EL GOBIERNO PRESENTO DOS ESCRITOS PARA QUE LOS SUPREMOS SE
EXPIDAN SOBRE LA CAUTELAR
DE LA LEY DE
MEDIOS
Los jueces del máximo tribunal desestimaron un pedido de
Clarín para que no se traten los recursos de la Casa Rosada. Cuatro
integrantes del máximo tribunal hicieron trascender que ya comenzaron a analizar
los escritos y que definirán la semana próxima.
Por Irina Hauser
El Grupo Clarín se jugó a hacer naufragar de entrada un
pedido del Gobierno ante la
Corte Suprema para que anule por “per saltum” la extensión de
la medida cautelar que le concedió la
Cámara en lo Civil y Comercial Federal y que lo mantiene
exceptuado de la obligación de ceder licencias según los límites de la ley de
medios. Apenas un rato después de que la Jefatura de Gabinete y la Afsca llevaran a primera
hora sus reclamos al alto tribunal, la empresa se presentó pidiendo que lo
rechace “in limine”. Lo que los jueces supremos desestimaron de plano fue
precisamente la presentación de Clarín, que consideraron “manifiestamente
inadmisible”. Cuatro integrantes de la
Corte hicieron trascender que comenzaron a analizar ayer
mismo los recursos de la
Casa Rosada, los que podrían darle respuesta la semana
próxima.
El punto más alto de la pelea en el caso Clarín llegó el
jueves, cuando los integrantes de la
Cámara en lo Civil y Comercial rechazaron las recusaciones
contra ellos mismos que había presentado el Gobierno. A partir de esa decisión,
los dos jueces de la Sala I
–que interviene en la causa de la ley de medios– quedaron habilitados para
resolver el pedido de ampliación de la medida cautelar que reclamaba el grupo.
Así, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras (investigado penalmente
por presuntas dádivas de Clarín) decidieron, finalmente, extender la medida a
favor del multimedios más allá del 7 de diciembre, la fecha de caducidad que
había establecido la
Corte. Ahora durará, dijeron los camaristas, hasta que haya
“sentencia definitiva”, una expresión difusa que no aclara si se refiere al
momento en que haya una resolución sobre la constitucionalidad de la ley, que
estaría no muy lejos de dictar el juez Horacio Alfonso, o si alude a la
sentencia firme, la del último tribunal en la cadena, que ya no se puede
apelar.
La continuidad de la cautelar le impide a la Afsca actuar de oficio sobre
las licencias del Grupo Clarín. El Gobierno apuesta a una estrategia judicial
que la haga caer lo antes posible, y que ponga a la Corte en situación de
definirse. Por lo pronto, hubo dos presentaciones distintas, que buscan el
mismo efecto de invalidar la medida cautelar (que a esta altura lleva tres años
de vigencia) salteando etapas procesales que pueden llevar semanas o meses.
La Afsca
le pidió al máximo tribunal que se “avoque”, es decir, que se reúna urgente
invocando facultades de superintendencia sobre la Cámara, que es un tribunal
inferior, y revise lo que hizo con las recusaciones. Es algo sumamente atípico
que un juez decida sobre la recusación presentada en su contra: es evidente que
si está confrontado con una de las partes en litigio tiene que convocar para
que decida un tercero imparcial, que en este caso hubieran sido camaristas del
fuero Contencioso Administrativo. Es parte del “abecé” del Derecho, pero esta
Cámara hizo caso omiso para quedar en condiciones de fallar enseguida sobre el
pedido de Clarín.
La
Jefatura de Gabinete llevó otro planteo, con el formato de un
per saltum, que no operaría para saltear una instancia sino para evitar todos
los pasos procesales de varias semanas que exigirían un recurso extraordinario
común y corriente o uno de queja. Es un pedido para que la Corte suspenda lo que
resolvió la Cámara
en lo Civil y Comercial y anule la extensión de la medida cautelar. El
principal argumento es que la decisión de la Cámara contradijo al fallo que el alto tribunal
dictó el 22 de mayo último, donde decía que las cautelares deben durar un plazo
razonable que no llegue a igualar sus efectos al de una sentencia definitiva, y
ponía el 7D como fecha límite para la de Clarín. Los camaristas argumentaron
que las circunstancias habían cambiado porque la propia Corte emplazó días
atrás al juez de primera instancia a resolver el debate constitucional de fondo,
lo que debería producirse en el transcurso de los cuarenta días posteriores a
que la causa queda lista para el dictado de la sentencia.
Sin darle tiempo a la Corte a que se pusiera a analizar de lleno el per
saltum, Clarín se presentó ayer inmediatamente después del Gobierno pidiéndoles
a los jueces supremos que lo rechacen “in limine”. En el Palacio de Tribunales
ayer estaban el presidente de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton
de Nolasco y Enrique Petracchi. El cuarteto se reunió a la mañana. La
desestimación del planteo se la encomendaron al secretario Cristian Abritta,
que mandó a “reintegrar” el escrito a los abogados del multimedio, como quien
sugiere que deberían presentarlo más adelante si la Corte avanzara en algo. Sus
Señorías, ayer, intentaron avanzar en analizar qué harán con el recurso “por
salto de instancia”. La ley que lo reglamentó, publicada esta semana, prevé su
utilización en casos de “notoria gravedad institucional, cuya solución
definitiva y expedita sea necesaria” y cuando el cuestionamiento esté dirigido
hacia “sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones
equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a títulos de medidas
cautelares”.
Como primer paso la
Corte tiene que analizar si el recurso es admisible. La Corte puede rechazarlo sin
más, si evalúa que no cumple los requisitos. Pero si lo admite “tendrá efectos
suspensivos respecto de la resolución recurrida”. Este sería un camino para
conseguir una rápida suspensión de la cautelar. En el Gobierno las expectativas
en conseguir fallo supremo favorable son moderadas. Dos de los ministros que se
reunieron ayer, Lorenzetti y Maqueda tuvieron mucho que ver con la redacción
del documento de la Comisión
de Protección de la
Independencia Judicial –que presiden Highton de Nolasco y
Carmen Argibay– y buena parte de las entidades de la corporación de jueces del
país, que advertía sobre “mecanismos directos e indirectos de presión sobre los
jueces” que asociaba con el Poder Ejecutivo por sus denuncias contra algunos
camaristas, aunque ni mencionaba los lobbies y corporaciones económicas.
Además, pedía un espacio para el Poder Judicial en los medios (paradójicamente
esto último requeriría la plena vigencia de la ley de medios, sin cautelares).
Los rumores en el detrás de escena cortesano dicen que los
ministros de la Corte
están divididos en relación con la cautelar. También es evidente que no todos
comulgan con el discurso sobre las “presiones”. Raúl Zaffaroni recordó la
semana pasada que Argentina no es un país donde se echen jueces de manera
inescrupulosa y arbitraria. “Los jueces tienen la garantía de estabilidad”,
dijo. Ayer, en el tribunal, más de uno de sus compañeros se esmeró por destacar
que estaba en Colombia, aunque el lunes ya estará de regreso.
Los jueces de la
Corte, que hace unos días llamaron a acelerar el paso en el
caso Clarín, intentaron mostrarse activos y avisaron que volverán a reunirse el
lunes, con la intención de resolver pronto.
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