Está en trámite parlamentario, y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que crea una comisión bicameral para que investigue la fuga de capitales de la Argentina y 4040 cuentas bancarias del grupo internacional británico HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que podrían estar vinculadas a esa evasión.
De tal modo se encara un problema grave para la situación financiera internacional y que hizo estragos en la economía argentina.
Ante todo, veamos las definiciones: nos parece razonable la que considera como fuga de capitales a la salida de divisas que no tienen justificación declarada (Informe Di Cola). Pueden ser legales o ilegales, según sea el origen de los fondos evadidos y la forma de transferirlos.
Debería penarse la sobrefacturación de importaciones; la subfacturación de exportaciones; la compra de divisas que viola el control de cambios (cuando existe) para constituir un activo de moneda extranjera fuera del país; y el pago de servicios ficticios. Muchas de las actuales fortunas en el exterior son el resultado de 30 años de “curros”, como la “bicicleta financiera” usada a principios de los ’80. Bancos extranjeros –como el Citibank– prestaban dinero que era inmediatamente fugado y con la garantía de esos depósitos en el extranjero no declarados, volvía a prestar, generando más activos en el exterior, y esa deuda privada después fue estatizada. El viejo truco de “privatizar ganancias y socializar pérdidas”.
En el Informe sobre Comercio y Desarrollo de la Unctad de 2014 se puntualiza que “gran proporción de los flujos financieros ilícitos –que utilizan todo tipo de mecanismos para evadir la supervisión judicial y reguladora– pasa por centros financieros transnacionales, radicados en ‘jurisdicciones secretas’. Aproximadamente, entre el 8% y el 15% de la riqueza financiera neta de los hogares se encuentra en paraísos fiscales, en su mayoría sin registrar. Esto corresponde, en cifras muy gruesas, a entre 20 y 30 billones (millón de millones) de dólares, que equivalen a entre 30 y 40% del producto mundial; un tercio de ese monto se origina en países en vías de desarrollo. La pérdida resultante de ingresos públicos (por impuestos no pagados) se eleva a entre 190.000 y 290.000 millones de dólares; de ellos, entre 66.000 y 84.000 millones corresponden a los países en desarrollo”.
Esto en lo que respecta a las personas físicas. En cuanto a las sociedades, la principal vía para la evasión fiscal y la fuga de capitales, son los “precios de transferencia”; “esto es, la fijación por las empresas internacionales de precios a los bienes y servicios que proporcionan a diferentes partes de su cadena, con miras a obtener estados de pérdidas y ganancias que les permitan minimizar el pago de impuestos. De esta forma, los países en desarrollo pueden estar perdiendo más de 160.000 millones de dólares por año”.
Dentro de este panorama general, el establishment económico y financiero argentino tiene incorporadas como hábitos la evasión fiscal y la fuga de capitales. Los activos de argentinos en el exterior crecieron de 50.000 millones de dólares en 1991 a 236.000 millones en 2003 y 374.000 millones en 2013, según Cefid-AR (Jorge Gaggero y colaboradores). Con otra metodología, el Indec calcula esa cifra en 261.000 millones de dólares para fines de 2013. Se trata de proporciones importantes del Producto Interno Bruto (PIB). Veamos dos ejemplos que corresponden a épocas de fuerte evasión de capital con aumento de la deuda externa.
El primero se refiere a la deuda externa fraudulenta cometida por el gobierno militar de 1976-1983. En ese lapso, la deuda aumentó en 37.000 millones de dólares, sin que haya tenido usos productivos; por el contrario, la tasa de inversión entre 1975 y 1983 cayó del 20% al 15% del PIB. La explicación es sencilla: el 44% de esa suma correspondía al financiamiento de evasión de capitales por parte de agentes privados, nacionales y extranjeros; el 33% era para pago de intereses y el 25% para importaciones no registradas, presumiblemente compra de armas (Banco Mundial, Economic Memorandum on Argentina, 1984).
