Arriba : Graves incidentes. Centenares de detenidos fue el saldo de los enfrentamientos (AP)Miradas al Sur. Año 4. Edición número 168. Domingo 07 de agosto de 2011
Por
Diego M. Vidal
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El Gobierno encabezado por el magnate chileno recurrió a la violencia contra los manifestantes que protestan contra la mercantilización de la educación y que reivindican como modelo el sistema aplicado en la Argentina.
Tras más de dos meses de protestas, marchas, huelgas de hambre y tomas de colegios, los estudiantes chilenos consideraron que sus demandas no son atendidas con seriedad por el gobierno de Sebastián Pinera y la salvaje represión del jueves minó cualquier intento de conciliación que pareció avizorarse apenas una semana atrás.
Y si faltaba algo para que la derecha gobernante aumentara su irritación, la presidenta de la Federación de Estudiantes Chilenos (Fech), Camila Vallejos aseguró este viernes al portal mendocino El Sol Online que la lucha que llevan adelante tiene que ver, en parte, con el modelo que ven del otro lado de la cordillera. “Admiro la educación argentina. Admiramos y estamos sorprendidos de cómo se ha podido mantener un sistema gratuito, que permite y garantiza el acceso a todos”, declaró la dirigente estudiantil al explicar que los jóvenes, en Chile, buscan una reforma radical para que la educación deje de ser un bien de mercado y se convierta en un derecho.
El rechazo a la propuesta oficial, que habla de un “pacto por la educación”, se basó en que en ninguno de los 21 puntos contenidos hay mención a la gratuidad y el regreso a manos del Estado de la enseñanza. Por el contrario, salvo la desmunicipalización pedida por la Fech, el resto del documento continúa considerando que la formación educativa deber estar subordinada a las necesidades empresarias y mantiene el concepto de que la educación es una mercancía por la que se debe pagar.
La desmesurada respuesta de Piñera a las demandas estudiantiles reflejó un intento de mostrar una faceta más dura ante los reclamos, que a la búsqueda de soluciones que pareció asomar luego de la reunión de la comunidad educativa con el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes. “El diálogo se está cerrando”, frase pronunciada por el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Freddy Fuentes, es clave para entrever que el conflicto se acerca a un callejón sin salida. Si Piñera acepta eyectar al ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, como reclaman los estudiantes al responsabilizarlo por la represión, puede ser que el diálogo retorne pero el anuncio de otra marcha para el martes próximo le resta margen de maniobra ante la presión de sus socios partidarios de la pinochetista Unión Democrática Independiente.
De todos modos, el Jefe de Estado siente que ha perdido la iniciativa que obtuvo brevemente, cuando a finales de julio realizó cambios en su gabinete ministerial. Volver a reprimir una manifestación de alcance nacional puede tener un costo internacional inesperado también. Este riesgo fue alertado por el senador opositor Alejandro Navarro, del Movimiento Amplio Social, quien señaló que “de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a reunión sólo puede regularse por ley y no por decreto como ocurre en nuestro país.
Las medidas tomadas a antojo, en cuanto a prohibir a los estudiantes que marchen en pos de una educación pública de calidad, están transgrediendo la libertad de expresión y coartando el derecho que tienen a manifestarse”.
A pesar de todo, los estudiantes y profesores reiteraron el plazo de seis días para que las autoridades respondan a sus demandas. “Este diálogo tiene que ser con movilizaciones, porque es un derecho que nos pertenece a los ciudadanos”, apuntó Jaime Gajardo, titular del Colegio de Profesores.Lejos parece haber quedado la fulgurante estrella que lo envolvió, cuando hace tan sólo un año Piñera celebraba el rescate de los 33 mineros atrapados durante 69 días en un socavón de Copiapó.
La brutal caída en las encuestas que lo ubican con un 62 por ciento de desaprobación por parte de la sociedad, ha corrido el velo de lo que se insinuó como una gestión marcada por la eficiencia, a tono con el llamado “milagro chileno”, y mostró su rostro más siniestro vinculado al pasado del terror dictatorial. Echar mano a un decreto de 1983 establecido por el dictador Augusto Pinochet Ugarte, para impedir la movilización de los alumnos secundarios, universitarios y docentes, sumado a declaraciones intimidatorias como la de la secretaria ejecutiva del Fondo del Libro, Tatiana Acuña Selles, quien dijo vía Twitter que “se mata a la perra y se acaba la leva…” en alusión a la líder de la Fech, Camila Vallejos, en el preciso momento en que la furia de los carabineros cargaba contra los manifestantes dejando un saldo de más de 800 detenidos, entre ellos muchos menores de 12 años, y un centenar de heridos, se convirtió en una síntesis reveladora del grado de desesperación en los ocupantes de La Moneda cuando los problemas profundos los acorralan. Evitarles a bastonazos y gases marchar por La Alameda, calle que es todo un símbolo de la historia chilena, provocó una reacción de la comunidad a los cacerolazos que en otros tiempos fueron una práctica recurrente de la derecha contra Salvador Allende y ahora repiquetearon en los oídos gobernantes, aunque la policía se empeñara en una patética lucha por arrebatarles la olla y el cucharón a más de un vecino de Santiago.
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