Arriba : Non-fiction. Al igual que los Cazafantasmas,
el equipo conducido por el estudio Sáenz Valiente & Abogados Asociados, que
asesora legalmente al Grupo Clarín, salió a la caza de los periodistas que no
comparten las visiones apocalípticas del multimedios. Debieron dar marcha atrás
con la medida.
Wortman Jofré, Sáenz Valiente y Pérez Chada
Por Andrea Recúpero y Franco Mizrahi
Los abogados de Clarín pretendieron encarcelar y
silenciar periodistas. Pero su foja de servicios es más frondosa: operaciones
mediáticas, cámaras ocultas y presiones judiciales. Cómo opera el grupo de
tareas legal del multimedios.
Mientras se acortan los plazos para la aplicación plena de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín S.A. dejó en claro que lejos está de
interesarse por la libertad de expresión y la pluralidad de voces, valores que
se jacta representar: en una presentación inédita en la Argentina, los abogados
que representan al multimedios denunciaron penalmente al director-fundador de
Tiempo Argentino, Roberto Caballero; a la periodista de Página 12 y panelista
de 6, 7, 8 Sandra Russo y al relator de Fútbol para Todos Javier Vicente por el
simple hecho de pensar distinto. De acuerdo a la presentación judicial, se
acusó a los periodistas de ser “instigadores y determinadores del delito de incitación
a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como de sus
directivos en particular”. Un delito que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. No
conformes, los letrados de la empresa de medios más poderosa de la Argentina consideraron
que “los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción
agravada”, delito cuya pena oscila entre los 2 y los 4 años de cárcel. La
noticia fue publicada el domingo por el diario Tiempo Argentino. Ningún medio
de la empresa de Ernestina Herrera de Noble lo había difundido a pesar de que
la denuncia penal (causa 12383/2012) había sido radicada el jueves 22 de
noviembre en el Juzgado Federal 9,
a cargo del magistrado Luis Rodríguez. Apenas 35 páginas
bastaron para que el grupo dirigido por Héctor Magnetto expusiera sus
verdaderos valores.
¿Pero quiénes fueron los letrados que pergeñaron y
presentaron la demanda que atenta contra la libertad de pensamiento y la
libertad de expresión? Se trata de las espadas judiciales que suele utilizar el
grupo para realizar el trabajo más engorroso: José María Sáenz Valiente,
abogado del Grupo Clarín S.A., y “sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré
y Alejandro Pérez Chada” –según consta en la denuncia–.
Hugo Wortman Jofré compartía la entidad Poder Ciudadano con Luis Moreno Ocampo, a quien conocía del Juicio a las Juntas –donde colaboró con los fiscales cuando tenía apenas 19 años-. Muy lejos quedaron aquellos tiempos. Actualmente es el defensor de Mario Pontaquarto en el juicio por los sobornos en el Senado y es el letrado patrocinante de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto en la causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa. Conocido como el operador de Clarín en Tribunales, una fuente judicial consultada por esta revista lo definió como “una persona que anda sinuosamente por todos lados. Por ejemplo, es quien aportó el know how de muchas de las cámaras ocultas que realizó el Grupo Clarín: en el programa Telenoche Investiga, él era quien asesoraba y manejaba todo. Antes de que saliera al aire, Wortman ya había hablado con el fiscal y con el juez, en forma ‘secreta’. Consolidado el frente jurídico, la cámara se difundía por la tevé”. La misma fuente recordó que Wortman Jofré solía ir a las reuniones con miembros del Poder Judicial acompañado por el sobrino de Magnetto, Pablo Casey.
Alejandro Pérez Chada, además de ser letrado de Clarín, es el abogado del procesado jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. “Hace penal hace muchísimos años –aseguró a Veintitrés una fuente que recorre Tribunales–. Tiene muchas vinculaciones con el poder. Tiene un perfil más independiente que el resto”.
José María Sáenz Valiente padre fue el apoderado del Grupo Clarín S.A. y junto a su hijo está vinculado a varias empresas relacionadas al multimedio. Por ejemplo, Sáenz Valiente hijo aparece como director suplente del grupo madre y comparte las firmas GC Domingo S.A. e Inversora HHM S.A. con nada más y nada menos que Héctor Magnetto. Además conforma el directorio de Carburando SAPICAFI; Mundo Show TV S.A.; Auto Sports S.A.; La Capital Cable S.A. y GC Minor S.A., entre otras tantas firmas. Los Sáenz Valiente –hasta el nieto, Ignacio José María, figura como directivo de Multicanal– aparecen a lo largo de los años en los negocios determinantes de Magnetto. Por caso, Sáenz Valiente hijo estuvo vinculado a Papel Prensa SAICF entre 1979 y 1982. Semejante confianza no es producto del azar.
Según se desprende de las afirmaciones del abogado Pablo Argibay Molina, el vínculo entre Magnetto y el estudio Sáenz Valiente proviene, como mínimo, desde la última dictadura militar. Argibay Molina afirmó ante Página 12, en julio de este año, que “Miguel Tobías Padilla (subsecretario de José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura militar) manejaba la información de todo lo que iba ocurriendo en la parte económica que bajaba de las Juntas (militares). Y fue el que manejó los tiempos del negocio (de Papel Prensa)”. Según este letrado, Tobías Padilla “estaba en el estudio Sáenz Valiente. (…) Era el abogado personal de Magnetto”. Es más, para Argibay Molina, fue Tobías Padilla quien relacionó al CEO de Clarín con el tema Papel Prensa y quien “manejó los tiempos del negocio”.
