En una sesión
especial que se prevé dure hasta medianoche, la Cámara alta aprobó las
modificaciones a la reforma del órgano encargado de designar y remover jueces
por 38 afirmativos y 30 negativos. "No hay ningún riesgo para la
república, los tribunales van a seguir funcionando", dijo Miguel Pichetto.
Continúa el debate por los proyectos restantes.
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En una sesión
especial que se prevé dure hasta medianoche, el Senado aprobó las
modificaciones a la reforma del Consejo de la Magistratura y
convirtió en ley el proyecto por 38 afirmativos y 30 negativos.
El pleno de la Cámara debate además los
proyectos de publicidad a los actos de justicia, las declaraciones juradas de
funcionarios de los tres poderes del Estado y el proyecto de acceso a la
carrera judicial, que deberá tener una segunda revisión en la Cámara de Diputados.
Durante el debate,
el senador del Frente para la
Victoria (FpV) y titular de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la Cámara
alta, Marcelo Fuentes, resaltó que "la presente reforma no limita las
facultades de la Corte
Suprema" de Justicia.
Además, defendió el
proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, al destacar que "toda vez que
se extienden derechos o se pone coto a privilegios, las oposiciones son muy
grandes".
Fuentes criticó
"el agravio de las fuerzas políticas que decían que la norma es
prescriptiva", y dejó en claro que "todo los partidos políticos que
puedan presentar candidatos a presidente van a poder presentar candidatos a
consejeros".
El legislador
neuquino además dijo que es necesario "analizar un poder" que fue
funcional "al interés económico".
Por su parte, la
senadora del peronismo disidente, Liliana Negre de Alonso, afirmó que se está
"iniciando el camino hacia una dictadura".
La legisladora
puntana expresó que el kirchnerismo busca la "suma del poder público"
y un "traje a medida". Además resaltó que con el texto "se está
limitando se limita la participación popular".
Por último, Negre de
Alonso aseveró que "todo lo que comienza, termina", y que "las
instituciones quedan y los hombres pasan", por lo que se debe trabajar por
ello y no por la "perpetuidad" de nombres.
Por su parte, el
senador Aníbal Fernández se refirió a las críticas de la Relatora Especial
de las Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, al señalar: "Es vergonzoso e
intolerable el gesto de esta relatora. Por eso el canciller (Héctor Timerman)
envió una nota transmitiendo su malestar por lo sucedido".
"Es una
intromisión en la política de los argentinos", agregó el legislador.
En tanto, el senador
socialista y jefe del interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP), Rubén
Giustiniani (Santa Fe), aseguró que el proyecto “atenta contra principios
constitucionales”.
Giustiniani expresó:
“Atentar contra la independencia de la Justicia es cambiar la Constitución Nacional”,
y dijo que habría sido mucho más fructífero un “debate más profundo, con más
tiempo”.
El legislador
santafesino además sostuvo que “ir junto a una boleta pegada al candidato a
presidente –de la Nación-
es integrar una propuesta de un partido político”, y preguntó: “¿Cómo le vamos
a pedir después a ese juez que sea independiente?”.
El jefe del bloque
del FpV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, dijo a la oposición: "Siempre
dan por sentado que el oficialismo va a ganar. Es una actitud de pérdida
psicología. Tengan una mirada alentadora hacia el futuro de que van a poder
ganar alguna elección", en referencia a las críticas que dejaban entender
que el kirchnerismo ganará los comicios y se quedará con la mayoría en el
Consejo de la
Magistratura.
"Dan por
sentado que el resultado inexorable del proceso electoral es la derrota. Con
ese espíritu es muy difícil poder cambiar la sociedad", agregó Pichetto.
Además, indicó:
"¿Si para modificar esta ley necesitamos una mayoría absoluta, por qué
para remover un juez necesitamos una mayoría agravada?", sobre el cambio
en la cantidad de miembros que se necesitan para remover un magistrado.
"Sin partidos
políticos no hay democracias", sostuvo, en relación a las críticas por el
sistema electoral de los consejeros del órgano.
A su vez, expresó:
"No hay ningún riesgo para la república, los tribunales van a seguir
funcionando. Nadie va a poder controlar a los jueces".
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