La historia de Ramos Padilla es la de muchos jueces argentinos: nieto de abogado, hijo de juez, militancia en la UCR, empleado en Comodoro Py, asesor de organizaciones civiles, hasta atravesar una serie de concursos sin objeciones para llegar a un juzgado. ¿Pero quién es y cómo piensa el hombre que hoy tiene en sus manos la causa que muestra como nunca antes la existencia de redes de espionaje paraestatal que conecta a agentes de inteligencia, ex comisarios, políticos y periodistas? Una investigación del equipo de Perycia publicada en conjunto con Anfibia.
Por: Laureano Barrera, Lucrecia Bibini, Daniela Camezzana y Verónica Liso
Fotos: Matías Adhemar
Publicada: 07/05/19
Dieciséis años antes de que Alejo Ramos Padilla naciera, una bala prenunció su destino de juez. Cipriano Ramos Padilla, “El Chino”, era un abogado exitoso que tenía de socio a Roberto Guevara, el hermano del Che. Pudo ser en 1959 la noche en que sonó un disparo y Cipriano quedó tendido sobre el escritorio de su despacho. Otros hablan de dos y hasta cuatro años antes: todos han olvidado ya -¿han querido hacerlo?- los detalles de aquel suceso. Lo cierto es que el caso no se esclareció, que nadie decretó si fue un crimen o un suicidio, y que los cuatro hijos de Cipriano quedaron al cuidado de la madre, Elena. Siguieron años de vacas flacas: la familia de doble apellido llegó a pedir fiado en el almacén. Pasado el tiempo, uno de los niños, Juan María, se obsesionó con la justicia: quería que las leyes le dieran una respuesta al enigma que la muerte de su padre había instalado. Estudió abogacía y en 1984 llegó a juez. Mucho antes había conocido a Elisabeth y habían tenido dos hijos. El mayor, Alejo, también vería en el derecho la posibilidad para volver el mundo a su sitio. El joven siguió los pasos de su padre y de su abuelo: estudió abogacía y en 2011 llegó a juez.
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El 28 de enero de 2019, con 43 años recién cumplidos y menos de ocho de ejercicio de la magistratura, Alejo Ramos Padilla recibió en el juzgado federal de Dolores la denuncia de un empresario agrícola por chantaje. Su foja de trabajo lo muestra como un juez prolífico: hasta el 1 de enero de 2017 había instruido 13.218 expedientes. Los delitos, variados: evasión tributaria, trata laboral en los campos cercanos, dealers y microtráfico en el partido de la Costa. Pero de la noche a la mañana tenía en su despacho una causa judicial que iba a dejar a la corporación desnuda como nunca: un mapa de las rutinas ilegales de la Justicia.
La punta del iceberg fue Marcelo Sebastián D’Alessio, un ex corredor de TC –apodado el Patán- y abogado sin título en una familia de encumbrados juristas. Promoviéndose como agente encubierto de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la Argentina, presentado en diarios y canales de televisión como un experto conocedor del crimen organizado, D’Alessio dejó innumerables pruebas del chantaje por dinero a un empresario agrícola a cambio de impunidad en la “Causa de los cuadernos”, el expediente en el que se investigan a políticos y empresarios por corrupción en la concesión de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. Para demostrarle que podía lograr privilegios en su situación judicial, D’Alessio le había compartido al empresario chats, llamadas y una relación de mucha confianza con el fiscal federal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli, que –según el propio espía- se quedaba con una porción importante de la entrega.
Pedro Etchebest, el empresario en cuestión, simuló ceder ante la extorsión. Grabó todas las conversaciones, guardó todos los chats y los audios, y asistió con D’Alessio a una reunión con el fiscal Stornelli en el balneario CR de Pinamar. El 8 de enero, Etchebest se quedó cuatro horas a unas mesas de distancia, mientras D’Alessio y Stornelli conversaban ante la presencia esporádica del intendente de la ciudad de Salta. Filmó y fotografió el encuentro. Una parte de los 300.000 dólares que le pidieron la desembolsó unos días después en en el Hotel Alvear y una confitería de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires.
