En un clima de desbarranco informativo, de sobrevaloración de las conspiraciones de los espías, parece conveniente separar, al menos, cuatro planos distintos para tratar de entender la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El primero, que no tiene el vértigo de la noticia, es el procedimiento judicial. El segundo es analizar la causa madre de la AMIA en un contexto geopolítico que tuvo a la Argentina como escenario pero de un conflicto que tiene como protagonistas a Israel, Estados Unidos y países árabes, centralmente Irán. El tercero es la implosión generada en la Secretaría de Inteligencia, un fenómeno inaccesible para quienes manejan información pública de fuentes creíbles. El cuarto plano, en un año electoral, es cómo se alinean distintos factores de poder –político, mediático y del sistema judicial– ante la conmoción creada por la muerte del fiscal tras la acusación realizada a las más altas autoridades del gobierno con la presunción de que existió una voluntad de negociar las víctimas de la AMIA por beneficios económicos para la Argentina.
En primer lugar, del procedimiento judicial, ninguna de las pericias alimentó la hipótesis del homicidio. La jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein tomaron como ciertas las pericias ordenadas y, hasta el momento, la escena de la muerte de Nisman, por más que esté plagada de un contexto de espionaje, parece cerrar como un suicidio. Qué cosas llevan a una persona a accionar un arma y quitarse la vida no es algo para dirimir fácilmente en los tribunales. La categoría de suicidio inducido podrá ganar más o menos credibilidad pero resultaría altamente difícil de encontrar un responsable directo. No obstante, la jueza Palmaghini dio lugar a los peritos de parte planteados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman. Estos son el forense Osvaldo Raffo y el ex jefe de la Bonaerense Daniel Salcedo. Cabe destacar que Salcedo proviene de la Policía Científica, lo cual le da credenciales para la investigación y puede agregarse que renunció a la jefatura de la Bonaerense en 2009, cuando estaba Carlos Stornelli al frente del ministerio de Seguridad. Más allá del clima de desconfianza o de conmoción, no debería haber motivos de fondo capaces de desviar completamente la investigación. Las pericias toxicológicas, las imágenes de las cámaras de seguridad o las llamadas telefónicas recibidas o realizadas por Nisman podrán agregar algunos datos. Respecto de estas últimas, salvo que hubiera autorización para realizar escuchas sobre los teléfonos de Nisman o de alguien que se comunicara con él, sólo podrá establecerse el momento y la duración de la llamada pero no el contenido de la conversación. Un dato adicional es que puede saberse la ubicación geográfica de los teléfonos que se comunicaron con Nisman. Cabe consignar que la citación a Jaime Stiuso, ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia hasta el 17 de diciembre de 2014, por parte de la fiscal Fein obedece a que detectaron un llamado desde un teléfono de Stiuso a un Nextel de Nisman realizado el sábado 17 de enero por la noche y que tuvo una duración de 12 minutos. El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, quien también reportó como agente de Inteligencia, advirtió que su defendido tenía a su cargo una flota de un centenar de teléfonos móviles. Deberá aclarar los motivos por los cuales, un mes después de su desafectación a las tareas de espionaje seguía manteniendo líneas telefónicas asignadas supuestamente a tareas secretas de alta sensibilidad. El abogado y ex espía, para demorar la comparecencia de Stiuso dijo que su defendido no había recibido la citación judicial correspondiente. Al respecto, en el juzgado informaron que fue citado en tres domicilios y que en dos de ellos no conocían a Stiuso y en el tercero no había nadie. Para despejar ideas fantasmagóricas, el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia tiene los datos reales de sus funcionarios y agentes. Estos datos no se dan a publicidad pero sí se facilitan a los juzgados cuando son requeridos. A su vez, el gobierno informó que Stiuso fue relevado de guardar secretos, tal como establece la ley de Inteligencia, a efectos de que no retacee información en los estrados judiciales. Esto no debería significar, cosa que no fue precisada por el Ejecutivo, que Stiuso pueda contar cualquier cosa de las que supo en los 42 años que él mismo declara haber servido en la Inteligencia estatal. Es más, se plantearía un conflicto de intereses en caso de una eventual declaración de Stiuso ante la jueza y la fiscal en la cual haga referencias a operaciones encubiertas realizadas o en curso que refieran a temas secretos. Por decir algo, de la infiltración en redes de narcotráfico o de supuestos delitos contra la integridad de personas. Para desactivar expectativas, Stiuso es citado como testigo y de momento no hay ningún elemento que permita inferir que pasará a ser imputado.
