Por: Lic Alejandro Marcó del Pont
Como en los círculos del infierno de Dante, la calificación crediticia de Argentina se hunde un circulo más con cada aclaración de la reducción hecha por Standard & Poor’s (S&P). Ellos se encuentran desde hace años en el confortable octavo circulo (el de la mentira) que vamos a aclarar con la ayuda de otros indicadores metódicamente omitidos, porque los habitantes del noveno circulo (los traidores) son holgadamente conocidos.
El descuido de excluir la divulgación detallada de la baja en la calificación crediticia es exclusivamente mediático, y coincide con el disimulo de otros indicadores que de percibirse, articularían en forma asociada un paisaje económico desmoralizador, pero claro y difícil de evadir. Los otros dos indicadores son el Doing Business del Banco Mundial y el Latinobarómetro.
Uno de las explicaciones dadas por S& P de la contracción de la calificación argentina es la del “Índice de facilidad para hacer negocios” del Banco Mundial (Doing Business Index), al parecer un exótico indicador que mide aspectos de regulación comercial que afectan a pequeñas y medianas empresas y abarca 11 áreas de regulación en 190 economías. Y digo exótico o singular porque el gobierno no lo nombra, aunque los medios, como La Nación, lo exponen porque Estados Unidos cayó en 2018 en esa misma clasificación (https://goo.gl/jZQZab) del quinto al sexto puesto.
Argentina ocupa el lugar 117 en la mismo ranking, donde Estado Unidos ocupa el sexto puesto entre 190 países, pero al parecer no advirtieron que nuestro país se encontraba al final del listado (https://goo.gl/vvYqn2). ¿Es algo malo? La verdad, no creo, pero si es algo preocupante que Grecia, Jamaica, El Salvador, Zambia o Togo se encuentren unos treinta puestos por encima de nuestro país, una constante en los demás indicadores.
Ahora veamos los fundamentos de la calificadora: “Esperamos que el PBI se contraiga 2.5% este año y casi 1% en 2019, antes de recuperarse modestamente en 2020. Es probable que la inflación se sitúe alrededor de 45% y podría caer solo gradualmente hacia el 25% en 2019. La rápida depreciación del peso argentino frente al dólar en este año ha contribuido a un incremento en la carga de la deuda del gobierno (debido a que la mayoría de la deuda soberana está denominada en moneda extranjera). Esperamos que la deuda neta del gobierno general rebase 80% del PBI este año, desde el 50% en 2017” (https://goo.gl/99nTR9).
Standard & Poor’s no ha dicho nada que no se sepa: caída del PBI, inflación y sobreendeudamiento. Pero hay algunos elementos que generan un gran ruido. “La democracia de Argentina se ha caracterizado por un historial de polarización política que limita la capacidad del gobierno para implementar su agenda económica. El país ha entrado en 11 programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la década de los 80, lo que refleja su historial de volatilidad económica”. Una explicación alternativa es que la austeridad fue tal que resultaba imposible pagar.
El primer inconveniente es la responsabilidad del deudor. Si el actual presidente pierde el gobierno, ¿qué pasará con la deuda? Es decir, los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo saben que el socorro al gobierno llega, con suerte y viento a favor, al 2019, ¿y después? “Una de las debilidades de la evaluación institucional de Argentina es su historia de cambios importantes en la política económica tras los cambios en el liderazgo político”.
Puesto en criollo, el verdadero problema está en llegar al 2019, después el abismo, pero dicho por ellos. El PBI caerá durante los dos años (siempre se recupera en 2020 y 3056) y “la recuperación de la agricultura podría impulsar la producción y las exportaciones en el segundo trimestre de 2019, limitando la contracción general de la economía generada por la debilidad de la demanda interna. Sin embargo, es probable que se contraiga el PBI el año próximo, incluso a pesar de mejores exportaciones netas”. En buen romance y según sus propias palabras, no creen en la capacidad política del gobierno actual para poner en marcha un plan de austeridad de tales magnitudes que sea aprobado por la sociedad y la oposición. Y aun y con cosecha récord, no parece que se salve la destrucción del producto.
El último indicador es el Latinobarómetro que mide la situación económica y la aceptación de la democracia como mecanismo de gobierno en América Latina. Hay al menos dos componente de estos indicadores íntimamente relacionados con el análisis de S&P que llaman la atención: la correspondencia entre bienestar económico con la aceptación democrática, y el franco deterioro económico de Sudamérica a partir del 2013 (https://goo.gl/R1WCcg).
Nosotros vamos a hacer referencia a América Latina, y Argentina en particular, en temas económicos, y solo de manera accesoria trataremos la degradación del sistema democrático. Las encuestas de esta ONG se realizan desde 1995 en 18 países y cuenta con la colaboración del BID, INTAL (Instituto Integración de América Latina), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y los gobiernos de Noruega, México y Brasil.
Los resultados para el 2018 muestran la profundización del descontento económico en América Latina, ya que el 77% de los entrevistados consideran que este año la economía se ha estancado o está retrocediendo, niveles de los que no se tenía registro desde 1996. Solo en Bolivia sus habitantes (44%) creen que la economía está progresando. Pero hay cinco países cuya percepción económica es tan mala que no alcanza al 12% de la población: Argentina (11%), Nicaragua (10%), El Salvador (9%), y Brasil y Venezuela con 6%.
¿Cuán mala tiene que ser la situación económica de un país para declararlo con crisis económica? Normalmente la economía se basa en la tasa de crecimiento, el coeficiente gini, la inflación para medir su desempeño. En este caso la mala situación económica denota un estado de la economía que a lo mejor no cumple con los estándares económicos para declararlo crisis (recesión), pero en términos de la gente se trata de situaciones de crisis. En seis países, independiente de lo que digan los indicadores económicos, más de la mitad de la población dice que hay mala situación económica. El 83% de los venezolanos en primer lugar, Brasil y Argentina con el 62% en segundo lugar, El Salvador 59%, Nicaragua 58% (Informe Latinobarómetro 2018, p. 8).
El resultado no es para nada halagador, de 18 países 16 tiene una imagen negativa de la economía, pero lo más interesante son las expectativas, un indicador ampliamente utilizado por el neoliberalismo que es totalmente independiente de la situación actual. Siempre, invariablemente, el futuro se verá de forma esperanzadora, optimista, aunque los indicadores presentes condicionen a una mayor oscuridad a medida que se avanza hacia la negrura absoluta.
La insatisfacción con la economía dispara siempre sus peores números en los mismos países: Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Brasil y Argentina. Y resulta preocupante la proximidad con naciones como Nicaragua y El Salvador, los grandes proveedores de las columnas de inmigrantes a Estados Unidos, resultado de la desprotección extrema de su población, lo que los lleva a realizar una odisea tan extrema.
Lo mismo sucede con la caída de la aceptación de la democracia. Argentina tenía una aprobación de sistema del 70% en el 2015, hoy es del 58%. Brasil del 54% en el mismo año y en la actualidad del 32%. El país de la región que tiene el nivel de aceptación más elevado de esta forma es Venezuela, con el 75%. La democracia churchiliana, como decía su autor, “es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”.
La idea actual está marcada para nuestro país por el pesimismo que potencializa un futuro sombrío. Aun así, los ciudadanos aceptan, sin condenar, presupuestos extravagantes, compensaciones salariales inadmisibles, para mencionar solo algunos casos. Pero, por sobre todo, la carencia de realidad es tan agobiante que la ilusión de optimismo siempre termina en un confuso desconcierto.
Publicado en:
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2018/11/15/omision-de-presagios/
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