La decisión del gobierno argentino de renacionalizar la compañía de gas y petróleo YPF ha sido recibida con aullidos de indignación, amenazas, pronósticos de furia y ruina, y algunos groseros insultos en la prensa internacional. No es nada nuevo.
Cuando el gobierno declaró el incumplimiento del pago de su deuda a finales de 2001 y luego devaluó su moneda unas pocas semanas después, solo hubo gritos de desesperanza en los medios. La devaluación llevaría a una inflación fuera de control, el país enfrentaría una crisis en su balanza de pagos por no poder pedir prestado, la economía caería en una espiral descendente hacia una recesión más profunda. Entonces, entre 2002 y 2011, el PIB real de Argentina creció en cerca de un 90%, el crecimiento más rápido del hemisferio. El empleo está ahora a niveles récord, y la pobreza y la extrema pobreza se han reducido en dos tercios. Los gastos sociales, ajustados a la inflación, se se han casi triplicado. Es probable que sea el motivo por el cual Cristina Kirchner fue reelegida en octubre pasado por una gran mayoría.
Por cierto, pocas veces se menciona esta historia de éxito, sobre todo porque tuvo que ver con la reversión de muchas de las políticas neoliberales fracasadas –que fueron respaldadas por Washington y su Fondo Monetario Internacional– y que llevaron al país a la ruina en su peor recesión de 1998-2002. Ahora el gobierno está revirtiendo otra política neoliberal fracasada de los años noventa: la privatización de su industria del petróleo y del gas, que para comenzar jamás debería haber tenido lugar.
Existen buenos motivos para esta decisión, y es muy probable que el gobierno tenga razón una vez más. Repsol, la compañía petrolera española que actualmente posee un 57% de YPF de Argentina, no ha producido lo suficiente para ajustarse al rápido crecimiento de la economía argentina. Desde 2004 hasta 2011, la producción de petróleo de Argentina ha disminuido realmente en casi un 20% y el gas en 13%, y YPF es responsable en gran parte de esta situación. Las reservas probadas de petróleo y gas de la compañía también han disminuido sustancialmente en los últimos años.
El desfase de la producción no es solo un problema de satisfacción de las necesidades de consumidores y empresas, también es un serio problema macroeconómico. El déficit en la producción de petróleo y gas ha causado un rápido aumento de las importaciones. En 2011 éstas se duplicaron en comparación con el año anterior a 9.400 millones de dólares, anulando así una gran parte del superávit comercial de Argentina. Una balanza comercial favorable ha sido muy importante para Argentina desde su default en 2001. Como el gobierno está excluido en gran parte de los préstamos en los mercados financieros internacionales, tiene que tener cuidado de tener suficientes divisas extranjeras para evitar una crisis en la balanza de pagos. Es otro motivo por el cual ya no se puede permitir que la producción y administración de la energía esté en el sector privado.
¿Por qué entonces la indignación contra la decisión argentina de tomar –mediante una expropiación– el control de la empresa que durante la mayor parte de su historia fue la compañía petrolera nacional? México nacionalizó su petróleo en 1938 y, como muchos países de la OPEP ni siquiera permite inversiones extranjeras en el petróleo. La mayoría de los productores de petróleo y gas del mundo, de Arabia Saudí a Noruega, tienen compañías de propiedad estatal. Las privatizaciones de petróleo y gas en los años noventa fueron una aberración; el neoliberalismo fuera de control. Incluso cuando Brasil privatizó 100.000 millones de dólares de empresas estatales en los años noventa, el gobierno mantuvo el control mayoritario de la corporación energética Petrobras.
Mientras Latinoamérica ha logrado su “segunda independencia” durante la última década y media, el control soberano de los recursos energéticos ha sido una parte importante de la recuperación económica de la región. Bolivia renacionalizó su industria de hidrocarburos en 2006, y aumentó los ingresos de hidrocarburos de menos de un 10% a más de 20% del PIB (la diferencia sería cerca de dos tercios de los actuales ingresos del gobierno en EE.UU.). Ecuador, bajo Rafael Correa, aumentó considerablemente su control sobre el petróleo y su parte de la producción de compañías privadas.
Por lo tanto Argentina se está poniendo al día con sus vecinos y el mundo, y revirtiendo errores pasados en esta área. En cuanto a sus detractores, están en una posición débil si quieren lanzar piedras. Las agencias de calificación crediticia amenazan con bajar de categoría a Argentina, ¿alguien las sigue tomando en serio después que dieron calificaciones AAA a chatarra respaldada por hipotecas durante la burbuja inmobiliaria, y luego pretendieron que el gobierno de EE.UU. podría ir a la bancarrota? Y en cuanto a las amenazas de la Unión Europea y del gobierno derechista de España, ¿qué han hecho bien recientemente, con Europa en medio de su segunda recesión en tres años, a casi mitad de camino en una década perdida, y con 24% de desempleo en España?
Es interesante que Argentina haya tenido un éxito económico tan notable durante los últimos nueve años mientras ha recibido muy poca inversión directa del extranjero y la eluden los mercados financieros internacionales. Según la mayor parte de la prensa de negocios, son dos sectores de extrema importancia que cualquier gobierno tiene que complacer. Pero el gobierno argentino ha tenido otras prioridades. Tal vez sea otro motivo por el cual atacan tanto a Argentina.
Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.
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