Brasil
El orden fiscal y monetario podría ser el próximo objetivo del gobierno federal.
Dilma Rousseff asumirá su segundo mandato de gobierno el día 1° de enero
de 2015. Durante la presente transición, las mayores expectativas
corrían por cuenta de la designación del nuevo ministro de Hacienda,
cargo equivalente al de ministro de Economía en la Argentina. Ya antes
del segundo turno electoral, Dilma había anunciado que el actual
ministro Guido Mantega sería reemplazado. Durante la campaña, Dilma se
comprometió en diversas oportunidades con la necesidad de retomar el
rumbo del crecimiento económico y de bajar la inflación. Estos
problemas, sumados al “mediático” caso de corrupción y sobornos en la
estatal Petrobras, habían dominado la agenda opositora.
Cuando el gobierno anunció que Joaquim Levy era el economista escogido para el cargo, los medios brasileños festejaron su nombre, como una correcta rectificación de rumbo. Esa desconocida y omnipresente entidad definida como “el mercado” aparentemente había conseguido lo que la oposición no había logrado en las urnas. El candidato derrotado Aécio Neves definió la situación hasta con un elegante sentido del humor post guerra fría: “Es como llamar a un cuadro de la CIA para dirigir la KGB”. En la Argentina la repercusión fue más pirotécnica. “Manos de tijera”, título La Nación para definir el perfil técnico de Levy. “Dilma obligó al PT a respaldar el fuerte giro pro mercado de Brasil”, sentenció Clarín. Como siempre, la ocasión era inmejorable para criticar la conducción económica del ministro Kicillof y de la presidenta Cristina, como ejecutores palaciegos de una política económica populista e inflacionaria a partir del incremento del gasto público que produce el aumento constante del déficit fiscal. Para estos críticos, la inflación es una causa directa del déficit fiscal y de la propulsión gastadora del Gobierno. Entretanto, estos economistas miran hacia un costado cuando también se les hace referencia al papel inflacionario ejercido por los oligopólios formadores de precios y de los grupos políticos interesados en alimentar este “statu quo”. Una de las herramientas de política económica para romper en parte esta rigidez de precios es liberar sectorialmente las importaciones, pero aparentemente nadie está dispuesto a asumir este costo. O sea, en el caso argentino la mirada en el déficit es importante pero parcial.
De hecho, tanto en Brasil cuanto en la Argentina hay una cierta pobreza en el debate político cuando el asunto es la economía. El reduccionismo ideológico es peligroso, más cuando se trata de dinero. Se le atribuyen a ciertas medidas un valor simbólico o práctico con significados que no siempre en su ejecución práctica representan a la izquierda o a la derecha. El Brasil de Dilma y el PT, al igual que Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y José Mujica en Uruguay, comprendieron claramente la necesidad de poner en práctica en sus gobiernos algunos conceptos de la política económica convencional o tradicional. Supieron leer que determinadas categorías económicas, utilizadas usualmente por el capitalismo financiero internacional, interesan para potenciar el desarrollo económico de sus países. Cumplir con estas exigencias no representaría una claudicación ideológica o política en sus acciones por la inclusión social y la distribución de renta, y sí mejores condiciones de negociación para financiar el desarrollo.
¿La economía de lo social es antagónica del equilibro fiscal?
Cuando Levy fue presentado como nuevo ministro, definió que la propuesta del gobierno para 2015 consistirá en la obtención de un superávit fiscal del 1,2% sobre el Producto Bruto Interno (PBI). La divulgación de esta meta representó una tregua inmediata de los medios contra el gobierno, ahora sí intérprete del sentimiento de “los mercados”.
¿Cuál es el impacto de este porcentaje y cuáles son las consecuencias o acciones necesarias para obtener este resultado?
