El senador del FpV
Marcelo Fuentes ratificó que los jueces de la Cámara Civil y
Comercial federal deberían ser sometidos a un "jury de
enjuiciamiento" por "no apartarse" de la causa ante las
denuncias que indicaban que estaban comprometidos con por haber sido
beneficiados pro el Grupo Clarín. Los argumentos.
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El senador del FpV
Marcelo Fuentes ratificó que los jueces de la Cámara Civil y
Comercial federal deberían ser sometidos a un "jury de
enjuiciamiento" por "no apartarse" de la causa ante las
denuncias que indicaban que estaban comprometidos por haber sido beneficiados
por el Grupo Clarín y mal desempeño.
El jefe de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de la cámara alta aclaró que el jury no sería por prorrogar la
medida cautelar que solicitó el Grupo Clarín contra la Ley de Medios de Comunicación
Audiovisual, sino por el "no apartamiento de los magistrados cuestionados
por una de las partes".
Por ello, el senador
de Neuquén aseguró en declaraciones a radio El Mundo que "podría
perfectamente" abrirse el proceso para juzgar a los camaristas Francisco
de las Carreras y María Susana Najurieta, pero explicó que "no sería un
juicio político".
Fuentes opinó que el
fallo de los camaristas "básicamente pretende legislar en sentido negativo
una norma aprobada en el marco de la democracia".
"Si los jueces
pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias eso genera un
conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio
político", reiteró.
Fuentes renovó sus
críticas a los magistrados al señalar que "la totalidad de esa Cámara ha
sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Nación por el sistema
irregular de rotaciones de jueces semanales, entonces no hay posibilidades de
imparcialidad".
"Si los jueces
pretenden gobernar o legislar por sentencias es equivalente a que la Presidenta pretenda
juzgar por decreto", comparó.
En tal sentido,
Fuentes reiteró sus críticas al fallo de la Cámara que prorrogó la medida cautelar del Grupo
Clarín contra el artículo 161 de la
Ley de Medios, referido a la desinversión.
Opinó que la norma
"está siendo paralizada por la acción corporativa, una alianza, entre
sectores conservadores de la
Justicia y un grupo de poder fáctico en la Argentina".
Consultado sobre si
sus declaraciones podrían interpretarse como una "presión" a la Justicia, el senador
kirchnerista señaló que sus declaraciones se enmarcan en las
"atribuciones" que tiene como "senador, y producto del voto
popular, y miembro del Consejo de la Magistratura".
"Si denuncio
irregularidades de un poder, que como consecuencia de mí denuncia ese poder
corrige las irregularidades, si eso es presión, bienvenida la presión. O hay
vacas sagradas ahora?", planteó.
Por otra parte, el
senador se refirió a los plazos para la resolución de la causa y explicó que
"cuando la Corte
habla de la brevedad, estamos hablando de los plazos de 40 días del Código de
Procedimiento".
"Si la cautelar
se demora en el tiempo, evidentemente estamos en la situación que prevé la Ley de Reforma del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la gravedad institucional, que es la
prolongación de la cautelar en el tiempo con graves efectos, que justifica la
aplicación del per saltum", detalló.
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