En segundo lugar, el contexto mundial. El pasado 30 de enero, días después de la muerte de Nisman, el Washington Post publicó un artículo muy ilustrativo. Con la firma de Adam Goldman, el conservador diario norteamericano informó que la muerte de Imad Mughniyah, jefe de Operaciones de Hezbollah, ocurrida en Damasco en febrero de 2008, fue obra conjunta de la CIA y la Mossad. El artículo brinda detalles de cómo se fabricó y se accionó la bomba que voló el auto del jefe de la milicia libanesa. La nota afirma que Mughniyah “estuvo implicado en los más espectaculares atentados terroristas, incluyendo la Embajada de Estados Unidos en Beirut y la de Israel en Buenos Aires, así como la voladura de la AMIA. Por supuesto, sobre esto no cita fuentes. Pero hay un agregado muy importante, el periodista del Post recuerda que la muerte de este jefe militar requería la autorización del entonces presidente George Bush, tal como sucede con cada uno de los ataques de drones o de fuerzas especiales norteamericanas: siempre son autorizadas por la Casa Blanca. Por supuesto, ésa es información secreta que, de vez en cuando y pasadas décadas, se da a publicidad, a veces parcialmente. Un comentario más: el director del Washington Post, Martin Baron, días después de esta publicación, reivindicó el papel de la libertad de prensa aunque esta nota haya contradicho las afirmaciones de la CIA respecto de que nada tuvo que ver la agencia con la muerte de Mughniyah. Es difícil saber cómo hizo el periodista del Post para chequear lo que escribió y es muy difícil para cualquier lector dar crédito de la versión del diario o de la versión de la CIA. Se trata de una cuestión de fe y no de información comprobable. Está claro que toda la casuística demuestra que las agencias de espionaje de las potencias militares se ocupan de crímenes ilegales y que son encomendados por los jefes de Estado y de ningún modo son células descontroladas. Al respecto cabe recordar las infortunadas declaraciones del ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, cuando afirmó a fines de 2013 que su país se ocupó de eliminar a los responsables de los atentados de la Embajada y de la AMIA. De inmediato, el fiscal Nisman dijo que quería citarlo a declarar y el canciller Héctor Timerman consideró que eso explicaba la oposición de Israel al memorando de entendimiento con Irán. Por supuesto, un comunicado oficial desautorizó a Aviran.
¿Quién puede saber a ciencia cierta cuánto pesaron –y pesan– las razones diplomáticas y geopolíticas en la causa AMIA para crear escenas convenientes a cada potencia? ¿Quién dio una explicación profunda y creíble de cómo se originó la idea del memorando con Irán en un momento que eso significaba tomar fuerte distancia de Washington y Tel Aviv? Ese memorando, más allá de las acusaciones de Nisman, generó una reacción opositora muy fuerte y no dejó ninguna contraparte visible de beneficio diplomático para la Argentina. Y la explicación de que iba a significar un avance concreto en la causa AMIA, hasta el momento, no parece contundente.
Lo cierto es que en la Argentina se movieron dos fuerzas que para cualquier visión cartesiana resultan difíciles de comprender. Por un lado, desde el Departamento de Estado norteamericano y las usinas de la derecha latinoamericana, en estos años se buscó desgastar, desacreditar y golpear al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso sucedió con muchos otros gobiernos de la región. Las peripecias del avión de Evo Morales cuando volvía de Moscú de una reunión de países productores de gas en julio de 2013, son un ejemplo claro de la vigilancia light que ejercen los poderes concentrados. No autorizar el aterrizaje del avión presidencial, no es lo mismo que poner una bomba en un auto, pero va en la misma dirección. Pero, al mismo tiempo que la diplomacia argentina suele desmarcarse de las políticas más colonialistas de Estados Unidos, los espías argentinos son colonizados por las agencias de las grandes potencias. En países como la Argentina, discutir sobre quién lleva burocráticamente las escuchas telefónicas parece secundario ante una pregunta más complicada: ¿cómo se hace para tener un sistema de espionaje que favorezca al país y evite la penetración del espionaje de las potencias?