Etchebest acompañó su denuncia con todas esas pruebas. Ramos Padilla actuó rápido: allanó la mansión de D’Alessio en el country Saint Thomas e incautó, además de autos de lujo, armas de última generación y placas de la DEA, cajas repletas de documentación reservada, doce celulares y cuatro discos rígidos. El análisis parcial de ese material develó los contornos y la profundidad de la cloaca: la extorsión a Etchebest no era más que un negocio minúsculo dentro del andamiaje mafioso.
Cuando la denuncia llegó al juzgado, Ramos Padilla no había podido dimensionar que su destino giraba en el aire como una moneda. En los siguientes dos meses casi no vio a su esposa ni a sus dos hijos. Una mañana reunió a sus empleados de máxima confianza y les advirtió que el ritmo sería frenético. Trabajaron todos los días de febrero y marzo, incluyendo sábados y domingos, desde la siete y media de la mañana hasta las diez u once de la noche. Por las guardias periodísticas, el trajín de abogados porteños y el trabajo a destajo, los empleados más antiguos se acordaron del caso Cóppola: el entonces juez de Dolores Hernán Bernasconi encarcelando al representante de Maradona y otros personajes menores después de plantarle 40 gramos de cocaína en un jarrón durante un allanamiento.
El lunes 25 de febrero Ramos Padilla procesó a D’Alessio y le dio un giro a la investigación: ya no se trataba de un chantajista traficando influencias, sino de una asociación ilícita que hacía ablandes con carpetazos, operaciones de inteligencia y producía el pánico en empresarios o dirigentes políticos para que “se volvieran arrepentidos o entregaran dinero”.
La segunda semana de marzo, Ramos Padilla se presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y denunció una red de espionaje ilegal de la que participaban, con distintos roles y niveles de compromiso, funcionarios judiciales, periodistas, agentes de inteligencia, ex comisarios de la Bonaerense y dirigentes políticos de la alianza Cambiemos. “Estamos hablando de una organización al menos paraestatal, con vínculos de todo tipo”, dijo el juez. Recién entonces los empleados más jóvenes, que habían confesado algo de miedo sobre lo que se iba develando, se sintieron más seguros. La investigación se convirtió en el deber común: todos descubrían indicios, detectaban falsedades, aportaban un punto de vista que al juez lo ayudaba a decidir.
Las ramificaciones del expediente pronto alcanzaron a varios funcionarios del gobierno: los mensajes de D’Alessio acreditaban un vínculo frecuente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y había fotografías que lo situaban en operativos del Ministerio en plena “guerra contra el narcotráfico”. La ex defensora del arrepentido Leonardo Fariña aportó mails en los que el ministro de Justicia, Germán Garavano, guionaba el testimonio de su cliente para involucrar a Cristina Fernández en la investigación conocida como “la ruta del dinero K”. Un fiscal criminal de provincia, Juan Ignacio Bidone, confesó que D’Alessio –por presión de la diputada Elisa Carrió- le había exigido involucrar a Aníbal Fernández en el tráfico ilegal de efedrina, un escándalo que pudo resultar determinante en el final de la campaña electoral de 2015.
Ramos Padilla no daba abasto, ni siquiera con los dos empleados y el auto que le proveyó la Corte. Se despertaba inquieto, con el alba, pensando en la siguiente medida de prueba. El primer fin de semana de abril pudo darle el domingo libre a su equipo. Él también descansó. El siguiente, domingo de Pascuas, almorzó en familia. A pesar de la importancia institucional del expediente que tenía sobre sus hombros, que revelaba operaciones encubiertas de D’Alessio en Venezuela, Uruguay y, posiblemente, Paraguay, su oficina siguió siendo un juzgado de provincia cubierto de papeles, sin custodia adicional, donde los periodistas que montan guardia pueden verlo llegar con un sánguche y una gaseosa en la mano.
Abril terminaba y Ramos Padilla no había podido analizar ni un tercio de las pruebas.
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El departamento de la calle Larrea entre Córdoba y San Luis, en Capital Federal, tenía tres ambientes mal iluminados. El matrimonio Ramos Padilla y sus hijos, Alejo y Juan Martín, no tenían auto propio -se movían en el vehículo oficial de Juan María- y veraneaban en Mar del Sur, una playa solitaria del partido de General Alvarado. Corría 1987 y los militares carapintadas se habían alzado por primera vez contra el presidente Alfonsín. Una mañana de junio sonó el teléfono del despacho del Juan María:
—Habla el comisario Etchecolatz. ¡Te voy a reventar!
