La terquedad que impresiona al presidente uruguayo tiene su
reflejo en el desempeño de la economía y en sus efectos sociales, que pese a la
grave crisis global y la fuerte reducción del crecimiento macroeconómico
permitió mantener una alta tasa de actividad, con bajo desempleo, reducción apreciable
de la indigencia y la pobreza, reducción de la fuga de capitales e incremento
de la reinversión de utilidades. Así lo indica el informe de coyuntura No 12,
que esta semana distribuirá el Centro de Investigación y Formación de la CTA, Cifra, que dirige Eduardo
Basualdo. El trabajo se abre con una cita del presidente de la transnacional
italiana Techint, Paolo Rocca, para quien “a partir de 2008 el Gobierno perdió
el rumbo. No se sabe para dónde va”. Por el contrario, Cifra entiende que el
gobierno sabe muy bien adónde se dirige y que desde el conflicto agrario de
2008 su enfrentamiento político no sólo es con el capital financiero
internacional sino también con las dos fracciones de la oligarquía
agropecuaria: los grupos económicos locales y los grandes terratenientes
pampeanos. “De allí en adelante se pone en marcha un gobierno nacional y
popular que, en el marco de la crisis mundial que irrumpe en 2009, impulsó una
serie de medidas económicas cuyos objetivos procuraron sostener el ritmo de la
actividad económica y, especialmente, proteger el ingreso y el nivel de empleo
en los peores momentos de la crisis mundial; y redefinir el estado neoliberal
que se conformó a partir de la dictadura militar y provocó el colapso de los
sectores populares”. Entre las medidas adoptadas desde que comenzó la actual
crisis con epicentro en Estados Unidos, menciona la reestatización del sistema
jubilatorio, que permitió financiar políticas de largo plazo como la Asignación Universal
por Hijo; la ley de movilidad jubilatoria; la reforma del Banco Central, que
obliga a los bancos a volcar una parte de sus depósitos a la inversión
productiva; el programa de vivienda (Pro. cre. ar Bicentenario); la
expropiación del paquete de control de YPF y la regulación estatal en la producción,
refinación y comercialización de hidrocarburos. La presencia directa del Estado
en la producción expresa un salto cualitativo y con distintos grados de
eficacia también se aprecia en la política económica de corto plazo, como el
plan de recuperación productiva durante la crisis mundial de 2009, la política
antiinflacionaria, el control cambiario y de las importaciones. Pero advierte
que esta redefinición estatal requiere para su éxito de políticas activas “que
aseguren una presencia efectiva del Estado en la producción y aminoren el grado
de concentración, extranjerización y primarización de la economía”.
El informe alega que pese al recrudecimiento de la crisis
internacional, en 2012 la política económica logró éxitos relevantes, como un
elevado superávit de la balanza comercial (que llegó a 12.689 millones de
dólares en virtud de la administración de los flujos de comercio); una
disminución notable de las utilidades giradas al exterior y de la fuga de
capitales. La formación de activos en el exterior del sector privado fue muy
elevada durante el conflicto agrario, cuando la fuga de capitales alcanzó a
23.098 millones de dólares, mientras que los giros de las transnacionales
alcanzaron a 5.698 millones. El otro pico ocurrió en 2011, año de las elecciones
presidenciales, cuando la fuga fue de 21.504 millones y las utilidades
remitidas al exterior de 5.115 millones de dólares. El año pasado la regulación
y control de la compra de divisas redujo en forma drástica ese fenómeno. La
formación de activos en el exterior apenas llegó a 3.404 millones de dólares y
creció la reinversión de las utilidades del capital extranjero, a punto tal que
superó a las utilidades del período. No obstante, Cifra sugiere que las
oscilaciones del mercado clandestino de divisas se deben a la búsqueda de otros
mecanismos de fuga por parte de las grandes corporaciones.
Esto redundó en un resultado primario positivo de las
cuentas públicas, pese a la importancia de los vencimientos de la deuda de ese
año e impidió que la tasa de empleo cayera y la desocupación y el trabajo no
registrado crecieran, lo mismo que la pobreza y la indigencia. “De allí que
haya culminado el año 2012 con una fuerte desaceleración económica y de las
ventas externas y de una estabilización de la tasa de inversión en torno del 22
por ciento, pero con un mercado interno robusto (por el rol del Estado y por la
rigidez en las variables del mercado de trabajo) que tuvo un papel relevante
para que la desaceleración no se haya traducido en recesión”. Al referirse a la
elevada inflación (que considera de origen importado y oligopólico) y a sus
efectos perniciosos en la apreciación real del tipo de cambio, rechaza la
interpretación ortodoxa de que es un cuadro de “estanflación” y la atribuye a
“la intensificación de la puja distributiva, con fuerte componente oligopólico,
en un escenario de crecimiento del mercado interno”.
El informe de CIFRA concluye que los logros de la política
económica conviven con grandes escollos, que atribuye a las contradicciones
internas del gobierno para definir las políticas de corto plazo e implementar
las de largo plazo; a la subsistencia de algunas políticas agotadas, que
exacerban el problema que intentan solucionar; a los embates del establishment
económico y social contra la nueva etapa y la resistencia de los diferentes
intereses vinculados al estado neoliberal; a la crisis de representación no
sólo en el sistema político sino también sindical y a la persistente
fragmentación de la clase trabajadora.
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