en el caso AMIA, escuchas telefónicas
ilegales y hasta se hizo público un diálogo del Fino con un reducidor de autos
y marcador de la banda de secuestradores que mató a Axel Blumberg. El jefe de
Gobierno respaldó objetivamente una forma de actuación policial que se tradujo
en la
Metropolitana. Eso permitió que los privilegios se fueron
sumando. Los metropolitanos cobran sueldos que rondan el doble de la Federal y son los únicos
exentos de una norma establecida hace años –por Aníbal Ibarra y Jorge Telerman–
y que impide que un funcionario porteño que cobra un sueldo pueda, a la vez,
cobrar un retiro. O sea, si cobra de la Ciudad debe suspender su retiro. Los integrantes
de la Metropolitana,
que tienen algún retiro, cobran ambas cosas: sueldo y retiro.
El poder de los comisarios se traduce en autogobierno y
dinero.
El modelo
Oficialmente, la Metropolitana ha dicho que tiene tres mil
efectivos, de los cuales unos dos mil vienen de la Federal, aunque lo
importante es que los cuadros de mando salieron de allí. Es una policía con
escasa capacidad, lo que se evidencia en que no cubre las zonas calientes: el
sur de la ciudad, las villas. Su actuación se inició en barrios menos
conflictivos como Saavedra, Villa Urquiza o Coghlan, y avanzó hacia otros barrios
como Chacarita o Villa Crespo, pero la impresión es que para cubrir toda la Ciudad, y sobre todo los
sectores conflictivos, hacen falta unos 13.000 hombres, cifra que ni por
presupuesto ni por capacidad de formación la Metropolitana puede
alcanzar. Aunque se hicieron anuncios de operativos antidrogas en villas,
incluyendo un ingreso a la 31, la realidad es que no hay efectivos ni
preparados ni especializados para que esos operativos sean exitosos.
Sobre la
Infantería, que es la que actuó el viernes, hay versiones
cruzadas. Lo que se dice es que la Metropolitana no tiene efectivos suficientes y
por lo tanto en la represión del viernes actuaron policías que durante la
semana están en un patrullero. La falta de capacidad se traduce rápidamente en
recurso a la violencia. El viernes, por ejemplo, la Metropolitana llegó
a las siete de la mañana cuando no había manifestantes. Cualquier fuerza
organizada pone vallas rodeando el lugar en el que se iba a hacer la
demolición. Las vallas justamente evitan los choques, tal como sucede
habitualmente frente a la
Casa Rosada o el Congreso en días en que hay manifestaciones.
Los empleados del Borda ingresaron al predio que querían defender y luego la Metropolitana tuvo
que sacarlos, en lo que ya implicaba un contacto cuerpo a cuerpo. Encima
algunos efectivos avanzaban, otros retrocedían y los escopeteros terminaron
haciendo punta con sus armas. El recurso en el que confiaron fue el de la
brutalidad, como ocurría antaño con la Federal. Y la ausencia de conducción civil redondeó
todo.
Cuando existe control de los funcionarios de gobierno las
instrucciones son precisas: el operativo se debe hacer de tal manera, hasta en
los mínimos detalles. Cuando el poder lo tienen los comisarios, las
instrucciones son vagas: despeje el área. Esto es lo que ocurrió el viernes. Y
no hubo muertos de pura casualidad: el desorden, la falta de diálogo con los
manifestantes, la ausencia de autoridad política terminó en que le pegaron
palazos y balazos –de cerca– a cualquiera que tuvieran delante.
Por
El pacto que no firmaron
A fines de marzo de 2011, la ministra de Seguridad Nilda
Garré propuso a los 24 distritos del país un protocolo de actuación ante
manifestaciones y protesta social. Diecinueve provincias firmaron; tres están
evaluando (Corrientes, Córdoba y Santa Fe) y dos decidieron no firmar, Ciudad
de Buenos Aires y Neuquén. El texto es categórico y recoge las nuevas técnicas:
La intervención de las fuerzas de seguridad será progresiva, empezando por el
diálogo con los manifestantes. Los Poderes Ejecutivos deben designar un
funcionario político responsable de coordinar todas las acciones. Se
establecerá claramente la prohibición de usar armas de fuego a todo el personal
que tenga contacto directo con los manifestantes. Queda prohibido el uso de
pistolas lanzagases. Las postas de goma sólo podrán usarse para fines
defensivos, no se pueden usar para dispersar una manifestación. Deben
establecerse vallas para salvar la integridad de los que protestan y del
personal. No puede haber ni vehículos ni personal sin identificar. Los
efectivos deben garantizar la libre cobertura y queda prohibido impedir que se
tomen fotografías, imágenes o testimonios.
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