El fondo Anticíclico y el de Infraestructura crecen con el
dinero que no se gasta y no vuelve al Tesoro Nacional
Edificios sin
terminar a pesar de los fondos asignados, ascensos congelados. Los jueces piden
administrar sin rendir cuentas de generosos recursos que luego, extrañamente,
no ejecutan.
Cuando a fin de año pasado Cristina Fernández calificó
de "magníficos” a los sueldos de los magistrados y "sus jubilaciones
de privilegio", señaló además que es esa "presidenta (quien) se
encarga de tener los fondos para pagárselos. Y además no pagan ganancias".
Naturalmente, el núcleo duro de los jueces, el segmento más conservador de la
juricatura argentina, puso el grito en el cielo. Pero lo que dijo la mandataria
era absolutamente cierto.
Todos los años la Corte Suprema elabora un pedido presupuestario
para el funcionamiento de la justicia durante el año siguiente, que es enviado
al Poder Ejecutivo y girado posteriormente al Congreso de la Nación para su aprobación
definitiva. En 2010, la rebaja fijada por el Ejecutivo motivó una sonora operación
en la prensa hegemónica: "El gobierno somete a los jueces y les impide
manejar sus propios recursos", interpretaron los medios de la derecha. En
rigor, esos recursos, como el tipo de cambio, son fruto de la actividad
económica y el esfuerzo de todos los argentinos. En el caso de la Corte, el agravante es que
ese dinero, por el que batalla llegando cada mes de septiembre, no se gasta
luego.
El análisis frío de los números indica que entre 2004 y 2013
los fondos del Poder Judicial crecieron un 733 por ciento. En números redondos:
pasaron de 1165 millones en 2004,
a 8548 millones para este año. Lo presupuestado
comprende, entre otros items, los sueldos de jueces, funcionarios y empleados
judiciales.
Si bien en el rubro salarial no se advierten retrasos, sí
hay quejas en cuanto al régimen de ascensos y promociones. Son múltiples las
demandas de las Comisiones Internas gremiales, especialmente en el fuero de la Corte, por ascensos
congelados, otorgamiento demasiado arbitrario de las promociones y consentimiento
a dedo de determinados beneficios, como horas extras, que, al igual que el
salario normal, tampoco están gravadas con el impuesto a las ganancias.
El aumento de la litigiosidad y las centenares de vacantes
de personal sin cubrir, hicieron que en el Poder Judicial sea bastante
frecuente encontrar a los empleados trabajando fuera de su horario, aunque sin
percibir ingresos extra por esas horas de más. Paradójicamente, en el fuero
donde más ocurre esta distorsión es el laboral, encargado de observar las violaciones
a los convenios que regulan la actividad asalariada. Los jueces y funcionarios
que suelen no cumplir la correspondiente carga horaria que les exige el
Reglamento para la
Justicia Nacional (seis horas diarias), "habilitan"
a su personal, es decir, les ordenan compulsivamente a sus empleados quedarse
después de cumplida la jornada. En rigor, el pago de horas extras forma parte
de una política de disciplinamiento laboral, y no de justicia social.
No obstante, lo más grave es el retraso en los gastos
previstos para infraestructura. La subejecución del presupuesto asignado
anualmente es tan grande que el Fondo de Infraestructura, creado por la Corte Suprema en
noviembre de 2008, a
través de las Acordadas 32, crece anualmente.
En 2008 el máximo tribunal dictó dos Acordadas similares.
Mediante la número 32/08, estableció el Fondo de Infraestructura, y dos
Acuerdos después, el Nº 34/08, instruyó el Fondo Anticíclico, cuya finalidad
era "atenuar los impactos violentos que suelen generar los ciclos económicos
y con ello asegurar un planeamiento con reducción de riesgos". La fuerte
crisis económica mundial, por entonces recién desatada, preocupaba a los
jueces. El Fondo, además, permitía disimular el permanente déficit de gestión,
los errores de administración y mantener cautivo del Poder Judicial ese dinero,
que no regresa al Tesoro.
Si bien el Fondo Anticíciclo se redujo en 145 millones entre
2008 –cuando fue creado– y 2011, no ocurrió lo mismo con el Fondo de
Infraestructura, que aumentó 53 millones en el mismo período, pasando de 850
millones iniciales a más de 903. Se desconoce todavía el balance final del
ejercicio 2012, pero se presume similar.
Ambos fondos, el Anticíclico y el de Infraestructura (que se
sostienen y crecen con el dinero que no se gasta en lo que debiera), no vuelven
al Tesoro Nacional, sino que están bien guardados en plazos fijos, convertibles
en hasta un 50% en moneda extranjera.
Asimismo, son demasiado conocidas las viejas disputas entre la Corte Suprema y el
Consejo de la Magistratura
por el manejo de los fondos del Poder Judicial, y por las facultades de una y
otro en el gobierno de la
Justicia, desde la confección de los reglamentos internos
hasta el dictado de la política salarial.
En los últimos años, y de modo creciente, todas las pujas de
poder interna se resolvieron a favor de la Corte Suprema.
Previendo que tal manejo presupuestario, incrementado exponencialmente desde el
año 2004, traería nuevas tensiones al interior de los tribunales, la Corte creó en 2011 un Comité
de Inversiones, que integran dos miembros por el Consejo de la Magistratura (el
director de Administración y Finanzas y el subsecretario de
Administración), y dos por la
Corte (su director de Administración y el secretario general
de Administración, el contador Héctor Marchi, que a su vez preside el Comité).
Las consideraciones del órgano administrador son puramente
técnicas, de cálculos presupuestarios, pero las decisiones de las que depende
su efectivo cumplimiento son políticas y responden, en última instancia, a la
voluntad de la Corte
Suprema, que mantiene para sí la palabra final en el Comité a
través del administrador Marchi, santafesino como Lorenzetti y hombre de máxima
confianza del presidente de la Corte Suprema.
La ciudad judicial
es sólo un proyecto
Desde el año 2010, el Poder Judicial presupuesta en cada
ejercicio financiero los gastos necesarios para levantar en el predio frente al
Hospital Nacional de Pediatría Juan Garrahan, en el cruce de la Avenida Juan de Garay
y Combate de los Pozos, el Archivo General del Poder Judicial y mudar 80
juzgados laborales. Era lo que se conocía como Ciudad Judicial en
Constitución.
Desde ese año se han asignado sumas que crecen con cada presupuesto.
De los 31 millones fijados inicialmente, se llegó hasta los 100 millones de
pesos previstos para 2013. El problema es que allí sigue funcionando el Polo
Circo que administra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No es la única demora. Casos similares ocurren con las obras
de la futura Morgue Judicial, cuyas erogaciones llegarán en 2015 a 132,5 millones de
pesos; los edificios de Tucumán 1511 y Uruguay 722, los Centros Judiciales de
Rosario, de Posadas, y de la
Cámara Federal de San Martín, que tiene presupuestados fondos
desde el año 2008 pero que no se ejecutan, a pesar de las notorias deficiencias
edilicias de la Cámara,
donde deben realizarse los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad
cometidos en Campo de Mayo.
También se encuentra retrasada la puesta a punto de la Biblioteca Central
del Poder Judicial en un coqueto edificio adquirido en 2008, en lo que fuera la
imprenta Cogtal, y que desde entonces permanece en obra. El edificio de la
biblioteca ya es patrimonio del Estado. Los libros no están para consulta de
nadie todavía.
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