La respuesta al
titular “Quién está detrás de la mano negra” puede contestarse de dos maneras.
En sentido estricto, este cronista puede resolver el artículo en cuatro
caracteres –no sé– y, en un sentido más amplio, sin abusar de la paciencia de
los lectores, podría describirse el entramado mafioso que permitió a miles de
marginales, la mayoría de ellos pobres y argentinos, a salir a la calle y
meterse en supermercados con la misma impunidad o inocencia con que venden
droga o van a actos políticos, gremiales o a las inmediaciones de un estadio de
fútbol para, supuestamente, cuidar autos. Esa constelación de ciudadanos sin
trabajo estable, sin devoción por la democracia ni los derechos sociales, en su
inmensa mayoría, son nietos o bisnietos de obreros que ganaron sus derechos en
el primer peronismo. Son, además, hijos de desocupados o de militantes sociales
que perdieron sus empleos por razones económicas o políticas durante los años
del menemato. Son, en su mayoría, mano de obra barata de un entramado de gente
con plata ilegal que circula por la droga, la política, los sindicatos, las
empresas y las agencias públicas y privadas de seguridad. En el mundo
empresarial pituco se habla de outsourcing (tercerización) para describir
aquellas actividades que las empresas dejaron en manos de contratistas. En
algunos casos, por procesos tecnológicos o de organización. En la inmensa
mayoría, para bajar las cargas sociales y aportar menos impuestos. La
informalización laboral no es sólo fruto de que la tecnología desplaza a
trabajadores. Es, sobre todo, un proceso de desprotección social de los asalariados
y de enflaquecimiento de su poder de negociación político y gremial. Los
contratistas, en un sentido genérico, no sólo proveen empresas de limpieza o de
análisis de laboratorio, sino también grupos de choque y de saqueo. Los
contratistas no sólo proveen mano de obra para los empresarios, sino para los
mafiosos. La gran pregunta es quiénes son los mafiosos en la Argentina y qué áreas de
actividades les dejan enormes ganancias. Dos pequeñas digresiones a falta de
una respuesta concluyente. La primera es que falló la inteligencia: hubo muchas
advertencias de que se estaba tramando una movida pesada en todo el país, tanto
por mensajes de facebook como por reuniones de grupos políticos o de
organizaciones vecinales en los que se habló de los pedidos de bolsas de comida
a los supermercados hasta el deseo de dañar al Gobierno en una fecha dolorosa
como es el recuerdo de las manifestaciones y los asesinados en las jornadas del
19 y el 20 de diciembre de 2001. El segundo asunto es que muchos repiten que estos
saqueos no tienen nada en común con los de aquellos días: parece un error
infantil confundir la salida del pueblo a la calle y las valientes peleas
callejeras con efectivos policiales con los saqueos organizados en aquellos
días que tuvieron al pejotismo bonaerense con Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde
como cabezas visibles tras los cuales estaban muchísimos caudillos que hoy no
tienen empacho en defender el modelo y poner fichas en distintas mesas de
juego.
Argentina floja de
papeles. Una aproximación a esa pregunta compleja puede buscarse en lo sucedido
estos días con los saqueos que dejaron un millar de detenidos en todo el país y
que con un mínimo de análisis de sus prontuarios y datos de filiación laboral
podrían descubrirse algunas cosas muy incómodas para muchos. No sólo opositores
al Gobierno, sino de muchos que dicen ser fervorosos defensores del modelo.
Este cronista pudo hablar en reserva con varios funcionarios y militantes de
municipios del conurbano bonaerense. De sus propias conversaciones con los
jefes de departamentales de la
Bonaerense así como con punteros con los que tienen trato de
modo eventual o porque forman parte del armado político de sus distritos. Los
interrogatorios con los detenidos permiten confirmar que en casi todos los
casos, salieron a la calle o subieron a camiones por una paga, más lo que
pudieran llevarse de los comercios. Fueron reclutados por sus propios punteros
o líderes. Los mismos que, en otros momentos, les ofrecen negocios de droga, de
robos o, alguna vez, hacer número en un acto político. En un escalón más del
entramado, todos mencionan a la “pesada” del mundo delictivo. Los consultados
por este cronista evitan precisar si esa “pesada” forma parte o no de negocios
de jefes policiales -en actividad o retirados- o de referentes políticos.
