Cada momento de la historia chica del mundo genera su propia jerga. Así
como este año los argentinos futboleros incorporaron el concepto de
“plantel corto”, de la mano del Muñeco Gallardo y los pocos refuerzos
que le consiguieron para su equipo “Millonario”, del mismo modo vieron y
escucharon cómo, periodistas televisivos, políticos, analistas e
intelectuales varios, tiraron el concepto de “Narco-Estado”. La
situación en México ayudó a llevar el tema hasta el centro del
escenario.
El mal uso del concepto pasa por arriba realidades, datos, situaciones y juntó la Biblia de los 150.000 muertos registrados en México –según la suma de los titulares de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, realizada en Ottawa en 2012– con el colofón de cualquier decomiso de drogas o con la sospecha de corrupción de algún dirigente político o gobernante nacional, departamental o local de las Américas sospechado de haber financiado su campaña con dineros ilegales.
Así surgieron múltiples palabras compuestas que, con el prefijo “narco”, se refirieron al tráfico de estupefacientes, a campañas políticas, a barrios exclusivos, a delitos de distinto tipo, al Estado mismo.
Atención. Por un lado, no se deben confundir las acciones execrables de los traficantes de cualquier pelaje, nacionalidad y volumen –y mucho menos las consecuencias ideológicas y culturales, además de sanitarias, que genera la invasión de drogas, donde el uso de la palabra invasión no es casual– con el control de los dispositivos de gestión de un Estado por parte de los apropiadores o administradores de la renta narco, de sus socios o de los propios productores y distribuidores de drogas a gran escala. Vale la pena leer los mismos documentos que se analizan para criticar las maniobras estadounidenses de control regional y relacionarlos con el uso de político que se hace del narcotráfico.
Anécdota a la vista. El uso que hicieron los fondos buitre en junio de 2013, al plantar en su página web el rostro de la presidenta Cristina Fernández bajo el título “Argentina: ‘The new Narco State’” y reclamar al gobierno de Washington que actuase “en consecuencia”. Todo lo que hace ese sector hiperespeculador financiero, es sin tapujos, muestra sin asco sus intenciones.
De manera algo más discreta, y aplicando su análisis a una situación diametralmente diferente a la argentina, el reporte 2009 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, presentó los “desafíos de seguridad” a los que podría tener que responder su país en lo inmediato. Por segunda vez en dos años, el grupo que define la estrategia del Ejército del complejo militar-industrial aludió a los carteles mexicanos de la droga, para sentenciar que “pueden estar creando narcoestados en algunas entidades de México, en Afganistán y en Haití”. Huevo de la serpiente, primer paso, para el escenario que sigue. El propio director del Comando Conjunto estadounidense, contraalmirante John Richardson, reconoció que México podría convertirse en una amenaza para Estados Unidos y expresó con franqueza total que “ambos países están estrechamente convencidos de que cualquier inestabilidad tendría implicaciones. Y esa es la naturaleza de nuestra preocupación”. La entrevista, imperdible, de León Krauze al jefe militar, publicada en enero de 2009 en diarios como El País, de Madrid, y el Excélsior, de México, explicita el trazo grueso de la estrategia de Washington: a) relación con el negocio de las drogas, sus carteles y su ingeniería financiera a través de sus “agencias” gubernamentales; b) descontrol del proceso; c) “preocupación” por la cercanía geográfica del nuevo escenario; d) construcción del concepto de “Narco-Estado”, e) para terminar considerándolo un “Estado Fallido” y, finalmente, f) con consenso nacional e internacional, decidir que es necesaria “una respuesta estadounidense basada únicamente en las serias implicaciones para la seguridad de la patria (Estados Unidos)”, como dice el documento citado.
La tarjeta roja de la “invasión”, tan poco adecuada a los tiempos que se viven, bien puede ser reemplazada por la amarilla del control de los cuerpos de seguridad, de las bancas locales, de las inversiones en infraestructura y, por qué no, de los estamentos judiciales. Es decir, la calificación de Estado “narco”, considerado por Washington como “fallido”, bien puede servir para controlarlo, y para eso no hace falta arriar los colores de las banderas nacionales para reemplazarlos por la de barras. Los fondos buitre hicieron punta.
