Pacto social
Publicado en TIEMPO ARGENTINO el 16 de Septiembre de 2011
Por Ana Vainman
Periodista.
Cuando Sergio Schoklender apague el ventilador algunos volverán a preguntarse cómo continuará este camino. Otros ya se lo preguntan y comienzan a pensar en el escenario económico para los próximos cuatro años.
Cuando el fervor por el caso Candela haya pasado, cuando se acaben las acusaciones cruzadas en torno a la responsabilidad de seguir manteniendo más de 100 pasos a nivel en plena Ciudad de Buenos Aires y cuando Sergio Schoklender apague el ventilador (o cuando a pocos les importen sus dichos), algunos volverán a preguntarse cómo continuará este camino. Otros ya se lo preguntan y comienzan a pensar en el escenario económico para los próximos cuatro años.
El mundo está convulsionado. Tanto que algunas cosas parecen funcionar al revés del orden establecido. Por un lado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ruega a los legisladores nacionales que aprueben un plan de creación de empleo que se parece al implementado por el gobierno argentino hace poco menos de tres años, para contrarrestar los embates de la crisis de entonces.
Y el discurso en el que presenta el proyecto es un llamado desesperado a abandonar la ortodoxia y el ajuste, y a incentivar el mercado interno con inversión social.
Por el otro, el conjunto de países emergentes conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) evalúa la posibilidad de ayudar a la Eurozona para salir de la crisis.
Y finalmente, un Banco del Sur, que está cada vez más cerca de crearse, lo que permitiría un blindaje a la región y la posibilidad de dejar de ir a golpear la puerta de los organismos multilaterales de crédito tradicionales (con sus consecuentes intromisiones).
Estas tres realidades hubieran resultado insospechadas hasta no hace muchos años. Pero el mundo cambió y el sistema económico liderado por las potencias de siempre parece estar más debilitado que nunca.
En ese impensado escenario la Argentina se aventura –si se ratifica la tendencia electoral expresada en las primarias del 14 de agosto pasado– a cuatro años más del gobierno kirchnerista y al desafío planteado por la mayoría de los funcionarios y adherentes al oficialismo de “profundizar el modelo”. Tal vez el debate más arduo que deba darse en ese sentido es el de reducir más todavía la cantidad de trabajadores en ilegalidad que –según las mediciones del Indec– se encuentra actualmente en el 35 por ciento. La complejidad de este fenómeno tiene –además de las evidentes dificultades del Estado por obligar a los empleadores a blanquear a sus empleados– la particularidad de basarse en una cultura de la informalidad muy arraigada durante la década del ’90.
Seguramente después del 10 de diciembre llegará también el momento de replantearse un nuevo Pacto social, o como sea que quieran llamarlo en esta ocasión.
Lo cierto es que con la nueva gestión que se inicie será necesario un acuerdo tripartito entre Estado, sindicatos y cámaras empresarias sobre una serie de cuestiones que tiendan a contener precios y salarios. A pesar de los infructuosos intentos por institucionalizar un espacio tripartito para consensuar cuestiones de mediano y largo plazo, no se descarta que al menos se intente acordar sobre temas coyunturales.
Para seguir con la problemática laboral, asimismo se esperan dos debates legislativos: la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias y la modificación de la Ley de ART.Más allá de que 2011 es un año en el que el gobierno logró cerrar filas con una parte importante del empresariado, hay algunos temas que los siguen poniendo nerviosos.
El proyecto cegetista para que las utilidades empresarias se repartan entre los empleados (y estos tengan acceso a sus libros) y la existencia de la doble vía judicial para resarcimientos de accidentes laborales les quitan el sueño.Pero también al sector trabajador le resulta imperioso resolver estas dos cuestiones. La primera porque consideran que la participación en las ganancias es un derecho constitucional nunca consagrado, y la segunda porque la actual ley de riesgos de trabajo es “injusta” y lleva a que el trabajador accidentado –o su familia– tenga que recurrir a la vía civil para encontrar una compensación monetaria acorde –o cercana a– lo que el accidente significó.
Finalmente, otra de las discusiones que seguramente deberá darse en 2012 es la problemática de la vivienda. En este sentido, hay varias entidades bancarias públicas y privadas que están preparando paquetes de créditos hipotecarios destinados a permitir la compra de viviendas para la clase media.
La idea es ampliar la oferta de préstamos para adquirir la primera vivienda y aún no estaría definido si el Estado contribuirá o no con fondos propios provenientes de la ANSES, como lo hizo con el Banco Hipotecario en 2009.
Muchas de las entidades bancarias incluso tienen listos los proyectos, pero según trascendió no habrá anuncios oficiales antes de las elecciones. La reticencia a que se malinterpreten las motivaciones para anunciar lo que se viene reclamando desde hace años se basa en las acusaciones de demagogia electoralista que pesaron sobre la administración de Cristina Fernández, en anuncios anteriores a las primarias del 14 de agosto pasado.
Publicado en
http://tiempo.elargentino.com/notas/dia-despues-de-las-elecciones-de-octubre
viernes, 16 de septiembre de 2011
El día después de las elecciones de octubre, por Ana Vainman (para “Tiempo Argentino” del 16-09-11)
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