Respecto de qué agrupaciones pudieron ser las que promovieron los saqueos, la
mayoría respondieron que ni la Corriente Clasista y Combativa ni el Partido
Obrero ni Barrios de Pie (por nombrar organizaciones de izquierda no K) estuvieron
mezcladas. No aseguran que Quebracho haya tenido un papel destacado ni tampoco
saben si algunos miembros de esa organización tiene o no vínculos con ex
agentes de inteligencia. Respecto de la acusación del Gobierno sobre la
participación de Hugo Moyano o Luis Barrionuevo, suelen coincidir en que Moyano
tiene negocios fuertes (principalmente, la recolección de residuos) pero que no
estaría él involucrado en los saqueos. Moyano tiene conversaciones con el
gobernador Daniel Scioli y con muchos intendentes, no puede hacer pie con un
partido político alternativo de cara a las elecciones pero su apuesta es dentro
del sistema.
En los noventa,
quienes pelearon contra el neoliberalismo, se unían para pocas cosas. Una de
ellas era no criminalizar la pobreza, que incluía a la militancia social que
salía, desesperada, a las calles, para luchar contra la entrega del país. No
caben dudas de que la
Argentina cambió, no sólo en cuanto a la recuperación
económica, la creación de puestos de trabajo, de dignidad y derechos. También
hay un entramado de programas sociales de envergadura. Un estudio de Eduardo
Basualdo indica que, en coeficiente por habitantes, Argentina es el país que
más invierte en programas universales de contención e inclusión social. Pero,
dos cosas. Primero, son programas a largo plazo y el grado de informalidad
social es altísimo. Segundo, el nivel de informalidad y lumpenización en la
política es también muy alto. Un joven dirigente político conocido de este
cronista suele decir para explicar la necesidad de valerse de dinero en negro
en tiempos electorales: “Para hacer campaña, necesitás tener bolsillo de
payaso”.
Inteligencia. Una
larga charla con uno de los hombres que trabaja en el área de inteligencia del
Estado permitirá a los lectores tener más elementos de juicio. Lo primero es
que, a partir de la una de la mañana del sábado el escenario es de tranquilidad
en todo el país. Segundo, que surge que hubo un alto grado de organización, que
incluía, por ejemplo, llamados al 911 para denunciar desmanes que no sucedían y
de ese modo entorpecer la tarea de las fuerzas de seguridad. Respecto de los
resultados, en cada lugar sucedieron cosas distintas. Bariloche lo ven como un
caso aparte (ver nota Gabriel Bencivengo), mientras que Rosario fue el más
luctuoso y complicado, por las recientes denuncias de vínculos de jefes
policiales con el narcotráfico. En la provincia de Buenos Aires, en aquellos
distritos donde hay conducción y unidad política los saqueos fueron mínimos. La Matanza, con un millón de
habitantes, tuvo apenas unos pocos incidentes. Distritos con alto grado de
pobreza, como José C. Paz, también. En cuanto a las ramificaciones políticas,
todavía no hay datos concluyentes pero ven muchos vínculos que si bien están
atravesados por redes mafiosas tienen terminales con el desvencijado Peronismo
Federal. El escenario que ve la
Inteligencia de Estado es que no hubo contagio social de los
momentos de zozobra. Los datos de la partida hacia lugares turísticos de
viernes y primeras horas del sábado triplica las cifras del año pasado. Nadie
dejó de salir de descanso por estos episodios. Consultado sobre si piensan
analizar las causas judiciales iniciadas y cruzarlos con informes propios, dijo
que ya están trabajando en esa dirección y consideró que el Gobierno saldrá más
fortalecido si se pone a disposición de la sociedad toda la información de la
que pueda contar.