Respecto del debate parlamentario para reformar la inteligencia vernácula, en principio parece interesante cualquier cosa que oxigene un mundo tan oscuro como el de personas que tienen permisos especiales para violar leyes porque resulta supuestamente útil a los fines del Estado. Porque, en concreto, los espías cuentan con dinero público para montar un cabaret o un diario al sólo efecto de usarlo como usina de espionaje. La excusa de sumergirse en el barro para simular ser narcotraficante requiere de un control muy estricto. La sociedad argentina se enteró en estos días que la comisión bicameral encargada de ejercer el control del espionaje prácticamente no tuvo siquiera reuniones en 2014. Se habla de tres reuniones de los legisladores. Y no se sabe si cuentan con recursos para hacer el seguimiento de las tareas de espionaje. Es decir, hablar de cómo tiene que ser la nueva agencia federal sin tener un diagnóstico respecto de lo que debe ser modificado tiene una lógica coyuntural fuerte. Por la positiva, da la oportunidad ante la crisis. Por la negativa, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Por qué se le da tanta importancia a las pinchaduras de teléfonos y a mudar esa tarea a la Procuración? ¿Habrá tanto descontrol y uso abusivo de los espías en espiar personas públicas sin permiso judicial o habrá órdenes políticas que se realizan sin asentamiento burocrático para espiar propios y adversarios? Un nuevo dispositivo de las agencias de inteligencia requiere un tratamiento sereno, no parece razonable que pueda hacerse en tres meses y con una división política tan marcada entre oficialismo y oposición, menos en un año electoral. Son muy pocas las personas que pueden saber a ciencia cierta qué hacen los agentes de inteligencia. Sin embargo, aun desinformados, opinamos todos. Es bueno opinar, lo bueno es que la sociedad pueda estar informada y cuente con la palabra de expertos. Por tomar un caso: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por tomar un punto de partida del extraño comportamiento de los espías, cabe recordar que la muerte de Pedro Viale (el Lauchón, julio de 2013) es tomada como un ajuste de cuentas sobre alguien muy cercano a Stiuso. Un año después detuvieron a diez integrantes del grupo policial de elite (Halcón) de la Bonaerense que ejecutaron a Viale. ¿Qué tuvo que ver Hugo Matzkin, el jefe policial? ¿Qué tuvieron que ver otros espías de la ex SIDE en esa muerte? No es fácil saber si este proyecto de ley es un palazo a un avispero para quedarse parado a la espera de que las avispas piquen o se trata de un debate que circulará por las burocracias legislativas sin que la sociedad pueda saber si detrás de esto hay corrupción política, resabios de terrorismo de Estado o negocios descontrolados de espías locales asociados a agencias externas.
Por último, ya están lanzados los principales precandidatos y las entrevistas periodísticas dan lugar para que cualquier dirigente político que lea diarios o charle con jueces y espías desparrame mensajes de terror. Quienes son beneficiados por el voto popular saben que las encuestas muestran desde hace años el tema de la inseguridad como la principal preocupación de la sociedad. La muerte de Nisman no quita peso a la inseguridad, la acrecienta. Por el contrario, esta situación es una oportunidad para que la dirigencia política busque un debate que no agregue miedo sino que tome los mejores ejemplos de esta democracia en la lucha contra la impunidad: el juicio a las Juntas de Raúl Alfonsín y los juicios en curso por delitos de lesa humanidad.
Publicado en:
http://www.anbariloche.com.ar/noticia/46600-los-laberintos-de-los-espias
y en
http://sur.infonews.com/nota/10507/los-laberintos-de-los-espias
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