Con la ley de Obediencia Debida vigente, el policía acababa de salir del Penal de Magdalena, donde cumplía 23 años de cárcel por torturas a 91 personas. El juez Juan María Ramos Padilla lo investigaba por atentar contra la democracia poniendo bombas junto a una patrulla perdida de su antiguo séquito. En medio de ese aire espeso, el magistrado recibió dos de los casos que las Abuelas de Plaza de Mayo habían presentado en distintos tribunales de la capital y la provincia. El primero era el de María José, una nena que estaba en manos de una sargento de la Brigada de San Justo, María Teresa González, y de su esposo, y la habían inscripto como propia. Ramos Padilla ordenó los análisis genéticos en el Hospital Durand y probó que la niña era la hija de Gustavo Lavalle y Mónica Lemos, dos desaparecidos. Pero aun así, temía que la restitución fuera un segundo desarraigo y le infringiera más daño. Habló con psicólogos, psiquiatras, miembros del equipo de Abuelas, pero nadie lo convencía. Según revelaría el propio Juan María para un libro escrito por Matilde Herrera y Ernesto Tenembaum, tres años después, decidió preguntárselo a su hijo que tenía once años: uno más que María José.
—Mirá papá —contestó Alejo—, la verdad es la verdad.
Cuando finalmente tuvo que fundar su fallo, Ramos Padilla padre criticó que la ley previera penas mayores para quien robaba un objeto que para los ladrones de niños, citó estudios de peritos que calificaban como perversa una relación paterna filial basada en la mentira, y caracterizó a la nieta restituida como una niña-objeto en manos del matrimonio apropiador, incluso si estaba rodeada de “bienestar, lujo y aun de cierto cariño”, y comparó ese vínculo con la esclavitud. Cuando llegó a su juzgado el segundo caso, de una niña uruguaya llamada María Victoria Moyano Artigas, ya tenía el libreto prácticamente escrito. La restitución se concretó el 30 de diciembre de 1987. Ese día Alejo cumplía doce años, pero su padre no pudo verlo.
Los fallos no cayeron simpáticos en la comunidad católica del Colegio San Agustín, al que asistían sus hijos. Era una escuela privada del barrio de Recoleta considerada de elite, donde cohabitaban nietos de personalidades tan disímiles como el presidente Alfonsín y el almirante Eduardo Massera. Juan María había declarado en junio de ese año la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida, por el caso de siete civiles que operaban como una patota en el Hospital Posadas.
—En las reuniones de padres, el matrimonio Ramos Padilla era apartado por el resto de los padres, que creían que los chicos tenían que seguir viviendo con sus familias apropiadoras —recuerda Lucas Miguel, un ex alumno del colegio que de vez en cuando recibía en su casa a Juan Martín, el hermano de Alejo—. El colegio organizaba actividades en un campo de deportes que tenía en las afueras de Buenos Aires, y los Ramos Padilla venían a hacer picnic con nosotros, que en la composición social de la escuela éramos, claramente, el proletariado.
El desdén que algunas familias sentían por el juez se traducía en roces de Alejo con sus compañeros. Cuando terminó la primaria le pidió a sus padres que lo cambiaran de escuela. Dejó el pantalón gris, el blazer azul y la corbata bordó para sumergirse en la atmósfera politizada del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, un colegio preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires.
Más de treinta años después, dos personas que crecieron cerca del juez reconstruyen su juventud como una serie discontinua de fotogramas heroicos: a los 12 años, Alejo campeón de Yo-yo; a los 15, Alejo corriendo una maratón 17 kilómetros desde Miramar a Mar del Sur; Alejo enseñándole a andar en bicicleta a Juan Martín; Alejo salvándolo de una pelea con chicos más grandes del colegio; Alejo sermoneándolo al sorprenderlo comprando cigarrillos con 14 años. Después de las repreguntas, esforzándose, logran recordar una mancha en su legajo: amonestaciones por jugar al fútbol con una cebolla en el recreo.
