Por Ricardo De Dicco
Escasez de inversiones, exploraciones insuficientes y pasivos ambientales. La importancia de la expropiación y las “exigencias” del gobierno español.
La Ley 24.145 de Privatización de YPF
y Federalización de los Hidrocarburos, sancionada en 1992, estableció que el Estado nacional se quedaba con el 51 por ciento de las acciones (clase A), las provincias con el 39 (clase B) y con el 10 restante (clase C), el régimen de Propiedad Participada. A partir de entonces y de forma paulatina, YPF S.A. se fue convirtiendo en una empresa de capitales mixtos, reduciendo cada uno de los actores estatales mencionados su participación accionaria en el capital social de la empresa.
En 1998 llegó al país Repsol, que era una pequeña compañía española refinadora de petróleo que había sido privatizada en 1996, sin reservas estratégicas de hidrocarburos en ninguna parte del mundo, y obtuvo un crédito para adquirir el 14,99 por ciento de las acciones clase A que le quedaban al Estado nacional, transformadas en acciones clase D. Al año siguiente, por presión de la Unión Europea, Repsol tuvo que salir a “buscar” en el mundo reservas estratégicas de hidrocarburos. Y, en ese contexto, el entonces presidente de Repsol, Alfonso Cortina de Alcocer, el entonces presidente español José María Aznar, y el rey Juan Carlos I de Borbón, viajaron a la Argentina para negociar con el entonces presidente Carlos Menem la adquisición del resto del capital social de YPF. Como resultado de los “acuerdos”, lograron obtener el 99 por ciento del control accionario de YPF, para lo cual Repsol tuvo que volver a endeudarse.
En suma, el Estado argentino recibió del proceso de privatización de YPF 20.270 millones de dólares (5.100 millones entre 1992 y 1997, y por parte de Repsol 15.170 millones entre 1998 y 1999). En 2008, Repsol le vendió al Grupo Petersen un 15 por ciento del capital accionario de YPF (y un porcentaje similar se transformó en capital flotante). Dicha operación del Grupo Petersen pudo lograrse mediante varios créditos (uno muy importante otorgado por Repsol), los cuales comenzaron a ser saldados con los dividendos obtenidos. En 2011, el Grupo Petersen adquirió un 10 por ciento adicional. De esta manera, el capital social de YPF quedó conformado a fines de 2011 con la siguiente distribución: 57 por ciento para Repsol; 25 para Grupo Petersen; y 17 de capital flotante.
LA GESTIÓN DE REPSOL
El desempeño de YPF bajo la gestión de Repsol, entre 1998 y 2011, ha sido pésimo y particularmente hostil a los intereses vitales de la nación argentina. De acuerdo a los estados contables de la empresa y datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de petróleo declinó, durante el período 1998-2011, un 43 por ciento, la producción de gas natural disminuyó durante el período 2004-2011 un 37 y la refinación de crudo cayó durante el período 2007-2011 casi un 19 por ciento, dando por consiguiente volúmenes cada vez mayores de importación de combustibles líquidos, gas natural boliviano y GNL, que en 2011 generaron un déficit comercial superior a los 9.300 millones de dólares. Con relación a las
inversiones de capital de riesgo en exploración por parte de YPF S.A., durante el período 2003-2011 se efectuaron en promedio ocho miserables pozos exploratorios, mientras que YPF Sociedad del Estado durante los años ochenta realizaba 117 pozos anuales.
En suma, esta pésima administración privada de YPF en manos de Repsol desde hace catorce años ha resultado en una terrible estafa al Estado argentino, como resultado de las escasas inversiones en exploración y para aumentar la producción de hidrocarburos, así como también de las nulas inversiones para construir nuevas refinerías, la repartija de dividendos entre los accionistas y la expansión de nuevas áreas de negocio de Repsol en América Latina, el Golfo de México, Norte de África y Medio Oriente, regiones que en 1998 no tenían conocimiento de la existencia de Repsol.
NÚMEROS JUGOSOS
Según los estados contables de YPF, los ingresos por ventas ascendieron en 2011 a 51.307 millones de pesos, es decir, 16,2 por ciento superior al del año anterior, y 193 por ciento superior a las ventas registradas en 2003. La ganancia neta del ejercicio 2011 fue de 5.296 millones de pesos, es decir, 8,5 por ciento inferior a la registrada en 2010, pero 14,4 por ciento superior a la obtenida en 2003. Aquí cabe señalar que las ganancias de YPF desde que llegó Repsol fueron creciendo de manera casi ininterrumpida, hasta alcanzar el máximo histórico en 2010, cuando la empresa obtuvo 5.790 millones de pesos de ganancia neta, que representó un aumento del 57 por ciento con respecto a las obtenidas en 2009, y 25 por ciento superiores a las registradas en 2003. Estos números hablan por sí mismos; es decir, no se puede explicar que la empresa, mientras obtiene rentas extraordinarias a lo largo de catorce años, efectúe una distribución irracional de los dividendos entre los accionistas y expanda sus negocios por todo el mundo, y que en la Argentina que fue su principal motor de desarrollo no realice las inversiones requeridas en exploración y en producción que son exigidas por el artículo 31 de la Ley 17.319.
CONTROL ESTATAL
YPF es la empresa energética más importante de la Argentina, la principal productora de hidrocarburos, refinadora de crudo y comercializadora de combustibles líquidos. Recuperar YPF de su pésima gestión privada convertirá al Estado argentino, en poco tiempo, en el principal agente económico formador de los precios de los combustibles y en garante del suministro de los mismos, en clara defensa de la seguridad jurídica de los ciudadanos argentinos. Es decir, dos variables muy importantes: “precios” y “disponibilidad”, las cuales resultan estratégicas para el actual modelo de crecimiento económico, ya que ello impactará favorablemente sobre la estructura de costos operativos del aparato productivo nacional en el actual contexto del proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
El histórico 16 de abril de 2012, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el DNU para intervenir YPF S.A. y al día siguiente se presentó el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Por consiguiente, el Estado nacional y las provincias pasaron a controlar en conjunto el 51 por ciento de las acciones, mientras que el 49 por ciento restante quedó en manos privadas: 6 por ciento, Repsol; 25 por ciento Grupo Petersen y el 17 por ciento de capital flotante. En forma directa, el Estado nacional controlará el 26,01 por ciento de las acciones y las provincias el 24,99. YPF dejó de significar en el imaginario colectivo “Ya Pasó Fangio”, ahora volverá a significar “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.
EL VALOR DE LAS ACCIONES
Según los estados contables de YPF, al 31 de diciembre de 2011, el valor del patrimonio neto de la empresa es de 18.735 millones de pesos; es decir, el 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF equivalen cuanto mucho a 9.555 millones de pesos, o sea, 2.167 millones de dólares. No obstante, se deben valorizar correctamente los bienes de uso, indagar sobre las contingencias (pasivos fiscales, comerciales, sociales, ambientales, etcétera) y sobre los numerosos incumplimientos contractuales que en los últimos cuatro años provocaron un absurdo e innecesario déficit comercial. Pero he aquí que en el caso de los pasivos ambientales de YPF con las provincias no están debidamente contabilizados en los estados contables, y por tal motivo si con los 2.167 millones de dólares no se logra cubrir estos pasivos ambientales e hiciera falta poner más dinero, ese dinero tendrá que ponerlo Repsol, con lo cual al Estado argentino recuperar el 51 por ciento de las acciones le podría salir gratis.
Y sí, parece que a Rajoy le salió el tiro por la culata.
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