En términos objetivos representa la necesidad de reducir los gastos del gobierno durante el próximo año en casi 100 mil millones de reales, algo cercano a 37.000 mil millones de dólares, un valor bastante expresivo. Para los economistas del campo ortodoxo esta batalla se tiene que dar en el campo de la reducción de la máquina gubernamental, en el corte de subsidios y en la reducción de los planes sociales, acompañada por la limitación de créditos otorgados por los bancos estatales. De ahí, que se acuñe el término “tijeretazo” para definir este proceso. Entretanto, el PT sustenta que la elección de Levy escapa a la dicotomía política planteada con su elección, que lleva a preguntarse si la izquierda fue derrotada o cooptada por la derecha. Para el PT es necesario reconstituir las premisas económicas adoptadas durante los primeros años del gobierno Lula (2003-2007), que sentaron las bases para la posterior expansión económica. En 2008, la gestión del presidente obtuvo por parte de las agencias internacionales de calificación de crédito y riesgo (S&P; Moody’s; Fitch, entre otras) el sello de buen pagador. Lula supo aprovechar la oportunidad, pues había comprendido perfectamente la importancia y el valor simbólico de ser parte de los países con el título de buen grado de inversión. Esta decisión de las agencias repercutió favorablemente en el país, proporcionó crédito más barato, atrajo inversiones extranjeras y le dio un nuevo status internacional a Brasil. Estos importantes logros del pasado están por detrás de la decisión de Dilma con respecto a la designación de Joaquim Levy. La economía brasileña presentó un recorrido errático en los últimos años, con un crecimiento económico debajo de las expectativas y previsiones, así como la industria manufacturera no exhibe el dinamismo de otrora, en parte por un cierto agotamiento del mercado doméstico, con familias muy endeudadas, o con la amenaza de importaciónes en aumento, fruto de un dólar sobrevaluado. Por primera vez en los últimos 15 años, en 2014, la balanza comercial brasileña será deficitaria en su relación con el mundo y los precios de las principales comodities exportadas por el país, presentan una baja expresiva de precio.
En el escenario para 2015, las dificultades económicas ostentan un papel político central. Frente a esta perspectiva, Dilma y el PT impusieron una nueva agenda, en la cual el control de los gastos estatales y la estabilidad de los indicadores macroeconómicos no son solamente una agenda de la derecha o del “mercado”, sino una agenda del país para mantener la inflación bajo control y no perder de vista el crecimiento económico con inclusión social y reducción de las desigualdades.
Dilma precisaba de forma urgente tomar medidas de corrección de rumbo pues corría el riesgo de rifar el capital político obtenido en la última elección. Era vox pópuli que las agencias de calificación de riesgo irían a rebajar la nota crediticia del país si no se tomaban medidas concretas para frenar la inflación. Para algunos economistas y organizaciones del campo popular, la obsesión fiscal de la política ortodoxa atrasa a Brasil y le impide imponer una nueva voz en los fórums nacionales e internacionales con propuestas más innovadoras. Para otros, obtener el superávit fiscal propuesto, que consiste en lograr una sobra de caja entre lo que se recauda y lo que se gasta para pagar los intereses de la deuda pública y así disminuir el porcentaje de ésta sobre el PBI, es una tarea central y no necesariamente ortodoxa o que atienda exclusivamente a los intereses de la derecha. En los aspectos técnicos no hay mayores dudas, así la cuestión pasa a ser política. Está claro que la meta es la obtención de eficiencia en el gasto público, para esto Levy cuenta con un bagaje técnico muy distintivo para ejercer sus funciones. Además de haber sido secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y del Tesoro en el de Lula, su última función pública fue ejerciendo el cargo de secretario de Hacienda del Estado de Río de Janeiro, cuando se destacó por haber modernizado la gestión tributaria y viabilizado la adquisición de servicios, materiales y equipamientos con significativa reducción de gastos públicos. Su labor fue reconocida local e internacionalmente.
