Los nervios del
poder real anterior a 2001 siguen intactos. Su modo de obtener beneficios no ha
sido modificado.
Tres
acontecimientos, aparentemente inconexos, iluminan el conflicto político que
recorre esta sociedad: la destitución del tribunal tucumano vinculado al caso
Verón, los dichos de Alfredo Astiz ante el tribunal que lo juzga por delitos de
lesa humanidad y los insultos a un funcionario del gabinete económico. La
decisión de la legislatura tucumana, a través de la Comisión de Juicio
Político, de aceptar por unanimidad el pedido de destitución presentado por
Susana Trimarco, es el primero. Conviene recordarlo, se trata de los tres
jueces que absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de
Marita Verón. Mientras las respuestas del "capitán" Astiz al juez
Leopoldo Bruglia, respuestas con que el ex marino intentó fundar la
"ilegitimidad" del tribunal, constituye el segundo. Y el acto de
matonaje contra Axel Kicillof (junto a los integrantes de su grupo familiar, su
mujer y dos niños pequeños), a su regreso de Uruguay en la clase turística de
Buquebus, organiza el tercero.
¿Existe un hilo
conductor?
Arranquemos al
revés; el "sentido común" de los medios justifica el matonaje contra
un funcionario, por la rispidez que el gobierno nacional impone a la sociedad
en su conjunto, y acepta por esa vía con reticencia la existencia de un
conflicto. Pero de ningún modo se trataría para ellos de un conflicto legítimo,
un conflicto político, sino de su desnaturalización. Los medios comerciales
concentrados parecen creer que el problema es simple, el poder fáctico, sus
demandas y necesidades, no pueden no ser atendidas incondicionalmente; y si el
gobierno no lo hace adecuadamente, semejante comportamiento insensato, y a la
postre "demagógico", tiene como único objetivo obtener los votos que permiten
ejercer esta "tiranía".
Las necesidades
populares no existen, las garantías del welfare state caducaron. Tan es así,
que la Europa
keynesiana, que las adoptó durante la guerra fría, las dejó ¿definitivamente?
atrás. Y en la última cumbre los líderes de la Unión Europea
aceptaron otro recorte brutal al gasto público, otro ajuste tradicional, para
lograr el ansiado equilibrio fiscal.
¿Si la rica Europa
se aviene, la patética Argentina se siente con derecho a disentir?
Cada uno debe
garantizarse para sí y por sí la sobrevivencia, los que no lo hacen no son
suficientemente previsores y nadie debe –recordemos la vieja fábula de la
cigarra y la hormiga– asegurarle a otro lo que este no se asegura a sí mismo.
Sólo la "demagogia populista", el peronismo en suma, puede intentar
–sin lograr, por cierto– que recursos privados se transformen en públicos para
modificar –aunque sea muy levemente– la distribución del ingreso nacional.
Como la Constitución Nacional
impone la división de poderes, aunque más no sea formales, y los
"votos" no lo permiten todo, avasallar "la justicia" (se
refieren al Poder Judicial) está en la naturaleza de las cosas. El gobierno K
sumó cuatro de los siete integrantes de la Corte Suprema
actual, jueces que vienen durando lo que nunca duraron, de modo que
"fabricó" una mayoría inexistente con el evidente propósito de
someterla a su férula política. Y es precisamente esa Corte, la que procedió a
la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, leyes que
pusieron fin a la ausencia de punición por los crímenes aberrantes, la que hizo
posible el "terrorismo judicial", para transformar la derrota de la
"subversión" en victoria K.
Pues bien, esos son
los "argumentos" –implícitos y explícitos– que Astiz enarboló ante el
tribunal. Vale una precisión: no lo hizo de cualquier modo. Dijo: "Soy el
capitán de Fragata de la
Armada Argentina, Alfredo Astiz. No voy a responder ninguna
otra pregunta." Según los acuerdos de Ginebra un combatiente está obligado
a suministrar, cuando es tomado prisionero, su nombre, el arma a la que
pertenece y el grado que detenta: nada más resulta exigible. De lo contrario,
de exigir otra cosa, se viola el derecho internacional público que regla la
guerra moderna. Astiz actúa como si fuera un "prisionero de guerra"
capturado por el "enemigo".