Se sabe, la confianza no tiene precio. Ante este escenario, no sorprende que los tres denunciantes de los periodistas aparezcan vinculados a otro caso paradigmático: la cámara oculta que le realizaron el 17 de febrero del 2011, en las oficinas del estudio Sáenz Valiente ubicadas en Puerto Madero, al delegado gremial de AGR Luis Siri, quien estaba negociando una indemnización con la patronal y continúa procesado por este hecho. Los protagonistas de aquella puesta en escena fueron el espía Gustavo Gabriel Slevin y los abogados Matías Fredriks –parte del bufete de abogado Sáenz Valiente y directivo de algunas firmas del grupo–, Wortman Jofré –especialista en cámaras ocultas– y Pérez Chada. Los dos últimos fueron quienes se presentaron como querellantes en representación de AGR-Clarín.
De acuerdo a estos tres abogados, Roberto Caballero –ex director de esta revista– merece ser detenido y privado de su libertad por la siguiente declaración que emitió en programa 6, 7, 8 el 4 de octubre pasado, en el marco del amotinamiento que realizaron gendarmes y prefectos: “¿Qué creo yo, digamos, de lo que está sucediendo? Obviamente esto es un intento de desestabilización. Cuando vos a la gente le mostrás por televisión que las fuerzas que están para ocuparse de la seguridad, de la tranquilidad y de la paz de los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se agarra la cabeza y dice: ‘¿En qué país estamos?’. Y, la verdad, me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio en la calle, que tienen ciertos grupos concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al 7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de derecha que hay en la sociedad argentina, un núcleo reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero también provoca, quizás, que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Cuando uno ve un uniforme haciendo lo que no es su función específica, a cualquier argentino se le eriza la piel…”.
Mientras que a Sandra Russo se la acusó porque “luego de los conocidos ‘cacerolazos’ del día 13 de septiembre de 2012, expuso en el programa televisivo 6, 7, 8 emitido por TV Pública, Canal 7, las siguientes expresiones: ‘Son las cacerolas de Clarín’ y agregó ‘en este núcleo de veneno, es difícil que pueda salir algo bueno’. Luego continuó diciendo ‘en los noventa hemos salido innumerables veces, pero en estas marchas hay veneno, y además si logran la destitución, ¿qué pasaría el día después?’”.
La afirmación de Javier Vicente que llevó a los letrados de Clarín a pedir encerrarlo en un calabozo fue: “Esto es Fútbol para Todos, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes 0. Fútbol para Todos, el mejor antídoto a la cadena del miedo y del desánimo. Cadena con fecha de vencimiento, 7 de diciembre”.
La presentación judicial contra los periodistas –en la que también se apuntó contra funcionarios del Gobierno– fue un error de tal magnitud que obligó a los directores periodísticos del multimedios a disculparse públicamente. En su edición del 28 de noviembre, en la sección “Del editor al lector”, Ricardo Kirschbaum firma un editorial titulado “Una rectificación imprescindible”, en el que reconoce que “el Grupo Clarín nunca debió haber mencionado a periodistas en una denuncia penal” e informa que “se desistirá de que los seis periodistas (mencionados en la presentación judicial) siquiera sean citados como testigos”. Hasta la SIP y ADEPA se manifestaron en contra de la presentación judicial de su aliado estratégico, el Grupo Clarín. Y los abogados dijeron que sólo pidieron que se los citara como testigos. Es que hay fronteras infranqueables que 29 años de democracia demarcaron profundamente. Ejemplo de ello fue la manifestación de apoyo que recibieron los periodistas el lunes 26 de noviembre durante la conferencia de prensa que se realizó en las oficinas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que asumió su defensa legal.
Desde que comenzó su disputa con el gobierno nacional, el Grupo Clarín puso en juego su credibilidad y su elevado nivel de aceptación en diversas capas sociales en un intento por preservar sus intereses comerciales. De hecho, la denuncia penal del 22 de noviembre pasado no fue la primera iniciativa del multimedios que amenazó la libertad de expresión. El diario creado por Roberto Noble prohibió durante los últimos doce años la libertad sindical, derechos que los trabajadores del matutino reconquistaron el pasado 15 de noviembre, en una elección gremial histórica. A esto se suma su puja por impedir que los canales Paka Paka, CN23 e Incaa TV ingresen en la grilla de Cablevisión, a pesar de que el ex Comfer había ordenado su inclusión. La lista es más extensa e incluye la competencia desleal en la venta y distribución de papel para diarios a través del control de Papel Prensa y las denuncias de boicot contra señales de cable del interior del país, entre otros hechos de relevancia.
Es evidente que aunque el Grupo Clarín hace esfuerzos desmedidos por presentar su enfrentamiento con el Ejecutivo nacional sólo como una batalla cultural, apenas se corre el velo que cubre aquella premisa aparecen los intereses económicos de un monopolio dispuesto a todo con tal de no perder su posición hegemónica en el mercado de los medios de comunicación masiva. El 22 de noviembre pasado, la desmesura alcanzó su punto más álgido.
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