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SCIOLI EN EL LABERINTO BONAERENSE, SIN SALIDA PRESIDENCIAL
SCIOLI EN EL LABERINTO BONAERENSE, SIN SALIDA PRESIDENCIAL
Nunca un gobernador bonaerense llegó a la presidencia por la
puerta electoral. Esta imposibilidad tiene raíces históricas, pero fue agravada
por la reforma de 1994, que al mismo tiempo incrementó el peso electoral de la
provincia y la privó de los recursos necesarios para intentar ese salto. Ese es
el laberinto en el que se debate Scioli, con más chances pero también más angustias
que Macrì, Massa, De la Sota
y Binner.
Por Horacio Verbitsky
Recién esta semana quedó claro el sentido de la tentativa
del gobierno bonaerense por instalar como tema del debate político la
coparticipación de impuestos: Daniel Scioli sabía que le faltaban los recursos
para responder a las negociaciones salariales que se repiten en los dos
primeros meses de cada año, pero en lugar de enfrentar la situación montó el
escenario para deslindar la responsabilidad en el gobierno nacional. El
supuesto que orienta estos pasos del gobernador y que puede encontrarse a toda
hora en la prensa amiga es que cuando la relación se tensa, quien pierde es la
presidente CFK. Como en la
Casa Rosada la lectura es distinta, se seguirán viviendo
tiempos interesantes. No es que Cristina piense, en términos simétricos, que es
Scioli quien desciende en la consideración pública. Más bien, le complace que
quede en evidencia la disparidad de criterios administrativos, ideológicos y
políticos. Continuidad con cambios porque coincidimos pero somos personas
distintas, repite Scioli. Son dos proyectos políticos distintos, replican los
kirchneristas. Durante diez años, Scioli acompañó con lealtad a Néstor y
Cristina, objetan en La
Plata. Pero entonces no estaba en disputa la conducción del
proceso y ahora sí, es la respuesta inapelable. Y no se trata de una cuestión
personal.
¿Qué te puedo cobrar?
Scioli ni siquiera se preocupó por reunirse con los
sindicalistas docentes para comunicarles sus dificultades. No menos curioso es
el método que escogió para impulsar su reclamo: una audiencia pedida en
diciembre por su jefe de gabinete, Alberto Pérez, al presidente de la Cámara de Diputados, Julián
Domínguez. Difícil imaginar peor puerta: por un lado, la coparticipación no se
inicia en esa cámara sino en la de los senadores, pero además Domínguez es la
primera espada que se blandió para cortar las alas del sueño presidencial del
gobernador. En febrero, Domínguez fue uno de los organizadores del encuentro de
intendentes que desde Santa Teresita recriminaron los pujos autonomistas de
Scioli. Cuando ocurrió lo que no podía ignorar que ocurriría, Scioli volvió a
señalar hacia la Casa
Rosada, ahora con la acusación de que no le permitían
endeudarse para cumplir sus compromisos. Igual que el año pasado, quien
respondió al lloriqueo bonaerense fue el ministro de Economía Hernán Lorenzino,
no por un improbable ataque de institucionalidad, sino por su conocimiento de
primera mano de las cuentas provinciales y del personal a cargo. Durante su
presidencia, Néstor Kirchner formó un equipo encargado de supervisar las
cuentas del gobernador Felipe Solá. Lo encabezaba Carlos Fernández y además de
Lorenzino lo integraban Alejandro Arlía y Silvina Batakis, quienes hoy son los
ministros de Infraestructura y de Economía de Scioli. En julio de 2012,
Lorenzino expuso que el deterioro fiscal bonaerense comenzó con la asunción de
Scioli y se cubrió con endeudamiento tal como hacía la Argentina en la década
de 1990. Durante el primer cuatrienio de Scioli, mientras el resto de las
provincias tuvieron un superávit de 7500 millones de pesos, Buenos Aires
padeció un déficit de 13.500 millones, en ambos casos primario. Los compensó
con un incremento del 64 por ciento de su deuda, contra 25 por ciento del resto
del país, al mismo tiempo que la
Nación se desendeudaba y aliviaba el endeudamiento de las
provincias, Buenos Aires la primera. En vez de incrementar la presión
tributaria, como el resto de las provincias, Scioli extrajo recursos a los más
pobres, con el impuesto a los ingresos brutos, y subsidió a los más ricos. En
ese lapso los impuestos inmobiliarios rural y urbano pasaron de aportar el 10,9
al 6,6 por ciento del total de la recaudación provincial, lo cual puede
compararse con el 16,9 por ciento de Entre Ríos, donde el crecimiento de la
recaudación total rondó el 50 por ciento. La política que el gobierno de Sergio
Urribarri describe como de equidad y progresividad es la contracara perfecta.
