Dilma Rousseff, presidenta de Brasil desde hace nueve meses, ha decidido encarar una importante iniciativa contra ciertos funcionarios acusados de corrupción política. La disposición viene a retomar un aspecto constitutivo de la identidad del Partido de los Trabajadores, que definió su lucha anticorrupción como uno de los aspectos que lo diferenciaban históricamente del resto de las fuerzas políticas brasileñas.
Esta iniciativa ha implicado el alejamiento de varios funcionarios que enfrentaban sospechas de corrupción: la última baja fue la del ministro de Agricultura, Wagner Rossi, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que se suma al ministro brasileño de la Presidencia, Antonio Palocci (PT) y el ministro de Transportes Alfredo Nascimento (PR). Las decisiones han generado ciertas tensiones al interior de la coalición de gobierno, principalmente respecto de las alianzas que mantiene el PT con el PMDB, partido de centroderecha que cuenta con el Vicepresidente Michel Temer y con una importante proporción de senadores en el Senado Federal, incluido su presidente, José Sarney. Resulta evidente que tratar la cuestión de la corrupción desde el centro de la coalición gubernamental no carece de dificultades, dado que este aspecto ha sido aquel a partir del cual el PSDB y el PFL han articulado su estrategia de batalla opositora durante los gobiernos de Lula de 2003-2006 y 2007-2010. Durante aquel período, a partir de mayo de 2005, los medios y los partidos de oposición se conjugaron en la producción del estallido de lo que se conoció como el “escándalo del mensalao”, basado en la acusación de los medios de una supuesta compra de apoyos en el Congreso que habría efectuado el PT en base a la utilización de recursos estatales. Estas acusaciones, que no han sido probadas fehacientemente, formaron parte de un proceso de pase a la ofensiva de la oposición (PSDB y PFL) frente al gobierno de Lula. Sin embargo, este acontecimiento supuso por primera vez la entrada en discusión del papel de los medios en la sociedad brasileña.
En ese entonces, las características del liderazgo de Lula y los efectos de carácter redistributivo de las políticas sociales lograron sobreponerse por encima del cerco mediático construyendo una relación directa y especial con el electorado brasileño centrada en los sectores populares. En este sentido, André Singer (2009) había señalado que el liderazgo carismático de Lula logró establecer con las clases más pobres una relación particular que consolidó lo que se llamó el lulismo, que implicó el apoyo del electorado más pobre del Nordeste brasileño, lo que le permitió vencer en octubre de 2006 con el 61% de los votos. Desde entonces, lo que se ha producido es un verdadero realineamiento electoral de consecuencias importantes para la actual política brasileña. Especialmente, este realineamiento ha implicado una mutación profunda de la base electoral del partido gobernante: si en 2002 obtenía en los sectores más pobres de Brasil un 33,5% de las preferencias electorales y un 16,5% en los sectores más acomodados, esta ecuación se convirtió en 2010 en un 42,5% del apoyo en los sectores más pobres y un 2% de apoyo en los sectores acomodados (elaborado en base a Cesop, 2002 y Datafolha, 2010). A partir del “escándalo del Mensalao” de 2005, el gobierno perdió una importante fracción de sectores medios que formaron parte de su base electoral en 2002. Estos sectores estuvieron a partir del Mensalao de 2005 fuertemente influenciados por la cobertura mediática de aquel acontecimiento, al mismo tiempo que se profundizó durante aquel período el apoyo de los sectores populares.
El ascenso de Dilma Rousseff plantea a la mandataria la necesidad de establecer una nueva relación con el electorado en base a una nueva agenda política. Especialmente, los temas encarados por el gobierno de Rousseff tienen por objetivo producir una recuperación del apoyo perdido en los sectores medios desde el 2005. La lucha de la actual mandataria contra la corrupción parece entonces encaminada a restablecer una nueva relación con los sectores medios más escolarizados del Sur del país, quienes muestran una mayor sensibilidad por las acusaciones de corrupción de los medios. Sin embargo, por las tensiones que genera y por estar circunscripta al ámbito institucional, esta cuestión ha mostrado la necesidad de ser complementada. Es por ello que a partir del último Congreso, el partido de gobierno ha decidido realizar un importante análisis para emprender una nueva agenda reformista de cara a la sociedad.
