Pasaron ya casi dos años desde aquella madrugada del 10 de Octubre de 2009, en que la voz del Presidente del Senado de la Nación, anunciaba la aprobación por amplia mayoría de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, provocando el festejo desbordado de una multitud que aguardaba en las puertas del Congreso y de millones de personas que siguieron por televisión el extenso y arduo debate que duro mas de 20 horas.
Saldando una vieja deuda de la democracia argentina, en Agosto del 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, envío al Congreso un proyecto de ley para reemplazar la Nº 22.285 de radiodifusión promulgada en 1980 por la última dictadura militar, que aun se encontraba vigente.
Los más de 70 proyectos de ley de radiodifusión presentados desde el retorno a la democracia por diferentes partidos nunca habían podido alcanzar estado parlamentario. Todos los intentos por reemplazar la ley de radiodifusión de la dictadura, habían fracasado por la presión de las corporaciones mediáticas.
Las pocas reformas que se hicieron a partir de la década del 90, fueron para favorecer los intereses de estos sectores económicos. Una de las más importantes fue la autorización a las empresas de periodismo para ser titulares de radios y canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, Art. 65).
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso estuvo basado en “Los veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación” elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004, que simbolizaba un punto por cada año desde la recuperación de la democracia. Durante cuatro años estos puntos fueron debatidos a lo largo y ancho del país.
El 18 de Marzo de 2009, la Presidenta presentó en el Teatro Argentino de La Plata el Anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A partir de allí, se realizaron en todo el país 24 foros de debate abierto y público que aportaron más de 1200 nuevas propuestas. Con estos aportes fue modificada la propuesta original y se elaboró el texto definitivo que fue enviado al Congreso Nacional.
El objetivo de los impulsores de este proyecto de ley era facilitar la participación de nuevos medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro, y desconcentrar el mercado de la radiodifusión, así como también contemplar las nuevas tecnológicas digitales.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados luego de que le realizaran más de 100 modificaciones, logrando de esta manera la media sanción.
Finalmente la Cámara de Senadores sancionó “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. La nueva norma fue aprobada por amplia mayoría en el Senado: 44 votos a favor y 24 en contra, luego de un largo y arduo debate que se prolongo hasta la madrugada.
Miles de militantes de organizaciones sociales y políticas, las dos centrales de trabajadores, organismos de derechos humanos, universidades nacionales, gente de la cultura, artistas y periodistas que apoyaron la iniciativa, se concentraron frente al Congreso Nacional y acompañaron el debate que terminaría convirtiendo en ley el Proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual tan largamente esperado.
La ley que fuera reglamentada el 1 de septiembre de 2010, se encuentra en plena vigencia, a excepción del articulo 161, que fija un plazo determinado para adecuarse a derecho de aquellas empresas monopólicas que sobrepasaron los limites de concentración. Este artículo fue apelado por el grupo Clarín, cuestionando la constitucionalidad de lo que considera una “desinversión forzada” que afectaba el derecho de propiedad, de prensa y de informar.
Logran que el juez Edmundo Carbone en diciembre del 2009, ordene con una medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación, argumentando que “La situación expuesta torna verosímil que las demandantes se encuentren forzadas en un plazo sorpresivo, breve y fatal a vender las licencias que permitirían que una actividad sea económicamente sustentable y, a la vez, que les sea jurídicamente imposible en razón del artículo 41 de la ley 26.522, desprenderse de las licencias o autorizaciones cuya explotación no fuese redituable, provocando en forma conjunta un efecto de indefensión patrimonial que afecta la seguridad jurídica y pone en crisis el derecho de propiedad de las actoras (Art. 17 y 18 de la Constitución Nacional)”.
Esta medida cautelar fue ratificada por La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal el 14 de Mayo del 2010. El gobierno apeló esta medida ante la Corte Suprema de Justicia el 1º de Junio de 2010, quien se expidió a principios de Octubre del 2010, manteniendo la cautelar pero exigiendo que esta se resuelva en un plazo razonable. Carbone se negó y el plazo fue finalmente establecido en tres años por la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal.
El conflicto surgido por este artículo, es mucho más que una pelea de poder del Gobierno con el grupo Clarín, como se intenta hacer creer desde los medios y la oposición. La democratización de la palabra que surge del espíritu de esta ley está en riesgo y nos incluye a todos, por cuanto se trata de que otros actores de la vida social y política del país tengan espacios para expresarse y contar su realidad y su propia visión de las cosas. La información no puede estar solo en manos de quienes lucran con la información y toman a las noticias como mercancías.
Durante décadas los grupos concentrados han manejado a través de sus agendas de qué se habla y de qué no en la Argentina, en defensa de sus intereses económicos encubriéndolos detrás de la libertad de prensa.
A través de la construcción de un discurso hegemónico monocorde, imponen su ideología amparados en su posición dominante que, por repetición y censura de alternativas, crea realidades virtuales que atraviesan el sentido común y la reflexión. Brindan noticias sesgadas, masticadas y digeridas e instalan “sus” verdades como "la verdad" que luego se replica en la sociedad y se amplifica sin posibilidad de pensamiento critico al no tener espacio para escuchar “otras verdades”.
Por eso es imprescindible que cuanto antes la Justicia se expida sobre este controvertido punto, porque su obstrucción solo perjudica a la mayoría de a pie, deseosa de poder informarse en libertad a través de una pluralidad de voces, para formar su propia opinión y no solo desde una mirada única que nos impone sentidos, y que esta tan alejada de nuestra propia historia y de nuestras propias realidades cotidianas.
