Fernando Dorado
Popayán, 12 de diciembre de 2013
Con ocasión de la decisión o fallo del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde de la ciudad de Bogotá Gustavo Petro Urrego, se han planteado varias interpretaciones y asumido diversas actitudes políticas, ideológicas, jurídicas y filosóficas. Entre ellas se destacan básicamente dos posiciones:
Una, que se sitúa en el marco de la institucionalidad existente, considera el fallo "exagerado" y "desproporcionado" (como dice Antonio Navarro), o sea que se aceptan los supuestos errores gerenciales o decisiones "improvisadas" de la administración “petrista”, y por tanto, de allí se concluye que la única vía es jurídica, especialmente en el marco internacional (Comisión Interamericana de DD.HH. y ONU) para atenuar o rebajar la inhabilidad. Se parte de que Petro, como funcionario público debe aceptar las decisiones de la institucionalidad existente y por tanto, se justifica y legitima la destitución.
La otra, plantea que el fallo es ilegal y arbitrario, que tiene un sesgo político, que está dirigido esencialmente a sacar del escenario político al actual alcalde, que viola derechos fundamentales tanto de Petro como de sus electores y en general de la sociedad, que coloca el interés de los grandes consorcios capitalistas por encima del bien público, que no se tuvieron en cuenta una serie de pruebas que demuestran que hubo un complot de los operadores privados de basuras, y que es un fallo con claros tintes ideológicos. Ello lleva a decir que es un caso excepcional y que se justifica la "rebelión". Por tanto, así se ejecutorié la decisión, Petro y el pueblo deben mantenerse en una posición de resistencia civil basada en principios fundamentales.
Como se observa no se trata de si la administración de Petro es eficiente o deficiente, si es progresista o retrógrada, si es social o no, sino lo que está en el centro del problema es la defensa de un derecho fundamental de la sociedad colombiana y del ser humano.
Hay que abrir un debate muy amplio en Colombia que tenga una perspectiva filosófica, política y jurídica... ¿Cuál es la posición correcta? Se requiere completa claridad para poder elaborar una actitud, un discurso, una propaganda, que convenza a la gente de la justeza de esta causa, y que aunque se pierda en el momento actual, se pueda ganar políticamente en el próximo futuro.
Es completamente claro que si esta batalla se pierde, ello se constituiría en un golpe muy fuerte para el proceso de renacimiento democrático-popular que ha empezado a vivir el pueblo colombiano. Precisamente, ese golpe va dirigido a derrotar el espíritu libertario que está retomando nuestra sociedad, a someter a la vanguardia de las luchas democráticas y por la Paz que están en auge, a impedir que cojan fuerza los aires de rebeldía que amplios sectores populares empiezan a respirar, a llevar al escepticismo y a la derrota a nuestro pueblo.
Es muy importante tener claridad en este aspecto. Desde mi perspectiva considero que la posición de reducir el problema a lo jurídico y disciplinario (como lo hace Antonio Navarro) es una posición extremadamente legalista, leguleyista, reaccionaria. No tiene en cuenta las condiciones originales y especiales que vive el país, responde a una actitud conservadora que se ubica y limita a la “institucionalidad realmente existente”, y por tanto además de justificar y legitimar el fallo, conduce a una auto-derrota política e ideológica.
Un debate amplio y cimentado debe abrirse al interior y exterior de los movimientos sociales y partidos políticos de carácter popular y democrático. Sus dirigentes y militantes deben tener una gran fundamentación para poder llegarle al conjunto del pueblo con planteamientos basados en la convicción y la claridad política e ideológica. Debemos recordar que ese pueblo es bombardeado a diario con los argumentos de la oligarquía a través de los medios privados y monopólicos de comunicación. Que el reto es enorme.
Del “Caso Petro” (al estilo del “caso Dreyfus” en Francia), la sociedad y la dirigencia popular (todos nosotros), podemos aprender mucho. Es gran materia de esclarecimiento y formación política.
Esa claridad es la base para que la resistencia civil crezca, de que el “Movimiento por la defensa de la Democracia y la conquista de la Paz” se fortalezca, y de que logremos derrotar a la caverna ideológica conservadora que pretende aplastar el espíritu libertario de nuestro pueblo.
¿Ante la arbitrariedad y la ilegalidad, la rebelión y la resistencia civil se justifican? ¿Se puede enfrentar un golpe de Estado con legalismos y juridicidades?