Para 1994, mientras se inscribía en la facultad de Derecho, Alejo transitaba los 18 años con una formalidad excesiva para su edad. Así lo recuerdan quienes lo frecuentaban en esos años. Le gustaba preparar asados para sus amigos, nadar, escuchar Charly García o Fito Páez, comer los ravioles de su madre. Por las mañanas leía los diarios y los comentaba con su padre y su hermano; por las noches salía a pasear a Tato, su perro Bóxer. Leía libros de doctrina o de historia, y sólo en el verano se permitía leer a Cortázar, Orwell, Saramago o Ernesto Sábato, que era parte de su familia política: su tía Elena Ramos Padilla está casada con Mario Sábato, el hijo del escritor. En segundo año de la secundaria había usado esa carta para levantar el promedio de Literatura y Latín: llevando a Sábato a dar una charla al colegio.
Con el paso de los años se permitió pequeñas rebeldías: el pelo largo, la corbata floja. Los fines de semana salían a cenar a Serafín, o iban a las fiestas de los centros de estudiantes, o a recitales memorables como los Rolling Stones o Serú Girán. Alejo se había acercado a la Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, siguiendo, otra vez, la huella de su padre. Juan María había sido candidato a senador por el alfonsinismo, y a pesar de haber sido el primero en declarar la inconstitucionalidad de la ley de Obediencia Debida, cada 30 de abril, para el cumpleaños de Alfredo Bravo, comían un asado los tres: el juez, el presidente y el legislador. Alejo acompañaba a su padre. Por eso, en el esplendor cultural del menemismo, la Franja era un lugar subversivo para Alejo: el mundo le parecía estar naciendo de nuevo.
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Fabian Mettler cambió su casa natal de Villa Domínguez, un pueblo de Entre Ríos, por una pieza roñosa a 22 kilómetros de la facultad de Derecho de la UBA. Dos meses después de empezar las cursadas se acercó a los militantes de Franja Morada. Entre ellos, siempre de traje, estaba Alejo.
—El año ’95 fue una época de mucha tensión política en los pasillos de la Universidad, porque Menem quería arancelarla —recuerda Mettler recostado contra el ventanal de un Café Martínez, un cuarto de siglo más tarde.
Mettler era una rara avis entre los estudiantes radicales: leía a Arturo Jauretche desde los catorce, a Hernández Arregui, y se decía nacional y popular.
—Con Alejo y otros compañeros participábamos en asambleas, actos, repudios, clases abiertas —recuerda.
Como la pensión de Fabián estaba afuera de la ciudad, Alejo lo invitaba a cenar a su casa y a dormir. Mettler tiene impregnado todavía el olor del tuco que preparaba Elisabeth, la mamá. Recuerda a un Alejo hiperactivo: tenía novia, militaba, llevaba la carrera con muy buenas notas y aunque no tenía apremios económicos, también trabajaba. Había entrado como auxiliar administrativo en el juzgado federal 5 de Comodoro Py, que subrogaba el actual camarista Martín Irurzun. Después pasaron los jueces Gabriel Cavallo y Norberto Oyarbide. A los 23 años, cuando estaba por graduarse, Alejo se mudó con un compañero a un departamento de dos ambientes y pocas ventanas en Constitución, y empezó a tomar clases de teatro con el actor Daniel Fanego.
Jura Fabián que Alejo no ha cambiado: prudente, equilibrado, estudioso. El mismo tipo de hace 25 años. Dice también que es el mejor juez de la democracia para investigar la corrupción sistémica que hay en el Poder Judicial.
—Digo que es el mejor porque jurídicamente es muy sólido, brillante en términos académicos. Pero además de la competencia procesal, lo fundamental es su competencia moral. Lo das vuelta del derecho y del revés y es completamente transparente. En lo personal, en lo patrimonial, en lo familiar —dice Mettler, sin matices—: no hay forma de carpetearlo.
—Alguna vez ustedes se habrán peleado, discutido.
—Jamás discutimos con Alejo. Tenemos una cosmovisión ideológica muy similar. Hemos coincidido siempre, en todos los planos. Ni un altercado, ni una discusión, nada.