El prestigio y la popularidad de Lula y Dilma estará a prueba durante el próximo año. La agenda política será amenazadora con el avance de los juicios del llamado “Petrolão”. Se da por sobreentendida la participación, en el esquema de sobreprecios, de políticos del PT y aliados del gobierno. El denuncismo político estára a la orden del día. Frente a este cuadro, el papel de Levy será “calmar” la agenda económica, y cortar gastos sin disminuir el “Ethos” del gobierno. El desafío político será saber quien irá a pagar esta cuenta. Nuevos impuestos de carácter progresivo a las tierras improductivas y a la renta financiera, entre otros, constituyen un menú de opciones interesantes para que el ajuste sea pagado por los sectores más altos de la pirámide social y, de esta forma, no incrementar la desigualdad.
En América latina en general y en Brasil en particular, las políticas fiscales estuvieron históricamente relacionadas con factores de carácter externo, asociados a la evolución de los precios internacionales de las materias primas y al estrangulamiento en la balanza de pagos. Las políticas públicas oscilaron en este contexto al ritmo que impusieron los sectores dominantes con medidas fiscales regresivas. La austeridad pública era el repetido deber de casa impuesto por el FMI. Ahora el papel del Fondo, en gran parte, fue sustituido por las agencias de calificación de riesgo crediticio. La experiencia neoliberal de los ’90 dejó profundas huellas en el tejido social y sedimentó la idea de que para acabar con la híper o con procesos inflacionarios, el Estado era el problema y no la solución. La desregulación de ese período fue superada por el albor de este siglo 21 en América latina. El campo popular no puede cerrar los ojos ante procesos inflacionarios que corroen el valor adquisitivo del salario y destruyen paulatinamente las conquistas obtenidas. Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, es archiconocido que la inflación es un impuesto a los sectores mas carentes. Para hacer un omelette hay que quebrar huevos. Para alterar el perfil del Estado hay que cambiar la carga impositiva. Gastar mejor, para reducir la inflación, con una gestión del Estado eficiente e innovadora, acompañada por impuestos progresivos a la especulación y ganancias financieras, al extraordinario lucro bancario y a la renta de la tierra. La obtención de superávit fiscal es tal vez el más audaz de los desafíos para los gobiernos populares, no populistas. Si el bolsillo es el lado más sensible del cuerpo humano, Dilma tendrá que hacer del limón una limonada.
Cuando el gobierno anunció que Joaquim Levy era el economista escogido para el cargo, los medios brasileños festejaron su nombre, como una correcta rectificación de rumbo. Esa desconocida y omnipresente entidad definida como “el mercado” aparentemente había conseguido lo que la oposición no había logrado en las urnas. El candidato derrotado Aécio Neves definió la situación hasta con un elegante sentido del humor post guerra fría: “Es como llamar a un cuadro de la CIA para dirigir la KGB”. En la Argentina la repercusión fue más pirotécnica. “Manos de tijera”, título La Nación para definir el perfil técnico de Levy. “Dilma obligó al PT a respaldar el fuerte giro pro mercado de Brasil”, sentenció Clarín. Como siempre, la ocasión era inmejorable para criticar la conducción económica del ministro Kicillof y de la presidenta Cristina, como ejecutores palaciegos de una política económica populista e inflacionaria a partir del incremento del gasto público que produce el aumento constante del déficit fiscal. Para estos críticos, la inflación es una causa directa del déficit fiscal y de la propulsión gastadora del Gobierno. Entretanto, estos economistas miran hacia un costado cuando también se les hace referencia al papel inflacionario ejercido por los oligopólios formadores de precios y de los grupos políticos interesados en alimentar este “statu quo”. Una de las herramientas de política económica para romper en parte esta rigidez de precios es liberar sectorialmente las importaciones, pero aparentemente nadie está dispuesto a asumir este costo. O sea, en el caso argentino la mirada en el déficit es importante pero parcial.
