La familia presidencial insisten en ocultar información clave sobre el vaciamiento de la empresa.
Por: Ari Lijalad
La familia Macri sigue en su cruzada por impedir que se conozcan las maniobras de vaciamiento de Correo Argentinomientras no pagaban su multimillonaria deuda con el Estado. El vaciamiento fue denunciado por la fiscala Gabriela Boquin en el marco de la misma causa en la cuál logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos ordenada por el presidente Mauricio Macri en beneficio de su familia. Ahora, los Macri reclaman que la Corte Suprema impida que Boquin revise los libros contables de Socma y Sideco, las empresas madre del holding Macri, hacia las cuales se desviaron millones de pesos de Correo Argentino.
En el escrito, al que accedió El Destape, los Macri impugnan la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que el pasado 4 de abril habilitó a la fiscala Boquin a acceder los libros contables de Correo Argentino y de sus empresas controlantes, Sideco Argentina y Socma Americana. Las juezas de la Sala B de la Cámara Comercial Matilde Ballerini y Maria Lilia Gomez Alonso, que son parte de la trama que conspiró para que los Macri no pagaran la multimillonaria deuda que acarrean desde 2001, resolvieron “admitir la realización de la pericial”. Pese a su complicidad en este caso, cuando se trató de resolver sobre las facultades de la fiscal Boquin estas juezas mantuvieron una posición clara: que el trabajo de la fiscal es investigar. “Una solución contraria, importaría limitar las aludidas facultades reconocidas al Ministerio Público, lo que no resulta admisible en cuanto los medios de prueba solicitados no exceden la materia cuestionada por la fiscalía de Cámara”, dijeron en esa resolución del 4 de abril.
“Solicito a la Excma. Corte revoque la sentencia”, escribieron los abogados de los Macri. Para los Macri, esto es un dolor de cabeza. “Ocasiona a mi parte un severo perjuicio patrimonial irreparable”, plantean ahora los abogados Jaime Cibilis Robirosa y Jaime Kleidermacher. Ambos están imputados en la causa penal por el vaciamiento de Correo Argentino en la cual ya fueron indagados.
El escrito fue presentado el 22 de abril, un día antes que la misma Cámara Comercial rechazara un descargo donde negaron las maniobrasde vaciamiento de Correo Argentino denunciadas por la fiscala Boquin por las que, tal como informó El Destape, desviaron al menos 35 millones de pesos hacia directores de la empresa, estudios de abogados y consultoras y empresas de publicidad que, en muchos de los casos, tenían vinculaciones con el holding Macri y que hoy son importantes miembros del Gobierno.
"Los Macri plantean que la posibilidad de que la fiscala Boquin investigue significa “que se le otorguen a la Fiscalía una suerte de superpoderes"
El eje de los Macri frente a la fiscala Boquin es repetitivo. El 23 de agosto de 2017 pidieron el rechazo del peritaje contable “que -sostuvieron- de por sí resulta a todas luces inaceptable”. Los Macri rechazaron el peritaje “no sólo porque resulta INOPORTUNO (en mayúscula en el original) el dictamen emitido por la Sra. Fiscal de Cámara, ya que nadie le solicitó expidiera opinión adicional” sino porque, para ellos, Boquin se extralimita en sus funciones y no tiene competencia ni legitimación. La Corte Suprema ya resolvió en contra de la iniciativa de la familia presidencial. Pero insisten.
La jueza Cirulli, que interviene en primera instancia, descartó en un principio que el peritaje lo hiciera un contador por sorteo como pidió Boquin y resolvió que quedara en manos de las sindicaturas. En este nuevo planteo, los Macri sostienen que el control del concurso de acreedores lo hacen las sindicaturas que intervienen en el caso y que son ellas, y no un “perito extraño”, quienes tendrían que analizar todos los papeles. Lo insólito es que tanto la jueza Cirulli como las sindicaturas están imputadas en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, expediente que digita el juez Ariel Lijo en Comodoro Py. Una de las sindicaturas, incluso, está a cargo de Julio César Rivera, histórico abogado de la familia presidencial y a quien Macri designó como conjuez de la Corte Suprema. Las camaristas Ballerini y Gomez Alonso modificaron esto y establecieron que el peritaje lo lleve adelante el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. También denegaron que participe un perito de parte.
Los Macri, en esta nueva presentación, insisten sobre la legitimación de la fiscala Boquin: “La cuestión de la legitimación activa de la Fiscalía lejos ha estado de ser convalidada. En efecto, el Tribunal Inferior considera que la Sala B dio tal legitimación, cuando no lo hemos hecho y la Corte, en su anterior fallo, se limitó a señalar que no entendía la cuestión por no tratarse de una sentencia definitiva”. Nada más alejado de la realidad. Las juezas que intervienen en la causa y la Corte Suprema sostuvieron que la fiscala tienen legitimidad para investigar y pedir pruebas. Lo hizo la jueza Cirulli, que está imputada junto a Macri en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, cuando escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. Por el “Superior” se refiere a la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante más de 17 años pero que, sin embargo, no llegaron al extremo de negar la esencia de la fiscalía: investigar. El 6 de diciembre de 2017, las juezas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini afirmaron: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. El 27 de diciembre de 2018 la Corte Suprema rechazó el apartamiento de Boquin. La nota del Centro de Información Judicial (CIJ) se cuidó de no poner en el título que se trataba de la causa Correo Argentino. Lo maquilló con el genérico “Legitimación de la Fiscalía de Cámara en el marco de un concurso preventivo”.
Los Macri plantean que la posibilidad de que la fiscala Boquin investigue significa “que se le otorguen a la Fiscalía una suerte de superpoderes, como si fuera un Supertribunal, que puede atravesar todas las instancias, pedir prueba aun sin jurisdicción, reclamar legitimación aun cuando no es parte”. Lo que sea para que no revisen sus libros contables.
El derrotero de este pedido será el siguiente. Primero opinará Boquin, luego las juezas Gomez Alonso y Ballerini decidirán si le dan curso o lo rechazan. Con esta segunda opción, a los Macri les quedará presentar un recurso de queja ante la Corte.
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