Arriba: Imagen que no figura en "Página 12". Decisión editorial de Mirando hacia adentro.
Por Luis Bruschtein
Imagen inferior: Bernardino Avila.
Las aperturas fueron por el lado de bajar a los partidos. Era la forma también de asegurar la participación de la familia de Nisman, que no se mostró muy dispuesta a protagonizar una marcha política. Los partidos de oposición no han podido convocar a una sola manifestación masiva opositora en los once años de gestión que lleva el kirchnerismo. Incluso los ursos de camioneros que hicieron la seguridad del acto tuvieron que disfrazarse con la camiseta negra de los empleados judiciales. Las grandes movilizaciones opositoras siempre trataron de ocultar a los partidos y a los gremios, desde las marchas de Blumberg hasta las de la 125. El oficialismo, en cambio, rompió esa lógica antipolítica que se levantó a partir de los ’90 y se instaló en la crisis de 2001. No necesita inventar una excusa supuestamente “no política”, para movilizar a las personas que lo respaldan.
Al día siguiente de la marcha, el fiscal Nisman había pasado a segundo plano y los medios opositores que fueron los verdaderos referentes de todo el proceso de convocatoria, en especial el Grupo Clarín, hablaban de que el mensaje del acto había sido “contra la impunidad” y “en reclamo de justicia”. La muerte impresionante de Nisman no formó parte de esas conclusiones, a pesar de que para la convocatoria, durante varios días Clarín envenenó la información sobre la investigación, creando siempre la sensación de irregularidades, caos y conspiraciones y cerrando cualquier posible vía que llevara a la conclusión de que podría haberse tratado de un suicidio. Hubiera sido más difícil convocar sin el misterio del homicidio oculto.
El reclamo fue de justicia, según este medio opositor, y al día siguiente en Comodoro Py hubo una reunión del cuestionado grupo de fiscales que viabilizó la convocatoria. Allí, según la crónica de los mismos medios opositores, la conclusión fue: “Ahora la cosa sigue en cada una de las causas”. Ese mismo día hubo movimientos en tres causas que involucran a funcionarios del Gobierno.
Otras causas en las que sí hay pruebas contundentes, como la denuncia por lavado de dinero contra el JP Morgan, que realizó el ex vicepresidente de esa entidad financiera Hernán Arbizu, hace siete años que está planchada. El fiscal que tiene que investigarla es Guillermo Marijuan, uno de los que convocó a la marcha “contra la impunidad”.
La causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa durante la dictadura por parte de un consorcio del que forman parte Clarín y La Nación también está planchada. Pero eso sí: según el diario La Nación, el juez que tiene que investigar, Julián Ercolini, asistió a la marcha “contra la impunidad”. Las únicas causas que tienen movimiento son las que han sido promovidas desde los medios opositores y que involucran a funcionarios e incluso a la misma presidenta Cristina Kirchner. Se habla de la independencia del Poder Judicial y se han armado causas con toda impunidad contra tres ministros del gabinete por el fallecimiento de un chiquito en el Chaco y se han abierto causas contra el vicepresidente Amado Boudou porque le falsificaron la firma en un 08 por la compra de un automóvil usado en 1993. Sin embargo, todas las causas que tienen que ver con las corporaciones, entre ellas el Grupo Clarín, están totalmente paradas. Por la protección judicial que ostenta abiertamente, la empresa ha logrado que ni siquiera todavía se haya podido obligarla a desmonopolizar como lo estipula la ley de medios.
Hay tres causas graves totalmente paralizadas: por lavado de dinero, por complicidad con crímenes de la dictadura para apropiarse de Papel Prensa y otra para adecuarse a la ley de medios. En todas hay testigos y documentos, pruebas tangibles, concretas, no son mamotretos políticos ni causas armadas. Pero están paradas. La subordinación de una parte del Poder Judicial al poder mediático y corporativo es vergonzosa, como si varios jueces y fiscales, además de sus reconocidos vínculos con los servicios de Inteligencia, trabajaran para esta corporación. Estos jueces y fiscales son los que se resisten a la modernización y democratización de la Justicia y acusan al Gobierno de atentar contra su “independencia”.
Supuestamente el reclamo fue “contra la impunidad” y “por justicia”. Pero los manifestantes que eran entrevistados no necesitaban de la justicia porque desde su parcialidad política ya condenaron a los funcionarios acusados sin necesidad de ningún juicio. Y ninguno mencionó la impunidad de las corporaciones. Uno se pregunta cuál es la calidad democrática de esas corrientes políticas cuyos votantes no las dejan identificarse en las marchas, pero que consideran al mismo tiempo que esa identidad vergonzante es tan justa que les otorga el don de la honradez y la justicia. Por lo tanto el que piensa distinto a ellos es un ladrón y asesino. El reduccionismo tan berreta que se hace de la política deja fuera la inteligencia incluso de algunos que se llaman intelectuales y se suman a esa falta de razonamiento de santones en una cruzada flamígera.
Hasta resulta paradójico que se diga que la marcha fue “contra la impunidad” cuando el juez Ricardo Recondo le fue puesto a Raúl Alfonsín como subsecretario de Justicia cuando hubo que emitir las leyes de punto final y obediencia debida; cuando el fiscal Ricardo Sáenz (designado por Recondo) defendió la constitucionalidad de las leyes de impunidad; cuando otros dos de los fiscales convocantes a la marcha “contra la impunidad”, Germán Moldes y Raúl Plee, han sido acusados por familiares de víctimas de la AMIA de obstaculizar la causa por encubrimiento a los responsables del atentado. En ese puñado de fiscales está enumerada toda la impunidad contra la que ellos no convocaron. Dicho de otra forma, los que convocaron a una marcha contra la impunidad son los responsables de gran parte de ella. Allí están las impunidades de tantos años de los represores, las impunidades de los terroristas de la AMIA y las impunidades de las corporaciones. Allí está también la impunidad que ha tenido este sector del Poder Judicial para otorgar impunidad.
Detrás de cada hecho de impunidad se esconden privilegios y cuando esas impunidades fueron amenazadas o anuladas y esos privilegios eliminados, comenzaron las causas contra funcionarios del Gobierno, las denuncias de corrupción y las campañas mediáticas. Funcionarios intachables, que se han probado así aun antes de integrar el gobierno, y que ni siquiera provienen del peronismo, como la procuradora Alejandra Gils Carbó o el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, fueron embarrados, injuriados y calumniados cuando se interpusieron en el camino de las corporaciones. Las trayectorias del núcleo de fiscales que convocó a la marcha están totalmente atravesadas por estas impunidades y relaciones promiscuas y ellos son la cabeza de la campaña contra la procuradora, que, al revés que ellos, sí puede mostrar un historial absolutamente íntegro.
La marcha del miércoles y los medios opositores ha instalado como paradigmas de la Justicia a los que diseñaron la impunidad para los represores de la dictadura, los que defendieron la impunidad de funcionarios menemistas y a los que preservan la impunidad de las corporaciones. Es el modelo de justicia que les garantiza impunidad también a ellos. Pero al mismo tiempo es el modelo de justicia que está en debate en este momento. Los primeros que perderían impunidad si la Justicia cambiara a un modelo democrático y transparente serían los funcionarios que se han favorecido con este modelo elitista y autocrático tan bien representado por los que convocaron a la marcha.
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