Cristina pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU que suspenda la inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su condena en la causa Vialidad. Sus abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego sostuvieron que durante el proceso se violaron derechos fundamentales de defensa.
La presentación amplió el reclamo que Cristina había llevado ante la ONU en julio. Su abogado brasileño Rafael Valim dijo que trabajan para que “el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité” y consideró que eso podría permitir que la Justicia argentina vuelva a analizar el caso este mismo año.
La defensa de Cristina incorporó una pericia que contradice la idea de que el sistema de fondos viales fue armado para favorecer a Lázaro Báez. De 51 obras analizadas en la causa, sólo 17 recibieron recursos de ese fideicomiso y las empresas del Grupo Austral captaron apenas el 0,85% del total. La firma que más recibió fue IECSA, vinculada a Ángelo Calcaterra, con el 16,36%.
La defensa de Cristina denunció ante la ONU actos de intimidación ocurridos después de que presentara su reclamo internacional. Señaló el avance judicial sobre bienes vinculados a la expresidenta, entre ellos el departamento de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, y publicaciones de Javier Milei contra ella. Sus abogados sostienen que esas acciones buscan amedrentarla por haber recurrido al Comité de Derechos Humanos.
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INFOSIBERIA N° 2593 del 30-0-26