El segundo caso es la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas durante 2001, de la Cámara de Diputados de la Nación (Comisión Di Cola), que realizó un examen exhaustivo de los ocurrido: quiénes y cuánto fugaban, a dónde y cómo.
La Comisión Di Cola relevó 26.128 millones de dólares girados por 7.015 empresas, el 90% de los cuales fue transferido por 520 empresas grandes; y 3.800 millones girados por casi 2.800 personas físicas. Sería interesante comparar esos nombres con los que aparecerán ahora. ¿Seguirán en la lista Multicanal, Cablevisión, Papel Prensa, la S.A. La Nación y el Grupo Clarín S.A., Techint, Grupo Macri, Shell, Fiat, Procter & Gamble?
Sobre esa base, la Justicia debió haber investigado el origen de los fondos transferidos, cosa que no se hizo. El envío de fondos al exterior era legal; pero no se averiguó si también lo era el origen de los fondos. La Comisión Di Cola buscó y elaboró la información con el mayor rigor (el equipo técnico fue dirigido por Eduardo Basualdo); pero después el Poder Judicial no procedió en consecuencia.
En las conclusiones del Informe se mencionan los rasgos característicos de la fuga de capitales: i) “en la economía argentina existe un problema estructural que consiste en la práctica de muchos particulares y de sectores empresarios de alta concentración, de colocar sus excedentes financieros en el exterior”; ii) “una parte muy importante de esos fondos son, presumiblemente producto de la evasión y/o la elusión impositivas, lo que a su vez explica, en parte, la vocación por la fuga”; iii) “el fenómeno ha existido (aunque con variaciones cuantitativas), desde hace décadas”; iv) “se conformó un aceitado mecanismo para favorecer y facilitar la fuga de divisas que incluye una participación directa de bancos en vinculación con entidades offshore en el exterior”.
Esta era la situación en 2001 y no ha cambiado. Persiste la vocación por la fuga y el lavado de dinero de gran parte del establishment. En la realización de las complejas operaciones que requiere, están involucrados los bancos y las entidades financieras internacionales y nacionales; además coopera toda la gama de profesionales de las finanzas, los paraísos fiscales y los fondos buitre, que manejan las finanzas mundiales y nacionales y se proyectan sobre la política internacional y de los países.
Ahora, la denuncia que debería ser investigada, constituye la punta de un ovillo de extensión imprevisible. Parecen haberse cometido delitos de toda clase: fraude fiscal, evasión de capitales, lavado de dinero. Corresponde que se juzgue a sus autores por los delitos penales, cambiarios, fiscales y otros que podrían haber cometido. Los culpables no están protegidos por la prescripción. En primer lugar, muchos de esos delitos todavía no llegaron a los plazos de caducidad establecidos por la ley; y la mayoría de los demás son delitos de ejecución continuada, que no prescriben, como el fraude fiscal.
Es una excelente medida de gobierno la investigación de estos delitos en la Argentina y el eventual castigo a los responsables. Además, así como se consiguió que la Asamblea General de las Naciones Unidas estudie una legislación internacional contra los fondos buitre, sería necesario que ahora considere la posibilidad de aprobar una convención internacional de lucha contra la elusión y la evasión de impuestos. Puesto que se trata de un delito que se ejecuta en varios países, sería normal que se aplicaran procedimientos judiciales concordantes.
Es una difícil tarea de gobierno transformar un sistema financiero con una marcada preferencia por la especulación, a otro modo de funcionamiento que lo convierta en auxiliar del sistema productivo. Es también arduo pero esencial establecer un sistema impositivo progresivo, en el que los más ricos paguen impuestos sobre sus ingresos y sus patrimonios, sin importar en dónde están ubicados. La investigación que ahora se propone es importante para conocer el terreno sobre el que se debe actuar.

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http://sur.infonews.com/nota/10150/fuga-de-capitales