No sé si a Nisman lo mataron los servicios o se suicidó (para eso está la justicia), pero además de la Víctima, El Fiscal, no tengo dudas que, políticamente, hay un único perjudicado: El Gobierno.
por Gustavo Romans
7 de febrero de 2015
No sé si a Nisman lo mataron los
servicios o se suicidó (para eso está la justicia), pero además de la
Víctima, El Fiscal, no tengo dudas que, políticamente, hay un único
perjudicado: El Gobierno.
Habiendo culminado un año difícil, como el 2013, con un último bimestre plagado de pronósticos de caos nunca acaecidos y arrancando 2015 con records turísticos, la imagen positiva de la Presidenta subía por encima de los 55 puntos. Eso la transformaba en la principal electora del candidato a Presidente del FPV. ¿Scioli?, ¿Randazzo?. No es motivo de análisis ahora. Claro es que Cristina podía poner condiciones a cualquiera. Cuando digo condiciones, hablo de “rodear” de dirigentes afines al proyecto para garantizar el rumbo en los próximos cuatro años.
Con medidas económicas positivas, un año mucho más cómodo para afrontar vencimientos, paz social y control de la gobernabilidad hasta el final del mandato el FPV se encaminaba a una victoria en primera vuelta. Por eso era necesario “plantar” un obstáculo. Ese obstáculo fue la denuncia que Nisman presentó el 14 de enero, y que por no tener ningún sustento, la jueza Servini de Cubría no habilitó la feria judicial. Aún hoy esas 289 fojas de la denuncia no han encontrado un solo abogado, juez o fiscal, ni siquiera los más fundamentalistas defensores del Grupo Clarín, que diga que la denuncia es seria. Porque realmente es una falacia tan novelesca, que hasta se duda que Nisman pueda haberla escrito.
Posterior a la muerte del fiscal, la imagen positiva de La Presidenta bajó 5 puntos. Eso fue producto de un aparato de comunicación que logró confundir a gran parte de la sociedad, a tal punto que muchos indican que La Presidenta mando a matar al fiscal. Pero esa, fue la primera parte de un plan direccionado a erosionar poder político a Cristina. Ya está en marcha la segunda parte. El objetivo sigue siendo limar poder y hasta intentar una salida anticipada del gobierno.
¿Quiénes están detrás de esto? Las corporaciones económicas, mezcladas (a veces son lo mismo) con grandes medios de comunicación, sectores agro exportadores, gran porción de la “familia judicial”, parte de la dirigencia industrial, varios servicios mano de obra desocupada, opositores inescrupulosos y sindicalistas fracasados que esperan “cobrar” luego del golpe blando.
La salida anticipada, generaría conmoción social, y además de dejar sin chances a La Presidenta de ser la gran electora del sucesor, propiciaría un clima social como para, condicionar al próximo gobierno. Estos grupos económicos son casi los mismos actores que en 1955, 1976 y en 1989, y siempre logran imponer condiciones a la medida de sus intereses.
La marcha del 18 de febrero forma parte de esa estrategia. Agitación desde los medios, cacerolas, disturbios, e idiotas útiles desinformados, funcionales a quienes más adelante los van a perjudicar. Lo que parece increíble, y de alguna manera prueba la incoherencia de mucha gente que va a marchar, es que la mayoría de la sociedad está siempre contra la justicia, porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, porque los fiscales no trabajan con rapidez y varias críticas más. Pero ahora, invitados por los fiscales y la “familia judicial” marcharán complacientes.
Es hora de pensar con serenidad y responsabilidad lo que podría pasar si estos sectores avanzan sobre las ampliaciones de derechos conquistadas en los últimos años. Adherir a la marcha del 18 es formar parte de un intento de golpe institucional a un gobierno constitucional y por tanto es atentar contra la democracia. Adherir a esa marcha es legitimar a quienes vienen por Cristina y por las conquistas sociales y los avances obtenidos en estos once años de gobierno. Vienen por lo que el gobierno hizo bien, no por lo que no hizo o hizo mal.
