El mismo organismo de abogados que se reunía con Videla y
Harguindeguy sin reclamar por sus colegas desaparecidos, impulsa una campaña
para frenar la democratización judicial.
La estrategia opositora de minar la democratización del
Poder Judicial decidida por el Parlamento con cautelares y pedidos de
inconstitucionalidad avanza con tropiezos, pero esta semana sumó el combativo
apoyo del ala más conservadora de los abogados nucleados en la FACA (Federación Argentina de
Colegios de Abogados). Su presidente, Ricardo de Felipe, reunió a su tropa
confederada –son 80 colegios– el jueves 9 y, con algo de impostado dramatismo,
les bajó línea: "El mandato de nuestros estatutos es ser firmes defensores
cuando entendemos que se vulneran derechos de los ciudadanos y esta reforma
afecta la independencia del Poder Judicial. Consideramos que viola la Constitucional Nacional ".
Delegados de todos los colegios de abogados del país aplaudieron el ardoroso
llamado a militar la presentación de cientos de amparos en el Fuero Contencioso
Administrativo Federal que será replicado, a título institucional o de manera
personal, en decenas de juzgados nacionales. Visiblemente emocionado, pero bajo
estricto anonimato conspirativo, uno de los participantes del "Grito de la FACA " le confió al
diario La Nación
cuál es el primer paso del plan: "Con que un solo juez dicte una cautelar
que frene las elecciones de consejeros estará cumplido el objetivo". Es
decir, impedir que se elijan por el voto popular, en las próximas elecciones,
los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura ampliado
por ley, que todavía debe ser reglamentado y publicado en el Boletín Oficial,
periódico que es examinado con lupa cada día por los confederados de De Felipe
para actuar sin perder un segundo. El instructivo que manejan en los 80
colegios de abogados llama a atacar dos artículos de la reforma democrática: el
que establece la nueva composición del Consejo y, sobre todo, el que prevé la
elección por voto popular de los representantes de los jueces, abogados y
académicos. La idea, además, es que algún juez contencioso frene las elecciones
con alguna medida cautelar. Claro que lo ven complicado: a la vez, deberían
obtener la inconstitucionalidad del nuevo régimen que limita las cautelares
contra el Estado, porque el gobierno podría apelar y la suspensión quedaría sin
efecto. La carta en la manga de los confederados sería, entonces, un "per
saltum" para que intervenga directamente la Corte Suprema de
Justicia. "La gravedad institucional habilitaría un salto de
instancia", explicó Maximiliano Toricelli, jefe jurídico de la FACA. Detrás de la
emboscada a la reforma democrática de sus confederados, colaron opositores como
Patricia Bullrich quien, así como se atribuyó la convocatoria del 18 de abril,
ahora decidió ponerle hora a la operación del amparo masivo. Será a las 11, del
día que salga promulgada la ley. En el caso del PRO, ya anunció que se
encargará de ir al fuero Electoral y en la página web del partido de Mauricio
Macri podrá bajarse un modelo de amparo para que cualquiera acuda al juzgado
que le quede cerca. El disidente del peronismo Enrique Thomas, el progresista
Gerardo Milman y el radical Ricardo Gil Lavedra adoptaron idéntico
temperamento. Todos con la misma finalidad: derrotar al kirchnerismo en los
juzgados, porque en las urnas no pueden. El pretexto, en todos los casos, es la
heroica defensa de la
Carta Magna. De Felipe, el hombre que sacó la FACA a la calle, lo había anticipado
en su discurso de asunción, el 16 de diciembre de 2011: "El eje de nuestro
trabajo será la defensa de la Constitución Nacional ahora que se pone en tela
de juicio su legitimidad". Para esa fecha, el kirchnerismo no había
siquiera propuesto el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial y,
tampoco, institucionalmente, impulsado cambios en la Constitución. Menos
ahora. Pero se ve que De Felipe ya soñaba con verse retratado como el jefe
imaginario de una fuerza que quiere manejar el país desde la justicia cautelar.
Hay gente que aspira a eso, increíblemente. Es una pena que trabaje para
impedir con una emboscada leguleya lo resuelto por dos poderes del Estado
democrático, el Ejecutivo y el Legislativo. Si hubiera empezado disculpas por
el rol que la FACA
jugó durante el genocidio, donde realmente se suspendieron las garantías
constitucionales para todos, otro sería el cantar. Tal vez tenga floja memoria.
