24 DE MARZO (1976-2012): DE LOS GOLPISTAS DE AYER A LOS DESTITUYENTES DE SIEMPRE. EL PODER ECONÓMICO NO DESCANSA (I), por Raúl Isman (para “Redacción Popular”)
(Raúl Isman)
Docente. Escritor.
Columnista del Noticiero televisivo
Señal de Noticias.
Colaborador habitual del
periódico Socialista “el Ideal”
Director de la revista
Electrónica Redacción popular.
raulisman@yahoo.com.ar
“Bastante sabemos, hoy, que es preciso renunciar a considerar la venganza como la reconquista serena de un orden razonable y justo. Y sin embargo, debemos aún aspirar al castigo de los auténticos criminales. Pues castigar es reconocer que el hombre es libre tanto en el mal como en el bien, es distinguir el mal del bien en el uso que el hombre hace de su libertad, y es querer el bien.”
Simone de Beauvoir. Escritora y filósofa francesa. De su libro El existencialismo y la sabiduría de los pueblos (1946).
“Por lo general, a las dictaduras de los cabos y los sargentos, en los países democráticos les siguen las dictaduras de los grupos financieros. Los efectos son los mismos, aunque el “modus operandi” de las imposiciones de los segundos sean otras más sutiles, menos perceptibles a simple vista. La “diferencia” que media entre unos y otros es la misma que existe entre un asalto a mano armada y la estafa.”
Arturo Jauretche. Pensador nacional.
Introducción
En este texto- escrito originalmente en ocasión de recordarse un cuarto de siglo en el 2001 del más nefasto 24 de marzo de nuestra historia y actualizado mínimamente cada año- se analiza el golpe de 1976 y cierta continuidad que logró dicha asonada a partir de la reacción gauchocrática contra el gobierno nacional y popular desatada desde marzo del 2008 y que continua hasta la actualidad; enlazando así una extraña coalición que va desde socialistas “sojeros” (los seguidores de la esfinge litoraleña Hermes Binner o el impresentable Roy Cortina) hasta supuestos nacionales y populares como “Pinedo” Solanas pasando por derechistas inclaudicables como Sanz, Cobos, Carrió (tal vez abandonó la política definitivamente; ahora, ¿quién nos hará reír?) o truchamente progresistas ad usum Stolbizer o Alfonsinito. De todos modos, el comicio de octubre de 2011 pulverizó las chances electorales de los mencionados y los obligó a refugiarse detrás de los grandes medios de comunicación, la avanzada de la derecha continental y del imperio.
El golpe debe ser entendido como el punto de partida de la profunda recomposición económica y social a la que fue sometido nuestro pueblo y de su continuidad durante el menemismo y el gobierno radical-aliancista (1999-2001); continuado a la caída de De La Rua por la coalición de las derechas peronistas y radicales hegemonizadas por la gran cabeza. Por cierto que esta realidad es la que, en los días que corren, tratamos de transformar gestando una Argentina con pleno empleo e integración social, y; en particular cerrando todos los caminos y resquicios posibles para la impunidad. Nada casualmente, para el gobierno nacional actual su política de derechos humanos es inescindible de la distribución del ingreso; mientras que de la tímida línea de juzgar a los comandantes del gobierno de Alfonsín se pasó a defender la impunidad cuando no a la defensa incondicional de las atrocidades cometidas en la década del ’70 y por cierto este es uno de los aspectos que articula a la torva oposición que debe soportar el gobierno nacional. Pero en realidad las acciones de las fuerzas que se identifican como oposición se hallan conducidas por el poder económico, gestor, beneficiario e impulsor de ambos golpes mencionados en el título del presente trabajo. En tal sentido, la asonada de 1976 resulta una encrucijada de indudable vigencia contemporánea que divide dos campos por completo irreconciliables: con las madres, los organismos de derechos humanos y las víctimas o con quienes movieron desde las sombras a sus títeres uniformados. A lo largo de las presentes notas, se describen algunos hechos, se señala a culpables y responsables, se analizan los métodos más que repudiables y los objetivos de los genocidas, aún los que no eran manifiestos. Además, se incorpora una visión de los resultados perdurables hasta nuestros días de la dictadura. Finalmente se realiza una síntesis desde una mirada contemporánea, a la luz del pensamiento de algunos filósofos y de un mínimo debate político acerca del golpismo desencadenado desde marzo del año 2008 y sus orígenes.
