Por Daniel Arroyo
En la Argentina de los últimos meses quebramos una línea que nunca habíamos pasado de forma tan brutal: hay muchas argentinas y argentinos que sufren el hambre y la malnutrición. Y esa debe ser la gran prioridad para las políticas públicas que deben instrumentarse de forma urgente, porque no es lo mismo comer que no comer.
Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, en recuerdo de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (la FAO), que surgió con el fin de generar conciencia sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Ese organismo advirtió en su último informe que la inseguridad alimentaria afectaba a 14.200 millones de personas en nuestro país a fines de 2018. Esa cifra representa un incremento de 71% con respecto a 2015 y es uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial. Y esa situación se agravó en estos últimos meses, más aún luego de la profunda devaluación de agosto, que se trasladó con fuerza al precio de los alimentos.
Esta crisis golpea especialmente a niñas, niños y adolescentes. El hambre, la malnutrición y la obesidad infantil están generando que tengan problemas desde el arranque en su desarrollo como personas. Por eso, necesitamos garantizar que tengan de manera urgente un mejor comienzo de sus vidas.
El combate contra el hambre debe ser una política de Estado que trascienda en el tiempo. Y con ese objetivo presentamos desde el Frente de Todos el Plan Argentina Contra el Hambre. Como señaló Alberto Fernández, “esta es una batalla que debemos dar como sociedad, que alguna vez nos conmueva la vergüenza de ver la miseria que vemos al lado nuestro”.
Tenemos que unir a toda la sociedad para ese acuerdo básico: todos deben tener acceso a una alimentación sana y de calidad. En esa línea, es fundamental garantizar el acceso a los productos de la canasta básica alimentaria, a través del refuerzo de la tarjeta de alimentos y del reintegro del IVA para las madres con hijos menores de 6 años que reciban la asignación universal por hijo. Y debemos implementar una canasta básica saludable con alimentos frescos; y una canasta básica de la primera infancia.
Otro componente clave es la consolidación de los canales de comercialización de la economía popular, acercando a productores con consumidores. Incluye medidas como la ley de góndolas, para promover la inclusión de los productores locales en los supermercados; el impulso de una marca colectiva y de instrumentos de certificación de calidad para la agricultura familiar y la economía social; la creación de mercados populares y de redes locales de comercialización; la promoción de compras comunitarias; y la puesta en marcha de un sistema de créditos a tasas bajas e incentivos a la economía social y agricultura familiar.
El Plan Argentina Contra el Hambre es una convocatoria abierta y prevé la conformación de un Consejo Federal, entendiendo que es necesario que el Estado trabaje junto a los movimientos y organizaciones sociales, las iglesias, los organismos de derechos humanos, los sindicatos y los actores económicos productivos. También plantea la creación de un Observatorio, con investigaciones de las universidades y los centros de estudios para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación del plan. Y es fundamental el rol de los medios de comunicación en la promoción de campañas y acciones solidarias para contribuir a mejorar la alimentación y la nutrición.
Estamos sin dudas ante una situación catastrófica, que requiere de medidas urgentes y de alcance masivo. Si siguen subiendo los precios de los alimentos, no hay otra política social posible. Todos tienen que poder comer en la Argentina: es una regla social básica. Nos tiene que quedar claro que nunca más puede haber hambre en un país productor de alimentos como el nuestro.
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