La intimación de la Anses a los jueces y fiscales que congelaron sus trámites jubilatorios es un primer paso de otros con el que se buscará activar el control interpoderes. Detalles.
(Foto: Dady Brieva Prensa)
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
21 de febrero de 2021
La decisión de la Corte Suprema de condenar a Milagro Sala convalidó el accionar del Poder Judicial en la causa cuya investigación había sido criticada duramente por el presidente Alberto Fernández. El mandatario leyó el desafío y decidió mover una dama: Fernanda Raverta. Pero no será la única. El oficialismo retomará el viejo lema del republicanismo que supone el control interpoderes del Estado, y con “la ley en la mano” pasará a tener un rol activo en el control de irregularidades que el Poder Judicial da como naturalizadas.
Según pudo saber Tiempo Argentino, la decisión de terminar con la situación irregular de las jubilaciones de los jueces fue pensada y acordada por “la fórmula”. Alberto y Cristina Fernández hablaron a principios de semana y luego el presidente se encargó de supervisar la operativización de la medida, de la mano de Raverta, titular de la Anses. Una de las prácticas naturalizadas en el Poder Judicial es tener la jubilación otorgada, pero seguir trabajando. Muchos magistrados usan ese mecanismo para presentar la renuncia ante una amenaza de destitución y así evitar el juicio político. Raverta comenzó a enviar la semana pasada una resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo o caerán sus trámites. Ahora esa resolución deberá ser analizada por el Consejo de la Magistratura, a pedido de la oposición, que consideró la medida como una forma de presión a los magistrados.
La estrategia se resume en usar las reglas del sistema para arreglar el sistema. El objetivo es revisar desde el más puro liberalismo político las rémoras medievales que conserva el único poder de la democracia que no se plebiscita. En ese contexto, el viernes la excúpula de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quedaron procesados por espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri, noticia que quedó enterrada por el escándalo que eyectó a Ginés González García de su cargo.
Pero la cuestión previsional no es la única situación irregular, ya que los jueces tienen acordado para sí mismos la excepción del Impuesto a las Ganancias. Aunque el enojo social con ese privilegio no se traduce en cuestionamiento mediático, el gobierno sabe que es uno de los puntos débiles del Poder Judicial por donde puede avanzar. La que puso el tema sobre la mesa fue la senadora María de los Ángeles Sacnun, quien esta semana pidió evaluar esa excepción tributaria tan especial. Desde la titularidad de la Cámara de Diputados aclararon que en el proyecto que presentó Sergio Massa para subir el piso a 150 mil pesos de ingresos para quienes paguen Ganancias, no está incluida la eliminación del pago de los jueces.
En diálogo con Tiempo, la senadora explicó que “no hay posición nueva. El pago de Ganancias tiene que ver con la igualdad ante la ley. Pero hay cosas peores que esa excepción tributaria, lo que pasó con el Ministerio Público es de una gravedad enorme. Carlos Stornelli y Eduardo Casal usaron la política criminal del Estado para perseguir opositores y hacer la vista gorda de delitos centrales del funcionamiento del Estado”. “El Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente de las presiones de la política, y de todos los sectores, el económico también. Democratizar la Justicia es abonar la independencia y la perspectiva de género”, sostuvo la senadora.
Otro de los cambios que se están produciendo en las bases de la pirámide y que luego rebotan en la superficie tuvo que ver con la designación del Diego Molea como presidente del Consejo de la Magistratura. “Vamos a avanzar en poner orden y luz en que el Poder Judicial funcione como debe funcionar”, anticipó.
La diputada y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, compañera de militancia del camporista Molea, da cuenta de eso. “Desde el Consejo venimos haciendo desde el año pasado avances concretos, no solo en lograr paridad en los lugares institucionales sino en las respuestas que hay que dar desde la institución. Desde fines de 2019 en los concursos logramos que como mínimo haya una mujer en las ternas. Parece una pavada, pero no lo es porque en muchas no había mujeres. Además, para concursar hay que hacer de manera obligatoria cursos de género. En las entrevistas personales hay un paso fundamental, que son las preguntas y la evaluación en torno a la perspectiva de género de los candidatos, ya que eso después se nota en el contenido de sus sentencias, en los actos jurisdiccionales, en el trato y la atención a la víctima y para con los trabajadores judiciales”.
Una de las propuestas presentadas por Siley esta semana es la de elaborar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones de violencia de género, en cumplimiento con el acuerdo firmado con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. “Ya que son funcionarios públicos, que su comportamiento sea público”, sintentizó Siley.
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