Miradas al Sur. Año 6. Edición número 259. Domingo 5 de mayo
de 2013
Por
Modesto Emilio Guerrero Sur en América latina
Venezuela. A pesar de la aceptación internacional de los
comicios, Capriles insiste con desestabilizar el gobierno de Maduro.
La sociedad venezolana ha ingresado en una fase de
definiciones sociales y políticas. Sus tiempos y sus ritmos se moverán al
compás de las relaciones de fuerzas y políticas aplicadas. Esa es la marca
inevitable del complicado tránsito entre un régimen y otro en la revolución
bolivariana. El resultado dependerá de lo que se haga o se deje de hacer en
ambas fuerzas, pero la definición se concentra en la inteligencia política del
gobierno para blindar lo alcanzado, completando la obra truncada por la desaparición
de Hugo Chávez.
La violencia desatada por la oposición de derecha desde el 14 de abril, apenas terminado el escrutinio que dio ganador al chavismo, es el síntoma de la enfermedad. Una enfermedad cuyo contenido nace en la incapacidad de la clase dominante y su sistema mundial de Estados, para respetar el juego democrático del cual se ufanan sólo cuando lo controlan ellos.
Las novedades en el proceso bolivariano señalan un camino inexorable a la confrontación entre quienes sostienen las transformaciones que dieron vuelta al país y aquellos que no las soportan.
Una medida de la tendencia en curso es la escala en las acciones ofensivas desde el 14 de abril, dentro y fuera del país. Estas deben cuantificarse en hechos inusuales, sólo conocidos en los días del golpe de Estado fracasado en 2002. Eso condujo a la confusión y muchos creen que se está en presencia de un posible golpe de Estado.
En realidad, lo que se vislumbra es una perspectiva más abarcadora y peligrosa. Un indicio de esto lo reveló un adolescente margariteño llamado Víctor, quien preguntó por e-mail por el significado de la palabra “fascista”. “Es que la escucho mucho en la televisión”, dijo. Cuando se le respondió, su preocupación contenía signos de una nueva realidad abierta en el país. Esa novedad se llama dilema existencial de lo que se conoce como revolución bolivariana, comenzando por su gobierno y terminando por sus movimientos sociales y Fuerzas Armadas.
Entre la madrugada del 15 de abril y las 9 de la noche del día 17, fueron asesinados ocho militantes identificados con el chavismo. El noveno cayó baleado por la espalda cuatro días después. Uno de los primeros fue incendiado vivo. En menos de tres días, luego de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el resultado adverso a Capriles, cinco grupos de activistas armados de la oposición quemaron 11 edificios públicos. En dos de ellos se impartía educación preescolar (Simoncitos), cuatro pertenecían a la Misión Barrio Adentro y atienden patologías complejas (Centro de Diagnóstico Integral), además resultaron quemadas cinco sedes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (Psuv) en cuatro ciudades. Entre la noche del 14 de abril y el 27 del mismo mes, grupos de opositores agredieron a una viceministra, 13 periodistas de canales públicos o comunitarios y a un famoso deportista que simpatiza con el gobierno chavista. Durante esas dos semanas se produjeron nueve cacerolazos en los barrios de ricos de Caracas.
La revuelta provocada en una sesión de la Asamblea Nacional el martes 30 de abril trasladó las agresiones al sistema institucional, mediante una acción conspirativa retratada por las cámaras de seguridad del edificio (http://www.aporrea.org/actualidad/n228055.html).
El objetivo, sobre todo en el escenario parlamentario, es darle continuidad al desacato a la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, una estrategia sostenida por la OEA, los gobiernos de España y EE.UU., como lo develó el canciller del reino español, quien se ofreció como virrey para supervisar el reconteo de votos, una oferta que le valió la expulsión del país, ordenada por el mismísimo presidente Nicolás Maduro.
La oposición proclamó, desde el día 14 de abril, el desconocimiento de los escrutinios y el gobierno resultante. Pero, además, sostiene hasta nuevo aviso, un desacato al resto de las instituciones del poder. Prepara acciones contra la Corte Suprema de Justicia, y adelanta expedientes que reclamen a la Corte de la Haya, a la Organización de Estados Americanos y ante otros organismos de control internacional, el repudio al gobierno electo en Venezuela. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró el desconocimiento de la bancada de diputados opositores y su puesta en cuarentena.
Esta es la medida de la escalada opositora, nutrida de métodos y recursos variados, sólo recordada en los acontecimientos decisivos de 2002, 2003, 2004 y 2005.
