La destitución de Petro alcalde de Bogotá: El golpe de estado a la soberanía popular, por Luz Marina López Espinosa (para "Rebelion" 11-12-13)

La plaza de Bolívar, ahora, la plaza de las y los indignados. ¡Constituyente Ya! 

 

Luz Marina López Espinosa

Rebelión

Comienzo por hacer la precisión de que sobre este asunto se habrán escrito ya hoy a 24 horas después de producido el hecho, cientos de artículos y se escribirán cientos más. Opino sin embargo que el momento lo amerita y con creces. La razón de esto es que la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro va mucho, pero mucho más allá de las simpatías o solidaridades que se tengan con él, y de los importantes efectos que a nivel del juego político, burocrático, contractual, es decir del poder como ejercicio personal o partidista, una decisión tan trascendental genera. Estando desde luego presentes esas dimensiones que serían las más obvias y superficiales, la decisión del Procurador General Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar por quince años al alcalde tiene una mucho más delicada y en un doble sentido, grave significación.

1. Se trata como bien lo caracterizó el alcalde Petro en su histórico discurso en una abarrotada Plaza de Bolívar auto convocada la tarde del 9 de diciembre, de que la destitución comporta un Golpe de Estado. Que a su vez expresa la decisión –fiel a su tradición- de la fracción hegemónica del Establecimiento, de hacer valer a como de lugar –motosierras si es el caso, ahora más aséptica- su concepción fascista de la sociedad. La cual tiene como eje, la exclusión del diferente y de la diferencia. Es decir, discursos y declamaciones de por medio, una concepción totalitaria del poder que reclama el monopolio de su ejercicio. Y esta exclusividad, como muy bien lo referenció históricamente el alcalde Petro, combinando todas las formas de lucha en la medida que sea necesario. En este caso, la manipulación de la norma, la burda instrumentación de la Constitución para tomar decisiones ilegítimas, vestidas de legalidad.
   

Esta doble dimensión de la insólita destitución del alcalde de Bogotá, resalta evidente y descarada tanto en el texto de la prosopopéyica alocución del Procurador General donde orgulloso daba cuenta de su hazaña, como en los antecedentes de ella. En cuanto a lo primero, inaudito que se reconozca que el “crimen” del Alcalde Petro fue desprivatizar el negocio de la recolección de las basuras, con lo cual atentó contra el sacrosanto valor de “la libertad de empresa”. Dicho en carta blanca, se criminaliza el hecho de que cientos de miles de millones producto de un servicio público de resorte del Estado, hayan dejado de ingresar a los bolsillos de codiciosos capitalistas, para revertir al presupuesto distrital con destino a proyectos sociales siempre económicamente deficitarios. Esto ya es una perturbadora muestra de cómo el neoliberalismo es un modelo cuyo norte no es el bienestar común sino la apropiación privada de la producción social. Y cuyo sistema político sería la democracia pero en el sentido más formalista, si y sólo sí le es instrumental a dicho fin. Si no, Pinochet en Chile, Videla en Argentina y Ordóñez en Colombia –a otro nivel es justo aclararlo-, enseñan cómo procede el poder al servicio de ese modelo. Porque no lo dude nadie: la actuación de Ordóñez es en rigurosos términos políticos y sin retórica alguna, un acto antidemocrático, despótico, contrario al manoseado Estado Social de Derecho, determinado por la prevalencia del interés privado frente al público-social. Que fue lo que inclinó el fiel de la balanza; lo que orientó el inflexible tajo abierto por la severa espada que sostenía no la diosa Temis muy bien vendada, sino el Fiel Inquisidor con los ojos bien abiertos.
En cuanto a los antecedentes de la decisión, no es dato de poca importancia el que su sentido ya era debatido en muchos medios. Por qué? Precisamente porque se tenía y tiene como cosa cierta dentro de la concepción del Estado neoliberal cuya naturaleza es ser excluyente y por lo mismo con tendencia totalitaria, el no aceptar que en su seno haya disidencias. Que existan visiones distintas de la economía y de ese Estado como agenciador del bien común, en particular de las mayorías desposeídas. Esto es una herejía inadmisible. Y para eso están las “fuerzas del orden” que controlan y reprimen la insatisfacción social, los Parlamentos que hacen las leyes legalizadoras del modelo y los Alejandros Ordóñez que fulminan política y jurídicamente al disidente. Con el agravante en el caso de este funcionario, que su ideología extremista lo hacía ver a Gustavo Petro, hombre como el que más honrado en su compromiso con la paz y la civilidad, a la manera de un guerrillero ateo y comunista. Sin necesidad de que fuera ninguna de las tres cosas.

2. El debate que la anterior interpretación de la sanción disciplinaria ha generado y que es el punto de vista de la ciudadanía que no por nada se volcó espontáneamente a la Plaza de Bolívar este 9 de diciembre en solidaridad con su Alcalde y repudio a la alcaldada del Procurador –en realidad mucho más que esto porque pese a todo Ordóñez no es un ignorante-, sin perjuicio de otra razón igualmente poderosa y más fina jurídicamente. Se trata, y no en balde lo gritaban multitud de pequeños carteles que portaban los manifestantes, de que a las luces del mandato constitucional –art- 3º- que consagró la soberanía popular, carece de toda razón y validez que un funcionario elegido por el pueblo –alrededor de setecientos treinta mil votos-, pueda ser revocada esa clara y contundente expresión de soberanía popular, por la decisión de una sola persona. Que además, no ha sido elegida popularmente, sino nombrada. De modo que si el Procurador General tenía esa legitimidad en la normatividad vigente al amparo de la Constitución de 1986 cuando regía el concepto de “soberanía nacional” y los alcaldes no eran elegidos popularmente, hoy, cuando cambió ese concepto de soberanía para radicarla en el pueblo, pero para mayor abundamiento de razones, los alcaldes son elegidos por el voto popular, ha desaparecido la autoridad del Procurador para destituirlos. Es lo que se llama inconstitucionalidad sobreviniente; cuando una norma constitucional al amparo de una Carta, deja de serlo al promulgarse otra.
   

Por ello los concentrados, la mayoría humildes, portaban rústicos cartelitos donde le increpaban al Procurador que por qué los despojaba del ejercicio que hicieron de su soberanía al votar por el Alcalde.

3. Admiración produce la reacción del alcalde Petro ante su destitución. Leyó con inteligencia el momento. Tomó lecciones de la historia. Recordó la Plaza Tahir en El Cairo. Calibró la correlación de fuerzas y al tiempo que vio la abismal desventaja que tenía frente a un Establecimiento todo en contra –encabezado por un presidente sinuoso-, percibió el abrumador respaldo popular de que gozaba. Y se apoyó en éste. Llamó al pueblo, y le dijo: “Voy hasta donde Uds. quieran”. Y le plantó cara al agravio: recogió el guante y llamó a constituir un gran movimiento social de Indignados que se tome las plazas del país en particular la de Bolívar en Bogotá, para decirle al despotismo gobernante: ¡No pasarán!
   

(*) Luz Marina López Espinosa es integrante de la Alianza de Medios por la Paz.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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