De hecho, tanto en Brasil cuanto en la Argentina hay una cierta pobreza en el debate político cuando el asunto es la economía. El reduccionismo ideológico es peligroso, más cuando se trata de dinero. Se le atribuyen a ciertas medidas un valor simbólico o práctico con significados que no siempre en su ejecución práctica representan a la izquierda o a la derecha. El Brasil de Dilma y el PT, al igual que Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y José Mujica en Uruguay, comprendieron claramente la necesidad de poner en práctica en sus gobiernos algunos conceptos de la política económica convencional o tradicional. Supieron leer que determinadas categorías económicas, utilizadas usualmente por el capitalismo financiero internacional, interesan para potenciar el desarrollo económico de sus países. Cumplir con estas exigencias no representaría una claudicación ideológica o política en sus acciones por la inclusión social y la distribución de renta, y sí mejores condiciones de negociación para financiar el desarrollo.
¿La economía de lo social es antagónica del equilibro fiscal?
Cuando Levy fue presentado como nuevo ministro, definió que la propuesta del gobierno para 2015 consistirá en la obtención de un superávit fiscal del 1,2% sobre el Producto Bruto Interno (PBI). La divulgación de esta meta representó una tregua inmediata de los medios contra el gobierno, ahora sí intérprete del sentimiento de “los mercados”.
¿Cuál es el impacto de este porcentaje y cuáles son las consecuencias o acciones necesarias para obtener este resultado?
En términos objetivos representa la necesidad de reducir los gastos del gobierno durante el próximo año en casi 100 mil millones de reales, algo cercano a 37.000 mil millones de dólares, un valor bastante expresivo. Para los economistas del campo ortodoxo esta batalla se tiene que dar en el campo de la reducción de la máquina gubernamental, en el corte de subsidios y en la reducción de los planes sociales, acompañada por la limitación de créditos otorgados por los bancos estatales. De ahí, que se acuñe el término “tijeretazo” para definir este proceso. Entretanto, el PT sustenta que la elección de Levy escapa a la dicotomía política planteada con su elección, que lleva a preguntarse si la izquierda fue derrotada o cooptada por la derecha. Para el PT es necesario reconstituir las premisas económicas adoptadas durante los primeros años del gobierno Lula (2003-2007), que sentaron las bases para la posterior expansión económica. En 2008, la gestión del presidente obtuvo por parte de las agencias internacionales de calificación de crédito y riesgo (S&P; Moody’s; Fitch, entre otras) el sello de buen pagador. Lula supo aprovechar la oportunidad, pues había comprendido perfectamente la importancia y el valor simbólico de ser parte de los países con el título de buen grado de inversión. Esta decisión de las agencias repercutió favorablemente en el país, proporcionó crédito más barato, atrajo inversiones extranjeras y le dio un nuevo status internacional a Brasil. Estos importantes logros del pasado están por detrás de la decisión de Dilma con respecto a la designación de Joaquim Levy. La economía brasileña presentó un recorrido errático en los últimos años, con un crecimiento económico debajo de las expectativas y previsiones, así como la industria manufacturera no exhibe el dinamismo de otrora, en parte por un cierto agotamiento del mercado doméstico, con familias muy endeudadas, o con la amenaza de importaciónes en aumento, fruto de un dólar sobrevaluado. Por primera vez en los últimos 15 años, en 2014, la balanza comercial brasileña será deficitaria en su relación con el mundo y los precios de las principales comodities exportadas por el país, presentan una baja expresiva de precio.
En el escenario para 2015, las dificultades económicas ostentan un papel político central. Frente a esta perspectiva, Dilma y el PT impusieron una nueva agenda, en la cual el control de los gastos estatales y la estabilidad de los indicadores macroeconómicos no son solamente una agenda de la derecha o del “mercado”, sino una agenda del país para mantener la inflación bajo control y no perder de vista el crecimiento económico con inclusión social y reducción de las desigualdades.