El foco de esa estrategia es la destitución de Maduro y del gobierno, aprovechando la fragilidad institucional que significa haber ganado por tan poco. Pero el objetivo es más ambicioso. La oposición venezolana busca que las Naciones Unidas, o varios Estados fuertes del mundo, declaren a Venezuela como “un Estado fallido”, única vía actual para legitimar una intervención imperial. Ese fue el camino escogido en Haití, Libia, Irak, Siria.
Esta aparente fuerza de la derecha venezolana, alentada por el 49% obtenido en las elecciones, al mismo tiempo disimula su debilidad relativa en la relación de fuerzas nacional, es decir, más allá y por debajo del escenario electoral. Ellos no tienen capacidad, en las actuales condiciones, de organizar y sostener un golpe de Estado ni de desarrollar acciones serias que pudieran conducir a una guerra civil. Ese límite los obliga a acudir a métodos y técnicas de guerrilla urbana, preparando, como diría el insurgente brasileño Carlos Marignela, “la retirada antes de actuar”.
En menos de 15 días, varios grupos de “escuálidos” armados golpearon, quemaron y mataron en pocos minutos, huyendo de inmediato para evitar un enfrentamiento físico con las fuerzas sociales del chavismo, muchas veces superiores. Uno de los jefes militares conocidos es el general retirado Antonio Rivero, cazado por una cámara callejera, hoy procesado en los tribunales caraqueños. De sus órdenes de barricada el día 15 de abril, resultaron varios de los asesinatos. (www.youtube.com/watch?v=9zNOl33NQTc)
Hay una pequeña diferencia. Las técnicas usadas por los caprilistas venezolanos no los aproxima a los guerrilleros izquierdistas del siglo XX, sino a los grupos fascistas o nazis en Italia y Alemania. Antes de hacerse del poder en 1922, Musolini usó sus fasci di combattimento, mientras que Adolf Hitler acudió a los Escuadrón de Protección (SchutzStaffel, conocidas como las SS); ambos imponían el terror en las calles y la dislocación en las instituciones, aunque luego ganaran las elecciones para imponer sus regímenes totalitarios.
Ni la burguesía desplazada del poder soporta más el gobierno izquierdista establecido desde hace 14 años, con proyección a durar dos décadas enteras con Nicolás Maduro, ni el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a permitir que se consolide.
Pero en el mismo espacio-tiempo, el chavismo, y sus vanguardias sociales y militares, no están dispuestas a retroceder.
En el cruce de intereses opuestos de ambas fuerzas sociales, nace el dilema existencial de la revolución bolivariana.
La violencia desatada por la oposición de derecha desde el 14 de abril, apenas terminado el escrutinio que dio ganador al chavismo, es el síntoma de la enfermedad. Una enfermedad cuyo contenido nace en la incapacidad de la clase dominante y su sistema mundial de Estados, para respetar el juego democrático del cual se ufanan sólo cuando lo controlan ellos.
Las novedades en el proceso bolivariano señalan un camino inexorable a la confrontación entre quienes sostienen las transformaciones que dieron vuelta al país y aquellos que no las soportan.
Una medida de la tendencia en curso es la escala en las acciones ofensivas desde el 14 de abril, dentro y fuera del país. Estas deben cuantificarse en hechos inusuales, sólo conocidos en los días del golpe de Estado fracasado en 2002. Eso condujo a la confusión y muchos creen que se está en presencia de un posible golpe de Estado.
En realidad, lo que se vislumbra es una perspectiva más abarcadora y peligrosa. Un indicio de esto lo reveló un adolescente margariteño llamado Víctor, quien preguntó por e-mail por el significado de la palabra “fascista”. “Es que la escucho mucho en la televisión”, dijo. Cuando se le respondió, su preocupación contenía signos de una nueva realidad abierta en el país. Esa novedad se llama dilema existencial de lo que se conoce como revolución bolivariana, comenzando por su gobierno y terminando por sus movimientos sociales y Fuerzas Armadas.
