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CALLEJEROS, por Horacio Verbitsky (para "Página 12" del 08-02-15)
Por Horacio Verbitsky
El control de la calle ha sido clave para la permanencia de los
gobiernos hasta la conclusión de su mandato. Todos los intentos para
empujar a Cristina hacia la puerta de salida han fracasado porque a
diferencia de Alfonsín, De la Rúa y el ex senador Duhalde, la presidente
conserva niveles de adhesión en su propia base social que actúan como
estabilizadores contra aquellos embates. Para anularlos, la histeria
instalada en el último mes, con fuerte eco internacional, debería
complementarse con la movilización de los indignados porteños. La muerte
de Nisman conseguiría así lo que no pudieron la crisis económica y su
reflejo social, atenuado por las políticas oficiales. Este es el sentido
de la marcha convocada por los fiscales, cuyos líderes son Ricardo
Sáenz, Germán Moldes y Raúl Plee. Todos ellos tienen tremendos agravios
contra la presidente y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
Cuando asumió su cargo, Gils Carbó recibió la visita de Moldes, el jefe
de la célula de Comodoro Py, donde lo comisionó la SIDE pocos días
después del atentado a la DAIA. Antes había sido el viceministro del
Interior de José Luis Manzano e intervino en el irregular ingreso al
país de los traficantes de armas y primos políticos de Menem, Monzer y
Ghazan Al-Kassar. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó a la
Procuradora: “Recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal
con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”. A Sáenz,
Gils Carbó le abrió un expediente disciplinario a raíz de las
grabaciones ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla sobre el teléfono
de un comisario corrupto, en el que se recibieron numerosas llamadas del
fiscal, quien le sugirió cómo aliviar su situación, con ayuda de uno de
los tantos jueces federales que giran en la órbita de la Secretaría de
Inteligencia, Luis Osvaldo Rodríguez, quien cumplió con la protección
prometida, de modo que el procedimiento no avanzó. Como fiscal de
Cámara, Sáenz tiene acceso al expediente por la muerte de Nisman que
instruye Viviana Fein y es la más probable fuente de las filtraciones
que abastecen las primicias de Clarín. El episodio Capitanich muestra,
entre otras cosas, que el gobierno vuela a ciegas. Coleccionista de
souvenirs del nazismo, Rodríguez instruye la causa abierta por la
denuncia de la exposa de Nisman a raíz de la marca en su frente en un
ejemplar de la revista Noticias. En la Cámara Federal, Gils Carbó
designó otros dos fiscales, que podrían moderar el poder absoluto de
Moldes sobre los tribunales federales, pero una cautelar impidió que
asumieran. A Plee, lo relevó de la ineficaz Unidad Fiscal para la
Investigación del Lavado de Dinero (Ufilavdin), y lo reemplazó por
Carlos Gonella, a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en los primeros meses de
actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y
dinero que Plee en años. Esa es también la razón de la ofensiva contra
Gonella del juez Claudio Bonadío, cuya prohibición para salir del país
ya fue revocada por la Cámara Federal. Moldes y Bonadío formaban parte
del mismo grupo político que Manzano, Corach y Anzorreguy. También es
irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman:
tanto Plee como Moldes obstruyeron la investigación de los
encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel
Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del
juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa
apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando
las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no
podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por
Evers. Por supuesto, Evers es otro de los convocantes a tomar las
calles, igual que su colega Gerardo Pollicita, quien ahora está a cargo
de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pollicita es el
fiscal que cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz
contra Antonio Stiusso, en una resolución en la que no se privó de
llamar irresponsable al ex ministro. Otro vocero de la marcha de los
fiscales es Guillermo Marijuan, el candidato de Sergio Massa a la
Procuración General. En una nota dirigida en mayo de 2013 a Gils Carbó,
Memoria Activa señaló “como desaprensiva” la actuación de Plee, quien
“no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del
expediente”. También reclamó ante la CIDH, porque los secretarios de la
fiscalía no estaban presentes en las audiencias por el encubrimiento.
Nisman les dijo que no contaban con la autorización de Moldes, a quien
Hugo Anzorreguy designó en julio de 1994 fiscal ad hoc para el caso
AMIA. Ya entonces, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y
el Mosad y adoptada con entusiasmo por la SIDE. Moldes fue quien mostró
ante las cámaras de televisión un fragmento de la supuesta Trafic bomba,
cuya existencia está más que en duda. En mayo de 2013, Memoria Activa
denunció a Gils Carbó que Nisman, Moldes, Plee y Evers no cumplían con
el deber constitucional de promover la acción penal y defender los
intereses de la sociedad. En el último aniversario del atentado, el 18
de julio de 2014, Diana Malamud dijo frente a la sede de la Corte
Suprema que Nisman “ha demostrado su total incapacidad para investigar
en esta causa” y que se desentendió del “encubrimiento porque ahí están
procesados sus ex compañeros de trabajo”. En cambio prefirió limitarse a
los acusados iraníes que “están a 13.778 kilómetros de distancia”. En
diciembre, cuando Nisman presentó su denuncia contra CFK y Timerman,
Memoria Activa repudió “el uso y abuso que se ha hecho de la causa AMIA
en estos 20 años, para dirimir cuestiones políticas que nada tienen que
ver con la búsqueda de verdad y Justicia” y en forma categórica afirmó:
“Al fiscal Nisman, responsable de las investigaciones, no le creemos
nada. Hemos pedido en los últimos años, en reiteradas oportunidades, su
remoción con claros y rotundos argumentos y nada ha sucedido. Es público
y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su
fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la
masacre de nuestros familiares y amigos. Su presentación del día de
ayer ante la justicia claramente refiere a una interna dentro de los
servicios de inteligencia, a la que aparentemente le ha dedicado los
últimos años”. Luego de la muerte del fiscal la entidad solicitó a la
Procuradora que sancionara a Moldes y Plee. Cuando CFK relevó a Juan
Félix Marteau como representante argentino ante el GAFI, este
especialista en lavado de dinero pasó a colaborar con el Grupo Clarín,
al que asesora en las causas que se le abrieron por ese delito. En su
estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del ex fiscal antilavado. La
idea de que todos los problemas se resuelven con el apartamiento y la
denuncia de Antonio Horacio Stiuso desdeña esta compleja trama que sólo
puede conjurarse con una profunda reforma institucional.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265694-2015-02-08.html
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