Sólo podrá desarmarse por medio de una nueva ley específica que declare de interés nacional las redes cableadas de TV e Internet.
Por:
Ariel Garbarz
*Ingeniero en Telecomunicaciones. Director de Relevamientos y Proyectos de Argentina Conectada.
En el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones, los relevistas de la Universidad Tecnológica Nacional verificaron in situ que sobre una muestra de 1.104.645 hogares de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, usuarios de TV por cable e Internet por cablemodem, que más del 90% son clientes cautivos de Cablevisión-Fibertel del Grupo Clarín.
Están distribuidos en 268 localidades, relevadas a lo largo y ancho de las rutas nacionales y provinciales, desde las más grandes a las más chicas. La muestra abarca todos los sectores sociales pero tiene una representatividad sesgada hacia los de menor poder adquisitivo, dentro de los que pueden pagar la TV cableada.
Menos del 10% de los hogares con cable son clientes de Telecentro, Tele Red y otras pymes y cooperativas más chicas. Pero casi todos estos operadores no tienen cableado propio para llegar a la mayor parte de sus clientes. Deben pagarles peaje al monopolio, con precios y condicionamientos arbitrarios. Cablevisión es propietaria del 97% del tramado de las redes de videocable en las provincias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Salta, incluidas las redes que utilizan los operadores minoritarios de televisión e Internet. Esta situación le permite un control total de contenidos, servicios y precios y hasta decidir a que competidores les deja hacer uso de sus propias redes, o sea que los elige.
No hay ningún otro medio de comunicación con semejante poder y nivel de concentración. Ni siquiera la telefonía fija que sigue siendo duopólica se le acerca, menos aun la telefonía celular. Su posición en el mercado de la TV cableada es más que dominante, es un monopolio estructural absoluto.
Casi toda la red de videocable y cablemodem esta posteada en la vía pública y no soterrada. Los municipios no permiten más postes que deterioren la vía pública y contaminen visualmente. En muchas ciudades como la de Buenos Aires las ordenanzas autorizaron hasta cuatro postes metálicos por cuadra al grupo dominante del mercado y el resto de las prestadoras quedan obligadas a alquilarles postes o cables al monopolio. Aunque tengan los recursos económicos, técnicos y financiamiento, los nuevos competidores ya no pueden poner más postes y cables en la vía pública. Quedan obligados a rentar la estructura de Cablevisión-Fiberetel. Con sus postes y cables ya instalados, el Grupo Clarín es de hecho el único privilegiado usuario de las veredas públicas municipales.
Cuando otra empresa invirtió y consiguió autorización para posteado y cableado propio, el monopolio recurrió al dumping, como ocurrió en Río Cuarto-Córdoba, donde al instalarse Supercanal, Cablevisión redujo los abonos a la mitad del precio para lograr que el competidor cayera y que la población quedase sin “libertad para elegir”. Ese era el mensaje publicitario de Cablevisión . Hizo exactamente lo contrario.
La normativa actual le impide intervenir a la CNC, autoridad nacional de control, ante las irregularidades de un prestador sin licencia, como ocurre con Fibertel. El único recurso de los damnificados es la denuncia judicial. Se da la paradoja de convenirle al monopolio operar fuera de la ley para que sus procedimientos sólo puedan ser impedidos por un juez y no por la autoridad administrativa, mucho más ejecutiva y efectiva.
Varias veces la justicia, en primera y segunda instancia, les ha ordenado modificar procedimientos por sus “maniobras con finalidad de excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios y manipulación de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al Grupo Clarín”. Los incumplieron sistemáticamente y eso ocasionó su intervención judicial.
Pero el monopolio estructural absoluto del cable no se terminará con medidas y plazos judiciales. Sólo podrá desarmarse por medio de una nueva ley específica que declare de interés nacional las redes cableadas de TV e Internet, al igual que nuestros legisladores hicieron con el papel de diarios. Interés nacional basado en la Ley General y el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que sienta las bases de la real democratización de todas las comunicaciones de los argentinos. La jurisprudencia establece que las redes de telecomunicaciones, adquiridas e instaladas en base a rentas de servicios monopólicos, deben pasar a integrar el patrimonio del Estado, luego de vencidas o canceladas las concesiones o licencias a los privados. Fibertel ya la perdió hace un año y el 9 de diciembre próximo se terminan definitivamente los plazos para que oligopolio de Clarín nos devuelva a los argentinos lo apropiado durante décadas.
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