EL GOBIERNO TIENE RESUELTO ACTUAR DE OFICIO EN EL CASO DEL
GRUPO CLARIN
Aunque en la
Afsca prevén que la Cámara Civil y Comercial volverá a suspender la
aplicación de la ley de medios, mientras eso no ocurra empezarán por la
tasación de las licencias y los bienes afectados a ellas. Llegado el caso irán
a la Corte vía
per saltum.
Por Sebastian Abrevaya
El gobierno nacional tiene decidido arrancar esta semana con
el proceso de adecuación de oficio para el Grupo Clarín. A pesar de que prevén
que la Cámara Civil
y Comercial suspenderá nuevamente su aplicación, en la Afsca adelantaron a
Página/12 que no esperarán hasta que se produzca esa medida, ya que mientras no
haya una decisión judicial en contrario, el juez de primera instancia Horacio
Alfonso ratificó el viernes la constitucionalidad de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y dispuso la finalización de las medidas cautelares
vigentes. Además, en caso de producirse la suspensión por parte de la Cámara, anticiparon que
presentarán un pedido de per saltum ante la Corte Suprema de
Justicia para que resuelva la cuestión de fondo.
A partir del lunes, la Afsca está en condiciones de iniciar con el
proceso de oficio, establecido en el reglamento de transferencia de oficio aprobado
el 3 de diciembre último por el directorio del organismo. Esa decisión no
necesita de una nueva resolución administrativa por parte de la autoridad de
aplicación, ya que la misma había sido aprobada para iniciarse el 10 de
diciembre y luego fue suspendida por la Cámara el 6D. En ese contexto, al organismo que
preside Martín Sabbatella sólo le resta emitir la notificación al Grupo Clarín
para avisarle que comenzará con el primer paso: la tasación de las licencias y
los bienes afectados a ellas. Según fuentes de la Afsca, todo el proceso, que
culmina en la transferencia de la licencia, lleva aproximadamente unos 100
días. Eso siempre y cuando no haya –y es probable que sí los haya– nuevos
obstáculos judiciales.
“El reino de las cautelares se terminó. Una cosa era el
clima de las cautelares donde no había plazos y otra cosa es ahora que está la
sentencia de primera instancia, cuando empieza un proceso que no se puede
alargar in eternum. Ahora corren los plazos que determina el Código Procesal”,
explicó a Página/12 el subsecretario general de la Presidencia y ex
titular del Comfer, Gustavo López, para remarcar el “cambio de escenario” que
significó la sentencia del juez Alfonso, que el viernes último ratificó la
constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la LSdCA. Al igual que el
fiscal Fernando Uriarte, Alfonso sostuvo que no hay riesgo para la libertad de
expresión ni la libertad de prensa y que en todo caso Clarín podría realizar
posteriormente algún planteo de índole patrimonial.
Según López, en términos procesales correspondería al juez
de primera instancia determinar si la apelación del fallo tiene efectos
“suspensivos” o “devolutivos”. Alfonso debería definir esta cuestión cuando
eleva y da paso a la Cámara
para que el multimedios exprese ante ella su “agravio” por la sentencia del
magistrado. Sin embargo, dado el escenario de fuerte confrontación entre la Cámara y el Gobierno, en el
kirchnerismo no descartan que los integrantes de la Sala I intenten frenar la
aplicación de la ley en esos artículos, como ya sucedió anteriormente. Podrían
hacerlo mediante la aplicación de efectos suspensivos en la apelación o
mediante el otorgamiento de una nueva medida cautelar, situaciones
jurídicamente diferentes, pero con un efecto similar. Dependerá del planteo que
realice Clarín –que según anticipó será el lunes– y de hasta dónde esté
dispuesta a actuar la
Cámara. En la Corte Suprema dejaron trascender su enojo por la
decisión que había adoptado ese tribunal al reponer la cautelar el 6 de
diciembre, lo que el ministro Raúl Zaffaroni consideró expresamente que podría
configurar un “alzamiento”.
“Es posible que esta Cámara, colonizada por sus patrones,
actúe en función de los intereses de las corporaciones”, insisten hace días en
el oficialismo cada vez que deben intervenir los jueces Francisco de las
Carreras y Susana Najurieta. Entre otras cosas, los magistrados opinaron sobre
cuestiones que nunca les habían sido requeridas, como el otorgamiento de un año
más para presentar el plan de adecuación una vez vencidas las medidas
cautelares. El Ejecutivo presentó semanas atrás una denuncia penal contra la Cámara, luego de advertir
una serie de irregularidades y de que fueran desestimados sus pedidos de
recusación por la sospecha de “dádivas” por parte del Grupo Clarín.
“Para nosotros empezó el tiempo de descuento, un camino sin
obstáculos hacia la Corte,
con o sin per saltum empezó un camino que no puede pasar de dos o tres meses”,
reveló un funcionario oficialista que sigue al detalle los pormenores del caso.
El verdadero interrogante, entonces, no se plantea sobre la
constitucionalidad de la ley, sino sobre los tiempos en los que podrá
concretarse su aplicación integral. “Lo que busca Magnetto es ganar tiempo para
generar condiciones políticas que le permitan evadir el cumplimiento de la ley.
Y ese es el acuerdo con la oposición”, dijo Sabbatella días atrás a este
diario. Para el oficialismo, entonces, resta saber si, más allá de las
novedades que puedan producirse en las próximas semanas, al final del camino la Corte ratificará el criterio
de su fallo del 22 de mayo y determinará que todos los plazos están vencidos o
si le concederá a Clarín el plazo de un año para presentar su plan de
adecuación.
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