Desde los primeros intentos por entender el fenómeno, que arrancaron con la observación de las relaciones entre las fuerzas de seguridad y las mafias, muchas veces con el soporte de grupos fascistas, se avanzó hacia la comprensión de una situación mucho más grave, en la que los gobiernos –federal, departamental o provincial o del nivel de alcaldías o municipios– establecen un mismo cuerpo de gestión con los grupos criminales o rinden sus propios procesos al mandato de ellos. Dentro del aparato estatal, se destacan, siempre, a los cuerpos de seguridad, como la primera intersección entre las partes.
El negocio mueve, sólo en México, incalculables ingresos anuales que estarían entre los u$s 35.000 y los 45.000 millones, en una actividad con un margen de beneficio aproximado del 80% y, al cálculo de las Naciones Unidas, una cifra global superior a los 320.000 millones de la moneda estadounidense en 2011.
Llama la atención la liviandad de las comparaciones, la negación de las condiciones estructurales existentes en países que, tomando el informe coloreado de cualquier signo, está a años luz de las tasas de desocupación, pobreza, indigencia, seguridad, que los territorios sufrientes donde hoy reinan los capos. Tampoco es proyectable la situación, como muchos mensajes pretenden. No es el caso de entrar en la estadística de tráfico y consumo, el tema es ver cuáles son las características de uno y otro Estado y, claro, de sus fuerzas de seguridad que, en el caso argentino son seguramente deficitarias, uno de los temas en los que, todavía, no se entró hasta el hueso para producir la democratización necesaria que termine con tantos casos de violencia institucional como de corrupción, complicidad y hasta logística, en temas como la prostitución, el juego y, por supuesto, el narcotráfico.
Los responsables de la política de cualquier país, gobernantes u opositores, ejecutivos, legisladores o jueces tienen la obligación de explicar cada una de las situaciones que consideren conflictivas, perniciosas para los ciudadanos. Y deben hacerlo con seriedad basados en los estudios que van al fondo de los problemas y no sólo al maquillaje de las elecciones, a la descalificación.
Cuando se habla de México, el Senado francés no tuvo tapujos a la hora de considerar públicamente que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con México, el mismo que Bush tuvo que llevarse de regreso de la Mar del Plata de Kirchner, Chávez, Lula y Evo Morales, fue una de las herramientas que permitió a los narcotraficantes mexicanos convertir a su país en “una de las plazas mundiales del lavado de dinero sucio y de las narco-inversiones…”. Esas son las aristas más destacadas de la situación y no el abrazo rápido con ex presidentes colombianos que desarrollaron políticas que potenciaron la situación o el conchabar a los mismos asesores que potenciaron el desastre que vive México, casos de los que se habla por aparte.
Del mismo modo que no debe homologarse la política de las policías locales en México con las propuestas existentes en la Argentina, hay que determinar si existen en el país territorios provinciales en los que el narcotráfico constituye un actor político que le disputa el poder al Estado, una de las consideraciones que el profesor canadiense Peter Dale Scott utiliza para hablar de Narco-Estado. La Justicia debe actuar implacable, y este es otro asunto, para detectar dirigentes partidarios o gubernamentales que desempeñan sus cargos y forman parte o son cómplices de las redes del tráfico de drogas, amparados en fueros o influencias o simpatías mediáticas, para demostrar o desmentir que haya zonas ricas en la que puede alojarse cualquier Don que se escape de los textos de Mario Puzo y termine aterrizando pegado a una autopista o en un puerto de frutos. El coro de las voces de este informe pretende contribuir a eso.
Publicado en:
http://sur.infonews.com/nota/10145/narcoque
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