El mal uso del concepto pasa por arriba realidades, datos, situaciones y juntó la Biblia de los 150.000 muertos registrados en México –según la suma de los titulares de Defensa de Canadá, Estados Unidos y México, realizada en Ottawa en 2012– con el colofón de cualquier decomiso de drogas o con la sospecha de corrupción de algún dirigente político o gobernante nacional, departamental o local de las Américas sospechado de haber financiado su campaña con dineros ilegales.
Así surgieron múltiples palabras compuestas que, con el prefijo “narco”, se refirieron al tráfico de estupefacientes, a campañas políticas, a barrios exclusivos, a delitos de distinto tipo, al Estado mismo.
Atención. Por un lado, no se deben confundir las acciones execrables de los traficantes de cualquier pelaje, nacionalidad y volumen –y mucho menos las consecuencias ideológicas y culturales, además de sanitarias, que genera la invasión de drogas, donde el uso de la palabra invasión no es casual– con el control de los dispositivos de gestión de un Estado por parte de los apropiadores o administradores de la renta narco, de sus socios o de los propios productores y distribuidores de drogas a gran escala. Vale la pena leer los mismos documentos que se analizan para criticar las maniobras estadounidenses de control regional y relacionarlos con el uso de político que se hace del narcotráfico.
Anécdota a la vista. El uso que hicieron los fondos buitre en junio de 2013, al plantar en su página web el rostro de la presidenta Cristina Fernández bajo el título “Argentina: ‘The new Narco State’” y reclamar al gobierno de Washington que actuase “en consecuencia”. Todo lo que hace ese sector hiperespeculador financiero, es sin tapujos, muestra sin asco sus intenciones.
De manera algo más discreta, y aplicando su análisis a una situación diametralmente diferente a la argentina, el reporte 2009 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, presentó los “desafíos de seguridad” a los que podría tener que responder su país en lo inmediato. Por segunda vez en dos años, el grupo que define la estrategia del Ejército del complejo militar-industrial aludió a los carteles mexicanos de la droga, para sentenciar que “pueden estar creando narcoestados en algunas entidades de México, en Afganistán y en Haití”. Huevo de la serpiente, primer paso, para el escenario que sigue. El propio director del Comando Conjunto estadounidense, contraalmirante John Richardson, reconoció que México podría convertirse en una amenaza para Estados Unidos y expresó con franqueza total que “ambos países están estrechamente convencidos de que cualquier inestabilidad tendría implicaciones. Y esa es la naturaleza de nuestra preocupación”. La entrevista, imperdible, de León Krauze al jefe militar, publicada en enero de 2009 en diarios como El País, de Madrid, y el Excélsior, de México, explicita el trazo grueso de la estrategia de Washington: a) relación con el negocio de las drogas, sus carteles y su ingeniería financiera a través de sus “agencias” gubernamentales; b) descontrol del proceso; c) “preocupación” por la cercanía geográfica del nuevo escenario; d) construcción del concepto de “Narco-Estado”, e) para terminar considerándolo un “Estado Fallido” y, finalmente, f) con consenso nacional e internacional, decidir que es necesaria “una respuesta estadounidense basada únicamente en las serias implicaciones para la seguridad de la patria (Estados Unidos)”, como dice el documento citado.
La tarjeta roja de la “invasión”, tan poco adecuada a los tiempos que se viven, bien puede ser reemplazada por la amarilla del control de los cuerpos de seguridad, de las bancas locales, de las inversiones en infraestructura y, por qué no, de los estamentos judiciales. Es decir, la calificación de Estado “narco”, considerado por Washington como “fallido”, bien puede servir para controlarlo, y para eso no hace falta arriar los colores de las banderas nacionales para reemplazarlos por la de barras. Los fondos buitre hicieron punta.
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