Publicado en :
http://lenielena.blogspot.com/2011/09/la-espera-de-la-pluralidad-de-voces.html
Saldando una vieja deuda de la democracia argentina, en Agosto del 2009, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, envío al Congreso un proyecto de ley para reemplazar la Nº 22.285 de radiodifusión promulgada en 1980 por la última dictadura militar, que aun se encontraba vigente.
Los más de 70 proyectos de ley de radiodifusión presentados desde el retorno a la democracia por diferentes partidos nunca habían podido alcanzar estado parlamentario. Todos los intentos por reemplazar la ley de radiodifusión de la dictadura, habían fracasado por la presión de las corporaciones mediáticas.
Las pocas reformas que se hicieron a partir de la década del 90, fueron para favorecer los intereses de estos sectores económicos. Una de las más importantes fue la autorización a las empresas de periodismo para ser titulares de radios y canales de televisión (Ley 23.696 de Reforma del Estado, Art. 65).
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso estuvo basado en “Los veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación” elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004, que simbolizaba un punto por cada año desde la recuperación de la democracia. Durante cuatro años estos puntos fueron debatidos a lo largo y ancho del país.
El 18 de Marzo de 2009, la Presidenta presentó en el Teatro Argentino de La Plata el Anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A partir de allí, se realizaron en todo el país 24 foros de debate abierto y público que aportaron más de 1200 nuevas propuestas. Con estos aportes fue modificada la propuesta original y se elaboró el texto definitivo que fue enviado al Congreso Nacional.
El objetivo de los impulsores de este proyecto de ley era facilitar la participación de nuevos medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro, y desconcentrar el mercado de la radiodifusión, así como también contemplar las nuevas tecnológicas digitales.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados luego de que le realizaran más de 100 modificaciones, logrando de esta manera la media sanción.
Finalmente la Cámara de Senadores sancionó “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. La nueva norma fue aprobada por amplia mayoría en el Senado: 44 votos a favor y 24 en contra, luego de un largo y arduo debate que se prolongo hasta la madrugada.
Miles de militantes de organizaciones sociales y políticas, las dos centrales de trabajadores, organismos de derechos humanos, universidades nacionales, gente de la cultura, artistas y periodistas que apoyaron la iniciativa, se concentraron frente al Congreso Nacional y acompañaron el debate que terminaría convirtiendo en ley el Proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual tan largamente esperado.
La ley que fuera reglamentada el 1 de septiembre de 2010, se encuentra en plena vigencia, a excepción del articulo 161, que fija un plazo determinado para adecuarse a derecho de aquellas empresas monopólicas que sobrepasaron los limites de concentración. Este artículo fue apelado por el grupo Clarín, cuestionando la constitucionalidad de lo que considera una “desinversión forzada” que afectaba el derecho de propiedad, de prensa y de informar.
Logran que el juez Edmundo Carbone en diciembre del 2009, ordene con una medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación, argumentando que “La situación expuesta torna verosímil que las demandantes se encuentren forzadas en un plazo sorpresivo, breve y fatal a vender las licencias que permitirían que una actividad sea económicamente sustentable y, a la vez, que les sea jurídicamente imposible en razón del artículo 41 de la ley 26.522, desprenderse de las licencias o autorizaciones cuya explotación no fuese redituable, provocando en forma conjunta un efecto de indefensión patrimonial que afecta la seguridad jurídica y pone en crisis el derecho de propiedad de las actoras (Art. 17 y 18 de la Constitución Nacional)”.
Esta medida cautelar fue ratificada por La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal el 14 de Mayo del 2010. El gobierno apeló esta medida ante la Corte Suprema de Justicia el 1º de Junio de 2010, quien se expidió a principios de Octubre del 2010, manteniendo la cautelar pero exigiendo que esta se resuelva en un plazo razonable. Carbone se negó y el plazo fue finalmente establecido en tres años por la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal.
El conflicto surgido por este artículo, es mucho más que una pelea de poder del Gobierno con el grupo Clarín, como se intenta hacer creer desde los medios y la oposición. La democratización de la palabra que surge del espíritu de esta ley está en riesgo y nos incluye a todos, por cuanto se trata de que otros actores de la vida social y política del país tengan espacios para expresarse y contar su realidad y su propia visión de las cosas. La información no puede estar solo en manos de quienes lucran con la información y toman a las noticias como mercancías.
Durante décadas los grupos concentrados han manejado a través de sus agendas de qué se habla y de qué no en la Argentina, en defensa de sus intereses económicos encubriéndolos detrás de la libertad de prensa.
A través de la construcción de un discurso hegemónico monocorde, imponen su ideología amparados en su posición dominante que, por repetición y censura de alternativas, crea realidades virtuales que atraviesan el sentido común y la reflexión. Brindan noticias sesgadas, masticadas y digeridas e instalan “sus” verdades como "la verdad" que luego se replica en la sociedad y se amplifica sin posibilidad de pensamiento critico al no tener espacio para escuchar “otras verdades”.
Por eso es imprescindible que cuanto antes la Justicia se expida sobre este controvertido punto, porque su obstrucción solo perjudica a la mayoría de a pie, deseosa de poder informarse en libertad a través de una pluralidad de voces, para formar su propia opinión y no solo desde una mirada única que nos impone sentidos, y que esta tan alejada de nuestra propia historia y de nuestras propias realidades cotidianas.
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