Por suerte existe el archivo. Sirve para comprobar que los
valientes confederados de ahora, cuando desaparecían a sus propios colegas en
los campos clandestinos de detención, se callaron la boca y andaban con la cola
entra las patas o, directamente, aplaudiendo el plan de exterminio. En una
brillante nota del Equipo de Investigación de Tiempo Argentino, el periodista
Fernando Pittaro, hace ya dos años, desnudó la hipocresía de los dirigentes de la FACA. Escribía
Pittaro: “Además del acuerdo económico y político con los diarios Clarín y La Nación , la jerarquía
eclesiástica y grupos empresarios, hubo otro sector cómplice sobre el que aún
hace falta echar luz: las corporaciones de abogados que se negaron a denunciar
las desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban ‘que un estado de
subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se defienden con
los hombres del derecho y con el aval de las Fuerzas Armadas’. Ante este
‘ataque’, decidieron dar sustento ideológico y jurídico a los genocidas de
turno. Así lo demuestran los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones de todo el país,
a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva. Son 600 folios que
incluyen las deliberaciones y testimonios que los hombres del derecho,
enrolados en sus respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y
1979, el período más sangriento de la última gran tragedia nacional".
Son los libros de la buena memoria. En esas actas de la FACA puede leerse al federado
de Capital Federal, Manuel Ordoñez, diciendo: "Agradecemos a este gobierno
(NdR: el del Terrorismo de Estado) haber realizado la tarea de liberarnos de la
abyección en que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda
haber incurrido en excesos". También al federado de San Francisco,
Córdona, José María Piscitello: "Es evidente que en la presión de
organismos internacionales contra nuestro país está la acción solapada de
elementos vinculados a la guerrilla". Al federado porteño Alejandro
Lastra, llamando a la reflexión: "Es necesario pronunciarse en forma
mesurada, sin excesos y con un profundo equilibrio. La palabra de la federación
puede ser utilizada por grupos que conspiran contra la nación, las dificultades
que sufre el país ya las conocemos pero tenemos que cuidar no llevar argumentos
a la subversión. El país está en guerra, en medio de grandes sacrificios y
penurias y es necesario ayudar a superar". El abogado Alberto Vázquez,
rosarino él, afirmaba, en sintonía con Lastra: "La defensa del orden
jurídico está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana
del país contra la subversión asesina, que felizmente el país se encamina hacia
una auténtica democracia que asegurará el debido proceso". Algunos
representantes del interior eran además funcionarios de la maquinaria
gubernamental del genocidio, como Alberto Domingo Tettamanti, intendente de La Plata ; y Luis Martínez
Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba.
En su nota, Pittaro rescata al representante de Trenque
Lauquen, Hugo Fernández Quintana, quien le contó que "era un loco suelto
al que querían callar porque a todas las reuniones iba y pedía la palabra para
que nos pronunciáramos en contra de lo que estaba sucediendo". Pero era la
excepción: "El espíritu mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba cuidar el
prestigio de la federación frente a los organismos internacionales, y hacer la
declaración preferiblemente en forma privada como lo hicieron recientemente los
obispos argentinos", según se lee en la foja 214 del año 1977.
Fernández Quintana recuerda que el único documento con
alguna mención velada a la dictadura se hizo por presión de la OEA : "Lo inusitado, lo
increíble es que se haya mantenido en secreto". Es decir, además de
comprensiva hacia las autoridades ilegítimas, no fue pública.
Por el aporte informativo de los familiares, la FACA manejaba en 1977 una
lista confidencial de abogados víctimas de la represión: “82 abogados afectados,
de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido recientemente puestos en
libertad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del Ministerio del
Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno optó por salir del país
y de ocho se carece de información actualizada". El federado Oscar Eduardo
Romero Giaccaglia llamó a desconfiar de esos datos, según las actas: "los
informes que suministran familiares de un detenido pueden no ser
imparciales", se justificó.