Los hechos y sus causas
El 24 de marzo de 1976, todo el país “fue puesto bajo el control jurisdiccional de las Fuerzas Armadas”, como constataba el comunicado oficial de los asaltantes del poder. Los antecedentes y las causas hay que buscarlas en la agudización de los conflictos propios de la guerra fría con el consiguiente endurecimiento imperialista en nuestra América Latina, la impotencia de un gobierno peronista jaqueado por la crisis económica (que implicaba una situación casi hiperinflacionaria motorizada por el poder económico), la incapacidad para canalizar la consiguiente puja sectorial y la desgarradora y paralizante, para las masas populares, violencia política. Por otra parte no pueden omitirse las constantes peleas internas en el peronismo, el cinismo de la U.C.R. (que al tiempo de manifestar la búsqueda de una salida democrática pactaba en las sombras con los golpistas) y el hecho que el citado poder económico se había orientado hacia una salida favorable para sus intereses (excluyendo toda mediación democrática), que se basaba en el total reformateo de la economía y la sociedad. Con relación a la fuerza boiniblanca no puede omitirse que aportó una enorme pléyade de los funcionarios para el gobierno dictatorial y su máximo líder, Ricardo Balbín, no denunció los crímenes genocidas ni siquiera cuando las víctimas eran correligionarios del partido de Yrigoyen y Alem. Nos referimos al diputado Mario Amaya, muerto por efecto de las torturas luego de haber sido secuestrado por las fuerzas armadas. Ni siquiera frente a su cadáver aún caliente fue posible que el cómplice Balbín emitiera crítica alguna contra los genocidas. Luego no le faltaron ocasiones para erigirse en vocero civil de los asesinos uniformados. Para mayor extrañeza, su sepelio se convirtió en marcha por la democracia, no sin íntima perplejidad, como pudiera decir un conocido historiador.
Una etapa para la cual cuesta encontrar los calificativos adecuados estaba comenzando en la Argentina. La tortura- incluyendo la que se realizaba con mujeres embarazadas, delito aberrante si los hay- el robo y secuestro de niños pequeños o nacidos en cautiverio, la ausencia total de libertades: de expresión, de reunión, la prohibición de funcionar para los partidos políticos y sindicatos de trabajadores, la liquidación de las instituciones democráticas, la anulación de conquistas laborales de larga data, la subordinación de la justicia y muchas otras violaciones a los derechos humanos que se resumen y coagulan en la más cruel de todas: la desaparición forzosa de personas. En efecto, la palabra desaparecido se dice en castellano en todos los idiomas del mundo para recordar a los 30.000 seres- entre ellos, los jóvenes estudiantes secundarios de La Plata, en el episodio conocido como la noche de los lápices- que fueron secuestrados en sus hogares, lugares de trabajo o estudio o en la propia vida pública. Por cierto, no puede pasar inadvertido que una de las actuales defensoras de las citadas aberraciones, la apologeta de genocidios diversos Cecilia Pando de Mercado, se halla alineada en el bloque “opositor”, como el golpista legislador de la U.C.R. Oscar Aguad, siempre presto a fotografiarse junto a criminales como el ahora condenado Luciano Menéndez. La consigna radical somos la vida, somos la paz” se da de patadas con amancebamientos como los recién descriptos. Por otra parte, los citados señalamientos son realizados a fin de destacar que el ’76 tiene plena continuidad en las fuerzas de la llamada oposición; donde unos desvergonzados que se autodenominan Coalición Cívica no tienen empacho en reivindicar el secuestro y robo de niños, despojándolos de su historia e identidad. Por fortuna, el voto popular los relegó al fondo del listado, logrando el extraño record que la izquierda trotsquista no quedase confinada al fondo del chart comicial. Clarín, La Nación proveen de letra a la camándula opositora. El genocida Videla divide campos, como cuando declaró que los Kirchner eran los responsables de los infortunios del senil asesino.
En plena época dictatorial, en 1977, el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh denunciaba semejantes violaciones a los derechos humanos en su último texto, escrito poco antes de caer prisionero de la dictadura para convertirse en un desaparecido más. Este trabajo, la Carta a la Junta Militar en el primer aniversario del golpe; del cual existen diversas ediciones y se halla disponible en la gran biblioteca en Internet, (http://www.literatura.org/Walsh/rw240377.html) sigue siendo un modelo de periodismo crítico, riguroso, exhaustivo y de fuerte compromiso con las necesidades del pueblo, realizado en las durísimas condiciones de clandestinidad que el régimen le imponía. Allí dice Walsh que la represión practicada de modo tan impiadoso por los militares tenía una finalidad precisa, definiendo indubitablemente los verdaderos objetivos del golpe de estado... “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”. El subrayado es nuestro.
