Por Luis Bruschtein
Los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa y el de la Cámara Civil y
Comercial están cortados por la misma tijera. Una tijera que mostró el filo en
el comunicado que hicieron conocer las asociaciones de magistrados como marco
previo a las concesiones que se le hicieron al Grupo Clarín.
El fallo de la Cámara Civil y Comercial fue más allá de lo que
esperaba la Corte
y le dio a la megaempresa todo lo que exigía. Y lo mismo sucedió con Griesa que
concedió a los fondos buitre todo lo que exigían. El filo de la ideología dura
de esos fallos es que en ambos se ignoran los argumentos del Estado nacional.
Sólo aparecen como sujetos de derecho las grandes empresas, la propiedad
privada se convierte en el único principio a defender frente al interés público
o el bien común que son despreciados o sólo tomados en cuenta como posible amenaza
a los negocios. La concepción neoliberal de la economía y de la política toma
cuerpo en la Justicia
a través de estos fallos y sus consecuencias.
Una cosa lleva a la otra, porque por sobre todo aparece así
la deformidad de una Justicia sometida a poderes fácticos. Una figura que ya
era juzgada con ironía y desprecio en las letras criollas del siglo XIX y que
nunca termina de ser superada.
La declaración de los magistrados que circuló en defensa de
los jueces recusados por el Gobierno habla desde un pedestal que la Justicia argentina
todavía no se ha ganado y que no lo hará en la medida en que permita actitudes
falderas con los poderes fácticos.
Si hay algo de lo que podría estar orgulloso el ámbito de la Justicia argentina sería
de los juicios a los viejos represores. Sin embargo, en su seno hubo más
obstrucciones que respaldos a los reclamos de la sociedad durante más de 20
años para que fueran juzgadas las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura.
Hay jueces meritorios en esa trayectoria, pero lo real es
que los juicios finalmente sólo pudieron efectuarse por la decisión que se
planteó desde el poder político. El texto de defensa corporativa que hicieron
circular los magistrados el jueves de esta semana, poco antes de que se
conociera el fallo de la
Cámara Civil y Comercial, es muy similar a los ataques de la
corporación judicial contra Néstor Kirchner cuando el ex presidente expresaba
su indignación por la demora de los juicios.
Cada vez que Kirchner se pronunciaba en ese sentido, había
jueces y abogados que le saltaban a la yugular. Decían que era una intromisión
del Ejecutivo en el Poder Judicial. “Avasallar”, “ignorar”, “pisotear”, todo
eso decían que hacía Kirchner cuando criticaba a la Justicia por esas
demoras. La Cámara
de Casación llegó a frenar más de 190 causas, algunas de ellas por tres años.
Cínicamente, el ex titular de ese tribunal, Alfredo Bisordi, y el ex fiscal
Romero Victorica responsabilizaron a los familiares de los desaparecidos por
esos retrasos, lo que motivó una reacción furibunda de los organismos de
derechos humanos y más críticas públicas del entonces presidente. Al final,
Bisordi fue obligado a renunciar para no llegar al juicio político que se le
empezaba a plantear en la
Magistratura. Al poco tiempo renunció Romero Victorica.
Bisordi se dedicó entonces a defender a represores como Luis Patti ya sin
ocultar su absoluta parcialidad ideológica, que demostró que las presiones de
Kirchner estaban justificadas y sirvieron para depurar el Poder Judicial.
Cuando renunció, nadie salió en defensa de Bisordi porque el
ciclo de las dictaduras ya estaba lejano y anacrónico. Pero lo defendieron
durante la disputa. Y, en todo caso, no fue desde el seno de la Justicia que se impulsó
su alejamiento.
Así un tribunal, subordinado a un poder fáctico como fue
durante décadas la corporación militar, obstaculizó durante años los juicios a
los represores y cuando se lo cuestionaba surgía a coro la defensa de la
corporación judicial. Igual que sucede ahora en relación con una causa que involucra
a otro poder fáctico, como es el poder económico, en este caso el Grupo Clarín.