El inmobiliario rural rondaba el 8 por ciento de la recaudación total y la
decisión de modificar alícuotas y avalúos provocó dos violentos tractorazos
sobre la casa de gobierno en 2011 y una presentación por inconstitucionalidad
que fue rechazada por la justicia. Dos años después, ese impuesto cubre el 12,6
por ciento de la recaudación total y la base tributaria se incrementó con 9000
contribuyentes nuevos; la morosidad se redujo en un 90 por ciento, por la
aplicación de multas de valores similares a los que cobra la AFIP, y 5000 proveedores del
Estado regularizaron su situación cuando se les exigió un Certificado de Libre
Deuda con la provincia para cobrar sus acreencias. Además, el cruce con la base
de la AFIP
permitió detectar a 3524 propietarios de inmuebles rurales y urbanos que los
arrendaban pero no pagaban los Ingresos Brutos correspondientes. También se
reimplantó el impuesto a la herencia y se registraron 4300 embarcaciones que no
estaban empadronadas. En cambio en Buenos Aires, por no afectar a los sectores
de la zona núcleo de la oligarquía, cuyos campos se valorizaron en un 50 por
ciento promedio, a impulso de los precios extraordinarios en el mercado
mundial, Scioli basó cada vez más la recaudación en el regresivo impuesto a los
ingresos brutos, que pasó a representar el 75 por ciento de la recaudación.
Tuvo que ser el gobierno nacional el que forzara a Scioli a decretar el revalúo
fiscal sobre el que se aplican las alícuotas del inmobiliario rural, como
condición para el auxilio del medio aguinaldo de junio pasado. Pero aún así el
gobernador le introdujo tantas condiciones al reglamentarlo que minimizó su
efecto y no resolvió la crisis estructural. Con la misma contundencia de
entonces, Lorenzino objetó ahora la política de endeudarse para enfrentar
gastos corrientes, como camino seguro a la catástrofe. ¿Es incongruente
proyectar que si alguna vez se realizara su fantasía de acceder a la
presidencia, Scioli aceptaría las condicionalidades del Fondo Monetario
Internacional y reanudaría el ciclo del endeudamiento que durante demasiados
años estranguló las posibilidades de crecer y distribuir de la economía
argentina? Más allá de las especulaciones sobre costos relativos para cada
gobierno, la administración central volverá a tener el rol protagónico en el
rescate de Buenos Aires, porque es inimaginable que el hundimiento de la
provincia en la que viven y producen cuatro de cada diez argentinos no afecte
al resto. Como es obvio, ni hará falta mencionar esta cuestión cuando Cristina
le informe a Scioli quiénes integrarán las listas nacionales y provinciales del
Frente para la Victoria
en octubre. En agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y
treinta días antes la presentación de los candidatos. Esto implica que Scioli
tiene hasta mediados de junio para decidir si seguirá acompañando a
regañadientes o dará el salto al vacío al que lo invitan quienes no tienen otra
esperanza. Una tercera opción que está explorando es conformarse con lo que le
ofrezca Cristina, pero colocar algunos candidatos propios en las listas de su
viejo amigo Francisco De Narváez, siguiendo las huellas de su hermano Pepe. No
parece una apuesta con mucho sex appeal para alguien con tantas aspiraciones.
