Especial para “Nos Comunicamos” /Por Juan Carlos Chaneton
En Comodoro Rivadavia en 1907 y en Plaza Huincul (Neuquén), en 1918, apareció el “oro negro”, por primera vez en la Argentina. En 1922 estaba fundada YPF (postrimerías del primer gobierno de Yrigoyen) y en 1930 el líder radical fue derrocado por marionetas militares digitadas por civiles; y en las causas de ese golpe de Estado algunos medios de la época y analistas posteriores descubrieron “olor a petróleo”.
La ominosa entrega del recurso perpetrada por Menem en los execrables ’90 configura, simbólicamente, el final trágico de una empresa modelo que fue líder en su tipo y que bajo el neoliberalismo desbocado de aquella década culminaba -aparentemente para siempre- su parábola de desnacionalización y muerte y, con ellas, enajenaba las palancas claves para el diseño de una política soberana en materia económica y social.
La ola privatizadora noventista frenó su ímpetu e inició su reversión desde 2003 en adelante, presidencia Kirchner mediante. El anuncio de la presidenta de la Nación argentina, el 16 de abril de 2012, ha tenido mucho de reparación histórica. De valentía, de coraje, de inteligencia. Pero, sobre todas las cosas, de reparación y de acto primo y fundante de una autoridad que no se doblegó ante las insolencias y amenazas proferidas, aquí y en el extranjero, por los enemigos del Estado y de la nación argentina. Una vez más, el gobierno iniciado en 2003 nos dice que la parábola no se había cerrado sobre sí misma en registro de tragedia sino que, en su capítulo final, aguardaba una firme vocación de dignidad que abandona el potencial y se convierte en acto. Suenen, por ello, pífanos de júbilo.
Al fin y al cabo, una economía en bancarrota y obscena de caderas reales fracturadas en exóticos safaris, tenía en Repsol tal vez la única canilla libre para allegar recursos al barril sin fondo del privilegio de los bancos y empresas españolas. No podrán ya instrumentar a nuestra empresa nacional en función de los intereses del capital financiero hegemónico hoy en la Unión Europea y que muestra, a estas horas, su rostro más fiero y su impiedad indiferente ante el sufrimiento de los pueblos. Su protesta, invectivas y agitaciones rimbombantes tienen esa razón de fondo. No pueden explotar, no pueden robar, no pueden someter, no pueden engañar al gobierno argentino. Y gritan su histeria y profieren sus diatribas. Y contraatacarán.
El proyecto enviado al congreso por la presidenta Cristina Fernández tiene diecinueve artículos, el último de forma. Es básico el 1º. Declara de interés público y objetivo prioritario del país el autoabastecimiento de hidrocarburos. También su explotación, industrialización, transporte y comercialización. Todo ello -siempre según el art. 1º- con el fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.
La utilidad pública del principal recurso natural de un país ha sido tenida en cuenta incluso por las dictaduras que asolaron el continente. Ni Chile privatizó Codelco (Corporación del Cobre), ni Brasil Petrobrás. Por otra parte, la exposición de motivos del proyecto enviado al Parlamento registra los casos de Venezuela, Bolivia y México como Estados nacionales que siempre resguardaron sus recursos bajo la fórmula de la utilidad o el interés público.
Tampoco hay discriminación contra Repsol. El señor Brufau y su subordinado, el ministro de relaciones exteriores de España, claman al cielo por el hecho de que sólo esa empresa ha sido expropiada en parte de su capital accionario. Pero es que lo contrario habría implicado tratar con la misma vara a cumplidores y a incumplidores. Esto es así porque en la producción de petróleo en 1997, Repsol participaba en un 42 % y el resto de la compañías en 58 %. Para 2011 los guarismos eran: Repsol 34 % y el resto66. Conclusión: Repsol venía boicoteando la producción con lo que obligaba al Estado argentino a importar gas y petróleo con un déficit de más de tres mil millones de dólares. El superávit comercial argentino, el año pasado, fue de 9300 millones de dólares y se importaron hidrocarburos por casi la misma cantidad. Y si a ello se agrega que las reservas de combustible cayeron en un 50 % desde 2011 hasta hoy, queda claro que la Argentina se encaminaba hacia el estatus de “país inviable”, como dijo la Presidenta. Son todos argumentos para enfrentar la “acción de clase” que -seguramente- España incoará contra la Argentina en el CIADI.