Pibes. El defensor
penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, Julián Axat, escribió algo muy
útil por estas horas sobre el reclutamiento de menores para el delito. Recuerda
que “en 2008, un juez se atrevió a denunciar que los menores eran instrumento
de organizaciones criminales, incluyendo a la policía bonaerense que los usaba
como mano de obra barata, y después se descartaba de ellos. Poco después, el
Ministro de Seguridad de entonces (Carlos Stornelli) que había criticado a
aquel juez, recogió el guante, y antes de presentar la renuncia a su cargo
denunció ante la Justicia
que aquella hipótesis era cierta, y que menores habían sido reclutados para una
seguidilla de crímenes de mujeres, a la vez que esos mismo hechos eran parte de
un pase de factura (a su gestión) por haber cercenado ciertos negocios espurios
en el área de la Dirección
de Automotores. La denuncia (IPP 41416-09) que hoy está en un cajón, decía: ‘se
hizo un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de
emergencia… les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales
comunes…’, y terminaba definiendo que estos hechos ocurrieron ‘con intención de
desestabilizar al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires’.
Axat agrega que “la Argentina no posee el
problema de las Maras centroamericanas, la idea de ‘pandilla’ autóctona es la
de los ‘pibes en banda’, una suerte de composición aleatoria más funcional al
reclutamiento, por menos pertenencia y autodefinición; es decir, trayectorias
con identidad más débiles, por lo tanto, más propensas al aprovechamiento
policial, al narcotráfico, a los barras bravas o de esbirros políticos o
parasindicales. Negar las tramas de reclutamiento, es negar la forma en la que
se va perfilando en el contexto sociológico, un tipo de criminalidad que excede
la idea de amateurismo delincuencial”.
Rural, rural, qué grande sos. Resultó extraño que la primera reacción oficial sobre los saqueos tuviera
una segunda parte sorprendente. Era un día de mucho calor, de caos de tránsito
en el centro porteño. Las radios y los canales mostraban cómo los
supermercadistas se sentían saqueados por los pobres y/o los revoltosos. Más de
uno se preguntaba si los pobres y/o los revoltosos no se sienten saqueados por
el sistema. Nada hacía predecir que la Sociedad Rural
Argentina se iba a sentir saqueada por el Gobierno. En efecto, ese día se
conoció el decreto 2.552, que instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
para realizar “los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble
denominado Predio Ferial de Palermo”. Tomar posesión puede ser leído como
expropiación. De hecho luego aclara que la Sindicatura General
de la Nación
“determinará las compensaciones que pudieren resultar” de revocar el decreto
que originalmente había permitido el negociado denunciado y consumado durante
el gobierno del actual senador por La Rioja Carlos Menem. La Rural no tardó en denunciar
“un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos
plasmados en nuestra Constitución Nacional”. Agrega algo curioso: “Es también
una fuerte agresión al campo en su conjunto”. Los directivos de esa entidad
creada durante el gobierno del fundador deLa Nación hablan de la Constitución y el
campo con toda tranquilidad. Sin remordimientos ni culpas.
Entre los que se
enteró por los noticieros, porque nadie lo consultó siquiera para buscar
fundamentos estuvo el abogado laboralista Pedro Kesselman, quien comenzó a
denunciar este feroz negociado a partir de los ruidos molestos. Cabe recordar
que Kesselman, al frente de muchos vecinos, fue clave en sus marchas a la Legislatura porteña
para denunciar los intentos de rezonificación que necesitaban la Sociedad Rural y
Francisco de Narváez –como operador– para poder llevar a cabo los
emprendimientos comerciales previstos para que el predio de Palermo no sólo
tuviera bosta de vaca, sino también diversiones varias y muy caras. Ni siquiera
con Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Legislatura autorizó
los cambios. Kesselman está totalmente de acuerdo con el decreto y, en estos
días, se está juntando con vecinos y militantes para proponer actividades que
puedan hacerse en ese predio. Sin perjuicio, por supuesto, de que tal como advierte
el comunicado de la Rural
“deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación”. Y sin perjuicio, desde ya, de que debe
ampliarse el debate sobre el campo a las ventajas impositivas de los
fideicomisos, de que las grandes transnacionales que comercializan granos
podrían ser contrapesadas por una agencia estatal que se ocupe del asunto
inspirada en la experiencia del Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio (Iapi), que durante el primer peronismo le dejó altos rendimientos
al Estado Nacional y que sirvieron para la redistribución de ingresos. En fin,
el campo al que se refiere la
Rural es el que produce ocho de cada diez trabajadores
rurales sin registro, en negro, sin ser sujetos plenos de derecho.
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