Dicha política económica (de características neoliberales) fue impulsada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, durante el lustro que va de 1976 a 1981, coincidente con la presidencia del general Jorge Rafael Videla y luego profundizada ya en democracia por Carlos Menem y por su (poco aventajado) continuador De La Rua. Y nada casualmente son los lineamientos que el poder económico y sus esbirros massmediáticos machacan cotidianamente por volver a imponer en la Argentina del siglo XXI. Desde Alfonso Prat Gay, conocido personero de la banca globalizada, hasta Los Rodríguez Saa y Duhalde, pasando por los Patricia Bullrich y los Macri y De Narvaez, un solo clamor unifica a las fuerzas políticas de la derecha: clausurar el ciclo de mejoría popular comenzado en 2003 y volver a las peores latrocinios de los ’90 con su secuela de retroceso industrial, desempleo, miseria popular y saqueo de los fondos jubilatorios; por citar sólo algunos contenidos derivados de las conocidas recetas gestadas por el poder económico mundial, que en los días que corren se aplican como supositorios purgantes a los pueblos europeos y de otras latitudes.
El plan de Martínez de Hoz tenía en principio dos finalidades fundamentales:
a) Como punto de partida, la finalidad era provocar una drástica redistribución del ingreso, favoreciendo a los sectores empresarios y perjudicando a los asalariados. Para ello, fueron liberados todos los precios de la economía con excepción de los salarios. “Extraño” liberalismo el del Ministro orejudo, por cierto. El liberalismo económico implica necesariamente la libre negociación de todos los precios en una economía. Si uno de ellos, el salario de los trabajadores, quedaba sometido al “asfixiante yugo estatal” (palabras del propio ministro) que autoritariamente ordenaba congelarlos, no hay dudas que estábamos en presencia de un liberalismo intencionadamente tuerto. Además, fue modificada la Ley de Contrato de Trabajo aprobada durante el gobierno anterior; favoreciendo claramente a las patronales. Se liquidaron distintas conquistas sectoriales de los trabajadores, quedando el mundo del trabajo sin protección por causa de las dificultades para ejercer la representación sindical y la inaccesibilidad de derechos constitucionales (como la resistencia por medio de huelgas). La virulencia de la represión garantizó el éxito de esta primer y sangrienta operación.
b) Por otra parte, la política económica buscó alentar la valorización financiera en detrimento de la actividad productiva. Los instrumentos para lograr este objetivo fueron la Ley de Entidades Financieras y la llamada tablita cambiaria. Por efecto de la ley citada, el estado garantizaba los depósitos realizados en moneda nacional de todo el sistema bancario, con lo cual se alentó la proliferación de instituciones sin solvencia, conducidas por auténticos bucaneros modernos, que prometían muy altos intereses. El ahorrista de todos modos acudía a estos llamados, en razón de la garantía estatal para el pago de los depósitos en moneda nacional incluida en el ordenamiento legal citado. Además, se vivió una euforia constante consistente en dineros que venían al país a obtener durante un mes, las tasa que en el primer mundo se conseguían en un año por colocaciones en el sistema bancario. Complementaba semejante maniobra la tablita financiera, la cual era una pauta progresiva de devaluación que permitía a los especuladores extranjeros maximizar sus ganancias- en lo que ya se llamaba bicicleta financiera- y luego recomprar sus dólares más las pingues tasas que no existían en ninguna parte del universo. La clave secreta de toda la operatoria, una auténtica piedra filosofal neoliberal, muestra de modo irrefutable a quienes servían los integrantes de la dictadura, la constituía una gigantesca transferencia de recursos de los sectores productivos (en especial de los trabajadores asalariados), hacia los bancos, financieras y grandes ahorristas e inversores externos. La operatoria desarrollada era completamente coherente con el diagnóstico formulado por militares y economistas del poder acerca de los problemas argentinos: la “decadencia” nacional se originaba en la Argentina peronista, industrial, proteccionista y mercadointernista.