Entre la madrugada del 15 de abril y las 9 de la noche del día 17, fueron asesinados ocho militantes identificados con el chavismo. El noveno cayó baleado por la espalda cuatro días después. Uno de los primeros fue incendiado vivo. En menos de tres días, luego de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el resultado adverso a Capriles, cinco grupos de activistas armados de la oposición quemaron 11 edificios públicos. En dos de ellos se impartía educación preescolar (Simoncitos), cuatro pertenecían a la Misión Barrio Adentro y atienden patologías complejas (Centro de Diagnóstico Integral), además resultaron quemadas cinco sedes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (Psuv) en cuatro ciudades. Entre la noche del 14 de abril y el 27 del mismo mes, grupos de opositores agredieron a una viceministra, 13 periodistas de canales públicos o comunitarios y a un famoso deportista que simpatiza con el gobierno chavista. Durante esas dos semanas se produjeron nueve cacerolazos en los barrios de ricos de Caracas.
La revuelta provocada en una sesión de la Asamblea Nacional el martes 30 de abril trasladó las agresiones al sistema institucional, mediante una acción conspirativa retratada por las cámaras de seguridad del edificio (http://www.aporrea.org/actualidad/n228055.html).
El objetivo, sobre todo en el escenario parlamentario, es darle continuidad al desacato a la legalidad y legitimidad del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, una estrategia sostenida por la OEA, los gobiernos de España y EE.UU., como lo develó el canciller del reino español, quien se ofreció como virrey para supervisar el reconteo de votos, una oferta que le valió la expulsión del país, ordenada por el mismísimo presidente Nicolás Maduro.
La oposición proclamó, desde el día 14 de abril, el desconocimiento de los escrutinios y el gobierno resultante. Pero, además, sostiene hasta nuevo aviso, un desacato al resto de las instituciones del poder. Prepara acciones contra la Corte Suprema de Justicia, y adelanta expedientes que reclamen a la Corte de la Haya, a la Organización de Estados Americanos y ante otros organismos de control internacional, el repudio al gobierno electo en Venezuela. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró el desconocimiento de la bancada de diputados opositores y su puesta en cuarentena.
Esta es la medida de la escalada opositora, nutrida de métodos y recursos variados, sólo recordada en los acontecimientos decisivos de 2002, 2003, 2004 y 2005.
El foco de esa estrategia es la destitución de Maduro y del gobierno, aprovechando la fragilidad institucional que significa haber ganado por tan poco. Pero el objetivo es más ambicioso. La oposición venezolana busca que las Naciones Unidas, o varios Estados fuertes del mundo, declaren a Venezuela como “un Estado fallido”, única vía actual para legitimar una intervención imperial. Ese fue el camino escogido en Haití, Libia, Irak, Siria.
Esta aparente fuerza de la derecha venezolana, alentada por el 49% obtenido en las elecciones, al mismo tiempo disimula su debilidad relativa en la relación de fuerzas nacional, es decir, más allá y por debajo del escenario electoral. Ellos no tienen capacidad, en las actuales condiciones, de organizar y sostener un golpe de Estado ni de desarrollar acciones serias que pudieran conducir a una guerra civil. Ese límite los obliga a acudir a métodos y técnicas de guerrilla urbana, preparando, como diría el insurgente brasileño Carlos Marignela, “la retirada antes de actuar”.
En menos de 15 días, varios grupos de “escuálidos” armados golpearon, quemaron y mataron en pocos minutos, huyendo de inmediato para evitar un enfrentamiento físico con las fuerzas sociales del chavismo, muchas veces superiores. Uno de los jefes militares conocidos es el general retirado Antonio Rivero, cazado por una cámara callejera, hoy procesado en los tribunales caraqueños. De sus órdenes de barricada el día 15 de abril, resultaron varios de los asesinatos. (www.youtube.com/watch?v=9zNOl33NQTc)
Hay una pequeña diferencia. Las técnicas usadas por los caprilistas venezolanos no los aproxima a los guerrilleros izquierdistas del siglo XX, sino a los grupos fascistas o nazis en Italia y Alemania. Antes de hacerse del poder en 1922, Musolini usó sus fasci di combattimento, mientras que Adolf Hitler acudió a los Escuadrón de Protección (SchutzStaffel, conocidas como las SS); ambos imponían el terror en las calles y la dislocación en las instituciones, aunque luego ganaran las elecciones para imponer sus regímenes totalitarios.
Ni la burguesía desplazada del poder soporta más el gobierno izquierdista establecido desde hace 14 años, con proyección a durar dos décadas enteras con Nicolás Maduro, ni el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a permitir que se consolide.
Pero en el mismo espacio-tiempo, el chavismo, y sus vanguardias sociales y militares, no están dispuestas a retroceder.
En el cruce de intereses opuestos de ambas fuerzas sociales, nace el dilema existencial de la revolución bolivariana.
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