Publicado en:
http://www.redaccionpopular.com/articulo/el-caso-petro-%3Ffallo-exagerado-o-ilegal
Popayán, 12 de diciembre de 2013
Con ocasión de la decisión o fallo del Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde de la ciudad de Bogotá Gustavo Petro Urrego, se han planteado varias interpretaciones y asumido diversas actitudes políticas, ideológicas, jurídicas y filosóficas. Entre ellas se destacan básicamente dos posiciones:
Una, que se sitúa en el marco de la institucionalidad existente, considera el fallo "exagerado" y "desproporcionado" (como dice Antonio Navarro), o sea que se aceptan los supuestos errores gerenciales o decisiones "improvisadas" de la administración “petrista”, y por tanto, de allí se concluye que la única vía es jurídica, especialmente en el marco internacional (Comisión Interamericana de DD.HH. y ONU) para atenuar o rebajar la inhabilidad. Se parte de que Petro, como funcionario público debe aceptar las decisiones de la institucionalidad existente y por tanto, se justifica y legitima la destitución.
La otra, plantea que el fallo es ilegal y arbitrario, que tiene un sesgo político, que está dirigido esencialmente a sacar del escenario político al actual alcalde, que viola derechos fundamentales tanto de Petro como de sus electores y en general de la sociedad, que coloca el interés de los grandes consorcios capitalistas por encima del bien público, que no se tuvieron en cuenta una serie de pruebas que demuestran que hubo un complot de los operadores privados de basuras, y que es un fallo con claros tintes ideológicos. Ello lleva a decir que es un caso excepcional y que se justifica la "rebelión". Por tanto, así se ejecutorié la decisión, Petro y el pueblo deben mantenerse en una posición de resistencia civil basada en principios fundamentales.
Como se observa no se trata de si la administración de Petro es eficiente o deficiente, si es progresista o retrógrada, si es social o no, sino lo que está en el centro del problema es la defensa de un derecho fundamental de la sociedad colombiana y del ser humano.
Hay que abrir un debate muy amplio en Colombia que tenga una perspectiva filosófica, política y jurídica... ¿Cuál es la posición correcta? Se requiere completa claridad para poder elaborar una actitud, un discurso, una propaganda, que convenza a la gente de la justeza de esta causa, y que aunque se pierda en el momento actual, se pueda ganar políticamente en el próximo futuro.
Es completamente claro que si esta batalla se pierde, ello se constituiría en un golpe muy fuerte para el proceso de renacimiento democrático-popular que ha empezado a vivir el pueblo colombiano. Precisamente, ese golpe va dirigido a derrotar el espíritu libertario que está retomando nuestra sociedad, a someter a la vanguardia de las luchas democráticas y por la Paz que están en auge, a impedir que cojan fuerza los aires de rebeldía que amplios sectores populares empiezan a respirar, a llevar al escepticismo y a la derrota a nuestro pueblo.
Es muy importante tener claridad en este aspecto. Desde mi perspectiva considero que la posición de reducir el problema a lo jurídico y disciplinario (como lo hace Antonio Navarro) es una posición extremadamente legalista, leguleyista, reaccionaria. No tiene en cuenta las condiciones originales y especiales que vive el país, responde a una actitud conservadora que se ubica y limita a la “institucionalidad realmente existente”, y por tanto además de justificar y legitimar el fallo, conduce a una auto-derrota política e ideológica.
Un debate amplio y cimentado debe abrirse al interior y exterior de los movimientos sociales y partidos políticos de carácter popular y democrático. Sus dirigentes y militantes deben tener una gran fundamentación para poder llegarle al conjunto del pueblo con planteamientos basados en la convicción y la claridad política e ideológica. Debemos recordar que ese pueblo es bombardeado a diario con los argumentos de la oligarquía a través de los medios privados y monopólicos de comunicación. Que el reto es enorme.
Del “Caso Petro” (al estilo del “caso Dreyfus” en Francia), la sociedad y la dirigencia popular (todos nosotros), podemos aprender mucho. Es gran materia de esclarecimiento y formación política.
Esa claridad es la base para que la resistencia civil crezca, de que el “Movimiento por la defensa de la Democracia y la conquista de la Paz” se fortalezca, y de que logremos derrotar a la caverna ideológica conservadora que pretende aplastar el espíritu libertario de nuestro pueblo.
¿Ante la arbitrariedad y la ilegalidad, la rebelión y la resistencia civil se justifican? ¿Se puede enfrentar un golpe de Estado con legalismos y juridicidades?
Publicado en:
http://www.redaccionpopular.com/articulo/el-caso-petro-%3Ffallo-exagerado-o-ilegal
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