El círculo fue cerrado con la estatización de la deuda externa privada, medida impulsada y aprobada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, luego impulsor del plan económico denominado de la convertibilidad durante el menemismo y que resultó ruinoso para la industria nacional. El (para)equino ministro presidió también el derrumbe del neoliberalismo en 2001, inolvidable corralito mediante. La U.C.R. y aliados, lejos de haber realizado una autocrítica de porque semejante enemigo del interés nacional y popular haya integrado su gobierno, persiste por el mismo camino presionando para que se adopte una política económica al servicio del poder económico globalizado; gestor, impulsor, beneficiario y mandante en los citados proyectos antinacionales y antipopulares. El jefe del bloque “radicheta” en diputados, Ricardo Gil Lavedra, se pronunció contra los subsidios que paga el gobierno nacional, sin tomar en cuenta que gracias a ellos los trabajadores no pagan un dólar por el pasaje mínimo de ómnibus urbano o las tarifas en los servicios públicos no ostentan precios prohibitivos. Ello demuestra la identidad esencial de concepción entre la U.C.R y el neoliberalismo. La diferencia sustancial entre los golpes del 76 y del 2008-2010 con los cuales la reacción intentó consumar sus propósitos reside en la centralidad de las armas utilizadas. En efecto, en el primero, los instrumentos de fuego son los decisivos. En el segundo, los cañones son comunicacionales, los grandes medios de (in)comunicación masiva. No cabe ninguna duda que sin ellos, Elisa Carrió no podría trascender la condición de adiposa chusma barrial, Margarita Stolbizer sería una poco pintoresca lenguaraz de peluquería, “Pinedo” Solanas desempeñaría labores como cómico de revistas o Gerardo Morales no podría pasar de ser un pícaro mentiroso jujeño.
Retomando los efectos de la política de Martínez de Hoz, el conjunto de los mecanismos monetarios y financieros desplegados implicaron la subordinación neocolonial al poder económico mundial. Además, gran parte de la sociedad pequeño burguesa fue ganada por la pretensión de vivir sin trabajar y muchas de estas personas vendieron sus propiedades para vivir de los intereses. Mientras tanto, una porción mayor y significativa de los que no entraban en esta utopía reaccionaria se hundía en la miseria. Además de la inviabilidad económica de semejante pretensión, en lo que ya por aquellos años se llamaba “la plata dulce”, anidaba una crisis ética que corroía las bases morales de toda la sociedad. La garantía última de toda esta aberración presentada como política económica era la capacidad represiva de los militares, casi intacta durante los cinco años de la presidencia de Videla. Las internas entre Los Videla y los Menéndez y todos estos contra los Massera no los hacían disminuir un ápice en eficacia represiva y en saña torturadora. Cuando se trataba de masacrar y torturar al pueblo, todas las fracciones se unificaban en un solo puño.
En este contexto, tiene un rol central la desaparición forzosa de personas, método que no fue exclusivo de los genocidas argentinos; pero que quedó ligado a ellos para la percepción de gran parte de la opinión pública mundial. La desaparición de personas tenía varias finalidades. Algunas de ellas fueron las siguientes:
1) Partiendo del hecho que todos los operativos se hacían con un indudable carácter oficial, ya que se realizaban con las calles cerradas por la policía, exhibiendo vehículos de las fuerzas armadas, con efectivos uniformados y se invocaba la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad para entrar en un domicilio; en resumen todo convergía en un punto: no es ocultaba la procedencia de las fuerzas armadas en las acciones por lo cual el objetivo central era aterrorizar a la población. El mensaje resultaba claro: si existía cualquier tipo de compromiso con alguna actividad opositora a la barbarie militar, todos los ciudadanos eran pasibles de seguir el mismo camino. Cuando se llevaban a alguien a la vista de todo el vecindario, la finalidad última era transmitirle a quienes quedaban la percepción que todos podrían correr la misma “suerte” que el desaparecido.
2) Demostrar a la población y al mundo entero que los militares podrían - si ellos lo consideraban necesario- ir más allá que los propios nazis. Efectivamente, estos criminales alemanes solían entregar en algunos casos los cadáveres de sus víctimas. En la Argentina, miles de madres y otros familiares a más de tres décadas, aún anhelan justicia y quieren saber acerca del destino que tuvieron sus seres queridos. La nula colaboración con la justicia, más de tres décadas después, sólo puede ser leída como el mafioso pacto de silencio de los genocidas, que ni siquiera prestan alguna mínima cooperación- aunque fuera esporádica y aislada- para determinar la suerte corrida por los hijos arrebatados a sus madres y arrojados en el infierno de sus campos clandestinos con las consabidas cámaras de tortura y que hacia ya casi cuatro décadas no han sido recuperados aún. Semejante carnicería no puede haber sido realizada sin ningún archivo.