Dilma precisaba de forma urgente tomar medidas de corrección de rumbo pues corría el riesgo de rifar el capital político obtenido en la última elección. Era vox pópuli que las agencias de calificación de riesgo irían a rebajar la nota crediticia del país si no se tomaban medidas concretas para frenar la inflación. Para algunos economistas y organizaciones del campo popular, la obsesión fiscal de la política ortodoxa atrasa a Brasil y le impide imponer una nueva voz en los fórums nacionales e internacionales con propuestas más innovadoras. Para otros, obtener el superávit fiscal propuesto, que consiste en lograr una sobra de caja entre lo que se recauda y lo que se gasta para pagar los intereses de la deuda pública y así disminuir el porcentaje de ésta sobre el PBI, es una tarea central y no necesariamente ortodoxa o que atienda exclusivamente a los intereses de la derecha. En los aspectos técnicos no hay mayores dudas, así la cuestión pasa a ser política. Está claro que la meta es la obtención de eficiencia en el gasto público, para esto Levy cuenta con un bagaje técnico muy distintivo para ejercer sus funciones. Además de haber sido secretario de Política Económica en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y del Tesoro en el de Lula, su última función pública fue ejerciendo el cargo de secretario de Hacienda del Estado de Río de Janeiro, cuando se destacó por haber modernizado la gestión tributaria y viabilizado la adquisición de servicios, materiales y equipamientos con significativa reducción de gastos públicos. Su labor fue reconocida local e internacionalmente.
El prestigio y la popularidad de Lula y Dilma estará a prueba durante el próximo año. La agenda política será amenazadora con el avance de los juicios del llamado “Petrolão”. Se da por sobreentendida la participación, en el esquema de sobreprecios, de políticos del PT y aliados del gobierno. El denuncismo político estára a la orden del día. Frente a este cuadro, el papel de Levy será “calmar” la agenda económica, y cortar gastos sin disminuir el “Ethos” del gobierno. El desafío político será saber quien irá a pagar esta cuenta. Nuevos impuestos de carácter progresivo a las tierras improductivas y a la renta financiera, entre otros, constituyen un menú de opciones interesantes para que el ajuste sea pagado por los sectores más altos de la pirámide social y, de esta forma, no incrementar la desigualdad.
En América latina en general y en Brasil en particular, las políticas fiscales estuvieron históricamente relacionadas con factores de carácter externo, asociados a la evolución de los precios internacionales de las materias primas y al estrangulamiento en la balanza de pagos. Las políticas públicas oscilaron en este contexto al ritmo que impusieron los sectores dominantes con medidas fiscales regresivas. La austeridad pública era el repetido deber de casa impuesto por el FMI. Ahora el papel del Fondo, en gran parte, fue sustituido por las agencias de calificación de riesgo crediticio. La experiencia neoliberal de los ’90 dejó profundas huellas en el tejido social y sedimentó la idea de que para acabar con la híper o con procesos inflacionarios, el Estado era el problema y no la solución. La desregulación de ese período fue superada por el albor de este siglo 21 en América latina. El campo popular no puede cerrar los ojos ante procesos inflacionarios que corroen el valor adquisitivo del salario y destruyen paulatinamente las conquistas obtenidas. Los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, es archiconocido que la inflación es un impuesto a los sectores mas carentes. Para hacer un omelette hay que quebrar huevos. Para alterar el perfil del Estado hay que cambiar la carga impositiva. Gastar mejor, para reducir la inflación, con una gestión del Estado eficiente e innovadora, acompañada por impuestos progresivos a la especulación y ganancias financieras, al extraordinario lucro bancario y a la renta de la tierra. La obtención de superávit fiscal es tal vez el más audaz de los desafíos para los gobiernos populares, no populistas. Si el bolsillo es el lado más sensible del cuerpo humano, Dilma tendrá que hacer del limón una limonada.
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