Es que un país que se puede autoabastecer debe hacerlo pues si no lo hace su economía queda al garete, es decir, bailará al son de los precios internacionales fijados por la especulación. Y aquí no se trata sólo de que Repsol impedía tal autoabastecimiento. Más grave aún es el saqueo que significaba para el país el hecho de que disminuyera la producción, que la exploración fuera de mínima a nula y que, no obstante, la empresa extranjera remitiera a su casa matriz ganancias multimillonarias vía aumento de los precios. Los datos los informó al pueblo de la Nación la Presidenta: entre 1999 y 2011 la utilidad neta de YPF fue de 16.450 millones de dólares y se pagaron a los accionistas dividendos por 13.246 millones. Perdía el país, perdíamos todos, pero ganaba Repsol, ni siquiera España, ganaba la empresa.
No se ha estatizado Repsol-YPF en un mundo donde la mixtura capital privado-participación estatal domina las formas de la producción y la competencia. En el escenario global, ya ni China ni Cuba estatizan. Las formas de avanzar son más ingeniosas y dependen de la relación de fuerzas políticas. Se ha apelado a la clásica forma de sociedad anónima donde la participación estatal es, hoy por hoy, excluyente: el art. 8º del proyecto distribuye el 51 % de las acciones sujetas a expropiación al Estado Nacional y el 49 % restante a las provincias productoras de hidrocarburos.
Expropiar no es confiscar. El que expropia, paga. El Tribunal de Tasación de la Nación se pronunciará sobre el punto. Y también habrá que hacerse cargo de lo que antes gestionaba otro. Para ambas situaciones se necesitan recursos. Lo que Repsol giraba al exterior ahora quedará en casa. Hay allí una base para enfrentar el futuro inmediato.
Se cierra (o se abre, según se mire) un ciclo. La línea de largada fue el desendeudamiento respecto del FMI. Continuó con la nacionalización del dinero que el sistema financiero internacional tenía en su poder proveniente de los aportes de los trabajadores con miras a su jubilación, futuro que tal vez nunca llegaría para ellos habida cuenta de que, entre hacer un negocio o garantizar el futuro a un jubilado, los banqueros del mundo no dudan. Las AFJP, en opinión de Amado Boudou, debían ser estatizadas. Y lo fueron. Siguió la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que perdió su autonomía, sí, pero del sistema financiero internacional, lo cual es una tranquilidad para todos los argentinos y una garantía de que las reservas acumuladas por el kirchnerismo jugarán, también, su papel en el crecimiento, el desarrollo y la industrialización del país.
Y, por fin, se recupera lo que nunca debió dejar de ser nuestro, del Estado nacional. Nace de nuevo YPF. Se trata de medidas que apuntan en una sola dirección. El SUPE, aquel mítico Sindicato Unido Petroleros del Estado, debería, asimismo, volver por sus fueros, que los tuvo. Los petroleros son parte sustantiva de la clase obrera argentina, y pagaron con la vida su resistencia al terrorismo de Estado. Los trabajadores argentinos tienen, ante medidas de este tipo, la oportunidad única de organizarse para defender la soberanía nacional, para luchar, para resistir, para vencer.
No vamos hacia una “Argentina potencia”, sin duda. No por lo menos a una potencia del nivel de las que mueven la clepsidra de la historia humana en estas deshoras con algo de desolación y con motivos para la desesperanza que vive la especie. Pero inclinaremos la balanza hacia el lado de la vida marchando hacia una formación social argentina en la que comienza a inscribirse, con rasgos más acentuados, una impronta de soberanía nacional y de inclusión popular en los beneficios que genera una eficiente gestión de la economía. Falta mucho, pero falta menos –dijo un periodista en estos días-. Es cierto. Ojalá podamos.
Juan Chaneton
Publicado en :
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