Sorprende el giro
copernicano de los cortesanos que desoyeron al juez Alfonso y Gils Carbó.
El último fallo de la Corte Suprema de
Justicia, un texto teñido de ínfulas corporativas y retrocesos doctrinarios, es
el mayor desafío político del tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti al
gobierno nacional. La otra certeza es que Raúl Zaffaroni hay uno solo. Para
bien y para mal.
La escasa o nula
voluntad de la mayoría de sus miembros para acompañar la política
antimonopólica oficial quedó desnuda. ¿Cómo debería leerse, si no, el rechazo
en dos oportunidades al per saltum? Aunque técnicamente ambas negativas
pudieron estar fundadas, en este último caso los supremos tenían la opción de
resolver el recurso extraordinario, extinguir la cautelar y dejar la discusión
sobre la constitucionalidad para más adelante. Con esto, equilibraban los
desaires al Ejecutivo y ponían en vigencia la ley para todos los grupos
comunicacionales.
Pero no. Decidieron
extender la cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto, que ahora quedó
en manos de una cámara polémica. Todo esto sin fecha y sin apuro. Camino al
libro Guinness, casi: la cautelar más larga del mundo es argentina, de Clarín,
y la avaló la Corte
Suprema, que desoyó lo resuelto por Alfonso, también el
pedido de la procuradora Alejandra Gils Carbó para darla por extinguida y, lo más
raro, se desdijo de su fallo del 22 de mayo último. ¿Acaso no fue el máximo
tribunal el que dijo entonces que las cautelares no debían ser eternas y fijó
el 7D como fecha límite? Está escrito.
Sorprende el giro
copernicano de los cortesanos. Tomar como válidos los argumentos pro-cautelar
de la Sala I
de la Cámara
en lo Civil y Comercial Federal, cuyos integrantes viajaron a Miami invitados
por Clarín, pone a los supremos hiriendo su propio e histórico prestigio: el de
pertenecer a una Corte moderna que sepultó la mayoría automática del menemismo
gracias al aval e impulso político del kirchnerismo gobernante.
Todas las mayorías
automáticas son malas: también las que no dejan gobernar a un gobierno elegido
por la voluntad popular. La independencia declamada como credo judicial no
puede ser menos independiente de los grupos económicos concentrados. ¿Se
acostumbrará la Corte
a recibir menos halagos en el futuro, después de haber decidido poner en el
limbo nuevamente a la Ley
de Medios de la democracia? Hacer política es también hacerse cargo de sus
consecuencias.
El tribunal inferior
en el que se apoyaron argumentalmente para desestimar el pedido oficial está
cuestionado tanto por el Ministerio de Justicia como por la Procuración General
de la Nación,
que denunció que estos camaristas viajantes resolvieron recusaciones actuando
como "jueces y parte", sin olvidar que sus miembros están siendo
penalmente investigados.
A la Corte, sin embargo, sus
planteos le parecieron "razonables", mientras que los del Estado no
pudieron demostrar "que haya riesgo o gravedad" en prorrogar la
cautelar.
"¿Por qué la Corte hizo lo que
hizo?", se preguntaban, asombrados, en la Casa Rosada, la tarde
del jueves 27. La apuesta oficial era, en verdad, otra. Se suponía que los
supremos rechazarían el per saltum, pero había confianza en que también harían
caer la cautelar, mientras dejaban tramitar la apelación de Clarín y la ley
recobraba vigencia plena. ¿Fue una mala estrategia judicial? Por los
antecedentes, no parecía.
A juzgar por los
resultados, claramente no fue exitosa. Quizá el gobierno fue víctima de un
espejismo. Hace 20 días, entre los principales despachos de Balcarce 50 corrió
un rumor que algunos dieron por cierto y otros calificaron como un disparate.
Decía que Lorenzetti o gente cercana a él se había reunido con representantes
de Clarín. Que estos le habrían pedido tiempo y que el reelecto presidente de la Corte habría respondido que
hasta la puerta del cementerio los acompañaba, pero de ninguna manera se enterraba
junto a ellos.
En simultáneo, el
diario Perfil dejaba trascender que Lorenzetti quería sacar la
constitucionalidad de la ley por unanimidad y que había una precaria mayoría a
favor. Todo esto, más cierta fatiga de guerra en algunas espadas del gobierno,
pudo haber servido para alimentar el espejismo de un Poder Judicial que,
después de 38 meses de trato benevolente hacia Clarín, le decía finalmente que
no a un grupo económico.
Con "el diario
del lunes en la mano", es decir, leyendo el fallo cortesano del 27D, lo
que se confirma es que pensar bien fue un error. Hasta los disparates, por
ejemplo, de identificar a Lorenzetti con Julio Cobos, se tornan verosímiles.
En un escenario tan
poco edificante, la disidencia de Zaffaroni reconcilia con la idea de justicia.
Tomó el dictamen de Gils Carbó y se opuso a prorrogar la vigencia de la
cautelar. No fue el mismo caso el de Carmen Argibay: según ella, no hacía falta
dejar constancia de que el año de adecuación está vencido para Clarín, porque
eso recién habrá de verse cuando el expediente llegue a la Corte.
La coincidencia
general es que eso sucederá a fines de 2013. O para decirlo en plazos del
calendario político, después de las elecciones de medio término.
Clarín consiguió
tiempo para erosionar al kirchnerismo y dañar sus chances electorales; y con
eso la posibilidad de soñar en un cambio del mapa político que aleje la
implementación de la ley.
