Entrevista al Ombudsman bonaerense, Carlos Bonicatto
Quien llevó adelante las denuncias contra la firma
de Clarín por tarifas, dijo que es posible ir a la justicia penal.
Por:
Tiempo Argentino
Tiempo Argentino
Tras la última resolución judicial contra la empresa
Cablevisión, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, aseguró en diálogo
con Tiempo Argentino que por primera vez la operadora de cable del Grupo Clarín
no tiene escapatoria y deberá bajar sus tarifas a lo que marca la Secretaría de Comercio
Interior.
En una entrevista con este diario, el funcionario asegura
que "es un absurdo que exista una empresa de esta magnitud a la que nadie
pueda decirle cómo regular sus precios", y considera que "hay un
paralelismo con la Ley
de Medios" en el uso de estrategias judiciales para ganar tiempo.
La
Defensoría del Pueblo comenzó a funcionar en febrero de 2010
y desde entonces acumula unos 30 mil casos, miles de ellos por reclamos contra
Cablevisión. En noviembre del año pasado, Bonicatto –junto a un grupo de
legisladores– presentó un amparo contra la empresa en nombre de todos los
usuarios bonaerenses del servicio de TV por cable para que respetara las
tarifas fijadas por la
Secretaría de Comercio Interior y devolviera el dinero
cobrado de más desde enero de 2011. En los últimos dos años, la prestadora
nunca se ajustó al abono básico fijado por la autoridad, que pasó de 109 pesos
en 2011 a
123 pesos en 2012 y 130 pesos este año. Facturó, en cambio, 144, 188 y 205
pesos, respectivamente. Hasta un 59% más. Tampoco respetó los fallos en su
contra en distritos como La Plata,
Roque Pérez, Lobos, Bragado y Chivilcoy.
En diciembre, el juzgado Federal N° 2, que tiene al frente a
Adolfo Ziulu, hizo lugar a la medida cautelar pero la empresa apeló. En enero,
a raíz de la última suba que informó la empresa, la Defensoría pidió habilitar
la feria judicial para tratar el caso. El último viernes, Ziulu intimó a la
empresa a que en un plazo de tres días acredite que cumplió con la orden
judicial o sus directivos incurrirán en el delito de desobediencia, que prevé
prisión. A raíz de los feriados, el plazo vencerá recién el lunes 18.
–¿Qué pasa si la empresa no acata la intimación?¿Cómo
sigue el camino judicial?
–Si la empresa no acata la intimación, nosotros vamos a
plantear que pasen las actuaciones a la justicia penal. Incurrirá en el
delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que
prevé prisión de 15 días a un año para "el que resistiere o desobedeciere
a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". Es
decir que hay un procesamiento penal con las penas previstas en ese artículo
para los directivos de Cablevisión. Pero además vamos a requerir que se le
obligue administrativamente a reajustar las tarifas a lo que dice la
secretaría. Eso lo tiene que hacer de oficio el juez porque si no seguiría la
desobediencia. No puede ser que una empresa que está cumpliendo un servicio
público impropio, pero servicio público al fin, ignore no sólo a la autoridad
de aplicación sino también a la justicia. Parece un exceso. La Defensoría del Pueblo
tiene, institucionalmente, una decisión doctrinaria: no somos neutrales y
estamos a favor de los más débiles. Y acá el débil es la persona que no tiene
posibilidad de discutir nada.
–¿Cómo analizan el fallo de la justicia marplatense del
que se toma la empresa para fundamentar que puede fijar libremente la tarifa?
–Es un fallo que aparece como desconociendo la facultad
propia de la Secretaría
de Comercio Interior. Desconoce el poder regulatorio del Estado en las tarifas
de las empresas que brindan el servicio público. Con ese fallo, Cablevisión
pretende no estar regulado por ninguna normativa. A nosotros nos parece que eso
es ilegítimo y contrario al criterio de intervención que tiene que tener el
Estado en defensa de los derechos de las personas. Es absolutamente liberal y
propio de otro momento de caracterización del Estado. Es más, creo que se están
basando en alguna normativa de 1991. Ese fallo contraría todos los principios
constitucionales y lo vamos a contestar cuando sea el momento oportuno.
–Hay un paralelismo con la Ley de Medios al buscar recursos para ganar
tiempo y no cumplir…
–Absolutamente. Hay un paralelismo con la Ley de Medios incluso en
términos de tiempo. ya que la empresa incumple desde 2011 y sigue buscando
distintos elementos que le permitan no cumplir con la ley ni con los mandatos
judiciales. En este caso, ya ahora tienen que cumplir. Es la primera vez que le
dicen: "Señores, cumplan, porque si no interviene la justicia penal",
pero además mientras tanto va a tener que cumplir igual. Después veremos cómo
termina cuando se trate la cuestión de fondo.
–La cuestión de fondo es el reajuste de tarifas y la
devolución. ¿Cómo debería hacerse la devolución del dinero cobrado de más a los
usuarios?
–Lo tiene que resolver la justicia. Será en forma
retroactiva y se verá si es en cuotas. Habrá que hacer un registro de todas las
personas que están en la misma situación, es un tema bastante complejo. Lo
importante es el reconocimiento del derecho a la gente.
–¿Qué puede esperar el usuario?
–Hay que esperar un poco más pero es la primera vez que la
empresa está acorralada en el sentido del cumplimiento. El juez dice:
"dejen de plantear recursos, cumplan, y después hablamos". Y si no
vamos a dar intervención a la justicia penal.
–¿Hay otras empresas que presten un servicio público sin
respetar la autoridad de aplicación?
–No. El único caso de desobediencia concreta es este. Puede
haber otro tipo de reclamos en cuanto a si la prestación es buena o mala, como
pasa con el agua, la luz. Tenemos muchos casos de esos. Tiene que ver con la
discusión de la tarifa… pero hay discusión, acá no. En el inicio del conflicto
desde enero de 2011, la
Secretaría de Comercio le pidió que muestre las pautas para
fijar los precios, que muestre sus costos, y no lo hizo. En enero de este año,
la empresa dice: "como me aumentaron los costos, vuelvo a aumentar".
¿Cómo es esa relación? Una relación de poder absoluta, de sumisión. ¿Qué puede
decir el usuario? La dilación, que tiene un parangón claro con la Ley de Medios, le permite a la
empresa seguir cobrando en función de la diferencia de poder. Es absurdo que
exista en el Estado moderno una empresa que presta un servicio de esta
magnitud, con la importancia que tiene en la formación de las personas e
información considerada como un derecho, a la que nadie pueda decirle cómo
regular sus precios.
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