En 1998 Alejo Ramos Padilla asumió como consejero directivo de la Facultad. El decano era Andrés D’Alessio, un abogado radical que había sido conjuez en el histórico Juicio a los Comandantes y Procurador de Raúl Alfonsín. Ramos Padilla lo respetaba pero tenía con él algunas diferencias. A veces discutían en las reuniones del Consejo. Como la vez que la Facultad quería honrar con un título honoris causa al periodista Mariano Grondona y Ramos Padilla se opuso. Desde su programa Hora Clave, Grondona había sido una de las primeras tribunas contra la restitución de los nietos, y el lugar donde el ex comisario Miguel Etchecolatz le había dicho al ex detenido Alfredo Bravo que las sesiones de picana habían sido un tratamiento para corregirle los callos del pie. Lo que no podían imaginar, D’Alessio y Ramos Padilla, era que veinte años después sus apellidos volverían a cruzarse: Alejo ya sería juez y libraría la orden de captura del sobrino de Andrés, el falso abogado Marcelo D’Alessio. El ex decano no llegó a ver su apellido involucrado en maniobras de espionaje ilegal: murió el 4 de abril de 2009.
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Un día de julio de 2001, Juan María, y sus hijos Alejo y Juan Martín Ramos Padilla, golpearon el noveno piso de un departamento de la Avenida Córdoba. Iban acompañados por una oficial de justicia y tenían orden de embargo de los bienes del dueño. Era el pago de honorarios que le correspondían a Juan María por haberle ganado un juicio por calumnias patrocinando a Alfredo Bravo. Adentro esperaba el dueño, Miguel Etchecolatz.
—¿La televisión esa?
—Es de mi mujer.
Juan María recorría los tres ambientes señalando los muebles que podían cambiar de dueño.
—¿La cama?
—Es de mi mujer.
Se medían. En los ’80, siendo juez federal, Juan María lo había encarcelado dos veces. La tensión se había cristalizado y hubiera podido tocarse, como la cama o la tele.
—¿Esto también es de su mujer? —dijo Juan María levantando sus charreteras de comisario.
Etchecolatz desapareció en la habitación. Por entonces cumplía prisión preventiva por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, la hija de un matrimonio desaparecido que se investigaba en La Plata. La visita tenía una segunda intención: documentar que había asesinos de la dictadura cumpliendo prisión domiciliaria con armas cargadas. El comisario retirado emergió del cuarto con una Browning 9 milímetros en la mano.
—¿Funciona? —preguntó Juan María. Conocía la respuesta.
Etchecolatz amartilló la pistola y lo apuntó:
—Claro, y tengo blanco. ¿Dónde lo quiere, en el pecho o en las piernas?
Alejo, que estaba a dos metros de su brazo en alto no dudó: se abalanzó sobre Etchecolatz y forcejeó hasta quitársela.
La historia fue recordada por su hermano Juan Martín cinco años más tarde, en el libro que escribió sobre la vida de Chicha Mariani, pero se hizo viral cuando Alejo ya tenía la causa de espionaje en sus manos.
Cuando se tiró encima de Etchecolatz, Alejo tenía 25 años, se había graduado con excelentes calificaciones y había dejado su cargo en Comodoro Py para trabajar en el estudio jurídico de su padre. Lo secundaba en algunos casos y caminaban juntos los tribunales de la calle Talcahuano. Juan María solía repetirle que lo mejor que había hecho por su crianza eran los dos abuelos postizos: Alfredo Bravo y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobick de Mariani. La había conocido con diez años y la había visto llorar por la desaparición de su nieta. Cuando se recibió, decidió ayudarla de otra manera.
De a poco, empezó a estudiar las causas en las que intervenía la Asociación Anahí. Con las leyes de impunidad aún vigentes, las abogadas Sara Cánepa y Sofía Caravelos buscaban pistas en los Juicios por la Verdad. En junio de 2006, cuando Alejo ya había asumido el patrocinio jurídico, tuvo su primer gran desafío: Miguel Etchecolatz llegaba al banquillo por ocho crímenes. Uno era el de Diana Teruggi, la nuera de Chicha. En la ciudad de La Plata había tanta expectativa que el estrado se había montado en el Salón Dorado de la Municipalidad.