Recordemos la
defensa de los integrantes de las tres juntas militares en 1985. Trataron de
explicar que ellos no habían cometido ningún delito. Sostenían que las pruebas
aportadas eran inconsistentes, que se trataba de "subversivos" que mentían
por venganza, que cumplieron órdenes legales impartidas por un gobierno legal.
Astiz dice otra cosa. Sostiene que hizo lo que dicen que hizo pero como cumplió
órdenes legales no es delito; que el delito lo cometen sus acusadores. Es
decir, ataca el fundamento mismo del orden político existente, sostiene
implícitamente que existe porque ellos vencieron, y que en lugar del debido
respeto y el merecido agradecimiento recibe un escarnio "ilegítimo".
EL CASO MARITA VERÓN.
EL CASO MARITA VERÓN.
El juez penal tucumano Emilio Andrés Herrera Molina no
sólo rechazó la decisión del gobierno provincial –desconocer su renuncia al
cargo–, calificó el pedido de juicio político como "linchamiento
público", e insistió en acusar al gobernador José Alperovich de ser
"la única persona que tuvo en sus manos los medios institucionales,
políticos, materiales y efectivos para dilucidar la triste desaparición de
Marita Verón, y que contó con el poder absoluto del Estado durante todos los
años en que se podía mover cielo y tierra para esclarecer los hechos,
recolectar pruebas e individualizar a los culpables".
Curioso
comportamiento. Si Herrera Molina hubiera acusado al gobernador Alperovich
previamente a dar sentencia, estaríamos ante un conflicto inusual de poderes.
El argumento sería este: la justicia sin pruebas no es justicia, y en este
caso, las pruebas no sólo no fueron aportadas sino que fueron sistemáticamente
impedidas o al menos dificultadas por el gobierno provincial que ejerce el
poder de policía. Si la investigación se hubiera realizado correctamente, los
poderes fácticos (la mafia de tratantes de personas), amparados por una vasta
trama de complicidades sociales y políticas, hubieran quedado al descubierto. Y
el conflicto no sería entre una madre que solicita y no obtiene justicia, sino
entre esa poderosa mafia frente al Estado provincial.
Un poder que debe
ser destruido, la trata de personas, frente a un poder que debe ser reforzado
legítima y legalmente. Con la complicidad manifiesta de Herrera Molina, esto
todavía no se ha hecho. Algo queda claro: no es cierto que la responsabilidad
culmine en los tres jueces y, si así terminara siendo, Herrera Molina tendría
una horrible razón, ya que efectivamente estaríamos ante un "linchamiento
público".
Ahora sí vale la
pena repensar los conflictos políticos. Mientras el problema permanece en el
terreno del debate, la lucha por ganar la hegemonía discursiva, mientras se
trata de saber si fue de un modo o si fue del otro, los argumentos son
decisivos. Pero una vez que los argumentos son fuertes y no pueden ser
respondidos salvo con insultos y agresión física (como los que recibió
Kicillof), los argumentos no bastan. En ese momento es preciso modificar el
poder real contra el que se está debatiendo. Y si ese poder no se modifica,
quienes se enfrenten a él descubrirán algo terrible: los argumentos comienzan a
temblar, lo que hasta ayer era claro, hoy deja de serlo. Así Astiz nos hace
saber que sus "argumentos" miserables serán los que terminen por
pesar, si el poder real no se modifica. Ese es el punto.
No se trata de
probar, por ejemplo, que la trata de personas es injusta. Nadie lo ignora. Se
trata de que las redes, protegidas por la policía, sean desbaratadas. Los
nervios del poder real anterior a 2001 siguen intactos. Su modo de obtener
beneficios no ha sido modificado, y la idea de que es posible avanzar en la
ejecución de un programa democratizador de la sociedad argentina en términos
básicamente discursivos no sólo es ingenua, además es peligrosa.
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