3) Siguiendo con lo antedicho, en toda cultura, el duelo está aceptado como forma de despedida del fallecido. Al ocultar definitivamente el cuerpo, los represores instalaron en la memoria colectiva de la sociedad civil, y particularmente entre los seres queridos del desaparecido, la sensación de un dolor desgarrador, continuo y sin final. Al no poder despedir a su hijo, toda madre espera que en algún momento reaparezca. Esta es una herida que sangra permanentemente y que, como tal, genera terror. Paradójicamente, también originó una forma de resistencia hasta entonces desconocida: la de las madres de Plaza de Mayo. Acerca de este movimiento, volveremos más adelante. Agreguemos para subrayar la identidad central entre los represores del 76 y los caceroleros del 2008 y sus sirvientes políticos la nostalgia explícita de la dictadura por parte la runfla caceroluda y la presencia entre ellos de personas que reivindicaban explícitamente el genocidio, como la conocida apologeta de criminales Cecilia Pando de Mercado y diversos defensores del terrorismo de estado, quienes han reivindicado explícitamente aún el robo de bebes ya citado. El odio a los Kirchner verbalizado por Videla en un reportaje a un medio español era compartido por franjas muy numerosas de caceroludos en el 2008.
Acerca de los culpables y los responsables del horror
Cuando los militares se hicieron con la suma del poder público, faltaba menos de un año para el momento de que debían realizarse elecciones que, además, podían ser anticipadas. Por lo tanto, la crisis económica y social que vivía el país podía- y debía- ser encausada sin pisotear la voluntad popular. Pero si se respetaban los deseos del soberano, el rumbo hubiera sido diferente. La cirugía económico-social que deseaba el poder económico, por aquellos tiempos, no era posible en democracia. Por lo tanto, la tragedia que comenzaba a vivir la Argentina tenía culpables, por acción u omisión, además de los altos oficiales de las fuerzas represivas. Los grandes empresarios, verdadero poder detrás del trono, motorizaron un conjunto de acciones que ayudaron a consensuar la salida golpista. Se trataba de los más poderosos monopolios organizados en lo que por aquellos momentos se llamó Alianza permanente de entidades gremiales empresarias (A.P.E.G.E.), que tensaron y agitaron la situación económica, debilitando al gobierno de Isabel Perón, porqué habían apostado a la salida golpista. El sector industrial más cercano a los monopolios (agrupado en la Unión Industrial Argentina, U.I.A.) se había disuelto en los inicios del proceso democrático de 1973 en la Confederación General Económica (C.G.E.), organización que nucleaba al empresariado nacional, pero frente a la crisis del gobierno peronista se volvió a escindir y reapareció impulsando la solución represiva. Por cierto que en la A.P.E.G.E. militaban con “encomiable” entusiasmo las confederaciones patronales agrarias que bajo la piadosa (o cómplice) denominación de “campo” encabezaron la revancha procesista contra el gobierno nacional y popular presidido por Cristina Fernández.
Ciertamente no puede omitirse que en el nivel de la máxima culpabilidad ética y penal se halla la participación- algo más que entusiasta- de gran parte de la jerarquía, cuadros medios y aún simples clérigos que comprometieron institucionalmente a la iglesia argentina con la vil matanza sufrida por nuestro pueblo. Al punto que fueron absolutamente minoritarios aquellos prelados y obispos que resistieron el genocidio y aún perecieron mártires. La dictadura genocida y la conquista colonial castellana necesitaron de idéntica alianza entre “la cruz y la espada”; en la que las “armas espirituales” desempeñaban una función decisiva, bendiciendo (legitimando) el poder material destructivo de los instrumentos bélicos, mientras los clérigos cómplices actuaban confortando espiritualmente a quienes los empuñaban. La complicidad de la jerarquía eclesiástica ha quedado tan demostrada que no es preciso ya discutirla. Sacerdotes condenados por la justicia en razón de su conducta infame o el silencio estentóreo frente al asesinato del Obispo Angelelli nos señalan que el llamado “magisterio” de la iglesia lo es sólo para el mal. Cuando la Iglesia dice actuar motivada por la “defensa de la vida” debería desencadenar las correspondientes críticas o al menos estentóreas carcajadas frente a tanto hipócrita cinismo.