Desde 1975, fueron asesinados 23 abogados por motivos
políticos y fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de
109. Escribió Pittaro en Tiempo Argentino: "La Federación recién se
entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema el 13 de abril
de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres de Plaza de Mayo se dieran a
conocer al mundo entero reclamando por la aparición con vida de sus hijos. La
marcha de los pañuelos blancos alrededor de la Pirámide de Mayo fue en
vano: Videla no las recibió; la
Federación de abogados, en cambio, corrió mejor suerte. La
entrevista con el dictador en la
Casa Rosada , que estaba prevista para las 10:30, se prolongó
desde las 11 hasta las 11:55. El encuentro con el ‘Excelentísimo señor
presidente de la nación se desarrolló en forma franca y amplia y él se mostró
amable y sincero’, según se lee en las actas a las que accedió este diario. En
representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Nano, Raúl Fosero, Oscar
Eduardo Romero Giaccaglia, Ricardo D´Amico y Luis Coliqueo. Según el material
inédito consultado "el presidente habló con total sinceridad, al punto que
alguno de sus comentarios actúan en lo estrictamente confidencial". Cuando
los cinco representantes de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados
detenidos, Videla les respondió con calma y deslizó que ‘sus preocupaciones son
las propias del gobierno". La
FACA tuvo acceso durante los años de plomo a los despachos,
no solo del dictador Videla, también del general Albano Harguindeguy, ministro
del Interior; del brigadier Julio Gómez, asesor de asuntos institucionales del
Ministerio de Justicia; y el comodoro Adolfo H. González Albarracín,
subsecretario de asuntos institucionales del Ministerio del Interior. Allí
articuló una estrategia para dejar bien parada a la dictadura en los foros
internacionales. Mientras tanto, el país era un gran campo de concentración. No
hubo un solo comunicado público de la federación denunciando la desaparición de
los abogados o la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
El único pronunciamiento de la
FACA en esos años "fue cuando se produjo el atentado que
le costó la vida a la hija del vicealmirante Armando Lambruschini. Aquel 1 de
agosto de 1978 no dudó en dar a conocer un comunicado ‘condenando la violencia
absurda y criminal’", finaliza la nota publicada en este diario.
Con estos antecedentes funestos, que la FACA alce ahora la voz y
elabore una estrategia conspirativa para entorpecer la aplicación de leyes en
juzgados conservadores amigables, confirma que el plan de democratización del
Poder Judicial es indispensable y urgente.
Dejar la supuesta "defensa de la Constitución " en
manos de abogados que silenciaron la desaparición de sus colegas sería un
retroceso gravísimo.
De Felipe podría volver a leer las actas de la federación
que preside y decir algo al respecto. Y el kircherismo, qué tanto, sentirse
orgulloso por los enemigos que va recogiendo.
Los que cualquier gobierno democrático debiera tener.
El libro negro de la tercera tiranía, en tiempo real
Tras derrocar por un golpe de Estado a Juan Perón en 1955,
la derecha escribió El libro negro de la segunda tiranía, donde una fábula
diseñada desde la mitología brutal sirvió para justificar la persecución, el
encarcelamiento y la muerte de los peronistas, durante 18 años. Aquel libro
encargado por Aramburu, Rojas y Lonardi sirvió como apoyatura de sentido del
decreto 4161, que privó de derechos a la mayoría política del país. Ahora, algo
parecido ocurre todos los domingos pero ya no en formato de libro, sino de
programa de TV por Canal 13. El mito ahora es antikirchnerista. La secuencia de
sentido sería la siguiente: Lázaro Baéz es un ladrón, Kirchner era su socio,
las coimas se pesaban, iban en bolsos, Kirchner hizo una bóveda en su casa para
guardar la plata robada, su viuda hizo otra en el Mausoleo donde descansan sus
restos. Es decir: son lo peor que hay: usan un muerto para esconder plata. Todo
este relato fantástico abreva en el “miente, miente, que algo queda”. ¿Qué es
lo que queda? En principio, la sensación de que estaríamos en manos de una
mafia que no tiene límites. Es el primer paso para eliminarla o perseguirla. Lo
mismo dijeron de Perón y su gobierno. La gente sensata hoy se ríe, pero la
insensata contribuye a que todo sea verosímil, sin pensar en las consecuencias.
Veamos: 1) el abogado Juan Ricardo Mussa fue a Comodoro Py y denunció a la
presidenta y su hijo, Máximo, por “homicidio simple” de Néstor Kirchner. Basó
su pedido en la denuncia de dos supuestos testigos de identidad reservada que
dicen que Néstor murió de un tiro en la nuca. Quiere que exhumen el cuerpo 2)
El abogado Alejandro Fargossi, ex director jurídico de Telefónica, pidió el
allanamiento del domicilio de la presidenta para verificar la existencia de una
bóveda donde estaría la plata de los jubilados. 3) Eduardo Arnold, ex
vicegobernador de Kirchner, pidió que algún juez allane el Mausoleo donde
descansa el cuerpo de Néstor porque, debajo, habría una caja fuerte con la
plata de la corrupción. Todo esto es amplificado por los medios hegemónicos. El
proceso de realimentación está en marcha. El Libro negro de la tercera tiranía
comenzó a escribirse. Esta vez, desde el formato audiovisual y en tiempo real.
