Ahora que está en la mala, EE UU le suelta la mano al "Estado Libre Asociado" boricua
"La deuda es impagable", reconoció el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, esperando la reacción solidaria de Washington.
Una profunda crisis económica amenaza con llevar a la quiebra a Puerto Rico y, pese a ser un Estado Asociado de los Estados Unidos, todo indica que deberá afrontar la deuda pública de más de 72 mil millones de dólares en solitario, con la Casa Blanca mirando para otro lado y los más agoreros pronósticos que vaticinan una caída en picada de acá hasta 2020, informó Tiempo Argentino.
El gobierno de la isla caribeña, en la que viven 3,9 millones de personas, emprendió una serie de reformas austeras y un proceso de negociación con sus acreedores, aunque no pierde las esperanzas de recibir un espaldarazo de Washington. El caso divide aguas entre republicanos y demócratas –no sólo descendientes o nacidos en Puerto Rico– y se metió en la campaña presidencial de los Estados Unidos. En el archipiélago reavivó, además, la histórica reivindicación independentista que levantan diversos sectores políticos, algo sobre lo que la ONU ya se pronunció a favor repetidas veces.
Tras casi ocho años de recesión y millones de dólares en deuda emitida exenta de impuestos en EE UU, de la que cerca del 40% es de corporaciones públicas, su gobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda es "impagable". Fue luego de la difusión de un duro reporte del FMI, sobre la economía del territorio estadounidense.
Por el momento, la Casa Blanca dijo que no hay un plan de rescate y la justicia federal acaba de negar el acceso a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas conocida como la "quiebra criolla", amparándose en el Capítulo 9.
Asociado, pero no propio
"Esta decisión es lamentable y decepcionante. Por el momento, priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones e instrumentalidades públicas", señaló García Padilla después de que se conociera, esta semana, la decisión del Primer Circuito de Boston, la corte de apelaciones con jurisdicción en Puerto Rico. "Se trata de una aplicación de la ley federal que es injusta para Puerto Rico. Por un lado, se dice que el Capítulo 9 restringe a Puerto Rico de aprobar una ley de recuperación, pero por otro, no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación", agregó. "Vamos a exigirle a Washington trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de la Casa Blanca y del Congreso", concluyó. La posición de la Casa Blanca es cuestionada en foros internacionales, ya que no tuvo igual pronunciamiento cuando pidió a Europa resolver la crisis griega. La apelación no es casual. En circuitos económicos hace días que se habla de Puerto Rico como "la Grecia del Caribe".
El Congreso también negó una salida, cuando líderes republicanos de la Cámara de Representantes manifestaron su oposición el miércoles a un proyecto presentado por el comisionado puertorriqueño en Washington, Pedro Pierluisi, que permitiría a Puerto Rico tener acceso a las protecciones por bancarrota para municipios. El proyecto de Pierluisi, líder del opositor Partido Nuevo Progresista, propone la anexión a EE UU, es decir, que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la Unión, algo a lo que aspira buena parte de los puertorriqueños, según el último plebiscito de 2012, en el que el 62% se pronunció a favor de esa opción, el 33% eligió mantener el estatus actual y solo el 5% prefirió la independencia. Los resultados, sin embargo fueron cuestionados por Partido Popular Democrático, en el gobierno desde 2013, que no los consideró concluyentes.
Bob Goodlatte, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara Baja estadounidense, afirmó en un comunicado que a los integrantes de dicha comisión les preocupa que "el proporcionar a los municipios de Puerto Rico el acceso al Capítulo 9 del Código de Bancarrotas no resolvería, por sí mismo, sus dificultades, que están relacionadas con problemas económicos estructurales subyacentes".
Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas, fue el primero de los precandidatos presidenciales de esa colectividad en rechazar el proyecto 870, de Pierluisi. "Hemos tenido suficientes rescates financieros", dijo Huckabee. "Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, no es un estado", indicó.
La veterana y conservadora Asociación 60 Plus anunció que incrementó su campaña publicitaria en contra de que se le dé acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al Capítulo 9.
Del lado demócrata, los precandidatos presidenciales Hillary Clinton, Martin O'Malley y Bernie Sanders respaldaron el proyecto 870. "No estamos hablando de un rescate, sino de una oportunidad justa de éxito", declaró Clinton e instó al Congreso y la Casa Blanca a "asociarse con Puerto Rico al suministrarles apoyo real y recursos para que pueda encarar el trabajo duro que se requiere para encaminarse hacia la estabilidad y prosperidad".
Ajuste y algo más
El gobierno de Puerto Rico comenzó una serie de medidas tendientes a subsanar la crisis y obtener dinero para evitar la paralización de operaciones durante los próximos meses.
Entre las medidas adoptadas están la congelación de pagos a proveedores, el retraso del envío de las contribuciones pagadas en exceso por los contribuyentes individuales, el reclamo a los sistemas de retiro que adelanten lo que les corresponde pagar a los jubilados y legislación que permita al gobierno no aportar el dinero que históricamente depositó en una cuenta de reserva para garantizar el eventual pago de la deuda pública.
También se legisló para autorizar a tres corporaciones gubernamentales con solidez económica a asumir deuda a corto plazo que emitirá el gobierno y que representan un financiamiento de 400 millones de dólares que utilizarán para sus operaciones normales.
La situación que enfrenta Puerto Rico es producto de su difícil condición fiscal, que arrastra, según el gobierno, desde administraciones anteriores.
García Padilla, partidario de mantener la situación jurídica actual, llamó a todos los sectores políticos de la isla a conformar un Grupo de Trabajo que gestione un plan fiscal a cinco años, la reestructuración de la deuda y la creación de una Junta Asesora Fiscal, según publicaron medios locales. García Padilla, cuyo mandato vence en 2017, aseguró que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico podrá sumar miembros de la minoría legislativa y otros sectores profesionales y sindicales.
"Si la estrategia de alguien es buscar participación para entorpecer, está atentando contra sí mismo y sus hijos, está atentando contra su país. La estrategia de cada uno tiene que ser llegar para aportar, para ser parte de la solución y no del problema. Esto es una convocatoria a la unidad", sentenció el mandatario.
El gobernador se encontrará el próximo lunes con grupos de acreedores de la deuda de Puerto Rico en una reunión de carácter "introductorio", que debe preceder las reuniones individuales que se programarán posteriormente para discutir la posible reestructuración de los términos negociados. El gobierno de García Padilla, no obstante, seguirá insistiendo en Washington para que el Congreso avale un salvataje financiero para la isla
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http://www.infonews.com/nota/233078/ahora-que-esta-en-la-mala-ee-uu-le-suelta-la-mano-a-la-grecia-del-caribe
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