Sin dudas que es distinto el concepto de responsabilidad- que implica un grado relativamente menor de compromiso con los luctuosos sucesos que soportó el pueblo argentino- que el de culpa, aplicable únicamente a los grandes terratenientes, a los monopolios, a comunicadores serviles en la creación de “climas” golpistas, a obispos y a clérigos apologetas de la masacre y a las Fuerzas Armadas. En ellos anida la máxima imputabilidad. Quienes favorecieron la acción de los represores y resultaron responsables- en grado diverso- de la tragedia que se avecinaba, fueron los siguientes actores de la política argentina:
a) Los partidos políticos mayoritarios resultaron sin dudas responsables de la imposibilidad de mantener la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo: por miopía, falta de grandeza, egoísmos mezquinos, colaboración con los represores e incapacidad para preservar las instituciones democráticas. Veamos los fundamentos. La mayor parte de los políticos del peronismo se negó a provocar un recambio institucional de la jefe de estado, la señora María Estela Martinez de Perón, manifiestamente incapaz y debilitada. De este modo, se podía haber oxigenado el proceso democrático y alejar la salida golpista. Así fue como el efímero interinato de Italo Argentino Luder, a fines de 1975, pasó sin pena ni gloria e inclusive, durante esta etapa además se firmaron decretos que favorecieron el accionar militar.
Por el lado radical no fue menor la parálisis cómplice. La ausencia de soluciones declamada por Balbín no era más que la preparación escénica del golpe. Por otra parte, una porción significativa de los funcionarios del nuevo gobierno militar fue aportada por la Unión Cívica Radical, inclusive el embajador en Venezuela Héctor Hidalgo Solá, víctima de la represión y desaparecido por las fuerzas genocidas. El máximo dirigente radical Ricardo Balbín- del cual ya habíamos mencionado un acuerdo secreto con los genocidas- nunca repudió explícitamente a la dictadura, ni siquiera cuando fueron asesinados los dirigentes y militantes partidarios Mario Amaya y Sergio Karakachof. Aún en 1980, declaró que los desaparecidos estaban muertos sin exigir el consiguiente castigo para los criminales y su única salida del país en toda su vida fue para defender en el exterior a la dictadura. Cerremos la cuestión diciendo que basta repasar los diarios de los tres meses previos al golpe para tener una idea de la profunda parálisis del Parlamento, controlado por la entente integrada por el P.J. y la U.C.R., que fue incapaz de dar una respuesta desde la democracia a la crisis del país.
b) Una dirigencia sindical históricamente alejada en sus modos de vida de sus bases y que apostó, cuando el gobierno peronista se hundía, a la defensa excluyente del salario, como si esta lucha pudiera darse independientemente del contexto político del país. Por ello, el golpe sorprendió a algunos sectores sindicales... haciendo una huelga por aumento de sueldos o si no desentendidos de la realidad. “Pagamos dos con diez”, decía el sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel breves instantes antes del golpe. El otro líder sindical importante, el textil Casildo Herreras musitaba (realista) desde Montevideo “me borre”, voz que en nuestra Argentina menta más una huida cobarde que una decorosa salida elegante.
c) Una guerrilla que se embarcó en una espiral irracional de violencia que hacía caso omiso de los sentimientos y deseos del pueblo y no preservó la democracia como marco necesario para que los sectores populares pudieran resolver sus problemas y padecimientos por si mismos. El sector llamado Ejercito Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) afirmaba que ya había comenzado- hacía algo más de un lustro- la guerra popular revolucionaria. Bastaba comunicarle esta novedad a todo integrante del pueblo argentino para tomar conciencia del profundo abismo que existía entre esta guerrilla y la población del común. No menor era la desconexión entre los Montoneros- el núcleo más importante de la guerrilla peronista- y la sociedad civil. Durante 1974, 1975 y parte de 1976 las acciones de violencia abierta contra objetivos empresariales, estatales y militares o el irracional secuestro del cadáver del genocida general Pedro Eugenio Aramburu sólo servían para desarmar políticamente e inmovilizar al movimiento popular. Ni siquiera protegieron a sus propios militantes en el momento de decidir el paso a la clandestinidad, noticia de la cual sus activistas de superficie se enteraron por los medios cuando ya eran objeto de caza para la represión oficial e ilegal.
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