La audiencia inaugural, con los planteos formales, fue agotadora. Cuando los guardias penitenciarios se preparaban para esposar a Etchecolatz, Alejo Ramos Padilla pidió la palabra y reveló el episodio que había vivido cinco años antes. “El procesado tiene en su poder un arma 9 milímetros, con la peligrosidad que esto representa para sí y para terceros”, dijo, según puede leerse en las actas del juicio. El ex comisario respondió que le parecía “una proposición insidiosa”. Con el acuerdo del resto de las querellas, Ramos Padilla insistió en que lo trasladaran a la Unidad N° 20 del Servicio Penitenciario Federal hasta el fin del proceso. El 23 de junio, el tribunal que presidía Carlos Rozanski le revocó la prisión domiciliaria. El 18 de septiembre lo condenaron a reclusión perpetua por crímenes “en el marco de un Genocidio”. Ese día también desapareció Julio López.
El año siguiente Alejo ayudó a conseguir una condena a perpetua para el capellán de la policía Cristian Von Wernich, y tres después el apartamiento del juez de la Cámara de Casación Wagner Mitchell, después de denunciarlo por la entrega ilegal de un bebé en 1976. Pero el hito que marcó su carrera de abogado fue llevar a un calabozo al dictador Jorge Rafael Videla. Fue en la causa por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, iniciada en 1996. Cuando Ramos Padilla fue a ver el expediente diez años después, comprobó que Videla no estaba entre los acusados y se había vencido el plazo para acusarlo. Para poder incluirlo, Ramos Padilla echó mano de una causa más chica anexada a la principal a fines de los ’90. Era un expediente en el que se investigaba al médico Norberto Bianco y su esposa por apropiación de dos chicos, y a Videla como uno de los ideólogos. Ramos Padilla pidió la elevación a juicio oral y el traslado de Videla a una cárcel común. Representaba a varias Abuelas e incluso nietas. El 10 de octubre de 2008 el juez Oyarbide cedió: clausuró la pesquisa y mandó a Videla a la cárcel militar de Campo de Mayo.
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Dos meses después, Alejo Ramos Padilla se inscribió para concursar el cargo de juez federal: toda su formación profesional había sido en ese fuero. El concurso 229, para el que había 39 postulantes, cubriría una vacante en el juzgado federal de Dolores. El 21 de abril de 2009, llegó minutos antes de las 9:30 y entró el edificio de Paraná 386 para dar el examen. De los 39 inscriptos sólo había quince. Ramos Padilla quedó segundo en orden de mérito, con 75 puntos, detrás del actual juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, que obtuvo 80. En la compulsa de antecedentes perdió terreno: quedó octavo con 59,75 puntos. Con la suma de esos dos valores se definieron los seis candidatos que pasarían a una entrevista personal. Volvió a quedar segundo. Juan Pablo Curi, el actual fiscal de la causa por espionaje ilegal, quedó eliminado, relegado a la octava posición. El 7 de abril de 2010 fueron las entrevistas presenciales. Tres Consejeros interrogaron a los seis candidatos. La exposición de Ramos Padilla y la de Inchausti fueron “particularmente destacadas”, según el reporte del jurado. Alejo desgranó “una extensa y fundada exposición, argumentando los temas propuestos sobre la base de los derechos y garantías constitucionales, su articulado, los pactos reconocidos y las distintas generaciones de derechos humanos, haciendo particular hincapié en los económicos, sociales y culturales”. Ese informe fue revisado y aprobado por el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad. Ramos Padilla pasó del segundo al primer lugar en la terna final. El 11 de agosto de 2011 el Poder Ejecutivo la remitió al Senado. En esos meses, Ramos Padilla había cursado un posgrado sobre Introducción a la Epistemología y publicado un libro llamado “Crímenes de Lesa Humanidad en la Argentina”.
En la sesión del 31 de agosto se aprobaron 55 pliegos, incluido el de Ramos Padilla. El presidente de la Comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle, dijo que se había cumplido con las audiencias públicas y los pliegos no tenían observaciones. Después le pasó la palabra al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que expresó su “total consonancia con lo que acaba de plantear” Guinle. Era Gerardo Morales, el actual Gobernador de Jujuy.
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Alejo Ramos Padilla camina entre la gente. Es 24 de marzo de 2019, y avanza hacia la Plaza de Mayo rodeado de ex combatientes de la guerra de Malvinas. Viste jeans, camisa lila con los primeros botones desprendidos, tiene el pelo revuelto y una barba incipiente. Una mujer mayor se abre paso hasta él y le pide una foto: en las siguientes dos horas posará para decenas más, siempre bien predispuesto. A su lado camina Fabián Mettler. “Nunca vi un juez tan popular”, le dice.
