Como suele suceder, poco importan las causales de por qué Puerto Rico conlleva una deuda sobre sus espaldas de más de 72 mil millones de dólares.
Como suele suceder, poco importan las causales de por qué Puerto Rico conlleva una deuda sobre sus espaldas de más de 72 mil millones de dólares. Focalizarse en las consecuencias permite evitar evaluar la responsabilidad de las élites políticas y económicas, quienes se han visto históricamente beneficiadas ante una situación macroeconómica inviable en términos de sustentabilidad, pero de alta rentabilidad.
Por un lado, hasta fines del siglo XX Puerto Rico se vio favorecido por un sistema fiscal que permitía a las empresas repatriar a los Estados Unidos sus ganancias con amplias exenciones fiscales.
Pero en virtud de un acuerdo entre San Juan y Washington, desapareció por completo en 2006. Desde aquel momento, la industria se desplomó y Puerto Rico ha ido, literalmente, de recesión en recesión.
Por otro lado, por su condición de jurisdicción fiscal independiente, los intereses de los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico están exentos de impuestos, lo que ha resultado muy atractivo para los financistas: burbujas especulativas, baja productividad y gasto público fuera de control fueron la consecuencia.
Ese capitalismo que se aleja de la economía real y nos tiene acostumbrado a las grandes crisis.
A ello se le suma el agravante de no poder generar ese refinanciamiento de corto plazo que tienen la mayoría de los Estados Libres del planeta: su estatus de territorio libre asociado no le habilita pedir un rescate a los Organismos Internacionales de Crédito, así como tampoco acceder a los beneficios del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, que le permitiría reestructurar su deuda.
Tampoco puede realizar una crítica de política monetaria sobre este punto: no hay un Banco Central, un ministro de Finanzas o una moneda independiente.
Poco parece importarle a los Estados Unidos. Los Estados que subyugan, siempre indirectamente a través de las voces altisonantes de sus lacayos –para mostrarse inocentes y ajenos– posan la culpa en el pueblo bastardeado: que los salarios no son competitivos, que la burocracia gubernamental es altamente excedente, que los planes sociales disminuyen la voluntad de trabajo de la población económicamente activa.
Sin embargo, sí promueven el asistencialismo exógeno. Su ayuda en planes sociales sólo potencia el vínculo de dependencia para con la mera subsistencia.
Bajo este escenario perverso para los más humildes y de una ambigüedad institucional insólita a esta altura del siglo XXI, lo único enteramente preestablecido por ley es la opresión desde los poderes concentrados para con la manutención inclaudicable del statu quo: la Constitución de Puerto Rico establece que, antes de dejar de cumplir sus obligaciones con sus acreedores, el Estado debe suspender todos los demás gastos, incluyendo salarios y gastos administrativos.
Y con ello la amenaza acalla las rebeldías –como ocurrió en Grecia– y solidifica el miedo de unas mayorías anestesiadas política, económica y socialmente.
Publicado en:
http://www.infonews.com/nota/233081/la-sumision
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