Por:
Eduardo Anguita
En esta semana, no todos los desperfectos de los subterráneos salieron a la superficie. Quedó, sí, quedó en evidencia no sólo la ineptitud del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y su determinación de chocar contra la Casa Rosada. Conocida la decisión de los metrodelegados de continuar con el paro –a esta altura, antipopular según muestran todos los sondeos–, Macri disparó una frase a todas luces armada por Jaime Durán Barba: “Los metrodelegados a esta altura han sido una creación del kirchnerismo. ¿(Roberto) Pianelli dónde estaba anoche? Estaba en la Casa Rosada, lo dijo la prensa. Yo no duermo ahí porque no tengo muchos amigos. ¿Qué hacía Pianelli de madrugada en la Casa Rosada?”. De inmediato, Florencio Randazzo aclaró: “Lo de Macri es una falta de respeto. Su actitud afecta a millones de argentinos y le quiere transferir el problema a la Nación. Tiene disponibles 184 millones de pesos y 45 coches nuevos. La reunión de la Presidenta fue con 50 gremios y no sólo con Pianelli”.
Sin desmerecer la pelea política con el líder PRO, ¿está en la agenda el obsoleto sistema de concesiones heredado de los años noventa? La empresa Benito Roggio y asociados se dio el privilegio de quedar escondida en los túneles mientras que, desde la política, se centró el problema en la increíble negación de Macri del acta acuerdo del 3 de enero de 2011 cuando firmó con el ministro de Planificación Federal Julio de Vido la aceptación lisa y llana de la operación de los subtes. Ya se sabe, como prueba PRO quedó el aumento del 127% de la tarifa. Más allá de las culpas que se le achaquen, no hubo en la ciudad de Buenos Aires manifestaciones y cacerolazos contra Macri. Lo que hubo fue el sufrimiento del millón de usuarios durante la huelga más larga de un medio de transporte vital para porteños y bonaerenses.
Algo debería hacerse para evitar esto. Algo debería haberse hecho y no se hizo. Desde el punto de vista formal, no es lo mismo quitarle el 51% de las acciones a una sociedad anónima como Repsol que meterse con el distrito político opositor que podría denunciar un avasallamiento en caso de cualquier intervención, aunque más no fuera a la concesión misma. Pero, con un Parlamento que puede votar en trámite exprés el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación con una mayoría arrolladora, se podría pensar en alguna ley que justificara una intervención –de 180 días– para evitar que los pasajeros sean rehenes de esta historia. Podría mandarse a un ingeniero traído desde algún lugar del planeta como vino Miguel Galuccio o podrían ponerse en debate proyectos de todo tipo. Si antes de los 180 días se normaliza, cesa la intervención.
¿Qué tiene Roggio que puede darse el lujo de no actualizar los salarios de los trabajadores del subte cuando ya todas las paritarias están cerradas? ¿Qué expertise tiene Roggio para seguir a cargo de la concesión cuando se trata de una empresa del rubro de la construcción y no de transporte hasta que los subtes dejaron de ser del Estado en 1991? Roggio, una de las empresas más beneficiadas en la obra pública a nivel nacional, ahora sumó la operación de las tareas del grupo Cirigliano en el Sarmiento y el Mitre, en conjunto con el grupo Ferrovías, encabezado por el empresario Benjamín Romero. Es casi increíble cuando se busca la trayectoria de Roggio y el grupo de Romero. Cuando Nicolás Gallo presidía Subterráneos de Buenos Aires –de gestión estatal– en tiempos de Raúl Alfonsín y sin autonomía porteña, Roggio era el principal proveedor. Gallo no tenía afinidad con Alfonsín, pero sí con los sectores conservadores, particularmente con Fernando de la Rúa. Cabe recordar que Gallo recuperó presencia con De la Rúa jefe de Gobierno y luego presidente.
¿Qué tiene Roggio para tener tanto protagonismo en base a modelos de concesión propios de los tiempos de destrucción del Estado? El problema parece no limitarse a Macri ni a Roggio sino a la perseverancia de herencias de modelos neoliberales.