—Parecía una estrella de rock —dirá días después en un café.
Nueve días después de la marcha, los soldados del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata le darán un diploma y una plaqueta. Fue él quien les propuso en 2010, mientras trabajaba como asesor jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que era posible identificar a los 123 soldados enterrados como NN en el cementerio de Darwin. “Creo que podemos encontrar la forma jurídica y me comprometo a hacerlo”.
—El aporte de Alejo fue valiosísimo para romper con los mecanismos que habían separado el reclamo de los familiares de los caídos en Malvinas y el que llevan las Madres de Plaza de Mayo —dice Mario Volpe, vicedirector del Instituto Malvinas y miembro del Cecim.
Alejo sugirió sumar a los familiares de Corrientes y Chaco yendo a verlos en persona. Junto con Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales, recorrieron más de mil kilómetros en camioneta para contarles que era posible desmentir la leyenda de los sepulcros que decían Soldado argentino sólo conocido por Dios.
Antes de asumir en Dolores, el 2 de agosto de 2011, Ramos Padilla presentó un recurso de amparo en el juzgado de Julián Ercolini pidiendo que se garantice el acceso a la verdad y la identificación de los cuerpos. En una carta a Cristina Fernández, pidieron la intervención de la Cruz Roja.
En 2014, once ex combatientes y el juez viajaron al cementerio de Darwin y recorrieron los sepulcros olvidados. El día anterior al regreso, frente a Puerto Argentino, Ramos Padilla pidió que encendieran las velas que habían comprado en Río Gallegos con un santito del Gauchito Gil. Hicieron un pozo y lo dejaron ahí, para que nadie lo viera.
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Los personas que D’Alessio había mencionado en su verborragia secreta no tardaron en reaccionar. Calificaron a Ramos Padilla como el “juez K”: lo acusaron por su pertenencia a la agrupación judicial Justicia Legítima de ser el gatillo de una maniobra desestabilizadora. Desde ese espacio, donde Alejo aún figura como vocal suplente, no se pronunciaron. Carrió dijo que era un incompetente y anunció que promovería su juicio político, aunque su impulso se disipó después de algunos tuits. “La justicia terrenal o la de Dios lo va a aniquilar” advirtió la diputada ante las cámaras de C5N. Su compañera de bloque, Paula Oliveto –a quien el espía hablaba por whatsapp con el diminutivo “Pau”-, acusó al juez de prestarse “al show de un partido político” y mostrar “poco apego a las normas institucionales”. El periodista Daniel Santoro, sospechado de llevar a la tapa de Clarín la información que D’Alessio obtenía bajo extorsión, calificó el expediente de Dolores como “otra operación de abogados K”. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que a Ramos Padilla lo guiaban fines políticos, y el 15 de marzo presentó en el Consejo de la Magistratura el pedido de destitución. En un escrito escueto, cinco páginas, lo acusaron por su visita al Congreso: “Hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.
“La presencia de un juez, en una Comisión del Congreso revelando aspectos del expediente es poco convencional. Si me apurás, no recuerdo ninguno. Como la judicialización de la política crece. Éste será el primero de una serie”, vaticinó el periodista Mario Wainfeld en Futuröck.
El domingo 17 de marzo, en el programa televisivo de Luis Majul, el propio Presidente pidió su cabeza. “No es la primera vez, Ramos Padilla ya ha hecho varias así”, dijo. La prensa reflotó dos antecedentes: en mayo de 2018, a través de un amparo, les había prohibido a las empresas proveedoras de gas que cortaran el suministro por facturas impagas. Antes, en los inicios de la gestión presidencial, se había opuesto al nombramiento de los ministros de la Corte por decreto.
Apellidos importantes de la alianza Cambiemos padecieron a Ramos Padilla: Roberto Bullrrich, tío de Esteban Bullrrich, fue investigado en 2007 a pedido del entonces abogado Ramos Padilla. Y Vicente Massot, tío de Nicolás Massot, estuvo en la mira Ramos Padilla en 2015, durante el semestre en el que el juez fue a subrogar el juzgado federal 1 de Bahía Blanca. En Bahía Blanca había una situación de “colapso administrativo”: se usaban panes de droga, pistolas y escopetas como pisapapeles, recuerda Pablo Vassel, un abogado que colaboraba con Ramos Padilla en aquellos días.
