El 26 de septiembre del año pasado murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los hechos fueron perpetrados conjuntamente por policías de la entidad, políticos e integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes los confundieron con miembros de la organización rival: Los Rojos. El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue reconocido como el autor intelectual, quien habría ordenado el ataque a los normalistas y su posterior aprehensión. Después se los entregarían al crimen organizado, quienes terminarían asesinándolos y calcinándolos hasta que sólo quedaran unos pocos restos que se arrojarían al río. Esta es la versión oficial, ya que, a casi ocho meses de la tragedia, el caso es un rompecabezas donde las piezas no terminan de encajar. Pocas pruebas, testimonios adquiridos por la fuerza y la perseverancia de los familiares en el intento de alcanzar la verdad marcan el escenario actual.
Los más de 100 detenidos relataron versiones contradictorias de lo sucedido y fueron cambiando la historia a medida que aparecían con evidentes señales de tortura. La búsqueda de los cuerpos resultaba en el descubrimiento de fosas clandestinas que albergaban restos humanos que nada tenían que ver con los normalistas. Al día de hoy, los estudiantes continúan desaparecidos y los familiares los reclaman vivos. De todas maneras, el tema fue perdiendo interés en la opinión pública, y lo que comenzó con multitudinarias marchas pidiendo justicia, derivó en una lucha bastante aislada de los allegados a las víctimas.
El pasado 27 de enero, el ex procurador Jesús Murillo Karam aseguró que "las declaraciones vertidas por los detenidos, corroboradas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, dejan clara la dimensión de la profundidad de la investigación". Esta aseveración es desmentida por los informes médicos que reconocen huellas de maltratos físicos en los presuntos culpables. Uno de los presos, Miguel Ángel Ríos Sánchez, contó que cuando lo trasladaban en helicóptero lo amenazaron con arrojarlo desde el aire, lo obligaron a cavar una fosa donde le dijeron que "iba a quedar", lo asfixiaron con bolsas de plástico, le dieron descargas eléctricas y lo golpearon. La declaración que terminó firmando la habían redactado previamente. Este testimonio se asemeja al aportado por varios reclusos, que fueron adaptando su discurso a la tesis oficial, que haría posible dar por finalizado el caso sin la necesidad siquiera de encontrar los cuerpos.
Por si fuera poco, las elecciones del 7 de junio en las que se decidirán, entre otros puestos, la gubernatura, tensan aún más el ambiente que predomina en Guerrero. Dos candidatos y 433 civiles que fueron asesinados en el transcurso del presente año, confirman a la entidad como una de las más sangrientas del país. A su vez, la violencia y la corrupción institucional llevaron a diferentes organizaciones a pedir la cancelación del sufragio y a boicotear indiscriminadamente.
Publicado en:
http://www.infonews.com/nota/201565/ausencia-de-justicia
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