El 4to Congreso: la disputa por la hegemonía y los medios
El reciente 4to congreso del PT, realizado a principios de este mes, aprobó una nueva Resolución Política que considera los aspectos clave de las políticas a emprender en los próximos años como parte de la disputa por la hegemonía en la sociedad brasileña. Considerando las últimas iniciativas del Planalto, “debe entenderse la expresión política del Congreso del PT como un intento de salir de la arena de la lucha meramente institucional con los partidos aliados y ganar a la opinión pública para sus banderas” (05/09/2011, Maria Inês Nassif, http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5187).
A partir del 4to congreso, se evidencia la vocación del PT de pasar desde una iniciativa que implicaba tensiones al interior de la propia alianza de gobierno, a una nueva disposición en pos de definir nuevas medidas de cara a la sociedad. Es por ello que en el discurso de apertura del 4to Congreso, el presidente del PT Rui Falcão señaló como uno de los principales aspectos pendientes “la democratización de los medios de comunicación”. La cuestión estuvo también presente en los discursos de Lula y de Dilma Rousseff. En este mismo sentido fue abordada esta cuestión en la Resolución Política, donde se señala:
“Para nosotros, es una cuestión de principio repudiar cualquier intento deLas críticas en defensa de la supuesta “libertad de expresión” no se han hecho esperar. El PSDB, principal partido opositor, cumpliendo un papel cuyos argumentos ya hemos conocido en otros países de la región, ha sacado un documento por medio de Instituto Teotônio Vilela (ITV) en el que se afirma:
censura o restricción a la libertad de prensa. Pero el periodismo amarillo de
ciertos medios, que a veces llega a las prácticas ilegales, debe ser
responsabilizado cada vez que se falsean los hechos o distorsionan informaciones
para calumniar, injuriar o difamar. La inexistencia de una Ley de Prensa, la
falta de reglamentación de los artículos de la Constitución que tratan de la
propiedad cruzada de los medios, la falta de respeto a los derechos humanos
presente en los medios, el dominio mediático de pocos grupos económicos que
restringen la democracia, silencian voces, marginan multitudes crea un clima de
imposición de una única versión para Brasil. Es la creciente partidización, la
parcialidad, la cobertura de los hechos para sustento del noticiero lo que
preocupa a todos los que luchan por medios de comunicación que sean
efectivamente democráticos. Por todo eso, el PT lucha por un marco regulatorio
capaz de democratizar los medios del país. Las reformas institucionales no
estarán completas si no son acompañadas de una más profunda democratización de
la comunicación”
“En la resolución aprobada este domingo, el PT resucita viejos temas paraA su vez, el documento recurre para apoyar sus tesis, al columnista Ricardo Noblat de O Globo, que ha señalado en este diario que “el verdadero propósito del PT es controlar lo que los medios divulgan. Eso es censura. Eso es contrario a la Constitución”. La situación muestra cómo nuevamente se cierran filas entre la oposición y los medios concentrados frente a la importante iniciativa del PT.
inflamar a la militancia y desviar el foco de la corrupción que genera su
gobierno. El “neoliberalismo” surge como el demonio de siempre (…) para explicar
todo lo malo que existe en el mundo”
Por otra parte, se evidencia cómo es el propio PSDB el que prefiere colocar como centro de la agenda política brasileña la temática de la corrupción. Esa ha sido su estrategia de campaña durante el Mensalao en 2005, justamente por el hecho de que el carácter conservador del PSDB no desea problematizar las cuestiones políticas de fondo. La regulación del contenido audiovisual en Brasil no solo es un aspecto democrático imprescindible, sino que también posiblemente produciría al PSDB una merma en su base electoral, la cual se asienta en los sectores medios escolarizados del Sur del país que inscriben en gran medida sus formas de percepción del mundo a partir de los enunciados de los grandes medios.
Frente a este nuevo impulso democratizador, el desenlace político no resulta previsible. Durante los gobiernos de Lula esta cuestión fue instalada en la agenda política para luego ser nuevamente archivada ante las presiones de los monopolios mediáticos concentrados. A partir de la Resolución Política del 4to Congreso del PT, se afirma esta medida como parte de una nueva orientación propositiva de cara a la sociedad brasileña que complementa la disputa en la arena institucional. Efectivamente, la aspiración de democratizar la comunicación, por su carácter trascendente, se revela como la pieza imprescindible en la disputa por la hegemonía para dar continuidad a las transformaciones en curso.
* Sociólogo (UBA-CONICET)
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