En concreto, para
generar un escenario hostil o adverso al oficialismo, que ayude al sector más
conservador de la Corte
a promover su inconstitucionalidad. Los que crean que esto es imposible
deberían verlo en su propia dinámica.
El último fallo de
los supremos es, de alguna manera, hijo de la deslegitimación que se viene
estimulando desde la prensa hegemónica del triunfo por el 54% en 2011. El 27D
de la Corte es
como el 13S o el 8N de Clarín y La Nación. Necesita del convencimiento de que el
kirchnerismo agoniza para animarse.
Aunque en realidad
ocurra lo contrario.
Lo raro es que
hayamos llegado hasta acá.
Feliz 2013.
Perón y la justicia
“Para el
Justicialismo, como su nombre lo indica, la Justicia es una cosa muy importante. Sé bien que
nosotros vamos marchando paulatinamente, satisfaciendo los sectores que
interesan a la Justicia;
no solamente satisfaciéndolos desde el punto de vista administrativo del
Gobierno, sino también desde nuestro punto de vista ideológico, donde nuestra
penetración política debe ir abarcando todos los matices.
Yo no opino, como
mucha gente, que la Justicia
está exenta de la política que sigue el país: la Justicia depende de la
política que sigue el país. Los franceses han ido un poco más lejos; ellos,
cuando eligen al Gobierno, eligen también Justicia: el Gobierno tiene su
Justicia.
Otros creen que la
justicia está totalmente desligada del país: para ellos la Justicia es casi un
gobierno de Dios. No; la
Justicia es un gobierno de los hombres –la es al menos en
esta tierra– y yo no puedo desligarla de los grandes intereses de la Nación.
La Justicia está para asegurar al hombre esa justicia, y
jamás debemos desligarla del continente dentro del cual juega el hombre.
No creo que hacer
política es hacer electoralismo. Eso es otra cosa distinta. Los hombres,
desgraciadamente, siempre listos a desvirtuar casi todas las cosas nobles de la
vida, han desvirtuado también la nobleza política. ¿Por qué? Porque en vez de
hacer política para el país, en vez de hacer política para la convivencia de
todos los que componen el país, han hecho política personal: no han hecho
política para todos. La política para todos, o sea, la política para el país,
se ennoblece, y cuando se hace para los hombres, se envilece.
Ahora, señores, es
cuestión de que, al apreciar lo que es la política, cada hombre esté en el
bando de los que la ennoblecen y no en el bando de los que la envilecen. La Justicia debe estar en el
bando de los que ennoblecen.
La Justicia tiene un pensar y un sentir político dentro
del Estado, pero para ennoblecerla; lo otro, para envilecerla, se lo dejamos a
los caudillos de comités, a esa gente que nosotros no queremos ni hacen falta.
Por eso digo que
para hacer Justicia, señores, yo creo que un juez está obligado –o una Corte
está obligada– a luchar para ennoblecer esa política; y para ennoblecerla,
luchando por ella, hay que estar dentro de esa política.
La política está
exenta de los intereses de los hombres, pero no de los intereses de la sociedad
que, en el fondo, es lo único que debe defender. Porque, los intereses de la
sociedad, ¿en qué consisten? (…)
Tantas veces he
hablado con el señor ministro de Justicia, que es un viejo juez que entró a la Justicia con los
pantalones cortos y conoce muy bien toda la etapa que la misma ha recorrido en
nuestro país, de que cuando la
Justicia cubra perfectamente bien su puesto y los hombres que
actúan dentro de ella, en cualquiera de los escalones, porque todos son útiles,
tengan ese concepto de la nacionalidad y de la política social, todos habremos
ganado, tanto los que la ejercen como los que la reciben.”
(Palabras de Juan
Domingo Perón, el 16 de agosto de 1951, ante representantes del Poder Judicial)
La fallida denuncia
de clarín
El juez federal Luis
Osvaldo Rodríguez resolvió desestimar la denuncia del Grupo Clarín por
"incitación a la violencia" contra los periodistas Roberto Caballero,
Sandra Russo y Javier Vicente. Tiempo Argentino tuvo acceso al fallo del
magistrado que, en línea con el fiscal federal Gerardo Di Masi, sostuvo que
"pretender criminalizar las ideas u opiniones de periodistas y
funcionarios que no tienen el mismo pensamiento que el del grupo de interés al
que representa resulta contrario al derecho constitucional de publicar o hacer
publicar las ideas por la prensa sin censura previa –artículo 14 de la Constitución Nacional–.
"En el fallo, Rodríguez afirma que en la denuncia efectuada por el Dr.
Sáenz Valiente en representación del Grupo Clarín SA, y más allá de las
justificaciones ensayadas a posteriori, se evidencia un claro avasallamiento al
derecho de libertad de expresión que, no está de más recordarlo, es uno de los
pilares básicos establecidos en nuestra Carta Magna".
Para el magistrado,
"no se observa que las personas denunciadas, justamente en el ejercicio de
su derecho de libertad de expresión hayan lesionado algún bien jurídico que
merezca reproche en esta sede".
"Y que la
acción típica del delito, en el que el denunciante pretende encuadrar desde el
inicio las expresiones de las ideas de los periodistas y funcionarios
mencionados, es aquella que ejecuta alguien que estimula a actuar, circunstancia
alejada de lo que traslucen los dichos que se les adjudican", concluye el
juez Rodríguez en su sentencia.
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