Lecturas
El tema de la coparticipación es muy grave y tiene
consecuencias tanto económicas como políticas. Pero no es posible su
utilización electoralera. Según el especialista en asuntos tributarios Jorge
Gaggero, con el golpe de 1930 comenzó el retroceso de las provincias, que cada
vez son más dependientes de las transferencias del gobierno nacional: hace un
siglo financiaban más del 90 por ciento de sus gastos con recursos propios,
durante el primer peronismo ese porcentaje se había reducido al 50 por ciento y
hoy apenas supera el 30 por ciento. Un decreto elaborado por buenos
profesionales y con cierto equilibrio rigió desde su sanción por el dictador
Alejandro Lanusse hasta el colapso de la última dictadura después de la guerra
de las Malvinas. En 1984, Raúl Alfonsín recortó la porción bonaerense del reparto,
porque necesitaba recursos para negociar los votos de la mayoría peronista en
el Senado (y en especial en la comisión de Acuerdos) sin los cuales hubiera
debido renunciar aún antes a la presidencia. Pudo hacerlo porque la provincia
estaba gobernada por una figura irrelevante sin posibilidad de oponerse. En
1991, Carlos Menem le repuso parte de lo perdido, pero no con una nueva ley de
coparticipación sino con la creación del Fondo del Conurbano, que fue la
condición de Eduardo Duhalde para renunciar a la vicepresidencia y competir por
la gobernación. Pero en los estertores de su mandato Fernando de la Rúa congeló ese fondo, que hoy
equivale a plata de bolsillo. La reforma constitucional de 1994 echó un cerrojo
inviolable sobre la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin
la aprobación de la provincia interesada”, con lo cual todas y cada una tienen
poder de veto. Por eso han pasado seis presidencias en las que se le aplicaron
104 parches pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la
discrecionalidad de la Nación,
pero Buenos Aires no puede quejarse de sus resultados: desde 2003, se llevó el
54 por ciento de la asistencia financiera nacional a las provincias para pagar
deudas y cubrir déficit y las transferencias de la Nación por distintos rubros
superaron la propia ejecución presupuestaria provincial. Igual que Duhalde en
su momento, Scioli se ofrece hoy como el garante de todas las derechas, pero
desde el lugar equivocado, lo cual no abre mucho espacio a dudas sobre su desenlace.
En 2005 Duhalde intentó confrontar con Kirchner enarbolando la bandera de la
coparticipación. Ese error descalificatorio reunió en torno del presidente a
todas las provincias y acabó con la carrera política del estadista de Lomas de
Zamora. La reforma de 1994 tuvo un efecto perverso para Buenos Aires: al
suprimir el Colegio Electoral tornó decisivo su casi 40 por ciento del padrón
de electores para decidir el poder nacional; pero al congelar su porcentaje de
la masa coparticipable bien por debajo del de su población, la condenó a vivir
de lo propio o de la merced presidencial. En el poema de los dones Borges pidió
que
“nadie rebaje a lágrima o reproche
esta declaración de la maestría
de Dios, que con magnífica ironía
me dio a la vez los libros y la noche”.
Lástima que Scioli prefiera otras lecturas.
Caras extrañas
Otro factor operante en la provincia de Buenos Aires es el
intendente de Tigre, Sergio Massa, quien también se siente llamado a destinos
nacionales o, por lo menos, provinciales. Sus dilemas son parecidos a los de
Scioli pero menos acuciantes: porque tiene quince años menos y varios
casilleros alternativos para ubicarse. Por ahora está concentrado en su
implantación territorial. Su objetivo inmediato es San Isidro, donde el ex
rugbista Agustín Pichot intenta tacklear en representación de Massa al
heredointendente Gustavo Posse, muy complicado por la situación del jardín de
infantes Tribilín, que en realidad no es el único porque hay otros en la misma
condición irregular. En el mismo operativo participa uno de los cuñados de
Massa, Sebastián Galmarini. Cuando el canal zonal “Somos Norte” reveló el
maltrato a los chicos, Posse respondió que las maestras eran delincuentes que
habían operado en forma dolosa sin conocimiento del municipio, cosa desmentida
por las constancias del expediente judicial. En 1996 la autoridad de control de
la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre definitivo del establecimiento.
