Arriba : El pensador chino Lao Tsé.
Cambio cultural
Publicado en TIEMPO ARGENTINO el 21 de Marzo de 2011
Por Alejandro Horowicz
Que la oposición no cuenta entre sus dirigentes con hombres y mujeres capaces de hacer agenda estratégica, al menos en sus puestos de comando, es un escándalo que no escandaliza. Y esa terminó siendo a la postre la mayor ventaja del oficialismo.
"¿Un exhorto judicial suizo puede transformarse, en menos de 24 horas, en un tsunami político?” Escuchado en un bar de Recoleta –el sábado 19, a las 11– a una señorita de impecable tailleur azul petróleo, que tomaba café bien cargado con señor al tono. La erizada piel de la sociedad argentina comprueba, varias veces al día, que la superficialidad se paga cara.
La soporífera idea de que los conflictos de una sociedad coinciden con la percepción colectiva, y que esta percepción depende de una medición estadísticamente cuantificable denominada encuesta, ha hecho y seguirá haciendo estragos.
La distancia entre lo que una sociedad percibe y los problemas que, quiera o no, deberá enfrentar, organizan el temario histórico de la conflictividad social. Y una dirección de cierta calidad se reconoce precisamente por la capacidad de adelantarse al estallido político, de preverlo con un mínimo de anticipación, de actuar en consecuencia. El comportamiento opuesto se conoce como autismo, y no es preciso retroceder hasta el siglo pasado para toparse con dirigentes que remitan en tan precisa como patética dirección.
Que la oposición no cuenta entre sus dirigentes con hombres y mujeres capaces de hacer agenda estratégica, al menos en sus puestos de comando, es un escándalo que no escandaliza. Y esa terminó siendo a la postre la mayor ventaja del oficialismo, siempre y cuando este conocimiento tenga una traducción elemental: admitir –como solía hacerlo el ex presidente Néstor Kirchner– que sólo abandonamos el peor de los infiernos, y que la tierra prometida no se alcanza con el sencillo expediente de vencer en la próxima elección.
En la Argentina todo atrasa escandalosamente, la anorexia política ya resulta excesiva. Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado el viernes 18 por encubrir crímenes de lesa humanidad. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo una semana antes, por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Aunque el magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista en cuestión logró evitar hasta ahora su destitución, gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura.
Ese es el primer hecho: violaciones reiteradas al Estado de Derecho han sido condenadas tres décadas y media después que sucedieran, sin que los implicados –en este caso camaristas mendocinos– dejaran de ejercer sus funciones, y sin que la sociedad se manifestara particularmente abrumada porque así fuera.
EL SEGUNDO HECHO. La complicidad de Romano se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las 300 víctimas que pasaron por el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo. Es decir, los mismos de siempre, en completa soledad, demostraron lo que todos sabían. Y los demás miran para otro lado.
EL TERCER HECHO. Romano, hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria. Es decir, para que Romano pudiera proseguir su artera acción debía contar con complicidades sistémicas que van más allá de los nombres propios. Claro que Romano tuvo “más suerte” que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que frustró la maniobra
EL CUARTO HECHO. Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año.
Ese es el estado de la cuestión. ¿De la cuestión judicial? No, de toda la cuestión: todo atrasa más de tres décadas y media, todo funciona en perpetua descomposición. Por cierto, no se puede detener la marcha de la existencia para barrer los establos de Augías, pero barrerlos está en la naturaleza de las cosas. Para que se entienda: no se trata de una impoluta visión del Estado de Derecho, sino de entender que fuera de su territorio la degradación avanza, y si lo hace, los estallidos imprevisibles brotarán como los hongos después de la lluvia. La calidad de las instituciones –para que exista– presupone que los jueces –con todas las limitaciones, no estoy idealizando nada– los empresarios, los sindicalistas y los políticos no son equiparables a delincuentes con protección del Estado.
Por cierto, la norma presupone automáticamente su violación, pero de ningún modo puede intercambiarse por ella.
Para calibrar adecuadamente dos campos: La calidad de la actividad sindical está estrechamente vinculada a la calidad del comportamiento empresarial. La posibilidad de dirigencias corruptas no puede pensarse al margen de empresas corruptoras, porque no hay prostitutas sin prostituyentes.
Sin olvidar que la democracia sin lacras apabullantes cuesta más cara que la corrupta, pero también es mucho más eficiente, y por tanto termina siendo relativamente más barata. Y sobre todo, mucho más vivible.
Pero el verdadero escándalo de la sociedad argentina sigue siendo la composición social de las cárceles. Cárceles donde el pobrerío está sobrerrepresentado varias veces, y donde empresarios, políticos y sindicalistas –para mencionar a los sectores más baqueteados– participan en una proporción infinitesimal. Si la composición de la cárcel fuera el indicador apropiado, si el índice de corrupción sistémica pudiera establecerse con tan arbitrarios parámetros, Suiza debería enrojecer de vergüenza.
Entonces, para recuperar la vertical, para reconstruir códigos compartidos que no sean los del menemismo líquido, la sociedad argentina requiere de una revolución cultural. Es decir, del apasionado examen de calidad del orden existente, de esa disposición a examinar lacras, depende la posibilidad de construir una sociedad menos atormentada por el pasado, y mejor acompasada con alguna clase de porvenir.
por Alejandro Horowitz, para "Tiempo Argentino".