Ley de Abastecimiento. El conflicto de los productores de leche por el precio de la leche en puerta de tambo trajo de nuevo el desagradable sistema de derramar la leche. Cualquiera puede entender que hay que ordeñar a las vacas, hasta podría entenderse que los productores no regalen la leche a los comedores porque están reclamando lo que creen justo y no están en campaña de solidaridad. Pero es demasiado violento enterarse que los tractores gastan gasoil y que los tamberos les pagan a los choferes para tirar la leche en los campos o en las rutas. Alguien podría decir “¡que les apliquen la ley de abastecimiento!”, pero no es tan sencillo. Al menos, por dos razones. La primera es que en la cadena de formación de precios hay otro tema que resulta tan o más desalentador que la leche derramada: el precio en las góndolas. Es cierto que en el Mercado Central se consiguen segundas y terceras marcas –leche entera– a 2,60 pesos el litro. Pero Coto lo vende, como barato, a 4,60. Carrefour y Norte lo tienen más caro: hasta 6 y 7 pesos el litro. En un almacén de Parque Patricios, un litro de saché –entera– vale 6,50. En Maimará, por ejemplo, donde se consigue leche larga vida –por la cadena de frío–, un litro de leche vale nueve pesos. ¿Qué tiene el sector comercial concentradísimo y altamente extranjerizado como ventaja para poder fijar precios “libremente”?
Seis días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, el Boletín Oficial publicaba completa la Ley 20.680. Perón decía que era una norma “contra el agio y la especulación”. En el artículo 1, la norma aclaraba que tenía jurisdicción en cualquier contrato o transacción destinado a “la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración o esparcimiento”. El artículo 2 facultaba al Ejecutivo a intervenir en “cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores” o dictar “normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción” y también –muy importante– a “obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como también a fabricar determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación”. La ley era una constatación de un modelo del Estado activo. En sucesivos artículos quedó claro que ese Estado activo podía prohibir exportaciones si era preciso cubrir necesidades internas o “intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte; y disponer temporariamente, para su uso, elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medios de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos operativos”.
Léase, el Estado facultado para disponer “temporariamente” de la operación de subtes o para escanear “temporariamente” el precio de la leche. El plazo de esa temporalidad se fijó en 180 días.
Hecha la ley, hecho el decreto. El 31 de octubre de 1991, quien era gobernador de La Rioja en tiempos de aquella ley, se conoció el Decreto 2284. En efecto, Carlos Menem –que inauguraba lo que Alejandro Horowicz designó como el cuarto peronismo (ver su libro Los cuatro peronismos)– se alineaba con el neoliberalismo a través de una norma que, en sí misma, es una síntesis de destrucción del Estado activo. El decreto se llamó de Desregulación Económica y estaba en sintonía con los consejos de Roberto Alemann: el ilustre economista liberal y ministro de dictaduras decía que los argentinos sólo podíamos avanzar si aprendíamos a conjugar tres verbos: liberalizar, privatizar y desregular.
El primer considerando no tiene desperdicio, porque es exactamente lo opuesto de la Ley de Abastecimiento: “Es forzoso continuar el ejercicio del Poder de Policía para afianzar y profundizar la libertad económica y la Reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, evitar distorsiones en el sistema de precios relativos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional”. Tan perverso es que lo fundamenta en que es “a fin de asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso”.
Así, decidieron la desaparición de institutos como el Forestal, el Fondo del Tabaco, el de Vtivinicultura, el del Azúcar, el mercado de Pesca de Mar del Plata. En fin, cualquier sector que contara con participación estatal. Aclara “que corresponde dejar sin efecto los regímenes para las actividades siderúrgica, naval, aeronáutica, de producción de aluminio y de maquinaria vial, aún subsistentes. Que una economía popular de mercado basada en la sana competencia y en la igualdad de oportunidades, deberá prescindir de dichas franquicias, que constituyen una forma de gasto público encubierto”. Fue un festival para las grandes empresas, desde las que viven de las licitaciones o concesiones del Estado hasta aquellas que se quedaron por monedas con sectores competitivos de la economía.
El decreto no se olvidó de desregular nada. Desde el comercio exterior hasta el interior. El artículo 4 se ocupa de la Ley de Abastecimiento: “Suspéndese el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley Nº 20.680, el que solamente podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional”.