Cuando los jueces defienden a algunos de sus colegas que han
sido recusados por participar en actividades de lobby de esa gran empresa,
tienen que asumir también su propia responsabilidad por la imagen de la
institución que integran. La acusación fue muy concreta. Y además se producía
después de que habían salido a la luz las maniobras del juez Ricardo Recondo
que, como miembro de la
Magistratura, frenaba el proceso natural para la designación
de jueces, y aprovechaba entonces, como integrante de la Cámara Civil y
Comercial, para elegirlos a dedo. A favor de Clarín o en contra de la ley de
medios, las acciones de Recondo pusieron bajo la lupa a todos los jueces que
tenían que actuar en relación con esa causa. Y de allí surgieron las
recusaciones. Certal es una institución creada para realizar actividades de
lobby a favor de las empresas de medios de comunicación. La hija del juez
Recondo está a cargo de la parte argentina, donde tienen preeminencia los
directores que provienen del multimedia local. En su declaración de principios,
Certal dice que se dedica a esclarecer sobre la libertad de expresión en el
continente. Obviamente nunca reconocerá que se trata del lobby empresario del
sector, algo que es difícil de ocultar por su composición, por su
financiamiento y por el tipo de actividades que realiza. La empresa puede
organizar todo el lobby que se le ocurra. Pero los jueces tienen que cuidar su
investidura y no mezclarse en estas actividades que involucran a una de las
partes en litigio.
En función de esa estrategia, el Grupo Clarín, a través de
sus múltiples negocios, también trabaja con gran cantidad de abogados de los
principales estudios porteños. Esto genera vínculos familiares con funcionarios
judiciales, lo cual también enturbia sus desempeños en causas ligadas con las
empresas del grupo. El Estado usó este argumento para recusar a la jueza
Graciela Medina. Finalmente la
Cámara integrada por los jueces recusados pareció confirmar
la veracidad de todas las recusaciones al emitir un fallo tan desequilibrado a
favor de la megaempresa, una decisión tan desprolija que debería provocar la
intervención de la Corte.
El fallo de la
Cámara sirvió para demostrar, en todo caso, que el Estado no
tiene influencia sobre la
Justicia y que no puede decirse lo mismo del Grupo Clarín. O
sea que la independencia de los jueces tiene más que ver con los poderes
fácticos que con el Estado.
El Gobierno tiene un frente de tormenta muy fuerte con
grandes corporaciones. Por un lado, está este litigio con el Grupo Clarín por
la aplicación de la ley de medios que ya lleva tres años frenada por chicanas y
cautelares. Por el otro lado, todavía está pendiente el fallo de la Cámara de Nueva York por los
fondos buitre. Y de la misma manera aguarda otro fallo del Tribunal del Mar por
el embargo de la
Fragata Libertad.
Este escenario se completa con una fuerte puja con las
grandes potencias por el proteccionismo aduanero. El Gobierno denunció ante la Organización Mundial
de Comercio a los Estados Unidos y a la Unión Europea por
impedir el ingreso de productos argentinos. En la contraofensiva, Estados
Unidos y la Unión
Europea se pusieron de acuerdo para presentar a su vez una
denuncia contra Argentina por prácticas proteccionistas. Son los efectos de la
crisis. Si el Gobierno afloja en alguno de los dos sentidos, el desempleo
aumentaría vertiginosamente. Son situaciones ríspidas provocadas por la crisis
en las economías centrales que buscan de cualquier manera exportar esa crisis a
la periferia. Brasil afrontó el asedio con medidas similares a las de
Argentina.
En el plano interno, las grandes corporaciones que actúan
contra el Gobierno junto con la presión de las grandes potencias encontraron
aliados de hecho aparentemente insólitos en los sindicalistas Pablo Micheli,
del ala opositora de la CTA,
la CGT de Hugo
Moyano y la CGT
de Luis Barrionuevo, que anunciaron una movilización contra el Gobierno para el
19 de diciembre, una fecha que rememora la rebelión de 2001, en la que no
participó ninguna de esas fuerzas. En este juego de equívocos, se supone que es
un sector gremial que se expresa en forma combativa, pero en su afán opositor
termina por alinearse de hecho junto a fuerzas que siempre han sostenido gobiernos
contrarios a los trabajadores. Con un discurso contra las corporaciones,
movilizan para desgastar a un gobierno que está en medio de una fuerte
confrontación con ellas. Desde el Gobierno repiten el dicho: “Hablar es gratis,
lo que vale es lo que se hace”. En este sentido, las luces de alarma están
prendidas en el oficialismo y no por esta movilización, sino por la posibilidad
de un esquema desestabilizador más amplio.
Algunos dirigentes del kirchnerismo prevén un verano agitado
en el que se definirán las pujas con el Grupo Clarín y con los fondos buitre
mientras la crisis mantiene una fuerte presión sobre la economía y temen que
ese cuadro pueda ser aprovechado para generar situaciones de desestabilización.
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