Comenzó con la denuncia por el supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez que
hizo Jorge Lanata desde Canal 13, canal del Grupo Clarín S.A., a quien Lanata
denunció en 2009 por lavado de dinero. Lo que sigue a la estigmatización es la
discriminación y la persecución.
Dijo la rue: "un aporte invalorable a la democratización de los medios"
Cuando Gabriela Knaul, la titular de la Relatoría Especial
de la ONU sobre
asuntos de justicia, salió a criticar el paquete de leyes para democratizar el
Poder Judicial, Clarín y La
Nación se hicieron un festival. Los dichos de la brasileña
fueron divulgados hasta el cansancio por el sistema antikirchnerista de medios.
La idea subyacente de que el país está aislado del mundo y sólo cosecha crítica
de organismos y personalidades con algún relieve, adoptó un anclaje real en la
intervención de Knaul, que fueron reprochadas de modo airado por la Cancillería argentina.
Esa vez, tanto Clarín como La
Nación sólo tuvieron que amplificar algo que una funcionaria
extranjera dijo, y con eso contribuir a su campaña en defensa de la
"justicia corporativa" revestida de retórica republicanista, que es
idéntica a la que usa la FACA
de De Felipe y la oposición para plantear su "emboscada cautelar"
contra leyes votadas en el Congreso de la Nación. Hasta acá,
nada demasiado novedoso en el análisis del discurso hegemónico habitual que
busca satanizar al oficialismo gobernante.
Tampoco es llamativo que esos mismos diarios y su sistema de
replicación hayan omitido que otro relator especial de la ONU , en este caso, el
guatemalteco Frank La Rue ,
que trata asuntos de opinión y libertad de expresión, volviera a elogiar la Ley de Medios argentina y se
refiriera por primera vez apoyando la acción de la Defensoría del Público,
creada por ella. Fue el miércoles 8, en Montevideo, adonde La Rue llegó para participar de
un foro organizado por la
Coalición por una Comunicación Democrática oriental, que
busca la sanción de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la
argentina, impulsada en estos mismos días por el gobierno del Pepe Mujica,
noticia que es –por lógica– celosamente ignorada por Clarín y La Nación , y difundida en
cuenta gotas por el periodismo contrahegemónico de nuestro país, desorientado
por el aturdimiento que produce la potencia del prime time dominical de Canal
13.
Sobre la
Defensoría creada por el Parlamento con participación
ciudadana en aplicación de la Ley
de Medios, promovida por la presidenta Cristina Kirchner, expresó La Rue : "Marca un
antecedente en Latinoamérica. La idea de que una Ley de Servicios Audiovisuales
incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y televidentes me parece
importante y novedosa (…) Es un aporte invalorable a la democratización de los
medios en toda la región. Soy miembro de Naciones Unidas y conocía organismos
similares, pero administrados por cada medio en particular. Lo novedoso del
caso argentino es la autonomía de ese espacio, y el hecho de trabajar con la
totalidad de medios audiovisuales del país (…) La creación de la Defensoría del Público
de Argentina marca un antecedente único en el mundo. Por mi tarea he conocido
casos de ombudsman de periódicos escritos o canales de televisión como fenómeno
de autorregulación de medios; pero la idea de que una ley de servicios
audiovisuales incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y
televidentes de un país me parece sumamente importante y novedosa (…). La
autonomía e independencia de la entidad argentina, a partir de su vinculación
con un cuerpo bicameral integrado por diputados y senadores de todos los
partidos políticos, sin depender del Poder Ejecutivo (…). Uno de los objetivos
más grandes que tengo como relator de libertad de expresión en el mundo es
defender la libertad de prensa, pero al mismo tiempo velar por los derechos que
posee todo pueblo a recibir información plural y diversa, para ejercer sin
condicionamientos su libertad de pensamiento y de opinión. La sociedad debe
tener pensamiento crítico, cuestionar y desafiar la información que recibe de
cualquier medio (…). Para construir ese pensamiento propio, hay que enseñarle a
la niñez de nuestros países a que sepan cómo leer y escuchar una noticia. Sólo
de esa manera podrán evaluar y sacar conclusiones propias. Estoy seguro que ese
será el principal aporte de la
Defensoría al pueblo argentino, y por eso felicito su
aparición."
Para los que quieran ver y escuchar la intervención de La Rue , está disponible en
, gracias a la cobertura
periodística de la agencia Télam.
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