Gentileza: HCDN
Años después, con la causa por espionaje en su despacho, algunos periodistas le recordarían a Ramos Padilla no haber investigado, durante ese semestre, otra causa: una por evasión fiscal que involucraba al empresario Lázaro Baez.
Su amigo Fabián Mettler lo defiende.
—No recibe órdenes de nadie. No es kirchnerista. Si tiene que investigarlos también lo va a hacer.
Existe al menos un expediente que le da la razón. En 2012, Ramos Padilla investigó a funcionarios kirchneristas en Pinamar por narcotráfico. El juez detectó un entramado de corrupción, tráfico ilegal, robos y asesinatos con la cobertura de la policía local. El juez consideró que Jorge Liberanome, candidato a intendente municipal en 2011 por el Frente para la Victoria, era uno de los jefes de la banda. Y lo procesó.
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Nadie, entre las más de veinte personas consultadas para esta crónica, recuerda o quiere recordar pasos en falso de Ramos Padilla. Hay muchos jueces y abogados que no lo quieren. Adolfo Casabal Elía, el defensor de Etchecolatz, dijo que tenía “una maldad sin límite”. El propio Etchecolatz los había calificado –a Alejo y a su padre- como “sus peores perseguidores”. El camarista Montezanti lo denunció por mal desempeño repudiando “su desconocimiento palmario del derecho, su autoritarismo y parcialidad”. El juez Jorge Martínez Sobrino iba a ser uno de los integrantes del jurado en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, hasta que Ramos Padilla y la Asociación Anahí lo denunciaron: había entregado a Simón Riquelo, un hijo de desaparecidos, a un subcomisario apropiador. “Ni el Dios Cronos podría corregirlo”, dijo en el escrito con el que se defendió Martínez Sobrino.
En los próximos días –a mediados de mayo- la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata podría resolver un planteo de competencia y definir el destino de la causa de espionaje: puede decidir dejarla en Dolores, desmembrarla en pequeños legajos y desparramarla por todas las jurisdicciones donde se cometieron delitos, o llevarla a Comodoro Py, un lugar más amigable para el fiscal Stornelli y el detenido D’Alessio. La otra opción no es llevarse la causa sino al juez: alguien podría acelerar la selección de Alejo Ramos Padilla en la terna que integra para dos cargos en Tribunales Orales de la Capital, y uno para la Cámara de Casación Penal.
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A las nueve y cinco de la noche del 20 de agosto de 2018, a los 94 años, murió Chicha Mariani. Había tenido un accidente cerebrovascular y una agonía de trece días en la terapia intensiva del Sanatorio Argentino. Dos tardes a la semana, durante media hora, entre diez y quince visitantes –víctimas del genocidio, familiares, sus colaboradoras- se amontonaban hasta el rellano de la escalera para verla dos o tres minutos. Ramos Padilla viajó a verla más de una vez. La última, con un cuadro ya irreversible, le sostuvo la mano y le susurró en el oído que podía irse en paz, que tuviera la plena seguridad de que quienes quedaban seguirían buscando a Clara Anahí. Dos días después, Chicha Mariani murió. “No hablo como su abogado de tantos años, sino desde el lugar en que ella había decidido ponerme a mí como a otros, su nieto del corazón. No permitamos que los genocidas salgan a la calle”, dijo al micrófono, durante el velatorio en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Después del mediodía, cuando los empleados de ceremonial hicieron el ademán de que ya era la hora, Ramos Padilla se aferró a una de las manijas del cajón. Cuarenta minutos más tarde, ya en el Parque Campanario, en Hudson, el juez caminó con el féretro por un sendero de lajas hasta llegar a un sepulcro arreglado con varias coronas blancas.
Seis meses después, cuando estaba el ojo de la tormenta, el juez le escribió a Elsa Pavón, la presidenta de la Asociación Anahí: “Me alivia pensar en momentos como éste que ustedes tienen confianza en mí”.
Publicado en:
https://www.perycia.com/2019/05/bienvenido-doctor-al-verdadero-subsuelo.html?m=1
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