Lo ideal es esperar a que la justicia investigue, consiga las pruebas que puedan determinar las causas del asesinato o suicidio de Nisman, y que la democracia siga gozando de buena salud.
Habiendo culminado un año difícil, como el 2013, con un último bimestre plagado de pronósticos de caos nunca acaecidos y arrancando 2015 con records turísticos, la imagen positiva de la Presidenta subía por encima de los 55 puntos. Eso la transformaba en la principal electora del candidato a Presidente del FPV. ¿Scioli?, ¿Randazzo?. No es motivo de análisis ahora. Claro es que Cristina podía poner condiciones a cualquiera. Cuando digo condiciones, hablo de “rodear” de dirigentes afines al proyecto para garantizar el rumbo en los próximos cuatro años.
Con medidas económicas positivas, un año mucho más cómodo para afrontar vencimientos, paz social y control de la gobernabilidad hasta el final del mandato el FPV se encaminaba a una victoria en primera vuelta. Por eso era necesario “plantar” un obstáculo. Ese obstáculo fue la denuncia que Nisman presentó el 14 de enero, y que por no tener ningún sustento, la jueza Servini de Cubría no habilitó la feria judicial. Aún hoy esas 289 fojas de la denuncia no han encontrado un solo abogado, juez o fiscal, ni siquiera los más fundamentalistas defensores del Grupo Clarín, que diga que la denuncia es seria. Porque realmente es una falacia tan novelesca, que hasta se duda que Nisman pueda haberla escrito.
Posterior a la muerte del fiscal, la imagen positiva de La Presidenta bajó 5 puntos. Eso fue producto de un aparato de comunicación que logró confundir a gran parte de la sociedad, a tal punto que muchos indican que La Presidenta mando a matar al fiscal. Pero esa, fue la primera parte de un plan direccionado a erosionar poder político a Cristina. Ya está en marcha la segunda parte. El objetivo sigue siendo limar poder y hasta intentar una salida anticipada del gobierno.
¿Quiénes están detrás de esto? Las corporaciones económicas, mezcladas (a veces son lo mismo) con grandes medios de comunicación, sectores agro exportadores, gran porción de la “familia judicial”, parte de la dirigencia industrial, varios servicios mano de obra desocupada, opositores inescrupulosos y sindicalistas fracasados que esperan “cobrar” luego del golpe blando.
La salida anticipada, generaría conmoción social, y además de dejar sin chances a La Presidenta de ser la gran electora del sucesor, propiciaría un clima social como para, condicionar al próximo gobierno. Estos grupos económicos son casi los mismos actores que en 1955, 1976 y en 1989, y siempre logran imponer condiciones a la medida de sus intereses.
La marcha del 18 de febrero forma parte de esa estrategia. Agitación desde los medios, cacerolas, disturbios, e idiotas útiles desinformados, funcionales a quienes más adelante los van a perjudicar. Lo que parece increíble, y de alguna manera prueba la incoherencia de mucha gente que va a marchar, es que la mayoría de la sociedad está siempre contra la justicia, porque los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, porque los fiscales no trabajan con rapidez y varias críticas más. Pero ahora, invitados por los fiscales y la “familia judicial” marcharán complacientes.
Es hora de pensar con serenidad y responsabilidad lo que podría pasar si estos sectores avanzan sobre las ampliaciones de derechos conquistadas en los últimos años. Adherir a la marcha del 18 es formar parte de un intento de golpe institucional a un gobierno constitucional y por tanto es atentar contra la democracia. Adherir a esa marcha es legitimar a quienes vienen por Cristina y por las conquistas sociales y los avances obtenidos en estos once años de gobierno. Vienen por lo que el gobierno hizo bien, no por lo que no hizo o hizo mal.
Lo ideal es esperar a que la justicia investigue, consiga las pruebas que puedan determinar las causas del asesinato o suicidio de Nisman, y que la democracia siga gozando de buena salud.
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