UNA DECISIóN HISTóRICA
El viceministro de Economía aseguró que el gobierno revisará las cifras sobre el valor de YPF. Cuestionó que se agite “el fantasma de la seguridad jurídica” y afirmó que la firma española “exprimió hasta la última gota” a la petrolera argentina.
Por:
Ignacio Chausis
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, defendió ayer en el Senado de la Nación la intervención y el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo para que el Estado se haga cargo del 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol. El funcionario dedicó buena parte de sus más de dos horas de exposición a justificar la expropiación a través de un preciso análisis de la caída en la producción petrolera bajo la gestión de Repsol, pero también brindó detalles en torno al precio que deberá pagar el país por esa expropiación, y que –a menos de 24 horas de conocerse el proyecto oficial– ya comenzó a ser eje de disputas entre los directivos españoles y el gobierno. Según Kicillof, el primer paso para dilucidar el monto a pagar tiene que ver con una “revisión” de las cifras de valor de la compañía, al señalar que la política llevada a cabo por los anteriores directivos “tenía la intención de ocultar” la situación patrimonial, de activos y pasivos. “Será que se dieron cuenta que tenían la gallina de los huevos y dijeron ‘la vamos a hacer parir pero nos vamos a garantizar que nadie pueda husmear’”, manifestó Kicillof, quien calificó como “leonino” el estatuto interno de la compañía.
De esta forma, el funcionario –cuya designación como subinterventor en YPF quedó firme ayer con su publicación en el Boletín Oficial– salió al cruce de las declaraciones del titular de Repsol, Antonio Brufau, quien manifestó en Madrid la intención de la compañía de reclamar ante tribunales internacionales una indemnización equivalente a U$S 10.500 millones por el 57,4% que posee en la petrolera argentina. De allí se desprende que el reclamo por el 51% que contiene el proyecto rondaría –según la pretensión de los españoles– unos U$S 9300 millones.
Las inversiones recíprocas entre Argentina y España se encuentran enmarcadas en el Tratado Bilateral de 1992, que establece los mecanismos para dirimir las disputas (ver recuadro). Más allá de todo el andamiaje legal al que puedan apelar tanto el gobierno como Repsol, la pelea que se avecina tendrá mucho más de política que de técnica dadas las diferencias entre la pretensión española y el diagnóstico de las autoridades nacionales. Pasivos financieros, daños ambientales y el estado de la infraestructura forman parte de la evaluación que la intervención dilucidará para conformar una valuación certera de la compañía.
“No le vamos a pagar lo que ellos quieran. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, ponderó Kicillof frente al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta (ver página 12). Durante todo el acto estuvo acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otros funcionarios.
“Estamos en condiciones de decir que los números que hablaban acerca del valor de la compañía, de manera imprudente, van a ser revisados a medida que vayamos conociendo vericuetos e información secreta que la empresa manejaba”, sostuvo Kicillof. “Encontramos que YPF tienen una deuda cercana a los U$S 9000 millones”, agregó. Es decir, el pasivo de la compañía equivale prácticamente al monto que los directivos españoles buscarían reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según lo informado ayer de manera oficial, los gobernadores participarán del diagnóstico sobre el valor de YPF en lo que hace a la evaluación de la infraestructura que deja la empresa española. “Van a tener que pagar el deterioro de la infraestructura, vamos a ser absolutamente inflexibles”, indicó el ministro de Planificación, y agregó: “Vamos a liquidar provincia por provincia cada uno de los daños ambientales causados por los oleoductos”, reafirmó.
Asimismo, Kicillof no ahorró críticas a la hora de calificar la gestión de YPF en manos de Repsol, especialmente en lo referido a la falta de inversiones para aumentar la producción. “Los objetivos de YPF deben estar en línea con los de la Argentina”, afirmó y agregó que la gestión española sólo se dedicó a “maximizar sus ganancias y disminuir sistemáticamente la producción de petróleo”.
Durante el final de su exposición y antes de responder las preguntas, ataques y denuncias de los legisladores opositores, Kicillof se refirió a las críticas surgidas desde diversos sectores en torno a la supuesta percepción negativa que podría causar la medida en los empresarios. Así, cuestionó que “se agite el fantasma de la seguridad jurídica”, y recordó que Repsol “antes de apropiarse de YPF, era muy pequeña” y “ha exprimido hasta la última gota” los beneficios de YPF.
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