Pero al año siguiente reabrió, sin habilitación provincial. En agosto de 1997 la Municipalidad de San
Isidro lo autorizó como jardín de infantes pero no que se anexara su
funcionamiento como jardín maternal alegando que no contaba con la
imprescindible autorización provincial para un jardín de infantes y que el
edificio no cumplía con la ordenanza municipal 7017 para operar como jardín
maternal, ya que no tenía espacio suficiente para mantener ambas actividades en
forma independiente. Sin embargo, en 1998, el municipio autorizó la
transferencia del comercio ilegal a las actuales propietarias, María Driano,
Noemí Núñez y Mariana Buchniv. En enero de 1998 ellas ofrecieron dar de baja la
habilitación como Jardín de Infantes y dedicar todo el espacio a Jardín
Maternal. La oferta fue aceptada y por expediente Municipal 11012-B-98 se
habilitó el jardín maternal con capacidad para 32 alumnos. El 16 de julio de
1998 el intendente Melchor Posse firmó el decreto 1261 que eximió a Tribilín
del pago de las tasas minicipales. Peor aún el decreto 993/01 que volvió a
conceder la exención de la tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía
Pública lleva la firma del propio Gustavo Posse, quien ya
había heredado el cargo de su papá. Para que todo quede en familia, la suegra
de Gustavo Posse, María de los Angeles Broggi, es la directora de Educación,
responsable del descontrol. Entre la documentación secuestrada en el aparatoso
allanamiento televisado en vivo, durante el cual se demolió la puerta a mazazos
como si no quedaran cerrajeros en San Isidro, figuran las declaraciones juradas
a la Dirección
de Rentas desde 1997 hasta 2009, las boletas de impuestos municipales que
llegaban a nombre de las imputadas como titulares y detallando el rubro de
Guarderias y Jardines de Infantes y la constancia municipal de cobro del
derecho de publicidad por el cartel a la calle de Tribilín. El Libro de
Inspecciones de la
Municipalidad de San Isidro prueba que las visitas oficiales
se sucedieron en forma regular hasta 2011, sin que nunca se detectara ninguna
irregularidad ni se exigiera la autorización provincial como marca la ley. Al
declarar ante el fiscal Franco Servidio, la vecina Florencia Costagli contó que
cuando estacionó su auto cerca del portón de ingreso a Tribilín, la directora
le dijo que no podía hacerlo. La vecina respondió que dejaría de hacerlo sólo
si el municipio lo prohibía. “Efectivamente, dos días después se presentó el
personal de la
Municipalidad y pintó el cordón de amarillo, por lo que la
dicente no estacionó definidamente más”. En vez de allanar el municipio, con
esas constancias Servidio elevó copia al fiscal general de San Isidro, Julio
Novo, “en virtud de la posible comisión de un hecho ilícito que pudiera tener
como presunto autor/es funcionario/s dependiente/s de la Municipalidad de San
Isidro”. El mecanismo consiste en elevar el expediente al fiscal de delitos
complejos, un cargo que existe en todos los departamentos judiciales de la
provincia. Esas fiscalías descentralizadas son pagadas por los propios
intendentes, que así se garantizan la impunidad. Pero en este caso Novo, que tiene
un pedido de juicio político en la Legislatura por obstaculizar la investigación de
un fiscal de primera instancia sobre una organización de traficantes de
estupefacientes, deberá decidir cuál de sus alianzas políticas mantiene: con
Posse, quien postula el acuerdo de la
UCR con Maurizio Macrì, o con Massa, quien ya extendió su
influencia al municipio de San Fernando y avanza ahora sobre San Isidro. Macrì
desespera a sus propios colaboradores con un grado de espontaneidad
incontrolable, que lo lleva a propuestas extravagantes para alguien en campaña
proselitista, como terminar con las transmisiones gratuitas de los partidos de
fútbol.
Trending topic
En esto coincide con el gobernador de Córdoba, José de la Sota, quien intentó prohibir la Televisión Digital
gratuita pretextando una infracción ambiental de sus antenas, que no se sostuvo
en el expediente administrativo. Hasta ahora, De la Sota no ha conseguido
sustentar con hechos su dura retórica en contra del gobierno. Debió reponer las
antenas de la TDA,
del mismo modo que tuvo que desistir del amparo que ya le había concedido un
juez de su provincia para no pagar una cuota de la deuda contraída con el Banco
Nación. No había reparado que al haber utilizado un fideicomiso, el default de
esa cuota tornaría exigibles de inmediato todas las deudas provinciales. Su
expectativa está puesta en la
Corte Suprema de Justicia, que en diciembre ya trató una
propuesta de su miembro Juan Carlos Maqueda para zanjar a favor del gobernador
su reclamo contra la Anses
por 600 millones de pesos. Ahora la
Anses recusó a Maqueda, quien fue ministro de De la Sota. Dotado de la
audacia que le falta a Scioli, el cordobés carece de cualquier otro atractivo
lo cual dificulta su proyección nacional, pese a la simpatía con que lo trata
la prensa opositora. Otra alternativa política que intenta ocupar algún espacio
se alinea con el ex gobernador santafesino Hermes Binner. Pese a sus
tribulaciones por la conexión narcopolicial que estalló en las manos de su
delfín Antonio Bonfatti, Binner es el único político argentino que logró
ubicarse como trending topic mundial con un tweet de envidiable creatividad,
tanta como las originales especulaciones con que Beatriz Sarlo imagina el
futuro del sistema político. En cualquier caso, se comprende la calma con que a
pesar del desgaste y los errores de los que no está a salvo Cristina encara los
meses que faltan hasta la cita en las urnas, donde tratará de seguir perfilando
una fuerza propia sin aspiraciones de monolitismo pero de creciente
homogeneidad.
La firma del propio Posse en el expediente de Tribilín.
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