Publicado en :
http://tiempo.elargentino.com/notas/superficialidad-se-paga-cara
Publicado en TIEMPO ARGENTINO el 21 de Marzo de 2011
Por Alejandro Horowicz
Que la oposición no cuenta entre sus dirigentes con hombres y mujeres capaces de hacer agenda estratégica, al menos en sus puestos de comando, es un escándalo que no escandaliza. Y esa terminó siendo a la postre la mayor ventaja del oficialismo.
“El conocimiento de los propios límites nos preserva de la
destrucción.”
Lao Tse
"¿Un exhorto judicial suizo puede transformarse, en menos de 24 horas, en un tsunami político?” Escuchado en un bar de Recoleta –el sábado 19, a las 11– a una señorita de impecable tailleur azul petróleo, que tomaba café bien cargado con señor al tono. La erizada piel de la sociedad argentina comprueba, varias veces al día, que la superficialidad se paga cara.
La soporífera idea de que los conflictos de una sociedad coinciden con la percepción colectiva, y que esta percepción depende de una medición estadísticamente cuantificable denominada encuesta, ha hecho y seguirá haciendo estragos.
La distancia entre lo que una sociedad percibe y los problemas que, quiera o no, deberá enfrentar, organizan el temario histórico de la conflictividad social. Y una dirección de cierta calidad se reconoce precisamente por la capacidad de adelantarse al estallido político, de preverlo con un mínimo de anticipación, de actuar en consecuencia. El comportamiento opuesto se conoce como autismo, y no es preciso retroceder hasta el siglo pasado para toparse con dirigentes que remitan en tan precisa como patética dirección.
Que la oposición no cuenta entre sus dirigentes con hombres y mujeres capaces de hacer agenda estratégica, al menos en sus puestos de comando, es un escándalo que no escandaliza. Y esa terminó siendo a la postre la mayor ventaja del oficialismo, siempre y cuando este conocimiento tenga una traducción elemental: admitir –como solía hacerlo el ex presidente Néstor Kirchner– que sólo abandonamos el peor de los infiernos, y que la tierra prometida no se alcanza con el sencillo expediente de vencer en la próxima elección.
En la Argentina todo atrasa escandalosamente, la anorexia política ya resulta excesiva. Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado el viernes 18 por encubrir crímenes de lesa humanidad. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo una semana antes, por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Aunque el magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista en cuestión logró evitar hasta ahora su destitución, gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura.
Ese es el primer hecho: violaciones reiteradas al Estado de Derecho han sido condenadas tres décadas y media después que sucedieran, sin que los implicados –en este caso camaristas mendocinos– dejaran de ejercer sus funciones, y sin que la sociedad se manifestara particularmente abrumada porque así fuera.
EL SEGUNDO HECHO. La complicidad de Romano se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las 300 víctimas que pasaron por el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo. Es decir, los mismos de siempre, en completa soledad, demostraron lo que todos sabían. Y los demás miran para otro lado.
EL TERCER HECHO. Romano, hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria. Es decir, para que Romano pudiera proseguir su artera acción debía contar con complicidades sistémicas que van más allá de los nombres propios. Claro que Romano tuvo “más suerte” que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que frustró la maniobra
EL CUARTO HECHO. Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año.
Ese es el estado de la cuestión. ¿De la cuestión judicial? No, de toda la cuestión: todo atrasa más de tres décadas y media, todo funciona en perpetua descomposición. Por cierto, no se puede detener la marcha de la existencia para barrer los establos de Augías, pero barrerlos está en la naturaleza de las cosas. Para que se entienda: no se trata de una impoluta visión del Estado de Derecho, sino de entender que fuera de su territorio la degradación avanza, y si lo hace, los estallidos imprevisibles brotarán como los hongos después de la lluvia. La calidad de las instituciones –para que exista– presupone que los jueces –con todas las limitaciones, no estoy idealizando nada– los empresarios, los sindicalistas y los políticos no son equiparables a delincuentes con protección del Estado.
Por cierto, la norma presupone automáticamente su violación, pero de ningún modo puede intercambiarse por ella.
Para calibrar adecuadamente dos campos: La calidad de la actividad sindical está estrechamente vinculada a la calidad del comportamiento empresarial. La posibilidad de dirigencias corruptas no puede pensarse al margen de empresas corruptoras, porque no hay prostitutas sin prostituyentes.
Sin olvidar que la democracia sin lacras apabullantes cuesta más cara que la corrupta, pero también es mucho más eficiente, y por tanto termina siendo relativamente más barata. Y sobre todo, mucho más vivible.
Pero el verdadero escándalo de la sociedad argentina sigue siendo la composición social de las cárceles. Cárceles donde el pobrerío está sobrerrepresentado varias veces, y donde empresarios, políticos y sindicalistas –para mencionar a los sectores más baqueteados– participan en una proporción infinitesimal. Si la composición de la cárcel fuera el indicador apropiado, si el índice de corrupción sistémica pudiera establecerse con tan arbitrarios parámetros, Suiza debería enrojecer de vergüenza.
Entonces, para recuperar la vertical, para reconstruir códigos compartidos que no sean los del menemismo líquido, la sociedad argentina requiere de una revolución cultural. Es decir, del apasionado examen de calidad del orden existente, de esa disposición a examinar lacras, depende la posibilidad de construir una sociedad menos atormentada por el pasado, y mejor acompasada con alguna clase de porvenir.
por Alejandro Horowitz, para "Tiempo Argentino".
Publicado en :
http://tiempo.elargentino.com/notas/superficialidad-se-paga-cara
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