¡Petróleo! Sí. Es auspicioso lo que pasa en materia de gas y petróleo. No sólo porque hay en marcha una potente estrategia en materia hidrocarburífera que va a permitir enderezar, con tiempo, el bruto agujero de importaciones en esta materia que durante 2011 llegaron a 9.000 millones de dólares. La decisión de recuperar el 51% de las acciones para el Estado se complementó con el flamante Decreto 1277 que da importantes precisiones sobre la Ley de Soberanía votada por abrumadora mayoría en el Congreso. El jueves, Cristina Kirchner inauguró en el Complejo Industrial de YPF de Ensenada la nueva planta de hidrodesulfuración de gasoil. Una obra que ya estaba en marcha y que ahora tiene una inyección de fondos estatales. Habló Miguel Galuccio. Fue un discurso de tono político, de marcado alineamiento con la Presidenta, pero además puntualizó que las refinerías, tres meses atrás, operaban al 83%, y hoy están al 100%. Cuando habló Cristina también aplaudieron: anunció que los combustibles tendrán, desde ahora, “precios igualitarios”. Es decir, el Estado asumió un rol en esta materia que podrá emularse desde otras. Como, por qué no, la leche. Los empresarios reclamaban incremento en el precio del gas en boca de pozo y lo hubo: el metro cúbico pasará de 0,15 a 0,60 pesos. Aclaró que el incremento no se trasladará –en forma plena– a los consumidores. Eso sí, las empresas tendrán que presentar planes de inversión. Y el control de todo esto está diseñado en el decreto 1277, con Axel Kiciloff, el segundo de Economía, al frente. Estuvieron los gobernadores de las provincias petroleras y sus provincias tendrán participación en la comisión encabezada por Kiciloff.
Está claro: para Estado Bobo las empresas privadas tendrán que buscar otro país. Y los que pretendan asustar con la sovietización, que entren al portal de YPF. Aclara que en lo que va de la nueva gestión, “la empresa dio muestras claras a los mercados de su firme interés por seguir cumpliendo con las exigencias de gobierno corporativo establecidas por la Security Exchange Commission y la Comisión Nacional de Valores tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Buenos Aires”. Son las reglas de juego de una sociedad anónima que cotiza en Bolsa. Quiere recuperar el valor de sus acciones. Más adelanta agrega que “en la Asamblea General Ordinaria del 17 de julio se votó, a propuesta del Estado Nacional, la creación de una reserva de un 5,7% del total de las utilidades de 2011, que asciende a 303 millones de pesos para el pago de dividendos”. También, “destinar 5.751 millones de pesos como reserva para inversiones”. La idea es terminar “2012 con una inversión cercana a los 3.500 millones de dólares”. Lo interesante es que, sin salirse de los límites, se pueden dar giros tremendos. Si se puede en este rubro, donde los lobbies son realmente poderosos, se puede avanzar en muchos otros. Las acciones del Gobierno lo demuestran. De modo desigual, es cierto, pero jamás con retrocesos. El año próximo no sólo será electoral sino que tiene por delante buenas perspectivas financieras y comerciales, más allá de los imprevisibles vaivenes europeos y norteamericanos. En 2013, la suba del precio de la soja permite augurar saldo comercial favorable, mejores ingresos fiscales y habrá, además, menores obligaciones en el pago de la deuda: unos 4.500 millones de dólares, casi la tercera parte de los compromisos asumidos, y pagados íntegramente, de 2012.Los preocupados. Desde el lado económico, por ejemplo, varios medios levantaron el informe de la consultora ACM, orientada por Maximiliano Castillo Carrillo, un liberal que ocupó cargos en el Banco Central con Martín Redrado, ya quiere espantar inversores. Espantado por el hecho de toparse con un Estado presente, asegura que “el modelo escogido resulta muy particular y la mayor intervención estatal, tanto en la aprobación como en el control de los planes de inversión, podría conspirar contra la posibilidad de obtener financiamiento para los proyectos. Concretamente, a partir de la puesta en marcha de este esquema, resulta probable que las empresas intervinientes deban esperar hasta la aprobación de los planes de inversión presentados para conseguir el financiamiento en el mercado, lo cual acota el margen de maniobra de los concesionarios”. Es maravilloso: el consultor quiere que el Estado duerma.
Desde el lado político, el jurista y diputado radical Ricardo Gil Lavedra, cuyo bloque no se opuso para nada a la ley de soberanía hidrocarburífera, publicó en La Nación que el Decreto 1277 es “anticonstitucional”, entre otras cosas, porque “exige la registración obligatoria de todas las empresas” en el Registro Nacional de Inversiones. Es curioso cómo Gil Lavedra invierte los términos del debate clave de la Argentina y Latinoamérica. Él llama “vocación estatista boba” a la facultad de la comisión presidida por Kiciloff de “fijar precios de referencia para la venta de hidrocarburos y combustibles” así como de adoptar “las medidas que estime necesarias para evitar y/o corregir conductas distorsivas en relación con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”. Luego recuerda algunas disposiciones constitucionales (de la reforma de 1994) que, por supuesto, son laxas y liberales. Según Gil Lavedra, principalmente estas disposiciones van contra la provincialización absoluta en esta materia producto de aquella reforma. Lo interesante es, precisamente, la vocación de recuperar la idea de Nación, federal, desde ya, pero rompiendo con la perversión de un Estado nacional bobo como pretendió dejar, para siempre, aquella segund
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